Décret royal nº 479/1989 du 5 mai 1989 réglementant la composition et la procédure d'arbitrage de la Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle, Espagne

Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo, por el que se regula la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual. Disposición derogada por la disposición derogatoria única del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-20652.

Incluye la corrección de erratas publicada en BOE núm. 121, de 22 de mayo de 1989. Ref. BOE-A-1989-11548. El artículo 143 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual ha creado en el Ministerio de Cultura, con carácter de órgano colegiado de ámbito nacional, la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual, que tiene la función de resolver los conflictos que puedan producirse entre las Entidades de gestión y las Asociaciones de usuarios o Entidades de radiodifusión como consecuencia de la gestión colectiva de los derechos de Propiedad Intelectual, en lo que se refiere a la concesión de autorizaciones no exclusivas a la celebración de contratos generales y al establecimiento de tarifas generales.

Esta Comisión se constituye, así, como un instrumento especialmente idóneo en el funcionamiento del sistema vigente de la Propiedad Intelectual para resolver este tipo de conflictos que requiere generalmente una compleja valoración de intereses.

Por esta razón, y teniendo en cuenta que, conforme establece el citado artículo 143, tienen derecho a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las Entidades de gestión y otros dos de la Asociación de usuarios o de la Entidad de radiodifusión, se ha optado por configurar un procedimiento por el que se promueve que las partes alcancen un acuerdo que facilite la decisión arbitral.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 y en la disposición adicional segunda de la Ley de Propiedad Intelectual, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 5 de mayo de 1989,

DISPONGO: Redactado el párrafo tercero conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 121, de 22 de mayo de 1989. Ref. BOE-A-1989-11548. CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 1.

1. El presente Real Decreto tiene por objeto regular la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual a que se refiere el artículo 143 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

2. La Comisión Arbitral tiene la función de resolver los conflictos que puedan producirse entre las Entidades de gestión y las Asociaciones de usuarios o Entidades de radiodifusión relacionados con la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos, con el

establecimiento de tarifas generales y, con la celebración de los contratos generales, conforme disponen los artículos 142, apartados 1 y 2, y 143 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Dichas funciones comprenden la resolución de los conflictos que puedan surgir como consecuencia de la interpretación o aplicación general de los contratos generales entre las referidas Entidades de gestión y las Asociaciones de usuarios o Entidades de radiodifusión.

Art. 2.

Lo establecido por el presente Real Decreto se entenderá en todo caso sin perjuicio de lo que las partes puedan pactar en el correspondiente Convenio Arbitral establecido conforme a la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, si bien no podrán incluirse en dicho Convenio cláusulas que se opongan a lo establecido en esta disposición o impidan someter a la Comisión Arbitral los conflictos que puedan plantearse al amparo de lo dispuesto en el artículo 143, b), de la Ley de Propiedad Intelectual.

Art. 3.

La Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual se regirá por la Ley de Propiedad Intelectual y por el presente Real Decreto y, en lo no previsto en estas disposiciones por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

CAPÍTULO II

De la composición de la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual

Art. 4.

La Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual estará compuesta por un máximo de siete miembros, de los que tres serán árbitros neutrales que tendrán carácter permanente.

Los restantes miembros de la Comisión serán designados en representación de la Entidad de gestión y de la Asociación de usuarios o de la Entidad de radiodifusión para cada uno de los asuntos sometidos a su decisión. Cada una de las partes en conflicto tendrá derecho a nombrar hastas dos miembros.

Art. 5.

1. Los árbitros serán nombrados por el Ministro de Cultura por un período de tres años, renovable, entre juristas de reconocido prestigio.

2. Uno de los árbitros será nombrado con el carácter de Presidente. Dirigirá y coordinará los trabajos, debates y votaciones de la Comisión, convocará y fijará el orden del día de las reuniones, y ejercerá las demás facultades que sean necesarias para el buen funcionamiento de la Comisión.

Art. 6.

1. Los árbitros ejercerán sus funciones con independencia, neutralidad e imparcialidad y estarán sometidos a las normas sobre recusación y abstención contenidas en la vigente Ley de Arbitraje.

