Estructura de la administración judicial de las controversias en materia de PI: Paraguay

Información proporcionada por:
Dirección de Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CIVIL SALA PENAL/CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA SALA CONSTITUCIONAL
     
       
  Tribunales de Apelación
en lo Civil y Comercial
  Tribunales de Apelación Penal    
       
         
  Juzgados Civiles y Comerciales   Juzgados Penales de Garantías   Juzgados Penales de Garantías
de Delitos Económicos
  Tribunales de Cuentas  
   
  DINAPI  
 
       

Jurisdicción Civil

ORDINARIA: Infracciones civiles a los derechos de propiedad intelectual, incluyéndose nulidad, cancelación por falta de uso (marcas), cese de uso, indemnización y competencia desleal.

Infracciones a los derechos del autor y derechos conexos, indemnización, cobro de derechos por entidades de gestión colectiva.

 

Jurisdicción Penal

ORDINARIA: Incluyendo hechos punibles contra las marcas, derechos de autor, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen (inferior a 5500 jornales mínimos).

 

Jurisdicción Penal

ESPECIALIZADA: Delitos económicos contra marcas, derechos del autor y derechos conexos, dibujos y modelos industriales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de la infracción superior a 5500 jornales mínimos.

 

Jurisdicción Administrativa

Cuestiones de procedimiento administrativo del Registro de la Propiedad Intelectual en la Dirección Nacional de Propiedad intelectual (DINAPI) y del registro y fiscalización de entidades de gestión colectiva y aquella que se creen para la representación y gestión de Derechos de la Propiedad Intelectual.

 

Jurisdicción Constitucional

Competencia para conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de leyes y otros instrumentos normativos así como para decidir sobre la inconstitucionalidad de sentencias definitivas e interlocutorias emitidas por órganos de inferior jerarquía.

                                     

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), es la Institución encargada de la aplicación, en el área administrativa de las normas destinadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual[1].

Entre sus funciones destacan las siguientes[2]:

- Administrar y disponer el otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual (Derechos de Autor y Derechos Conexos, Marcas, Dibujos y Modelos Industriales, Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad, Transferencia de Tecnología, Indicaciones Geográficas y otras que pudieran legislarse o reglamentarse).
- Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos.
- Representar a los intereses nacionales, en Tratados y Convenios de Cooperación con entidades y países en materia de Propiedad Intelectual.
- Registrar, habilitar y fiscalizar a personas jurídicas, públicas o privadas encargadas de la gestión colectiva de derecho de autor, así como de la titularidad de marcas de certificación o marcas colectivas, indicaciones geográficas y en general a todas aquellas que se creen para la representación y gestión de Derechos de la Propiedad Intelectual.

Las resoluciones de los Directores serán apelables ante el Director General de la Propiedad Industrial. La resolución del Director General de la Propiedad Industrial agotará la instancia administrativa. Contra la resolución del Director General de la Propiedad Industrial, se podrá promover demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial.


[1] Ley N° 4798/2012 que Crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Art. 3º

[2] Ley N° 4798/2012 que Crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Art. 4º

[3][4]

Juzgados Civiles y Comerciales

Los Juzgados Civiles y Comerciales tienen competencia para fallar en causas civiles de infracción de derechos de propiedad intelectual, incluidos recursos de indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual, nulidad de registro, de cancelación de registro de marca por falta de uso y competencia desleal. Asimismo tienen competencia sobre causas de cobranza de derechos de autor por parte de entidades de gestión colectiva[5].

Juzgados Penales de Garantías y Juzgados Penales de Garantías de Delitos Económicos

Los Juzgados Penales de Garantías son competentes para conocer causas sobre hechos punibles contra marcas, derechos de autor, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen[6][7].

Los Juzgados Penales de Garantías de Delitos Económicos tienen competencia especializada para conocer causas de delitos económicos, cuya infracción represente un monto superior a 5500 jornales mínimos[8].

Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es la autoridad competente para entender en la sustanciación y resolución de los recursos contencioso administrativos interpuestos por un particular o por una autoridad administrativa contra las resoluciones de la DINAPI. Opera como primera instancia jurisdiccional en los procedimientos derivados de la Administración Pública, siendo requisito indispensable para la viabilidad de los procesos ante este órgano el agotamiento de la vía administrativa[9].

Tribunales de Apelación en lo Civil y Comercial

Los Tribunales de Apelación en lo Civil y Comercial son competentes para conocer de las apelaciones a las resoluciones dictadas por los Juzgados Civiles y Comerciales.

Tribunales de Apelación Penal

Los Tribunales de Apelación Penal son competentes para conocer de las apelaciones a las resoluciones dictadas por los Juzgados Penales de Garantías y Juzgados Penales de Garantías de Delitos Económicos.

Tribunales de Apelación Penal del fuero especializado en delitos económicos

Los Tribunales de Apelación Penal del fuero especializado son competentes para conocer de las apelaciones a las resoluciones dictadas por los Juzgados Penales especializados en delitos económicos[10][11][12].

Corte Suprema de Justicia

Sala Civil

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tiene atribución para revisar resoluciones dictadas por los Tribunales de Apelación en lo Civil y Comercial.

Sala Penal/Contenciosa-Administrativa

La Sala Penal/Contenciosa-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Secretaría Nº 4, correspondiente al fuero Contencioso Administrativo, tiene la atribución de revisar las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas.  Asimismo, esta Sala es competente para revisar las resoluciones dictadas por los Tribunales de Apelación Penal.

Sala Constitucional

La Sala Constitucional es competente para conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de leyes y otros instrumentos normativos, así como para decidir sobre la inconstitucionalidad de sentencias definitivas e interlocutorias emitidas por órganos de inferior jerarquía.


[3] Constitución Nacional Paraguaya

[4] Ley N° 879/1981 Código de Organización Judicial

[5] Ley N° 1337/1988 Código Procesal Civil

[6] Ley N° 1286/1998 Código Procesal Penal

[7] Ley N° 3440/2008 que Modifica Varias Disposiciones de la Ley N° 1160/97 Código Penal, Art. 184°

[8] Ley N° 6379/2019 que crea la Competencia en Delitos Económicos y Crimen Organizado en la jurisdicción del fuero penal

[9] Ley N° 1462/1935 que Establece el Procedimiento para lo Contencioso-Administrativo

[10] Ley N° 6379/2019 que crea la Competencia en Delitos Económicos y Crimen Organizado en la jurisdicción del fuero penal

[11] Ley N° 4679/2012 de Trámites Administrativos

[12] Ley N° 6715/2021 Procedimientos Administrativos

En lo que respecta al fuero civil los procedimientos se rigen por el procedimiento ordinario y en juzgados ordinarios (no especializados).

En el fuero penal, existe una jurisdicción especializada de delitos económicos que incluye los hechos punibles contra las marcas, los derechos del autor y derechos conexos, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen siempre que las mismas superen un monto mínimo establecido en la ley (5500 jornales mínimos). Si el monto es inferior, la jurisdicción competente es la de los Juzgados Penales de Garantías.

Datos estadísticos específicos relacionados a actuaciones penales a nivel país en materia de propiedad intelectual.

AÑO CAUSAS INGRESADAS/
ACTUACIONES
IMPUTACIONES ACUSACIONES DESTRUCCIONES SENTENCIAS CONDENATORIAS JUICIOS ORALES REALIZADOS
2021 326 54 9 116 5 3
2022 201 40 4 203 2 2
2023 343 31 3 100 4 3