On 26 October 2012, the Secretary-General received from the Government of Argentina a partial withdrawal of a declaration made upon ratification with respect to article 298:
"[…] in accordance with article 298 of [the] Convention, the Argentine Republic withdraws with immediate effect the optional exceptions to the applicability of section 2 of part XV of the Convention provided for in that article and set forth in its declaration dated 18 October 1995 (deposited on 1 December 1995) to "military activities by government vessels and aircraft engaged in non-commercial service"."
Declaraciones formuladas en el momento de la ratificación:
"a) Con relación a aquellas disposiciones de la Convención que tratan del paso inocente a través del mar territorial, es intención del Gobierno de la República Argentina continuar aplicando el régimen vigente en la actualidad al paso de buques de guerra extranjeros a través del mar territorial argentino, siendo dicho régimen totalmente compatible con las disposiciones de la Convención.
b) En relación con la Parte III de la Convención, el Gobierno argentino declara que el Tratado de Paz y Amistado celebrado con la República de Chile el 29 de noviembre de 1984, que entró en vigor el 2 de mayo de 1985 y que fue registrado en la Secretaría General de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, ambos Estados ratificaron la vigencia del artículo V del Tratado de Límites de 1881 de acuerdo con el cual el Estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones. El citado Tratado de Paz y Amistad contiene asimismo disposiciones específicas y un Anexo especial sobre navegación que incluye reglamentación para buques de terceras banderas en el Canal Beagle y otros pasos y canales del archipiélago de la Tierra del Fuego.
c) La República Argentina acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar, pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y que es necesario su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta mar así como el uso de métodos y artes de pesca.
El Gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, la República Argentina, como estado ribereño, y los estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su zona económica exclusiva, deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar.
Independientemente de ello, el Gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin.
d) La ratificación de la Convención por parte de la República Argentina no implica aceptación del Acta Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. A ese respecto la República Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita del 8 de diciembre de 1982 (A/CONF.62/WS/35), hace expresa su reserva en el sentido de que la Resolución III, contenida en el Anexo I de dicha Acta Final, no afecta en modo alguno la "Cuestión de las Islas Falkland (Malvinas)" la cual se encuentra regida por las siguientes resoluciones específicas de la Asamblea General: 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19, 43/25, 44/406, 45/424, 46/406, 47/408 y 48/408, adoptadas en el marco del proceso de descolonización. [Véanse los párrafos 2, 3 y 4 de la declaración formulada en el momento de la firma supra.]
La República Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Además, la República Argentina entiende que al referirse el Acta Final, en su párrafo 42, a que la Convención "junto con las Resoluciones I a IV, constituye un conjunto inseparable", meramente describe el procedimiento que se siguió para evitar en la Conferencia una serie de votaciones separadas sobre la Convención y las Resoluciones. La Convención misma claramente establece en su artículo 318 que sólo sus Anexos forman parte integrante de ella, por lo que todo otro instrumento o documento, aún cuando haya sido adoptado por la Conferencia, no forma parte integrante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
e) La República Argentina respeta plenamente el derecho de libre navegación tal como está consagrado en la Convención; sin embargo, considera necesario que se regule debidamente el tránsito marítimo de buques con cargamentos de sustancias altamente radiactivas.
El Gobierno argentino acepta las normas sobre prevención de la contaminación marina contenidas en la Parte XII de la Convención pero considera que, a la luz de los acontecimientos posteriores a la adopción de ese instrumento internacional, es preciso complementar y reforzar las disposiciones para prevenir, controlar y minimizar los efectos de la contaminación del mar por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas y sustancias radiactivas de alta actividad.
f) De acuerdo con lo establecido por el artículo 287, el Gobierno argentino declara que acepta en orden de preferencia los siguientes medios de solución de controversias respecto de la interpretación o aplicación de la Convención:
a) El Tribunal Internacional de Derecho del Mar;
b) Un tribunal arbitral constituido de conformidad con el Anexo VIII para cuestiones relativas a pesquerías, protección y preservación del medio marino, investigación científica marina y navegación, de acuerdo con el artículo 1 del Anexo VIII. Asimismo, el Gobierno argentino declara que no acepta los procedimientos previstos en la Sección 2 de la Parte XV, con respecto a las controversias especificadas en los párrafos 1)a), b) y c) del artículo 298."
Traducción facilitada por la OMPI, © 2014
Declaración formulada en el momento de la firma:
"La firma de la Convención por parte del Gobierno argentino no implica aceptación del Acta Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. A ese respecto, la República Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita del 8 de diciembre de 1982 (A/CONF.62/WS/35), hace expresa su reserva en el sentido de que la Resolución III, contenida en el Anexo I de dicha Acta Final, no afecta en modo alguno la 'Cuestión de las Islas Falkland (Malvinas)' la cual se encuentra regida por las siguientes resoluciones específicas de la Asamblea General: 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9 y 38/12, adoptadas en el marco del proceso de descolonización.
En este sentido, y teniendo en cuenta que las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman parte integrante del territorio argentino, el Gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en una interpretación de la Resolución III que vulnere los derechos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá, y considerará nula cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta cuestión, que el Gobierno argentino considera de la mayor importancia. En tal sentido el Gobierno argentino entenderá que la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada es contraria a las referidas resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es la solución pacífica de la disputa de soberanía sobre las Islas por la vía de las negociaciones bilaterales y con los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas.
Además, la República Argentina entiende que al referirse el Acta Final, en su párrafo 42, a que la Convención 'junto con las Resoluciones I a IV, [constituye] un conjunto inseparable', meramente describe el procedimiento que se siguió para evitar en la Conferencia una serie de votaciones separadas sobre la Convención y las Resoluciones. La Convención misma claramente establece en su artículo 318 que sólo sus Anexos forman parte integrante de ella, por lo que todo otro instrumento o documento, aún cuando haya sido adoptado por la Conferencia, no forma parte integrante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar."
Traducción facilitada por la OMPI, © 2014
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