2. En caso de recusación o abstención, así como de ausencia o enfermedad, que impida a uno de los árbitros intervenir en un asunto sometido a la Comisión, el Presidente lo comunicará al

Ministro de Cultura, a fin de que se proceda al nombramiento de un árbitro sustituto para el conflicto de que se trate, conforme dispone el artículo anterior.

Art. 7.

1. La Entidad de gestión y la Asociación de usuarios o Entidad de radiodifusión en conflicto, nombrarán sus representantes en la Comisión para cada uno de los asuntos en que intervengan.

2. Los miembros de la Comisión representantes de cada una de las partes serán nombrados en el plazo de quince días desde la notificación de la admisión del conflicto.

Art. 8.

Actuará como Secretario, sin voz, ni voto, un funcionario del Ministerio de Cultura, que levantará actas de las reuniones que se celebren, de los acuerdos y decisiones que se adopten, así como de las demás actuaciones que determinen los miembros de la Comisión.

CAPÍTULO III

Del procedimiento general de Arbitraje

Art. 9.

1. La solicitud de arbitraje se realizará mediante escrito dirigido al Presidente en el que las partes se sometan expresa y voluntariamente a la Comisión para que ésta adopte una decisión.

2. La solicitud de arbitraje expresará con precisión el objeto del conflicto, el contenido de las pretensiones y las alegaciones de las partes, así como si la cuestión litigiosa ha de decidirse con arreglo a derecho o en equidad.

3. Cuando sea parte en un arbitraje una Asociación de usuarios, la solicitud deberá acompañarse de una certificación en la que se comprenda el nombre y apellidos o razón social y el domicilio de los empresarios individuales o sociales miembros de dicha Asociación.

4. Las partes podrán actuar por sí mismas o valerse de Abogado en ejercicio.

Art. 10.

1. Los árbitros acordarán la admisión del conflicto de conformidad con la competencia de la Comisión y con los demás requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Intelectual y en este Real Decreto.

2. El acuerdo de admisión será adoptado exclusivamente por los árbitros y por mayoría, y se entenderá que el arbitraje se resolverá en equidad, salvo que las partes hayan optado expresamente por un arbitraje de derecho.

3. En el caso de que se acuerde su inadmisión, la decisión será motivada y notificada a las partes sin que quepa recurso alguno contra ella.

Art. 11.

El procedimiento arbitral comenzará mediante la convocatoria de la Comisión para que las partes fijen sus posiciones iniciales, aportando la documentación que consideren oportuna.

Art. 12.

1. El procedimiento arbitral se desarrollará con sujeción a los principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

2. No obstante, la inasistencia o inactividad de cualquiera de las partes no impedirá el desarrollo del procedimiento ni que se dicte el laudo, ni le privará a éste de su eficacia.

Art. 13.

Fijadas las posiciones de las partes, el Presidente convocará las reuniones que estime precisas con la finalidad de alcanzar un acuerdo entre aquellas que permita la solución del conflicto.

Art. 14.

1. En cualquier momento del procedimiento la Comisión, a iniciativa de los árbitros o de las partes, podrá acordar la práctica de las pruebas que estime pertinentes.

2. Los gastos que pueda ocasionar la práctica de la prueba serán satisfechos por quien la haya solicitado, o por ambas partes a prorrata cuando haya sido propuesta por los árbitros, salvo que en la decisión arbitral hubiese expresa condena en costas a una de las partes. Redactado el apartado 2 conforme a la corrección de erratas publicada en BOE núm. 121, de 22 de mayo de 1989. Ref. BOE-A-1989-11548. Art. 15.

Si en el transcurso del procedimiento arbitral las partes alcanzasen un acuerdo sobre las cuestiones controvertidas, éstas lo formalizarán por escrito y lo elevarán al Presidente de la Comisión a efectos de que elabore la correspondiente propuesta de laudo, que se someterá a votación de la Comisión.

Art. 16.

1. Cuando el Presidente considere que las cuestiones han sido suficientemente debatidas y que el acuerdo entre las partes no resulta posible, dará por finalizado el intento de avenencia y convocará a la Comisión para que las partes formulen sus posiciones definitivas.

2. Sobre la base de dichas posiciones, así como de lo actuado con anterioridad, el Presidente elaborará una propuesta de laudo que se someterá a votación de la Comisión.

