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Reino Unido: ¿Puede un país con elevadas costas procesales cambiar su modelo?

Febrero de 2010

Por Michael Burdon

En este artículo de Michael Burdon, asociado y jefe de la Sección de Propiedad Intelectual del Estudio de Abogados Olswang LLP, del Reino Unido, el autor discurre sobre la práctica en materia de patentes en el Reino Unido. El Sr. Burdon ha participado en los debates sobre la reforma del procedimiento contencioso relativo a las patentes europeas y del Reino Unido.

¡Los países con elevadas costas procesales ciertamente pueden cambiar! Sin embargo, antes de examinar cómo deben hacerlo, conviene detenerse a investigar, en primer lugar, si las costas de los sistemas judiciales para resolver controversias en materia de propiedad intelectual son verdaderamente elevadas en esos países y, en segundo lugar, si deberían cambiar.

Cálculo de los costos en el Reino Unido

Suele decirse que los litigios sobre patentes en el Reino Unido son costosos. Una parte de los gastos se debe indudablemente a los procedimientos estrictos y a los honorarios asociados para el pago de los servicios jurídicos. Sin embargo, la fama del país de ser una jurisdicción de “alto costo” se debe probablemente al sistema según el cual el “perdedor paga” o sea que la parte perdedora está obligada a pagar las costas judiciales a la parte ganadora, al menos en relación con los aspectos del proceso en los que el ganador obtuvo resultados satisfactorios.
A la hora de asignar las costas, los tribunales deducen generalmente la parte en las que el ganador no logró el resultado deseado (por ejemplo, ciertos elementos del estado de la técnica o la falta de competitividad). Y si las partes no se ponen de acuerdo respecto de la cuantía que debe pagarse, las costas son evaluadas por un juez especialista mediante un examen detallado que suele ser más caro que el importe del litigio. Por fortuna, esos procedimientos de evaluación detallados no están muy generalizados. En general, la parte ganadora recupera entre dos tercios y tres cuartos de sus costos totales por los asuntos en los que obtuvo un resultado satisfactorio.

La parte ganadora suele pedir, y se le concede, un pago a cuenta inmediato de una parte (generalmente el 50 por ciento) de las costas que probablemente recuperará. Como resultado, la interesante información sobre las costas llega al dominio público por medio de esas audiencias, aunque generalmente se trata de los casos extremos de la escala. Por ejemplo, Research in Motion (RIM) gastó unos 6 millones de libras esterlinas en su reciente litigio con Visto, que, sólo gastó 1,6 millones. Johnson & Johnson gastó 3,7 millones de libras esterlinas comparado con CIBA que gastó 2,3 millones de libras esterlinas en un caso reciente acerca de lentes de contacto, y Edwards gastó 2,4 millones de libras esterlinas en un reciente caso sobre dispositivos médicos contra Cook que gastó 1,5 millones de libras esterlinas. No hay datos fiables acerca de las “costas procesales promedio” de los litigios sobre patentes, en el entendido de que se pueda establecer un “promedio” respecto de la controversias sobre patentes. Sin embargo, es poco frecuente que el costo de la representación judicial y de los expertos en la mayoría de los litigios sobre patentes que tienen lugar en el Reino Unido sea inferior a 350.000 libras esterlinas.

¿Pueden los costos estar garantizados?

Vale la pena tener en cuenta que sólo hay unos 25 juicios sobre patentes al año en el Reino Unido, comparado con las 50.000 patentes aproximadamente concedidas anualmente por la Oficina Europea de Patentes (OEP). Las controversias que van a juicio tienen un valor comercial considerable, así como gran complejidad técnica (y a veces jurídica). Al menos una parte en un juicio considera que vale la pena pagar los costos del litigio (tanto los suyos como eventualmente los de la otra parte). Es de suponer que el demandado también considera que el beneficio de defender el caso tiene mayor peso que los costos que se generan.

Al examinar si los países de altos costos deberían cambiar de modelo así como las críticas implícitas en el título de este artículo, uno debe reconocer que el tipo de litigio que actualmente se instruye ante el Tribunal Especializado en Patentes del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales* - con su estricto procedimiento y sus gastos asociados - parece valer la pena, al menos para quienes presentan controversias complejas y pertinentes. El costo también puede ser justo.

Acceso a la justicia

La verdadera prueba es si la justicia es accesible, o no lo es, no sólo para quienes procuran que se respeten sus derechos sino también para aquellos que quieren presentar alegaciones, impugnar derechos o solicitar una declaración a los efectos de que ciertos derechos no protejan un producto o procedimiento que ellos desean comercializar.

En otras palabras, es necesario considerar el costo en su contexto, en relación con la calidad del procedimiento de solución de controversias. Ahora bien, como el Sr. Tom Sánchez de RIM dijo en una conferencia pronunciada recientemente acerca de los litigios internacionales sobre patentes, “el mayor valor del dinero gastado es cuando el tribunal logra en la mayoría de los casos dar con la respuesta correcta.” En un análisis de costo-beneficio, muchos críticos parecen estar sumamente interesados en examinar los costos sin considerar debidamente la otra mitad de ese análisis: los beneficios. Debemos tener en cuenta que los críticos a menudo saben el precio de cada cosa pero ignoran su valor.

