Pongamos un alto a los secuestradores de patentes
por Scott Burt, Vicepresidente Principal y Director de Propiedad Intelectual de Conversant Intellectual Property Management Inc., Canadá
Adam Carolla, uno de los distribuidores de archivos digitales sonoros (“podcaster”) más famosos de los Estados Unidos de América, ha sido demandado por un secuestrador de patentes o “patent troll”. Estas situaciones se están extendiendo como un virus. En todo el país, los fiscales generales estatales recurren a las leyes de protección de los consumidores para proteger a las pequeñas empresas de las prácticas predadoras de los secuestradores de patentes. En su discurso sobre el estado de la Unión de 2014, el Presidente de los Estados Unidos de América instó al Congreso a que “aprobara un proyecto de reforma de la ley de patentes que permitiera a las empresas del país seguir concentrándose en la innovación y no en procesos judiciales innecesarios y onerosos”, algo inaudito hasta ahora.
La mayor amenaza a largo plazo para el sistema de patentes estadounidense no proviene de sus oponentes profesionales, es decir, las grandes empresas y sus aliados políticos a los que beneficiaría el debilitamiento de los derechos de patente. Los inescrupulosos secuestradores de patentes, que envían “cartas de requerimiento” a las pequeñas empresas con fines de extorsión, pueden causar un daño aún mayor. Esa práctica está socavando la confianza del público en el sistema de patentes de los EE.UU. y, por extensión, está minando seriamente la sólida y ya tradicional certeza de que las invenciones protegidas por patentes acarrean importantes beneficios económicos.
Sin embargo, a pesar de que los daños causados por las cartas de requerimiento se extienden, la mayoría de los licenciantes legítimos de patentes, cuyas empresas dependen para su supervivencia de la continuidad de la confianza del público y del legislador, se quedan cruzados de brazos, y hacen poco o nada por remediar la situación. Protegidos en la cómoda burbuja profesional del sector de patentes somos, de hecho, los Nerones de la época moderna: tocamos la lira mientras la Roma de la innovación arde.
Consecuencias graves
¿A qué se debe esa desconexión? La mayor parte de los que trabajan en la esfera de las licencias de patentes son conscientes del importante problema económico que plantean las cartas de requerimiento de los secuestradores de patentes para las pequeñas empresas estadounidenses, que pagan cada año millones de dólares EE.UU. en conciliaciones y costas. Lo que se entiende menos es que las falsas cartas de requerimiento son un problema político incluso mayor para nuestro sector y para el sistema de patentes en su conjunto. Examinemos brevemente el problema.
Los secuestradores de patentes, que por lo general operan a través de empresas ficticias, envían simultáneamente cartas idénticas a decenas, centenas o, quizás, miles de pequeñas empresas, elegidas aparentemente al azar, en las que reivindican, con pocas o ninguna prueba, que esas empresas están “infringiendo” las patentes del secuestrador. Los remitentes reclaman supuestos “derechos de licencia” que oscilan entre 1.000 y 50.000 dólares EE.UU. o más, a cambio de evitar un juicio por infracción de patente que podría costarle a esas empresas mucho más en costas, incluso si el empresario no ha cometido ninguna infracción.
Se desconoce la magnitud del fenómeno de las cartas de requerimiento y sus consecuencias económicas en los Estados Unidos de América, ya que es difícil obtener datos completos al respecto, cuando existen. Sin embargo, los numerosos datos empíricos indican que el aluvión de cartas de requerimiento como mínimo perjudica uno de los sectores de creación de empleo más importantes del país: las pequeñas empresas y las nuevas empresas de base tecnológica. Se ha señalado que las consecuencias suelen ser retrasos en la contratación, una reducción del gasto dedicado a la I+D o cambios negativos en las estrategias empresariales o de producto. En un estudio se indicó que el 70% de los 200 inversores de capital riesgo entrevistados habían invertido en nuevas empresas tecnológicas que posteriormente habían recibido cartas de requerimiento con fines de extorsión.
Sin embargo, el mero examen de los efectos económicos acumulados de las cartas de requerimiento enviadas por los secuestradores de patentes no da cuenta de su importante efecto emocional, de la profunda indignación que generan. Basta ponerse en el lugar del propietario de una pequeña empresa que es víctima de un secuestrador de patentes para entenderlo.