Art. 17.

La Comisión quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría de sus miembros, siempre que concurran al menos dos árbitros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.

Art. 18.

1. Cada miembro de la Comisión tendrá derecho a voto, dirimiendo los empates el voto del Presidente.

2. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos, requiriendo, en todo caso, el voto favorable de al menos dos árbitros.

Art. 19.

1. El laudo requerirá la asistencia de todos los árbitros. Será escrito y motivado y deberá resolver la cuestiones planteadas por las partes en el ámbito de las competencias propias de la Comisión.

2. El laudo adoptado por la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes y será impugnable y ejecutable conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje.

Art. 20.

1. El laudo deberá dictarse en el plazo máximo de seis meses desde el acuerdo de admisión del conflicto.

2. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por el Presidente, por resolución motivada y previa audiencia de ambas partes, por un máximo de tres meses.

CAPÍTULO IV

Del procedimiento para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales Se modifica por el art. 1 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655. Art. 21.

Cuando una Asociación de usuarios o Entidad de radiodifusión haga uso de la facultad prevista en el artículo 143, b), de la Ley de Propiedad Intelectual, al objeto de fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por una Entidad de gestión, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en este Real Decreto, con las salvedades previstas en el presente capítulo.

Art. 22.

La solicitud podrá ser formulada por la Asociación de usuarios o la Entidad de radiodifusión y deberá reunir los siguientes requisitos.

a) El objeto de la solicitud será fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por la Entidad de gestión.

b) Expondrá las razones que justifican la solicitud de sustitución de la cantidad establecida por la Entidad de gestión.

c) Deberá proponer una cantidad sustitutoria determinada o determinable mediante una mera operación aritmética.

d) Incluirá, en su caso, el expreso sometimiento a la competencia de la Comisión conforme a lo previsto en el artículo 143, b), de la Ley de Propiedad Intelectual, para dar solución al conflicto que, por su parte, hubiera sido planteado por la correspondiente Entidad de gestión.

Art. 23.

Presentada la solicitud, la Comisión Arbitral dará traslado de la misma a la Entidad de gestión correspondiente para que presente las alegaciones que estime oportuno sobre su admisión, dentro del plazo que le sea fijado por el Presidente.

Art. 24.

1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo fijado a que se refiere el artículo anterior, los árbitros decidirán sobre la admisión de la solicitud de arbitraje.

2. La falta de alguno de los requisitos previstos en el artículo 22 determinará su inadmisión.

Art. 25.

1. Admitida una solicitud de fijación de cantidad sustitutoria de tarifas generales, se comunicará a las partes para que nombren sus representantes en la Comisión.

2. La falta de designación por la Entidad de gestión de dichos representantes o la inasistencia o inactividad de cualquiera de las partes no impedirá, sin embargo, el desarrollo del procedimiento, ni que se adopte la decisión arbitral resolutoria del conflicto, ni privará a ésta de su eficacia.

Art. 26.

1. La presentación de una solicitud de fijación de cantidad sustitutoria de las tarifas generales conforme a este capítulo, no exime a los empresarios individuales o sociales representados por la Asociación de usuarios o a la Entidad de radiodifusión de la obligación de hacer efectiva bajo reserva o consignar judicialmente la cantidad establecida por la Entidad de gestión conforme al artículo 142.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. Sin embargo, una vez fijada la cantidad sustitutoria por decisión arbitral, bastará con hacer efectiva ésta para entender concedida la autorización a que se refiere el citado artículo 142.2, en tanto las partes lleguen a un acuerdo.

Art. 27.

La decisión arbitral resolutoria del conflicto requerirá la asistencia de todos los árbitros, se dictará en equidad y será escrita y motivada.

Art. 28.

La inadmisión de la solicitud o la decisión arbitral resolutoria dejará expedita la vía judicial ordinaria para conocer del asunto sometido a la Comisión.

CAPÍTULO V

Del procedimiento para fijar el nivel de la remuneración equitativa correspondiente a los contratos de cesión o transferencia del derecho de alquiler de fonogramas y grabaciones audiovisuales celebrados con anterioridad al 1 de julio de 1994 Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655. Art. 29. Objeto del procedimiento.

