¿Qué importancia tiene la gestión de la propiedad intelectual para el sector público?

Por Anatole Krattiger

Anatole Krattiger es profesor investigador en el Instituto de Biodiseño de la Universidad del Estado de Arizona y Profesor Adjunto de la Universidad de Cornell. Este artículo está vagamente inspirado en un editorial que publicó en Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (Gestión de la propiedad intelectual en la innovación en materia de salud y agricultura: Manual de prácticas óptimas) (editado por A. Krattiger, R. T. Mahoney, L. Nelsen et al.), publicado por el MIHR (Centro de gestión de la propiedad intelectual en materia de investigación y desarrollo en el ámbito de la salud), Oxford (Reino Unido) y el PIPRA (Recurso Público de Propiedad Intelectual para la Agricultura), Davis (Estados Unidos).

En los últimos diez años, prácticamente todos los países del mundo han actualizado y revisado sus legislaciones de propiedad intelectual (P.I.). Casi todos los acuerdos comerciales bilaterales comprenden cláusulas sobre P.I. Como afirmó el Sr. Francis Gurry, Director General Adjunto de la OMPI, en el prólogo de la publicación Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices, se ha producido una verdadera “explosión normativa en materia de P.I. a escala internacional”, prueba de ello son los diez nuevos tratados¹ multilaterales sobre P.I. que se han establecido tan sólo en los últimos 15 años. Así, no es sorprendente que los derechos de P.I. se consideren a menudo algo complicado y polémico. Debido a su temido efecto en los países de ingresos bajos y medios, el tratado más controvertido en el ámbito de la investigación en materia de salud y el desarrollo es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Es perfectamente legítimo preocuparse por si el Acuerdo sobre los ADPIC afectará o no y, en qué medida, al precio y la disponibilidad de las innovaciones en los ámbitos de la salud y la agricultura. Sin embargo, el acceso a los productos sanitarios y agrícolas depende de numerosos factores.

En el Manual se reconoce que, a menudo, se tiene la sensación de que los derechos de P.I. crean barreras al acceso a las innovaciones en materia de salud y agricultura, pero también se alega que no es la P.I. en sí la que impone obstáculos, sino más bien la manera en la que se usa y gestiona, en especial en las instituciones del sector público (como las universidades, los institutos nacionales de investigación y las organizaciones sin ánimo de lucro). En el Manual se examinan todos los aspectos fundamentales de la gestión de la P.I., pero se considera esta última como uno de los seis componentes relacionados entre sí de la innovación. De hecho, la propiedad intelectual es rara vez el más importante. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos también deben centrarse en:

• respaldar la investigación y el desarrollo (I+D);
• adoptar políticas y desarrollar sistemas normativos seguros y eficaces (para el registro de medicamentos y vacunas; la bioseguridad y la seguridad alimentaria para el uso de biotecnologías en la alimentación; y los certificados de calidad de las semillas);
• fomentar la confección de medicamentos y vacunas de alta calidad y la inversión en la producción de semillas de gran calidad y de otros insumos agrícolas;
• desarrollar a escala nacional programas de salud y sistemas de extensión agrícola en apoyo de los mercados internos, en particular los sistemas de distribución en los sectores tanto público como privado; y
• facilitar el comercio de productos y tecnologías sanitarios y agrícolas.

Por ejemplo, gran parte de las repercusiones del Acuerdo sobre los ADPIC dependerá de cómo reaccionarán los países y las instituciones a los cinco componentes de la innovación mencionados anteriormente, así como de la evolución del sistema de P.I. Todo parece indicar que los instrumentos de gestión de la P.I. pueden resultar cruciales para aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC y mitigar sus efectos negativos, y esas posibilidades permitirán que los países en desarrollo tengan acceso a las herramientas, las tecnologías y los recursos más recientes que pueden contribuir a mejorar de forma drástica la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Así, la industria privada de la India no está canalizando automáticamente sus recursos en I+D sobre medicamentos que curan enfermedades extendidas en los países en desarrollo; en su lugar, está centrándose en mercados fuertes para nuevas tecnologías sanitarias en países desarrollados. Por lo tanto, el sector público de la India debe proponer soluciones sanitarias para las enfermedades que afectan fundamentalmente a los pobres, centrándose en innovaciones que a la larga el sector privado pueda sacar al mercado. Una gestión eficaz de la P.I. puede permitir que las instituciones públicas de investigación usen los productos fruto de sus propias investigaciones en provecho de los pobres y participen en asociaciones entre los sectores público y privado que encaucen el poder de la industria hacia las necesidades de los pobres. Sin embargo, estas iniciativas –y sus beneficios– no serán posibles si no se dominan algunas sofisticadas técnicas de gestión de la P.I.

