Consideraciones en torno a la propiedad intelectual, la innovación, el acceso y la COVID-19

24 de abril de 2020

Francis Gurry

Resumen

En el momento actual, el principal desafío no es el acceso a vacunas, tratamientos o curas para la COVID-19, sino la ausencia de vacunas, tratamientos o curas que estén autorizados y sean accesibles. Por consiguiente, en esta etapa, la política de los gobiernos debería centrarse en apoyar la ciencia y la innovación para producir una vacuna, tratamientos o curas.

En lo que respecta al acceso, la primera tarea consiste en determinar cuáles son las barreras al acceso. Hay muchas, como la poca capacidad de producción de suministros o equipos médicos vitales, los impedimentos para el traslado de esos suministros y equipos a través de las fronteras, los aranceles, la falta de mecanismos internos de transporte y entrega y la falta de sistemas de salud e infraestructuras sanitarias adecuados. Los gobiernos deben hacer frente a esos obstáculos. Si la innovación produce resultados efectivos y los países no pueden recurrir a ella en condiciones adecuadas y asequibles, la propiedad intelectual (PI) también puede constituir una barrera al acceso. A este respecto, existen disposiciones a escala nacional e internacional para facilitar el acceso cuando la PI representa un obstáculo. La aplicación de esas disposiciones debería ser selectiva y temporal, es decir, debería centrarse en las barreras que la PI pueda suponer para el acceso, según quede demostrado, mientras dure la pandemia de COVID-19, teniendo en cuenta que, sin innovación, no habrá nada a lo que acceder.

En el sector cultural y creativo, existen excepciones y limitaciones en los sistemas de PI para facilitar, en determinadas circunstancias y condiciones, el acceso a libros, publicaciones y otros contenidos creativos. Ese contenido creativo desempeña un papel fundamental en la distribución de datos, información y conocimientos que pueden ser esenciales para la innovación o para hacer frente a las condiciones adversas de confinamiento y encierro impuestas como consecuencia de la crisis generada por la COVID‑19. El ejercicio de esas flexibilidades, en relación con la crisis de la COVID‑19, también debería orientarse a los casos en que quede demostrada la falta de acceso, así como limitarse al propósito de poner remedio a esa falta de acceso mientras dure la crisis. Cabe señalar que numerosos titulares de derechos de todo el mundo han adoptado voluntariamente medidas, mediante acuerdos innovadores de concesión de licencias y otras iniciativas, para facilitar el libre acceso a grandes cantidades de contenido pertinente en la actual situación de crisis.

