Las políticas de los Gobiernos pueden incidir en la tasa de actividad innovadora y, en cierta medida, en la orientación de la misma. Algunas de esas políticas potencian la innovación, como los incentivos fiscales a la I+D o la protección de los derechos de propiedad intelectual.
También hay políticas y reglamentos que tienen por objeto impulsar objetivos sociales legítimos, distintos de los relativos a la innovación, que pueden tener un efecto indeseado en las actividades de innovación. Algunos pueden ralentizar el ritmo de las actividades creativas o desplazarlas a otros países.
A principios de 1990, un puñado de países europeos estaba a la cabeza de la innovación en cultivos transgénicos. Cuando los cultivos transgénicos empezaron a producirse y comercializarse, tomó protagonismo un movimiento independiente, aunque relacionado con ese contexto, contrario a los cultivos transgénicos, impulsado por grupos de consumo europeos. Ese grupo estaba preocupado por los posibles efectos adversos de los cultivos transgénicos, y el principio de precaución de la Unión Europea cobró efecto, lo cual alteró el panorama europeo de innovación en ese ámbito de la tecnología.
A mediados de los años noventa, la Unión Europea implantó una moratoria de facto en los cultivos producidos mediante modificación genética. La medida estableció requisitos específicos sobre la forma en que debían llevarse a cabo las pruebas en los nuevos cultivos transgénicos y la forma de plantarlos, importarlos, utilizarlos, equitetarlos y, eventualmente, venderlos para el consumo. Esa norma, que tenía por objeto salvaguardar el bienestar de los consumidores, parece haber ralentizado desde entonces el ritmo de la actividad de patentes en la región.
En una decisión relativamente reciente de la Unión Europea se elaboró una normativa sobre la equivalencia entre los cultivos transgénicos producidos mediante la tecnología CRIPSP/Cas9 y los OGM convencionales. Dicha decisión puede haber tenido un nuevo efecto ralentizador en la investigación y desarrollo de la biotecnología agrícola que se lleva a cabo en el continente.
Esa cifra muestra el porcentaje de la actividad en el ámbito de las patentes de biotecnología agrícola con respecto al total de solicitudes de patente presentadas en Estados Unidos y varios países de la Unión Europea. Desde 1980, el porcentaje de patentes presentadas en ese sector ha ido aumentando a mayor velocidad que el promedio de solicitudes presentadas tanto en Estados Unidos como en los 28 países de la Unión Europea. Sin embargo, a partir de 1995, se observa una creciente desigualdad entre la tasa de crecimiento del número de patentes presentadas en los Estados Unidos y los 28 países de la Unión Europea. Es difícil determinar de manera concluyente si esta diferencia se debe a la moratoria de facto que se implantó en Europa. No obstante, desde 1998 se registra un ritmo más lento en la presentación de solicitudes en los países de la Unión Europea que en la presentación de solicitudes en todo el mundo en ese ámbito de la tecnología.
No es fácil determinar la forma en que las políticas que tratan de abordar preocupaciones sociales específicas pueden incidir en la innovación. Pero eso no significa que los Gobiernos no deberían promulgar políticas para salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos. Antes bien, los Gobiernos deberían ser conscientes de los posibles efectos que sus políticas pueden tener en las actividades de innovación de sus países y mitigar los efectos adversos en consecuencia.
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