1. El objeto del presente capítulo es establecer el procedimiento para fijar el nivel de la remuneración equitativa a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, cuando, de acuerdo con lo previsto en la disposición final tercera de la misma Ley, no se haya producido acuerdo entre las partes para la fijación del nivel de dicha remuneración.

2. Este procedimiento queda exclusivamente referido a los contratos celebrados antes del 1 de julio de 1994 y debe iniciarse a instancia de parte. Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655.

Art. 30. Sujetos del procedimiento.

1. En uso de la facultad prevista en el artículo 143, a), de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con el artículo 3.1 y la disposición final tercera de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, podrán solicitar de la Comisión Arbitral el inicio del procedimiento para la fijación del nivel de la remuneración equitativa a que se refiere dicho artículo 3.1:

a) Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que representen a los titulares del derecho a que se refieren las disposiciones mencionadas, con base en lo previsto en el artículo 3.2 de la precitada Ley 43/1994.

b) Quienes lleven a efecto las operaciones de alquiler al público de los fonogramas o grabaciones audiovisuales en su condición de derechohabientes de los titulares de los correspondientes derechos de autorizar o prohibir dicho alquiler.

2. El procedimiento a que se refiere el apartado anterior se ajustará a lo dispuesto en el capítulo III de este Real Decreto ("Del procedimiento general de arbitraje"), con las salvedades previstas en el presente capítulo. Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655. Art. 31. Requisitos de la solicitud.

La solicitud deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Indicará de manera expresa la finalidad de iniciar el procedimiento de fijación del nivel de la remuneración equitativa.

b) Expondrá las razones que justifican la solicitud de inicio de dicho procedimiento, así como las actuaciones que han tenido lugar hasta ese momento.

c) Incluirá la identificación de la otra parte concernida en el procedimiento previo.

d) Propondrá una cantidad determinada o determinable mediante una mera operación aritmética.

e) Incluirá el expreso sometimiento a la competencia de la Comisión, conforme a lo previsto en el artículo 143, a), de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con el artículo 3.1 y la disposición final tercera de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre.

f) Los demás previstos en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655. Actualización publicada el 04/08/1995, en vigor a partir del 05/08/1995

Art. 32. Traslado de la solicitud.

Recibida la solicitud, la Comisión Arbitral dará traslado de la misma a la otra parte a efectos de que presente las alegaciones que estime oportunas sobre su admisión, dentro del plazo que le sea fijado por el Presidente. Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655. Art. 33. Decisión sobre la admisión de la solicitud de arbitraje.

1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, los árbitros decidirán sobre la admisión de la solicitud de arbitraje. En el caso de observarse defectos subsanables, se estará a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La falta de subsanación de defectos en los términos establecidos en el requerimiento previsto en el apartado anterior determinará la inadmisión de la solicitud. Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655. Art. 34. Designación de representantes en la Comisión.

1. Admitida una solicitud para la fijación del nivel de remuneración equitativa, se comunicará a las partes para que nombren sus representantes en la Comisión.

2. La falta de designación por las partes de dichos representantes o la inasistencia o inactividad de cualquiera de las partes no impedirá, sin embargo, el desarrollo del procedimiento, ni que se adopte la decisión arbitral resolutoria del conflicto, ni privará a ésta de su eficacia. Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655. Art. 35. Adopción de la decisión arbitral resolutoria.

La decisión arbitral resolutoria del conflicto requerirá la asistencia de todos los árbitros, se dictará en equidad y será escrita y motivada. Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655. Art. 36. Efectos de la inadmisión de la solicitud o de la decisión arbitral resolutoria.

La inadmisión de la solicitud o la decisión arbitral resolutoria dejará expedita la vía judicial ordinaria para conocer del asunto sometido a la Comisión. Se añade por el art. 2 del Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio. Ref. BOE-A-1995-18655.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de julio de 1989.

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,

JORGE SEMPRÚN Y MAURA

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Décret royal

réglementant la composition et la procédure d’arbitrage de la Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle

(No 479, du 5 mai 1989)

L’article 143 de la loi no 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété intellectuelle porte création au Ministère de la culture, en tant qu’organe collégial de portée nationale, de la Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle qui a pour fonction de résoudre les conflits qui peuvent se produire entre les organismes de gestion et les associations d’utilisateurs ou les organismes de radiodiffusion, par suite de la gestion collective des droits de propriété intellectuelle, en liaison avec la concession d’autorisations non exclusives, la passation de contrats généraux et l’établissement de tarifs généraux.

