Traducción no oficial ©Ministerio de Justicia, Finlandia
CONSTITUCIÓN DE FINLANDIA
Sancionada en Helsinki el 11 de junio de 1999
En virtud de una decisión del Parlamento adoptada conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Parlamento, se establece:
Capítulo 1
Bases del ordenamiento estatal
Artículo 1
Ordenamiento jurídico del Estado
Finlandia es una república soberana. El ordenamiento jurídico de Finlandia está sancionado en la presente Constitución. El ordenamiento
jurídico garantiza la inviolabilidad de la dignidad humana y de las libertades y los derechos individuales, y promueve la justicia en la sociedad.
Finlandia participa en la cooperación internacional por la salvaguarda de la paz y los derechos humanos y por el desarrollo de la sociedad.
Artículo 2
La democracia y el principio del estado de derecho
El poder estatal pertenece al pueblo, quien está representado por el Parlamento reunido en sesiones. La democracia implica el derecho del individuo a participar e influir en el desarrollo de la sociedad y de
su hábitat. El ejercicio del poder público debe basarse en la Ley. En todo acto público debe observarse
estrictamente lo establecido por la Ley.
Artículo 3
La división de poderes y el parlamentarismo
El Poder Legislativo es ejercido por el Parlamento, que también toma las decisiones acerca de las finanzas estatales.
El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República y por el Consejo de Estado, cuyos miembros deben gozar de la confianza del Parlamento.
El Poder Judicial es ejercido por tribunales independientes. Los tribunales superiores son el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo.
Artículo 4
El territorio nacional
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El territorio de Finlandia es indivisible. Los límites de la nación no pueden ser alterados sin consentimiento del Parlamento.
Artículo 5
La nacionalidad finlandesa
La nacionalidad finlandesa se adquiere por nacimiento y por la nacionalidad de los padres, de acuerdo con lo establecido más precisamente por Ley. La ciudadanía también podrá concederse, con las condiciones establecidas por Ley, en base a una declaración o una solicitud.
Se podrá conceder a una persona la renuncia a la nacionalidad finlandesa sólo por motivos establecidos por Ley y a condición de que la persona tenga o adquiera la nacionalidad de otro estado.
Capítulo 2
Derechos fundamentales
Artículo 6
La igualdad
Las personas son iguales ante la Ley. No se puede, sin motivo admisible, otorgar tratamiento desigual a persona alguna por razón de su sexo,
edad, origen, idioma, religión, convicciones, opiniones, estado de salud, minusvalidez u otro motivo inherente al individuo.
Los niños deben ser tratados igualitariamente como individuos, y debe permitírseles, de acuerdo con su madurez, influir en los asuntos que les afectan.
Se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres en la actividad social y en la vida laboral, especialmente al determinarse la remuneración y demás condiciones de la relación de servicio, de acuerdo con lo establecido más precisamente por Ley.
Artículo 7
El derecho a la vida y a la libertad y la inviolabilidad de la persona
Todas las personas tienen derecho a la vida y a la libertad, a la inviolabilidad y a la seguridad personales.
Nadie puede ser condenado a muerte, torturado, ni tratado de otra manera violatoria de la dignidad humana.
No se puede quebrantar la inviolabilidad personal ni detener arbitrariamente o sin arreglo a la Ley. Toda pena privativa de la libertad habrá de ser impuesta por un tribunal. La legitimidad de otras privaciones de la libertad podrá someterse al dictamen de un tribunal. Los derechos de las personas privadas de la libertad estarán garantizados por Ley.
Artículo 8
El principio de legalidad en materia penal
Nadie podrá ser considerado culpable de un delito ni condenado por un acto que en el momento de su comisión no estuviere penado por Ley. No podrá condenarse por un delito a una pena más severa que la establecida por Ley en el momento de su comisión.
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Artículo 9
Libertad de desplazamiento
Los ciudadanos finlandeses y los extranjeros legalmente residentes en el país tienen derecho a circular por el país y a elegir su lugar de residencia.
Todas las personas tienen derecho a salir del país. Podrán establecerse por Ley las limitaciones a este derecho que sean imprescindibles para garantizar un proceso judicial o el cumplimiento de una pena, o para asegurar el cumplimiento del deber de defender a la patria.
No se podrá impedir a los ciudadanos finlandeses el ingreso al país, deportarlos ni extraditarlos o trasladarlos a otro país sin su consentimiento.
Los derechos de los extranjeros a ingresar en Finlandia y a residir en el país estarán regulados por Ley. No se podrá expulsar, extraditar ni repatriar a un extranjero si el mismo como consecuencia estuviere amenazado de ser objeto de pena de muerte, torturas u otro tratamiento violatorio de la dignidad humana.
Artículo 10
Protección de la privacidad
Se garantiza la privacidad, el honor y la inviolabilidad del domicilio de todas las personas. La protección de los datos personales estará regulada más precisamente por Ley.