Cuesta menos pagar que acudir a los tribunales
Imagine que recibe una carta certificada de una sociedad ficticia o de un desconocido estudio de abogados en la que se alega que los enrutadores wi-fi que compró en una tienda de productos electrónicos para instalarlos en su tienda u oficina infringen una de las patentes del secuestrador. No se proporciona ninguna prueba real de la infracción ni se hacen referencias concretas a las reivindicaciones de la patente. No obstante, el remitente amenaza con demandarlo ante un tribunal federal de los EE.UU. por infracción de patente a menos que usted pague 5.000 dólares EE.UU. en concepto de derechos de licencia.
No tiene manera de determinar si la carta es legítima, si la alegación de infracción de patente es cierta, ni siquiera si la patente en cuestión es válida. Su asesor jurídico tampoco lo sabe, porque solo los juristas especializados en patentes son capaces de entender el lenguaje jurídico especializado de las reivindicaciones de patente. Se entera además de que los honorarios de los juristas especializados en patentes rondan los 500 dólares EE.UU. por hora.
Con todo, decide seguir adelante y se reúne con uno de esos juristas. Para su sorpresa, el jurista examina rápidamente la carta de requerimiento y le dice que la decisión más sensata en términos económicos es pagar el importe que reclama el secuestrador. Claro está, puede hacer caso omiso de la carta o negarse rotundamente a pagar, pero se arriesgaría a ser objeto de un proceso judicial por infracción de patente ruinosamente oneroso. Ha leído sobre heroicos empresarios que han luchado contra los secuestradores de patentes y han ganado, pero la experiencia les ha costado 100.000 dólares o más.
No trate de negociar con el secuestrador de patentes. Por lo general, en las cartas de requerimiento no se incluyen números de teléfono, solo un apartado de correos al que se le pide que envíe el cheque. Incluso si se incluye un número de teléfono, no devolverán su llamada.
Con algo de amargura y haciendo de tripas corazón, firma un cheque de 5.000 dólares EE.UU., de los fondos que había asignado a su empresa, y prevé cientos más para los honorarios del jurista. Se siente furioso con el sistema de patentes que, a todas luces, permite que se cometan descaradamente esos actos de extorsión.
Si se logra imaginar lo que siente la víctima de una carta de requerimiento como la descrita se entenderá por qué esos secuestradores de patentes y sus abusivas prácticas en general, han desatado indignadas protestas de la comunidad empresarial, la población y los responsables políticos.
Conscientes del problema, los políticos estadounidenses toman cartas en el asunto
La National Federation of Independent Businesses (NFIB) y muchos otros grupos de empresas minoristas y asociaciones profesionales han exigido medidas del Gobierno. Y Washington los ha escuchado. Frente a la creciente desconfianza respecto de las patentes y bajo la presión estos últimos años de miles de electores minoristas muy enfadados, que exigen una actuación contundente, el Congreso parece decidido a promulgar leyes para luchar contra los secuestradores de patentes.
En diciembre de 2013, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Innovación por amplia mayoría. Esa Ley sancionaba el uso de empresas ficticias, exigía más detalles sobre las alegaciones de infracción e incluía una disposición que establecía el principio: “el perdedor paga”. Sin embargo, el proyecto de ley del Senado sobre el mismo asunto, la Ley de transparencia y mejora de las patentes, se quedó estancado varias veces y fue retirado a mediados de 2014 debido a temores, justificables, de que pudiera tener graves consecuencias involuntarias para los titulares legítimos de patentes.
El entusiasmo generado por las nuevas leyes destinadas a poner coto a la actividad de los secuestradores de patentes no ha remitido. En junio de 2014, apenas dos semanas después de que el Senado retirara su proyecto de ley, la Cámara de Representantes hizo un nuevo intento. Presentó un anteproyecto de ley sobre las cartas de requerimiento que tendría por efecto aclarar las facultades de que disponen la Comisión Federal de Comercio (CFC) y los fiscales generales estatales para regular los casos de cartas de requerimiento relacionadas con patentes enviadas de mala fe.