Declaración

En una economía mundial que cada día más está impulsada por los avances tecnológicos, la propiedad intelectual (PI) desempeña un papel cada vez más destacado.
Una de las principales funciones de la PI es proporcionar un sistema de incentivos que fomente la innovación y garantice el recorrido por las numerosas etapas, no exentas de riesgos, que van desde la invención hasta la producción o prestación de servicios comerciales. Asimismo, en los sectores creativos, la PI es fundamental para el modelo de negocio que recompensa y facilita las relaciones y transacciones entre autores y compositores, intérpretes o ejecutantes, editores, productores del sector musical y audiovisual, organismos de radiodifusión y distribuidores como las bibliotecas o las distintas plataformas de distribución electrónica.
Para ser eficaz, el sistema de PI debe buscar un equilibrio entre los diversos intereses en juego que traen consigo la innovación tecnológica y comercial y la creatividad cultural. En el ámbito de la tecnología, se trata de conjugar los intereses de las empresas emergentes, de las instituciones de investigación y desarrollo, tanto públicas como privadas, de las universidades y de las empresas, con los intereses de los financiadores, tanto públicos como privados, y del público en general, que es el destinatario de la innovación en última instancia. En la esfera de las industrias creativas, estos intereses incluyen los de los escritores y periodistas, y los de los compositores musicales, fotógrafos, artistas visuales, músicos, actores, editores, productores del sector musical y audiovisual, medios de comunicación, autores, desarrolladores y productores de videojuegos, organismos de radiodifusión, bibliotecas, archivos, plataformas musicales y de video y consumidores.
La pandemia de la COVID-19 está causando un sufrimiento y una miseria generalizados y profundos en todo el mundo. Las medidas que están adoptando los gobiernos para luchar contra la pandemia, reducir el sufrimiento y atajar la proliferación del virus también conllevan un efecto secundario inevitable: una perturbación económica generalizada que tendrá graves repercusiones para todos, ya que las empresas se están quedando paralizadas, las cadenas de valor mundiales han dejado de funcionar y hay empleados, empresarios y muchos participantes en la economía mundial que están perdiendo sus medios de subsistencia.
Tanto a nivel nacional como internacional, el sistema de PI es consciente de que las emergencias y catástrofes pueden exigir la adopción de medidas que perturben el funcionamiento normal del marco de incentivos en el que se basa el propio sistema durante el período que dure la emergencia o la catástrofe.
Entre las medidas normativas previstas en la legislación internacional y nacional de PI para hacer frente y mitigar las situaciones de emergencia y catástrofe figuran las licencias obligatorias y las licencias de pleno derecho de tecnologías patentadas incorporadas en material médico y medicamentos vitales; y la aplicación de excepciones en relación con las obras culturales y educativas para garantizar la disponibilidad de datos, información y conocimientos vitales para combatir el virus y contener su difusión, atenuar el sufrimiento humano que está causando y permitir que las instituciones afectadas, como las escuelas y las universidades, sigan cumpliendo su cometido a distancia o de manera virtual. Al aplicarse de manera selectiva y temporal, estas medidas pueden ser útiles o incluso fundamentales cuando sea evidente que existe una necesidad a la que se puede responder.
La determinación de la existencia de falta de acceso, al igual que cualquier medida normativa, han de ponderarse también teniendo en cuenta las numerosas iniciativas voluntarias llevadas a cabo por organizaciones, empresas y otros titulares de derechos como forma de ejercer su responsabilidad social durante la crisis de COVID-19. En el ámbito tecnológico, esas medidas incluyen innovadores acuerdos de concesión de licencias, la publicación de datos científicos de libre utilización, la publicación de especificaciones técnicas sobre equipos esenciales, como respiradores, para que otros puedan fabricarlos, y la renuncia a la observancia de ciertas patentes en determinadas jurisdicciones. En el sector cultural, muchos titulares de derechos han adoptado medidas para facilitar que las escuelas, las universidades, las bibliotecas, las instituciones de investigación y el público en general tenga acceso a sus obras. Entre esas medidas, cabe señalar acuerdos de licencia innovadores, el libre acceso a las investigaciones relacionadas con el SARS-CoV-2, la cepa del virus que provoca la COVID-19, el libre acceso a artículos de periódicos y medios de comunicación sobre la COVID-19, el libre acceso a muchos textos educativos, plataformas de aprendizaje en Internet y libros electrónicos, y la transmisión gratuita de conciertos, óperas y otras obras culturales.
Tanto las medidas políticas como las iniciativas voluntarias relacionadas con la PI pueden complementar las medidas que se adopten en otros ámbitos de la política económica y que afecten a la tecnología y a los productos tecnológicos, como intervenir la capacidad productiva, recurrir a la contratación pública o inyectar capital y facilitar el crédito a empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas a fin de garantizar la innovación, sumamente necesaria en el momento de recesión económica en el que estamos entrando.