Cette commission est donc créée en tant qu’instrument particulièrement adapté au fonctionnement du système de la propriété intellectuelle en vigueur pour résoudre ce type de conflit qui requiert, en règle générale, une évaluation complexe des intérêts en jeu.

Pour cette raison, et compte tenu du fait que, conformément aux dispositions de l’article 143 susmentionné, ont le droit de faire partie de la commission, pour chaque question qui les concerne, deux représentants des organismes de gestion et deux représentants de l’association des utilisateurs ou de l’organisme de radiodiffusion, il a été décidé d’élaborer une procédure propice à la conclusion, par les parties, d’un accord facilitant la décision arbitrale.

En foi de quoi, sur proposition du ministre de la culture, conformément aux dispositions de l’article 143 et à la deuxième disposition additionnelle de la loi sur la propriété intellectuelle , avec l’approbation du ministre de l’administration publique, en accord avec le Conseil d’Etat et après délibération du Conseil des ministres à sa réunion du 5 mai 1989,

NOUS DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. premier. – 1. Le présent décret royal a pour objet de réglementer la composition et la procédure d’arbitrage de la

Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle mentionnée à l’article 143 de la loi no 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété intellectuelle.

2. La commission arbitrale a pour fonction de résoudre les conflits qui peuvent se produire entre les organismes de gestion et les associations d’utilisateurs ou les organismes de radiodiffusion en liaison avec la concession d’autorisations non exclusives portant sur les droits gérés, l’établissement de tarifs généraux et la passation de contrats généraux, conformément aux dispositions des articles 142, alinéas 1 et 2, et 143 de la loi sur la propriété intellectuelle.

Elle a notamment pour tâche de résoudre les conflits que peut susciter l’interprétation ou l’application courante des contrats généraux conclus entre les organismes de gestion et les associations d’utilisateurs ou les organismes de radiodiffusion susmentionnés.

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Art. 2. – Les dispositions du présent décret royal s’entendent en tout état de cause sans préjudice de ce dont les parties pourront convenir dans la convention d’arbitrage conclue conformément à la loi sur l’arbitrage (no 36, du 5 décembre 1988), bien que cette convention ne puisse pas contenir des clauses contraires à ces dispositions ou empêchant de soumettre à la commission arbitrale les conflits qui peuvent se produire, comme le prévoit l’article 143.b) de la loi sur la propriété intellectuelle.

Art. 3. – La Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle est régie par la loi sur la propriété intellectuelle et par le présent décret royal et, pour ce qui n’est pas prévu dans ces textes, par la loi sur l’arbitrage (no 36, du 5 décembre 1988).

CHAPITRE II Composition de la Commission arbitrale

des droits de propriété intellectuelle

Art. 4. – La Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle est composée de sept membres au maximum, dont trois sont des arbitres neutres commis à titre permanent.

Les autres membres de la commission sont désignés comme représentants de l’organisme de gestion et de l’association d’utilisateurs ou de l’organisme de radiodiffusion pour chacune des questions soumises à décision. Chaque partie au conflit a le droit de nommer deux membres au maximum.

Art. 5. – 1. Les arbitres sont nommés par le ministre de la culture, parmi d’éminents juristes, pour une période de

trois ans et leur mandat est renouvelable. 2. L’un des arbitres est nommé en qualité de président. Il dirige et coordonne les travaux, les débats et

les votes de la commission, convoque les réunions et en fixe l’ordre du jour, et exerce les autres fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission.

Art. 6. – 1. Les arbitres exercent leurs fonctions en toute indépendance, neutralité et impartialité et sont soumis

aux règles en matière de récusation et d’abstention qui sont énoncées dans la loi sur l’arbitrage en vigueur. 2. En cas de récusation ou d’abstention, comme en cas d’absence ou de maladie empêchant l’un des

arbitres d’exercer ses fonctions dans une affaire soumise à la commission, le président communique ce fait au ministre de la culture afin que celui-ci nomme un arbitre suppléant pour le conflit en cause, conformément aux dispositions de l’article précédent.