Del mismo modo, cada país necesita aprovechar las libertades que garantiza el Acuerdo sobre los ADPIC y elaborar y ejecutar las políticas y prácticas que mejor satisfagan sus propias necesidades. Es poco probable que las soluciones rápidas frente a necesidades en tecnologías médicas y sanitarias, como las licencias obligatorias, resulten tan eficaces o duraderas como los esfuerzos conjuntos entre los sectores público y privado. Los países obtendrán grandes beneficios si desarrollan sus capacidades internas en gestión de la P.I., refuerzan sus sistemas judiciales en el ámbito de la P.I. y sus oficinas de patentes, y otorgan la prioridad a las necesidades de los pobres.

Por estas razones, la constante evolución del sistema de P.I. mundial no debe entenderse sólo como un desarrollo del derecho y la legislación; la razón de ser de los derechos de P.I. es, en primer lugar y fundamentalmente, el fomento de las inversiones en innovación. En segundo lugar, los sistemas de derechos de P.I. se crearon para regular el acceso a la propiedad intelectual y su reparto. Así, los derechos de P.I. no tienen como primer objetivo impedir a otros que usen nuestra propiedad intelectual, sino que son herramientas estratégicas que permiten determinar el mejor camino para lograr el aprovechamiento de la propiedad intelectual. Si la propiedad intelectual no “encuentra” su lugar en el mercado, no tiene utilidad alguna; eso sí, el mercado en cuestión puede ser tanto comercial como humanitario.

Gracias a buenas estrategias y prácticas óptimas de gestión de la P.I., el sector público en especial tiene un poder enorme para poner la propiedad intelectual al servicio de una estrategia más amplia destinada a acelerar el acceso –en particular el de los países en desarrollo– a las innovaciones sanitarias y agrícolas que permiten salvar vidas y atenuar la pobreza. La gestión de la P.I. es un elemento crucial en la búsqueda de un mundo más equitativo, especialmente cuando se toma como una herramienta que debe ser usada por y para el sector público. Desgraciadamente, son sobre todo los más ricos los que hasta ahora se han beneficiado de la propiedad intelectual. En parte, esto se debe al hecho de que el sector público no haya prestado suficiente atención a la gestión de la P.I., lo cual debe solucionarse. La gestión de la P.I. por el sector público constituye una disciplina bastante nueva; por otra parte, se han producido grandes cambios en la participación del sector público en la investigación en materia de salud desde la década de 1970 y en la biotecnología agrícola desde la década de 1990. Sin embargo, es ahora cuando el sector público está empezando a darse cuenta de cómo puede usar su propia propiedad intelectual –e incidir en la de los demás– para cumplir su misión social, y en particular sus responsabilidades para con los pobres. Al crecer el interés dentro de los sectores público y privado en usar la propiedad intelectual para el benefició público, el sector público ha tomado conciencia de que carece de los conocimientos y las capacidades para aprovechar la propiedad intelectual. El Manual está diseñado para ayudar a cubrir estas necesidades, con el refuerzo de las numerosas iniciativas de la OMPI y de otras instituciones.

Sin lugar a dudas, los derechos de P.I. constituyen una solución imperfecta y un compromiso. Representan la búsqueda de un equilibrio entre una situación en la que todos los conocimientos estarían disponibles gratuitamente en el “domino público” y garantizar la “titularidad” de los descubrimientos valiosos a sus inventores. Desde tiempos anteriores, hemos sido testigos de que este equilibrio fomenta las inversiones –y las reinversiones– en innovación, si bien esta innovación rara vez se dirige a cubrir las necesidades de los pobres. Para alcanzar un equilibrio apropiado, es preciso llevar a cabo una gestión de la P.I. continua y fiable; afortunadamente, numerosos estudios de casos demuestran que el sector público puede concebir soluciones eficaces que alcancen el equilibrio deseado, o al menos se acerquen a él. Esto puede realizarse con ayuda del sistema de P.I. existente, en especial cuando se trata de situaciones en las que hay empresas dispuestas a donar, o al menos a compartir, su propiedad intelectual. Sin embargo, este enfoque requiere una reformulación básica de la utilidad de los derechos de P.I. y de cómo el sector público puede servirse de ellos.

Para lograr aumentar el acceso de los países en desarrollo a las innovaciones fundamentales en materia de salud y agricultura, es necesario que el sector público posea los conocimientos y las capacidades necesarias, se comprometa activamente y gestione de forma estratégica la P.I. Además, se deben mejorar las habilidades en gestión de la P.I. de las instituciones, formular políticas globales en materia de P.I. a escala nacional y reforzar los sistemas judiciales en este ámbito y las oficinas de patentes. En esto consisten las prácticas óptimas en gestión de la P.I.: fomentar el bienestar público –en especial de aquellos que hasta el momento no han podido disfrutar de los beneficios de la tecnología– y así es como se contribuirá a crear un mundo más sano y justo.