El. Sr. Sánchez indicó algunas razones de peso para interponer una demanda sobre patentes en el Reino Unido. Observó que los procesos judiciales en el Reino Unido son menos costosos que en otras jurisdicciones, como por ejemplo los Estados Unidos de América, y puede costar sólo una pequeña parte de lo que sale resolver un litigio mundial. Por otra parte, indicó las siguientes características de los litigios sobre patentes en el Reino Unido:

  • resoluciones judiciales oportunas y de gran calidad, dictadas por jueces que poseen una formación técnica sólida;
  • las normas de procedimiento civil estipulan que un experto que declara como testigo tiene el deber fundamental de prestar asistencia al tribunal, ayudando a garantizar un examen objetivo de los asuntos;
  • el interrogatorio de los expertos mejora la prueba pericial. De esta forma, los expertos son más cautelosos porque tendrán que defender sus declaraciones ante un juez;
  • conocer todos los asuntos de una causa (infracción y validez) ayuda a impedir argumentos contradictorios e interesados; y
  • establecer limitaciones importantes respecto de la divulgación de las pruebas documentales y la descripción del procedimiento de elaboración del producto ahorran tiempo y costos considerables.

Otras opciones

También es importante tener en cuenta otras opciones para resolver controversias. Los países europeos se benefician de una reglamentación de aduanas eficaz que puede invocarse cuando se embargan cargamentos de productos falsificados al entrar al Espacio Económico Europeo. La amenaza de un litigio (y sus costos) también desempeña un papel importante dado que permiten encontrar soluciones comerciales extrajudiciales a esas eventuales controversias.


La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ha puesto a disposición una serie de servicios para ayudar a resolver controversias, en particular, un servicio que ofrece opiniones no vinculantes sobre la validez de las patentes. (Photo UK IPO)

La mediación tiene una función cada vez más importante a la hora de ayudar a las partes a resolver sus controversias sin recurrir a acciones judiciales, y suele permitir encontrar soluciones comerciales que van mas allá del derecho o del producto en litigio. El arbitraje puede utilizarse con buenos resultados en relación con las controversias mundiales, evitando el riesgo de múltiples litigios en varios países al mismo tiempo. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO) ha puesto a disposición un servicio de opiniones no vinculantes que ofrece, previa solicitud por escrito, opiniones no vinculantes sobre la validez de las patentes así como sobre infracciones. Las partes pueden utilizar esas opiniones para resolver sus controversias sin recurrir a litigios. La IPO emitió últimamente su opinión Nº 100 desde que se inauguró el servicio en octubre de 2005.

Incluso en el supuesto de que el sistema actual de litigios sobre patentes del Reino Unido satisfaga las expectativas costo-beneficio de quienes lo utilizan, no cabe duda de que una cantidad importante de causas no se someten a juicio debido a los altos costos que entraña. Eso no es aceptable. Así pues, conviene examinar los beneficios eventuales de un sistema de solución de litigios sobre patentes menos costoso.

Las patentes están financiadas a nivel gubernamental, lo que tiene su justificativo por el hecho de que proporcionan un mayor incentivo a la innovación. Las oficinas de patentes de todo el mundo examinan las solicitudes para determinar si las invenciones merecen esa protección especial; sin embargo, sus recursos son limitados y la carga de trabajo muy elevada. Sin pretender hacer una crítica, el trabajo de las oficinas nunca puede ser perfecto, y esto debido a la naturaleza del sistema vigente. Sin embargo, en el sistema se prevé que cuando esos derechos, que no han sido concedidos en su debida forma, llegan a ser comercialmente importantes, puedan ser examinados nuevamente para determinar si no debería haberse concedido una determinada patente en primer lugar.

El procedimiento de oposición de la Oficina Europea de Patentes, ofrece en parte esa protección. Es más sencillo y menos costoso que los litigios a nivel nacional, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de un único procedimiento aplicable en todos los países europeos. Sin embargo, el hecho de que el procedimiento demore de tres a seis años para llegar a término no es satisfactorio ni eficiente. Durante los debates sobre la reforma, se recibió importante información de las empresas acerca de situaciones en las que no sólo los titulares de derechos no pueden hacerlos respetar debido a los costos y los riesgos inherentes a los litigios, sino que las empresas pagan derechos de licencia y considerables regalías, aunque consideren que los derechos subyacentes no tienen validez legal, debido a que no pueden hacer frente al pago de los costos que supondría impugnarlos.

¿Cambiar de dirección?

La Comisión Europea (CE) está avanzando en sus negociaciones con vistas a la adopción de una propuesta de Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes, en virtud del cual se creará un sistema jurisdiccional integrado a nivel de Europa para las controversias sobre patentes (véase el artículo “Un único tribunal europeo de patentes: ¿sueño o realidad?”, en la página 17). Un tribunal paneuropeo ofrecería potencialmente un sistema más eficaz y económico para los litigios. Sin embargo, la calidad del procedimiento y de la actuación del tribunal en la práctica determinará, en última instancia, si el nuevo sistema mejorará de hecho un acceso a la justicia en Europa que sea equilibrado a nivel de los costos y los beneficios.