Art. 7. – 1. L’organisme de gestion et l’association d’utilisateurs ou l’organisme de radiodiffusion parties au

conflit nomment leurs représentants à la commission pour chaque question qui les concerne. 2. Les membres de la commission représentant chacune des parties sont nommés dans les 15 jours qui

suivent la notification de l’admission du conflit.

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Art. 8. – Agit en qualité de secrétaire, sans droit de parole ni droit de vote, un fonctionnaire du Ministère de la culture, chargé d’établir les procès-verbaux des réunions et de prendre acte des accords et des décisions ainsi que, sur demande, des interventions des membres de la commission.

CHAPITRE III Procédure générale d’arbitrage

Art. 9. – 1. Dans la demande d’arbitrage, qui doit revêtir la forme écrite et être adressée au président, les parties

doivent se soumettre expressément et volontairement à la compétence de la commission afin que celle-ci puisse rendre une décision.

2. La demande d’arbitrage doit exposer avec précision l’objet du conflit, les prétentions et les allégations des parties et indiquer si la question litigieuse doit être réglée en droit ou en équité.

3. Lorsqu’une association d’utilisateurs est partie à un arbitrage, la demande doit être accompagnée d’un certificat indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale et le domicile ou le siège des entrepreneurs ou des entreprises membres de cette association.

4. Les parties peuvent agir directement ou avoir recours à un avocat.

Art. 10. – 1. Les arbitres admettent ou non le conflit en fonction de la compétence de la commission et des autres

exigences fixées par la loi sur la propriété intellectuelle et par le présent décret royal. 2. La décision d’admission est prise exclusivement par les arbitres et à la majorité ; il est entendu que les

arbitres statuent en équité, à moins que les parties n’aient choisi expressément un arbitrage en droit. 3. En cas de non-admission du conflit, la décision doit être motivée et notifiée aux parties ; aucun

recours ne peut être formé.

Art. 11. – La procédure d’arbitrage commence par la convocation de la commission afin que les parties définissent leur position initiale et fournissent la documentation qu’elles jugent opportune.

Art. 12. – 1. La procédure d’arbitrage se déroule conformément aux principes de l’audition, de la contradiction et

de l’égalité des parties. 2. Toutefois, l’absence ou la passivité de l’une quelconque des parties n’empêche pas que la procédure

se déroule ni que la décision soit rendue, ni ne prive celle-ci de ses effets.

Art. 13. – Une fois définies les positions des parties, le président convoque les réunions qu’il estime nécessaires pour permettre aux intéressés d’arriver à un accord susceptible de résoudre le conflit.

Art. 14. – 1. A tout moment de la procédure, la commission, à l’initiative des arbitres ou des parties, peut décider

que les preuves qu’elle estime pertinentes doivent être apportées. 2. Les frais que peut occasionner l’administration de la preuve sont à la charge de la partie qui l’a

demandée, ou sont partagés entre les deux parties lorsqu’elle a été proposée par les arbitres, sauf si la décision arbitrale condamne l’une des parties aux frais et dépens.

Art. 15. – Si, au cours de la procédure d’arbitrage, les parties arrivent à un accord sur les questions controversées, elles le soumettent par écrit au président de la commission par écrit afin qu’il élabore la proposition de décision arbitrale correspondante qui sera mise aux voix.

Art. 16. – 1. Lorsque le président estime que les questions ont été suffisamment débattues et qu’aucun accord entre

les parties n’est possible, il considère comme terminée la tentative d’arrangement et convoque la commission pour que les parties formulent leurs positions définitives.

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2. Sur la base de ces positions, ainsi que des éléments antérieurs, le président de la commission élabore une proposition de décision arbitrale qui est mise aux voix.

Art. 17. – La commission est valablement constituée lorsque la majorité de ses membres sont présents, et parmi eux deux arbitres au moins, sans préjudice des dispositions de l’article 19.

Art. 18. – 1. Chaque membre de la commission dispose d’une voix, celle du président étant déterminante en cas de

partage égal des voix. 2. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix et nécessitent, en tout cas, le vote

favorable de deux arbitres au moins.