El secreto de las comunicaciones postales, telefónicas y otras confidenciales es inviolable. Se podrán establecer por Ley y con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales o esclarecer
delitos, medidas imprescindibles que afecten el ámbito de la inviolabilidad del domicilio. Asimismo se podrán establecer por Ley las limitaciones al secreto de las comunicaciones imprescindibles en la investigación de delitos contra la seguridad de un individuo o de la sociedad o contra la inviolabilidad del domicilio, en procesos judiciales y en el control de la seguridad, así como durante una privación de libertad.
Artículo 11
Libertad de religión y de conciencia
Todas las personas gozan de libertad de religión y de conciencia. La libertad de religión y de conciencia implica el derecho a profesar y practicar religiones, el derecho a
expresar convicciones y el derecho a pertenecer o no a comunidades religiosas. Nadie está obligado a practicar una religión contra su conciencia.
Artículo 12
Libertad de expresión y publicidad
Todas las personas gozan de libertad de expresión. La libertad de expresión implica el derecho a expresar, publicar y recibir informaciones, opiniones y otros mensajes sin ningún tipo de restricción previa. Las disposiciones más precisas sobre el ejercicio de la libertad de expresión serán establecidas por Ley. Se podrán regular por Ley las restricciones en el acceso a materiales visuales que sean imprescindibles para la protección de los niños.
Los documentos y otros registros en dominio de las autoridades son públicos, si su publicidad por motivos imperiosos no está expresamente limitada por Ley. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información de los documentos y registros públicos.
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Artículo 13
Libertad de reunión y de asociación
Todas las personas tienen derecho a organizar reuniones y manifestaciones sin solicitar autorización, y a participar en ellas.
Todas las personas gozan de libertad de asociación. La libertad de asociación implica el derecho a constituir asociaciones sin necesidad de autorización, a pertenecer o no a asociaciones y a participar en las actividades de asociaciones. Están igualmente garantizadas la libertad de agremiación y la libertad de organizarse para velar por otros intereses.
Las disposiciones más precisas sobre el ejercicio de la libertad de reunión y de la libertad de asociación serán establecidas por Ley.
Artículo 14
Derechos de sufragio y de participación
Todos los ciudadanos finlandeses que hayan cumplido los dieciocho años tienen derecho a sufragar en las elecciones generales y en los referendos. La elegibilidad en las elecciones generales se rige por lo establecido expresamente en esta Constitución.
Todos los ciudadanos finlandeses y extranjeros residentes permanentemente en el país que hayan cumplido los dieciocho años tienen derecho a sufragar en las elecciones y referendos municipales de la manera establecida por Ley. Los derechos a participar en otras esferas de la administración municipal serán establecidos por Ley.
Es tarea del poder público el fomentar las posibilidades de los individuos de participar en la actividad social y de influir en la adopción de las decisiones que les conciernen.
Artículo 15
Protección de la propiedad
Se garantiza la propiedad de todas las personas. La expropiación de bienes por causa de necesidad pública, con plena indemnización, estará regulada
por Ley.
Artículo 16
Derecho a la educación
Todas las personas tienen derecho a una educación básica gratuita. La obligatoriedad de la educación estará regulada por Ley.
El poder público debe asegurar a todas las personas, de acuerdo con lo que se regule más precisamente por Ley, la posibilidad igualitaria de acceder, conforme a sus capacidades y necesidades especiales, a una educación diferente de la básica, y de desarrollarse pese a la escasez de recursos.
Se garantiza la libertad científica, artística y de educación superior.
Artículo 17
Derecho al idioma y la cultura propios
Los idiomas nacionales de Finlandia son el finlandés y el sueco. Estará garantizado por Ley el derecho de cada persona a emplear su propio idioma, finlandés o sueco,
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ante los tribunales y otras autoridades, y a recibir las notificaciones que les conciernen en ese idioma. El poder público habrá de atender igualitariamente a las necesidades sociales y culturales de la población de idioma finlandés y de idioma sueco.
Los Sami, como pueblo aborigen, así como los gitanos y otros grupos, tienen derecho a conservar y desarrollar su propia lengua y cultura. Los derechos de los Sami a emplear el idioma sami ante la administración pública estarán regulados por Ley. Los derechos de las personas que emplean el lenguaje por signos y de las personas que por minusvalidez necesiten interpretación y traducción estarán garantizados por Ley.
Artículo 18
Derecho al trabajo y libertad de empresa
Todas las personas tienen derecho, con arreglo a la ley, a procurar su sustento mediante el trabajo, la profesión o la actividad que elijan. El poder público debe atender a la protección de los trabajadores.
El poder público debe fomentar el empleo y procurar garantizar a todos el derecho al trabajo. El derecho a la capacitación profesional estará regulado por Ley.
Nadie podrá ser despedido de su trabajo sin un motivo fundado en Ley.
Artículo 19
Derecho a la seguridad social
Todas las personas que no puedan procurarse la seguridad inherente a una vida digna tienen derecho al sustento y a la atención imprescindibles.
