Costa Rica fomenta el respeto por los derechos de propiedad intelectual
Por Catherine Jewell, División de Comunicaciones de la OMPI
Desde su creación en diciembre de 2002, el Tribunal Registral Administrativo (TRA) de Costa Rica ha hecho grandes progresos para sensibilizar al país en materia de propiedad intelectual (P.I.) e infundir confianza en el sistema nacional de propiedad intelectual. En los preludios de la celebración de su 10º aniversario, la Revista de la OMPI se entrevistó con la presidenta del Tribunal Registral, Sra. Guadalupe Ortiz, para conocer mejor la labor del Tribunal y sus planes de futuro.
De izquierda a derecha: Jueces del Tribunal Lic.
Kathya Mora Cordera, MSc, Guadalupe Ortiz Mora,
MSc, Normal Ureña Boza, Lic. IIse Díaz Díaz, Dr.
Pedro Suárez Baltodano. (foto: ART-Costa Rica)
Antecedentes
La Ley de Costa Rica Nº 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, promulgada en 2000, surgió del compromiso del país para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y de su reconocimiento de la importancia de la P.I. como catalizadora del crecimiento económico y el desarrollo. Esta ley prevé la creación del Tribunal Registral Administrativo, un órgano independiente especializado en juzgar los recursos de apelación de las decisiones y otras medidas tomadas por los registros nacionales de propiedad intelectual del país. El Tribunal, adscrito al Ministerio de Justicia, es una pieza fundamental en la estrategia del país dirigida a mejorar el conocimiento de los derechos de propiedad intelectual y del sistema de P.I. en su conjunto y lograr un mayor respeto hacia ellos. El Tribunal Registral Administrativo es el único de este tipo que existe en América Latina, y conoce de casos relacionados con los derechos sobre los bienes materiales y los derechos sobre los bienes inmateriales.
Fomentar la confianza en el sistema de P.I.
En sus 10 años de existencia, el Tribunal ha visto unos 6.500 casos, de los que sólo alrededor de 20 han pasado a los tribunales para su resolución. "Esto refleja el alto nivel de confianza que los usuarios tienen en el sistema. Uno de los puntos fuertes de nuestro sistema es que ofrecemos un servicio ágil y transparente. Los solicitantes que deseen recurrir la decisión de uno de los registros nacionales de propiedad intelectual pueden defender sus derechos y tienen una segunda oportunidad para presentar su caso", señala la Sra. Ortiz. "Creemos firmemente en el principio del servicio público. Los usuarios disponen de un acceso rápido y fácil a la justicia y se les garantiza la oportunidad de discutir todos los temas relacionados con su caso", explica. Independientemente de si la decisión del Tribunal es favorable a los usuarios, éstos se benefician de un razonamiento jurídico bien motivado en cuanto a la cuestión de la justificación de su caso, y quedan satisfechos de haber tenido un juicio justo". A pesar de que los usuarios tienen la opción de utilizar el sistema jurisdiccional ordinario, tienden a acudir al Tribunal Registral. El escaso número de recursos que han pasado a los tribunales indica que los usuarios quedan satisfechos y convencidos con las explicaciones y el análisis del Tribunal sobre su caso", dice la Sra. Ortiz.
El carácter completamente autónomo del Tribunal, que dispone de su propio presupuesto y sistema de gobierno, está concebido para garantizar la imparcialidad de sus decisiones. Cinco jueces especializados en P.I. y nombrados por el Ministerio de Justicia presiden los casos. De este modo, los usuarios están seguros de que sus casos serán examinados por expertos bien versados en las complejidades del Derecho de la propiedad intelectual y con un buen conocimiento de éste. El hecho de que este pequeño grupo de jueces especializados tenga un mayor conocimiento del sistema de P.I. ofrece dos ventajas principales. Por un lado, significa que los casos se tramitan de manera precisa y puntual. Por otro lado, las decisiones sobre los casos en que concurren circunstancias similares son más sistemáticas, lo que conduce a resultados más predecibles y a una mayor confianza del mundo empresarial. "Estamos convencidos de que la seguridad jurídica es la base de un sistema de propiedad intelectual robusto y eficaz. Nuestra labor consiste en velar por la observancia de los derechos de P.I. y el acceso a todos los aspectos del Derecho de la P.I. a través de un mecanismo en el que los usuarios puedan creer y confiar", dice la Sra. Ortiz. "El beneficio directo para los usuarios es que entienden mejor por qué no han salido adelante sus solicitudes ante el registro nacional de propiedad intelectual y, naturalmente, qué tienen que hacer para que sus solicitudes obtengan el registro", señala. "Esto no sólo supone un beneficio inmediato para los usuarios, sino que, a largo plazo, contribuye a aumentar y reforzar el conocimiento y la confianza en el sistema de P.I. entre la comunidad de usuarios, tanto en el país como en el extranjero“.
Aspirar a la excelencia
Desde su creación, el Tribunal ha tratado de mantenerse al corriente de las novedades que se producen en el ámbito de la legislación de P.I. y perseverar en la calidad de sus decisiones. Mediante un programa de formación continua en materia de P.I. y la participación habitual de los especialistas del Tribunal en los foros nacionales e internacionales se asegura que los funcionarios se mantengan al día de las nuevas tendencias y de las novedades en materia jurídica.