El Reino Unido está examinando las costas procesales de los litigios en materia de propiedad intelectual como parte de un estudio más general sobre las costas de los litigios civiles. De ese examen está encargada una comisión dirigida por el Lord Juez Jackson que acaba de presentar su informe final tras un año de examen de las costas procesales de los litigios civiles, en particular los litigios en materia de propiedad intelectual. La Comisión Jackson investigó las costas procesales de los litigios en curso, y propuso reformas eventuales que permitirían una sistema más económico, y apoya la propuesta del Intellectual Property Court Users’ Committee para reformar el Patents County Court (Tribunal de Patentes de Condado) (PCC). Actualmente, la competencia y el procedimiento del PCC son idénticos a los del Tribunal de Patentes del Tribunal Superior. No hay límite para los recursos y no existe diferencia alguna en cuanto al procedimiento, por lo que las costas suelen ser las mismas. En general, se encomiendan al PCC los casos más sencillos que tienen menor importancia comercial, aunque no existe ningún mecanismo que haga valer esa diferencia, ni existe diferencia alguna en los principios en base a los cuales la parte que haya tenido un fallo favorable puede recuperar los costos.

Además de cambiar el nombre de PCC por Tribunal de Condado de Propiedad Intelectual, se propone una reforma radical de la competencia y el procedimiento de ese tribunal. Los daños y perjuicios se limitarían al máximo de 500.000 libras esterlinas (actualmente no existe limite respecto de la competencia o el recurso), y la recuperación de los gastos por la parte ganadora se limitaría al máximo de 50.000 libras esterlinas (actualmente no existe limite). El procedimiento se agilizaría de forma radical y se pediría primeramente a las partes que presenten sus casos mediante una declaración jurada con argumentos por escrito ordenados. Los jueces impondrían firmeza en la gestión de los casos y los juicios se limitarían a uno o, como máximo, dos días. La prueba documental (la proposición de prueba), las experiencias, los datos objetivos, las pruebas periciales y el interrogatorio sólo se permitirán después del análisis costo-beneficio.

Esta propuesta permitiría la creación de una instancia realmente diferenciada para interponer demandas sobre patentes en los casos de costas procesales menos elevadas. Aún es necesario poner en claro muchas cuestiones, y esto dependerá en gran parte de cómo se aplique el procedimiento y de que exista realmente una firme gestión de los casos. A este respecto, los buenos resultados del nuevo sistema dependerán de la forma en que los jueces administren e instruyan las causas individuales. El Juez que preside el PCC, el honorable Juez Fysh, se jubilará a mediados de 2010. Será difícil mantener el nivel de competencia que ha logrado, y no será fácil encontrar el sustituto idóneo para ese cargo que ofrece un salario relativamente modesto.

Una de las principales preocupaciones de un litigante en el Tribunal Superior es que las costas (tanto del demandante como del demandado) son muy difíciles de prever. El nuevo PCC permitirá que una parte entable el litigio sabiendo que el máximo de gastos que tendrá que asumir el demandado será de 50.000 libras esterlinas. El procedimiento más sencillo también permitirá a la parte en cuestión llegar a un acuerdo razonable con sus abogados y calcular con mayor precisión sus costos (sea que se haya establecido un limite máximo, sea que se haya establecido un valor fijo), allanando así el terreno para un análisis costo-beneficio más fiable. De esta manera se podrá mejorar el acceso a la justicia y ayudar al sistema a funcionar de forma más eficaz y eficiente, manteniendo el debido nivel de calidad y un procedimiento estricto, lo que es ciertamente algo positivo.

Una reforma es fundamental

La posibilidad de impugnar patentes – así como la posibilidad de hacerlas respetar – mediante un litigio eficaz y económico es un principio fundamental del sistema de patentes. La Comisión Europea dijo algo similar en el marco de su reciente investigación sobre el sector farmacéutico de Europa. El Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes propuesto, la investigación del Reino Unido sobre los costos de los litigios civiles y la posible reforma del PCC son importantes pasos adelante en la dirección correcta.

Sin embargo, el autor tiene cierta aprensión respecto de que el sistema del Reino Unido pueda continuar privilegiando sólo a aquellos que están en los extremos, o sea, en un extremo, los que interponen demandas contra patentes que tienen una importancia comercial considerable, los así llamados litigios “big ticket”, que pueden resultar en ganancias sustanciosas, y, en el otro extremo, aquellos que participan en controversias más modestas. Parece ser que una cantidad importante de empresas se encuentran entre uno y otro extremo y no pueden utilizar ni una ni otra alternativa. Reformar el sistema judicial y disponer de un sistema económico y eficaz para hacer valer e impugnar patentes en el que todas las partes interesadas tengan acceso a la justicia, son cuestiones fundamentales para el buen funcionamiento del sistema de patentes.

* Las demandas por infracciones de patentes en Escocia se interponen ante el Tribunal Superior de Justicia de Edimburgo.
 

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