Mientras tanto, en los EE.UU., una decena de Estados ya han promulgado leyes contra las cartas de requerimiento relacionadas con patentes, y otros 14 Estados están examinando la posibilidad de promulgar leyes similares. Además, los fiscales generales de varios Estados han interpuesto una demanda judicial contra secuestradores que envían esas cartas, invocando las leyes de protección de los consumidores vigentes, en particular las disposiciones sobre las alegaciones falsas con fines de extorsión.
En enero de 2014, tuvo lugar en Nueva York uno de los juicios más exitosos, en el que el Fiscal General del Estado, Eric Schneiderman, obligó a la empresa MPHJ Technologies, LLC, a firmar una resolución de transacción judicial, exigiendo el reembolso de todo el dinero que había recibido de empresas en ese Estado. En las cartas de requerimiento que enviaba a las empresas a través de varias empresas ficticias, MPHJ alegaba falsamente que había examinado los sistemas de escaneado de las empresas destinatarias de la carta y había concluido que violaban sus patentes. De hecho, MPHJ había simplemente enviado cartas idénticas a cientos de empresas de una cierta dimensión y en determinados sectores, sin investigar o referirse a prueba alguna de la presunta infracción.
Es por este tipo de casos que muchos ciudadanos comunes y pequeños empresarios están tan furiosos, y con razón. Si conocen la historia de los EE.UU. deben preguntarse: ¿Dónde está el sistema de patentes de Thomas Edison? ¿Qué ha ocurrido con el sistema de patentes que contribuyó a transformar un país que en el siglo XIX era eminentemente agrario en el líder mundial de la Revolución Industrial y en el país más próspero y potente del mundo en términos económicos en los siglos XX y XXI?
Como sector de actividad y como profesionales, deberíamos condenar firmemente las prácticas de actores mal intencionados que victimizan a inocentes, de la misma manera que los profesionales responsables de otros sectores condenan las prácticas predadoras en sus esferas de actividad. Seguidamente, deberíamos hacer todo lo posible por desterrar esas prácticas. Solo así podremos reforzar y corroborar la veracidad de la afirmación de que el sistema estadounidense de patentes desempeña una función preponderante en el proceso de innovación y en la prosperidad económica de la que gozamos.
En vez de ello, numerosos profesionales de nuestro sector optan por la inacción por temor a verse envueltos en una controversia o a dar a los opositores del sistema de patentes más munición para criticarlo y atacarlo. Algunos licenciantes incluso siguen refiriéndose públicamente al “supuesto” problema de los secuestradores de patentes, como si las miles de pequeñas empresas víctimas lo hubieran imaginado todo. La negación de la realidad no debe tolerarse en nuestro sector.
No se deje intimidar
En Conversant, hemos lanzado recientemente la campaña “No se deje intimidar”, destinada a ayudar a las pequeñas empresas a identificar y a responder a las cartas de requerimiento de los extorsionistas. No hacemos esto por interés económico, ya que las pequeñas empresas no son nuestras asociadas ni licenciatarias. Antes bien, lanzamos esta campaña porque esperamos que contribuya a restaurar la confianza del público en nuestro sector y en nuestro sistema de patentes como motor de progreso económico y competitividad nacional.
La primera fase de la campaña incluye la creación de un sitio web que contiene un cuestionario infográfico que ayuda a los empresarios a distinguir entre una carta de requerimiento mal intencionada y una carta de notificación legítima, mostrando ejemplos de cada una, y un video que les enseña a reconocer las cartas de requerimiento falsas y lo que se puede hacer al respecto. Invitamos al público a compartir sus experiencias sobre cómo hacer frente a los secuestradores de patentes. Se incluyen también enlaces a otros recursos, como el sitio web administrado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), que incluye consejos dirigidos a las pequeñas empresas que piensan que han sido víctimas de cartas de requerimiento abusivas.
El anterior director de la USPTO, David Kappos, describió el sistema de patentes estadounidense como “el plan de inversiones de nuestro país: un enorme plan de pensiones al que contribuimos un poco más ahora para tener grandes innovaciones en el futuro”. Como garante fundamental del futuro de nuestro país, el sistema de patentes se ajusta bien a esa descripción. No hipotequemos ese futuro permitiendo que los secuestradores de patentes lo corrompan ahora.
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