Estas y otras medidas han permitido al Tribunal forjarse una reputación como foro de excelencia, ofreciendo un servicio público de la mejor calidad y fomentando un mayor conocimiento del sistema de P.I. en el país. En el ámbito de las marcas, por ejemplo, el Tribunal vigila estrictamente el registro de las marcas notoriamente conocidas en Costa Rica. Sus objetivos son dos: primero, enviar un mensaje claro a la comunidad empresarial internacional en el sentido de que sus derechos de marca se cumplen y respetan en Costa Rica y, segundo, proteger a los consumidores y a la población en general de ser engañados y comprar productos de calidad inferior o falsificados.
En el último decenio, el Tribunal ha sentado una jurisprudencia considerable. "Nuestra jurisprudencia ya está bastante madura, pero hacemos un seguimiento de la evolución internacional del Derecho de la propiedad intelectual y la doctrina sobre nuevas cuestiones en materia de propiedad intelectual. La P.I. es un campo que evoluciona con rapidez, y tenemos que estar al día de los últimos acontecimientos", observa la Sra. Ortiz. "Una característica distintiva del éxito del Tribunal en el último decenio es la calidad de las decisiones, la introducción de normas internacionales y una visión clara sobre la importancia fundamental de las garantías procesales debidas", añade. Una base de datos en línea ofrece a los especialistas y al ciudadano en general un acceso fácil a la jurisprudencia del Tribunal y a recursos jurídicos. Esta inestimable fuente de consulta jurídica no sólo da apoyo al Tribunal en su labor, sino que también está sirviendo para mejorar el conocimiento del sistema de propiedad intelectual en todo el país.
La Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección y Promoción de la Propiedad Intelectual (CIPPI)
Si bien el Tribunal es un elemento determinante de la estrategia del país dirigida a fomentar el respeto y la observancia de los derechos de P.I., éste no actúa de manera aislada. El Tribunal forma parte de una estrategia nacional coordinada en materia de P.I., en la que participan una gran diversidad de instituciones, como, por ejemplo, las autoridades aduaneras, organismos públicos e instituciones de las comunidades académica y empresarial, que confluyen en el marco de la Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual. La finalidad de la Comisión es garantizar el desarrollo coherente y coordinado de la estrategia nacional de P.I. del país. "A través de esta estrategia nacional, se aúnan todos los actores y trabajan en estrecho contacto. Cada uno tenemos nuestras propias funciones claramente definidas, pero trabajamos juntos como una red en el marco de la estrategia nacional de propiedad intelectual ", explica la Sra. Ortiz.
Apoyar el desarrollo económico
Al proporcionar una mayor seguridad jurídica en materia de P.I., lo que, a su vez, aumenta la confianza empresarial, el Tribunal desempeña un papel fundamental en la creación de un entorno comercial fértil y atractivo que fomenta y promueve la innovación y atrae las inversiones extranjeras directas. "Es importante que entendamos que la propiedad intelectual es un instrumento para el desarrollo", observa la Sra. Ortiz. "La propiedad intelectual es un aspecto clave del desarrollo futuro del país. Costa Rica es un país abierto en el que el comercio internacional es muy importante. Disponer de un sistema de P.I. robusto y eficaz es un factor decisivo para atraer a los inversores extranjeros; también es fundamental para fomentar la innovación que, ahora que tenemos en marcha una estrategia nacional de P.I., constituye en este momento nuestro principal desafío", dice la Sra. Ortiz. "El acceso libre y cómodo a un sistema de P.I. moderno, fácil de usar y de confianza es un ingrediente esencial en la promoción del uso generalizado del sistema de P.I. para el desarrollo futuro del país“.
La labor del Tribunal es fundamental de cara a mejorar las normas y las prácticas de funcionamiento de los registros nacionales de P.I., que están obligados por ley a respetar sus decisiones. "Trabajamos muy de cerca con los registros para cambiar las reglas a mejor", explica la Sra. Ortiz. "A veces, con una aplicación adecuada pueden resolverse los problemas", añade.
El futuro
La propiedad intelectual promete convertirse cada vez más en un pilar central del desarrollo económico futuro de Costa Rica. Esto, a su vez, dará lugar a "un uso más general y complejo de la P.I. en el país", sugiere la Sra. Ortiz. "En el futuro tendremos una mayor carga de trabajo y casos cada vez más complejos", pronostica. Subrayando la importancia de garantizar que los conocimientos técnicos del Tribunal siguen el ritmo de la rápida evolución del panorama tecnológico y las mejores prácticas jurídicas, la Sra. Ortiz anticipa "enormes desafíos por delante, porque las decisiones que el Tribunal va a tener que tomar van a ser cada vez más complejas". Sin embargo, confía en que el Tribunal podrá seguir apoyando los objetivos de desarrollo del país. "Vamos por el buen camino. El Tribunal está reforzando la seguridad de los derechos de P.I., y nuestra experiencia en los últimos 10 años indica que la comunidad de usuarios prefiere utilizar este Tribunal a acudir a los tribunales ordinarios”.
El Tribunal tiene previsto trasladarse a un nuevo edificio, actualmente en construcción, a principios de 2013. "Esto nos permitirá mejorar aún más los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios", señala la Sra. Ortiz, refiriéndose a los planes para introducir audiencias orales y diversos servicios en línea.
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