Art. 19. – 1. La décision arbitrale nécessite la présence de tous les arbitres. Elle doit être écrite et motivée et

résoudre les questions soulevées par les parties, qui relèvent de la compétence de la commission. 2. La décision arbitrale adoptée par la commission a force obligatoire et exécutoire pour les parties ; les

dispositions de la loi sur l’arbitrage s’appliquent en matière de contestation et d’exécution.

Art. 20. – 1. La décision arbitrale doit être rendue six mois au plus tard après l’admission du conflit. 2. Ce délai peut être prolongé de trois mois au maximum par le seul président, au moyen d’une décision

motivée et après audition préalable des deux parties.

CHAPITRE IV Procédure spéciale

Art. 21. – Lorsqu’une association d’utilisateurs ou un organisme de radiodiffusion use de la faculté prévue à l’article 143.b) de la loi sur la propriété intellectuelle aux fins de la fixation d’un montant à substituer aux tarifs généraux établis par un organisme de gestion, la procédure suit les dispositions du présent décret royal, avec les exceptions prévues dans le présent chapitre.

Art. 22. – La demande peut être formulée par l’association d’utilisateurs ou par l’organisme de radiodiffusion et doit remplir les conditions suivantes :

a) avoir pour objet la fixation d’un montant à substituer aux tarifs généraux établis par l’organisme de gestion ;

b) exposer les raisons qui justifient la modification du montant fixé par l’organisme de gestion ; c) proposer un montant de remplacement déterminé ou pouvant être calculé au moyen d’une

simple opération arithmétique ; et d) contenir, s’il y a lieu, la reconnaissance expresse de la compétence de la commission

conformément aux dispositions de l’article 143.b) de la loi sur la propriété intellectuelle aux fins de la solution du conflit qui a été suscité par l’organisme de gestion correspondant.

Art. 23. – Une fois la demande présentée, la commission arbitrale la communique à l’organisme de gestion correspondant afin qu’il présente les arguments qu’il estime opportuns pour son admission, dans le délai fixé par le président.

Art. 24. – 1. Une fois que les arguments sont présentés ou que le délai visé à l’article précédent est arrivé à

expiration, les arbitres se prononcent sur l’admission de la demande d’arbitrage. 2. Si l’une quelconque des conditions prévues à l’article 22 n’est pas remplie, la demande n’est pas

admise.

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

ES029FR Décret Royal No. 479 du 5 mai 1989 sur la Commission arbitrale page 5/5

Art. 25. – 1. Lorsqu’une demande concernant la fixation d’un montant à substituer aux tarifs généraux est admise,

les parties en sont informées afin qu’elles nomment leurs représentants à la commission. 2. Le défaut de désignation par l’organisme de gestion des représentants en question ou l’absence ou

l’inaction de l’une quelconque des parties n’empêche pas, néanmoins, le déroulement de la procédure, ni l’adoption de la décision arbitrale visant à résoudre le conflit, ni ne prive celle -ci de ses effets.

Art. 26. – 1. La présentation d’une demande concernant la fixation d’un montant à substituer aux tarifs généraux

conformément au présent chapitre n’exempte pas les entrepreneurs ou les entreprises représentés par l’association d’utilisateurs ou par l’organisme de radiodiffusion de l’obligation d’acquitter sous réserve ou de déposer auprès d’un tribunal le montant fixé par l’organisme de gestion conformément à l’article 142.2 de la loi sur la propriété intellectuelle.

2. Néanmoins, une fois le montant de substitution fixé par décision arbitrale, il suffit que celui -ci soit acquitté pour que l’autorisation visée à l’article 142.2 susmentionné soit réputée concédée jusqu’à ce que les parties arrivent à un accord.

Art. 27. – La décision arbitrale de solution du conflit exige la présence de tous les arbitres ; elle est rendue en équité, doit revêtir la forme écrite et être motivée.

Art. 28. – Le rejet de la demande ou la décision arbitrale ouvre la voie à la saisine des tribunaux ordinaires en ce qui concerne l’affaire soumise à la commission.

DISPOSITION FINALE

Le présent décret royal entre en vigueur le 1er juillet 1989. Titre espagnol : Real Decreto por el que se regula la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual.– Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur : 1er juillet 1989.

Source : Boletín Oficial del Estado, no 112, du 11 mai 1989.