La crisis de la COVID-19 se desarrolla a un ritmo extremamente acelerado, y la información, que cambia de un momento a otro, se publica con igual rapidez. En la actualidad, no parece haber indicios de que la PI sea un obstáculo en el acceso a medidas médicas preventivas esenciales, como vacunas o tratamientos. En realidad, el problema es que por el momento no existe todavía una vacuna o un tratamiento científicamente probados y aptos para su uso a los que poder recurrir. Por ello, en la fase actual, el principal desafío político consiste en fomentar la innovación para dar con una vacuna y un tratamientos, por un lado, y con fórmulas para hacer frente a la crisis, por otro, como el desarrollo de aplicaciones de rastreo basadas en datos sobre el virus y sus pautas de infección o las mejoras en la fabricación y el funcionamiento de los respiradores y otros elementos que constituyen material médico de importancia vital. En esta fase, centrarse en el acceso a vacunas y tratamientos inexistentes en lugar de fomentar la innovación que se necesita, puede no solo inducir un malentendido con respecto a la secuencia de la innovación y el acceso, sino crear un desincentivo para la inversión en innovación, que tan necesaria es.
Como se ha señalado anteriormente, en la gestión de la crisis de la COVID-19 hay muchos otros problemas en materia de políticas que no tienen que ver directamente con la PI y la innovación. Es importante que los gobiernos señalen en primer lugar los obstáculos que se oponen a la gestión eficaz de la crisis en interés de la salud, el bienestar y la seguridad de las personas, y que se ocupen de esos obstáculos. Como ya se ha mencionado, esos obstáculos comprenden la falta de capacidad adecuada para fabricar el material médico necesario, como los ventiladores, y equipos de protección personal; los impedimentos para la circulación o el transporte de suministros y equipos médicos; la carencia de instalaciones médicas apropiadas; las dificultades para contar con trabajadores de la salud; la falta de acceso a conexión de banda ancha; la ausencia de sistemas de salud y de infraestructuras sanitarias adecuados. Ninguno de esos obstáculos se debe a que la PI impida el acceso a vacunas, tratamientos o curas esenciales.
El ecosistema de la innovación es muy complejo y engloba a muchos actores distintos, estatales y de mercado, y a muchas políticas, programas e iniciativas diferentes. El Índice Mundial de Innovación, por ejemplo, aplica más de 80 indicadores para medir la capacidad y los resultados de la innovación, abarcando esferas como los sistemas e instituciones docentes, los gastos de investigación y desarrollo, las publicaciones científicas, las solicitudes de títulos de PI, el acceso a los mercados de capital, los marcos reglamentarios y el desarrollo empresarial y del mercado. Habida cuenta de la enorme repercusión que tiene la crisis generada por la COVID-19 en la salud y el bienestar de las personas y en la producción y el bienestar de la economía, el mundo necesita poner en marcha todas las estrategias, incentivos y sistemas de innovación disponibles a la búsqueda de vacunas, tratamientos y curas. Una mala lectura de la complejidad que rodea a la innovación sería centrarse en una única estrategia o solución o tratar de simplificar en demasía la complejidad de los sistemas de innovación. Cabe señalar que, en términos generales, casi el 70% de la financiación de la investigación y el desarrollo (R+D) corre a cargo del sector privado, mientras que alrededor del 30% está financiado por los Estados. El sector privado también lleva a cabo cerca del 70% de las actividades de I+D, y los Estados el 30%. Una estrategia o enfoque eficaz de fomento de la innovación debe velar por que se ofrezcan los incentivos adecuados a fin de que los principales responsables de la financiación y la labor de I+D se vean motivados para producir resultados. La PI es parte esencial de esos incentivos.
Son muchas las medidas que pueden adoptar los gobiernos y los agentes del mercado para mejorar los resultados de la innovación y, en concreto, los de innovaciones que contribuyan a mitigar y, en última instancia, a resolver la crisis de la COVID-19. Muchas personas, instituciones y empresas de todo el mundo trabajan incansablemente para lograr esos resultados. Desde que el mundo tomó conocimiento del SARS-Cov-2, se están llevando a cabo a escala global más de 360 ensayos clínicos destinados a encontrar posibles tratamientos. A fin de tener éxito, será necesario aplicar todas las medidas de política y prácticas institucionales disponibles, entre ellas, el aumento de la financiación de la investigación pública, la colaboración científica y el intercambio de resultados científicos, las alianzas entre los sectores público y privado y el uso de incentivos de mercado para atraer inversiones en innovaciones de interés.
La OMPI está a disposición de cualquiera de sus miembros que así lo desee para brindar asesoramiento y asistencia en materia de políticas de innovación, de uso selectivo de las excepciones y limitaciones, de uso adecuado de las flexibilidades para garantizar el acceso cuando existan pruebas de que la PI constituye una barrera, y de modificación de las normas y reglas de PI para mitigar el daño resultante de la crisis generada por la COVID-19 y sus consecuencias económicas. Creemos que deberían aplicarse medidas ante la crisis y la falta de acceso, siempre y cuando quede probado que la PI constituye una barrera, a diferencia de otros elementos, como la falta de la capacidad productiva pertinente o la ruptura de la cadena de suministro, que exigen distintos tipos de acción. Creemos que, como primera prioridad, el propósito de las medidas también debería ser que se alivie el sufrimiento, aunque teniendo presente las necesidades de los inventores, los autores, los creadores, los artistas intérpretes y ejecutantes, las empresas emergentes y demás agentes de la economía que forman parte de las comunidades culturales y tecnológicas que se ven perturbadas como consecuencia de las medidas necesarias adoptadas para contener la difusión del virus. Su supervivencia será indispensable para la recuperación y el bienestar de la economía y la sociedad, mientras procuramos salir de la crisis y restablecer el buen funcionamiento de las economías y las sociedades.
Entre las medidas que se han tomado en la OMPI para contribuir al desafío que se plantea a la innovación cabe señalar las siguientes:

- El establecimiento de un centro de intercambio de información o rastreador de políticas, que brinda información sobre las medidas tomadas por las oficinas de PI para contribuir a la innovación y en beneficio de los actores económicos afectados mediante la prórroga de los plazos y el establecimiento de períodos de gracia para el pago de las tasas. Además, el rastreador de políticas brindará información sobre las medidas de política disponibles o puestas en vigor en lo que se refiere a excepciones, limitaciones o licencias obligatorias.

La puesta a disposición de una base de datos, PATENTSCOPE, que contiene más de 80 millones de divulgaciones del ámbito de la tecnología, dotada de capacidades de búsqueda plurilingüe, un sistema de traducción automática y un mecanismo de búsqueda y recuperación desarrollado especialmente en relación con la COVID-19 y destinado a ampliar el acceso a la información tecnológica divulgada en las patentes publicadas sobre invenciones relativas a la detección, la prevención o el tratamiento de la COVID-19. Cientos de miles de instituciones científicas y tecnológicas, al igual que empresas de todo el mundo, dan amplio uso, cada día, a esta fuente invalorable de conocimientos tecnológicos.
El establecimiento de una alianza con editoriales de los sectores científico, médico y técnico, denominada Acceso a la Investigación para el Desarrollo y la Innovación (ARDI, por sus siglas en inglés), que ofrece acceso gratuito en línea a las principales publicaciones periódicas científicas y técnicas para instituciones locales sin fines de lucro de los países menos adelantados, así como acceso a bajo costo, a las instituciones de los países menos adelantados de ingresos medios.
El establecimiento de unos 900 Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, en todo el mundo, para dar acceso a datos y publicaciones sobre patentes y científicas, así como mecanismos auxiliares para los investigadores de los países menos adelantados, en desarrollo y con economías en transición.

Por ser, dentro del régimen de las Naciones Unidas, el organismo especializado en PI, trátese de servicios, políticas, información y cooperación, la OMPI está en plenas condiciones de hacer frente a las cuestiones que surgen en el ámbito de la PI y la innovación, pues posee conocimientos especializados y experiencia en los aspectos de política, económicos y jurídicos que conciernen a la PI, acumulados desde su fundación, en el siglo XIX.

Es sabido que, entre los muchos efectos de la crisis generada por la COVID-19 está la interrupción de los procesos normales por los que se formulan políticas a escala internacional. Por lo general, esos procesos suponen reuniones inclusivas en las que participan todos los miembros de la Organización, algo que es prácticamente imposible, en la etapa actual de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, esta orientación se emite bajo la responsabilidad del director general y no puede considerarse como vinculante para ningún Estado miembro.