Se garantizará por Ley a todas las personas el derecho a la seguridad del sustento básico durante períodos de desempleo, de enfermedad, de incapacidad laboral y durante la vejez, así como por causa de nacimiento de hijos o de pérdida de sostén de familia.
El poder público deberá asegurar a todos, de la manera que se regule más precisamente por Ley, servicios sociales y sanitarios suficientes, y promoverá la salud de la población. El poder público asimismo habrá de apoyar la capacidad de las familias y de otras personas a cargo de la atención infantil, para que garanticen el bienestar y el desarrollo individual de los niños.
Es tarea del poder público el fomentar el derecho de todos a la vivienda y apoyar las iniciativas privadas de vivienda.
Artículo 20
Responsabilidad por el medio ambiente
La responsabilidad por la naturaleza y su diversidad, por el medio ambiente y por el patrimonio cultural, pertenece a todos.
El poder público deberá procurar asegurar a todos el derecho a un medio ambiente saludable y la posibilidad de influir en la toma de decisiones que afecten a su hábitat.
Artículo 21
Seguridad jurídica
Todas las personas tienen derecho a que sus asuntos sean considerados, apropiadamente y sin dilaciones infundadas, por los tribunales competentes o por otras autoridades con arreglo a la Ley, así como derecho a que las decisiones sobre sus derechos y deberes sean sometidas a un tribunal o a otro órgano judicial independiente.
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La publicidad de los procedimientos y el derecho a ser oído, a recibir sentencias fundadas y a recurrir, así como las garantías de un juicio justo y de una buena administración, estarán garantizados por Ley.
Artículo 22
Garantía de los derechos fundamentales
El poder público debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y los derechos humanos.
Artículo 23
Los derechos fundamentales en el estado de excepción
Podrán establecerse por Ley las excepciones transitorias a la vigencia de los derechos fundamentales que sean imprescindibles y que estén de acuerdo con los compromisos internacionales de Finlandia sobre derechos humanos, durante ataques armados contra Finlandia así como durante estados de excepción que amenacen a la sociedad equiparados por su violencia, en virtud de Ley, con un ataque armado.
Capítulo 3
El Parlamento y los Diputados
Artículo 24
Composición del Parlamento y Legislatura
El Parlamento es unicameral. Se compone de doscientos Diputados, elegidos por cuatro años cada vez. Cada Legislatura comenzará una vez convalidados los resultados de las elecciones parlamentarias, y
continuará hasta que se hayan celebrado las siguientes elecciones parlamentarias.
Artículo 25
Celebración de las elecciones parlamentarias
Los Diputados son elegidos por sufragio directo, proporcional y secreto. Cada elector tiene en las elecciones iguales derechos de sufragio.
A efectos de las elecciones parlamentarias, el país se dividirá en un mínimo de doce y un máximo de dieciocho circunscripciones electorales en base a la cantidad de ciudadanos finlandeses. La provincia de Åland constituirá además una circunscripción electoral propia para la elección de un Diputado.
Tendrán el derecho a presentar candidatos en las elecciones parlamentarias los partidos políticos registrados y grupos de electores cuyo número estará determinado por Ley.
Las disposiciones sobre fecha de las elecciones parlamentarias, presentación de candidatos, celebración de las elecciones y circunscripciones electorales serán establecidas más precisamente por Ley.
Artículo 26
Convocatoria a elecciones anticipadas
El Presidente de la República, por iniciativa fundamentada del Primer Ministro, después de oír a los grupos parlamentarios y durante un período de sesiones, podrá convocar a la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas. El Parlamento decidirá a continuación la fecha en que finalizará su trabajo antes de la celebración de las elecciones.
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Después de las elecciones parlamentarias anticipadas, el Parlamento se constituirá en sesiones el primer día del primer mes que comience después de los noventa días de la fecha de la convocatoria a elecciones, si el Parlamento no hubiere decidido una fecha de constitución anterior.
Artículo 27
Elegibilidad e incompatibilidad para el mandato parlamentario
En las elecciones parlamentarias será elegible todo elector que no esté incapacitado. No obstante, serán inelegibles Diputados los militares profesionales en activo. No podrán ser Diputados el Canciller de Justicia del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo del
Parlamento, los componentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Administrativo ni el Procurador General de Justicia. Si un Diputado es elegido Presidente de la República o es elegido o nombrado para alguno de los cargos mencionados, su mandato se extinguirá a partir de la fecha en que haya sido elegido o nombrado. El mandato parlamentario también se extinguirá si el Diputado pierde su elegibilidad.
Artículo 28
Suspensión, dimisión y revocación del mandato parlamentario
El ejercicio del mandato parlamentario se suspenderá durante el período en que un Diputado se desempeñe como miembro del Parlamento Europeo. Durante dicho período el mandato será ejercido por su suplente. El ejercicio del mandato se suspenderá también durante el período de cumplimiento del servicio militar.
El Parlamento podrá aceptar la dimisión de un Diputado a su mandato si considera que existen motivos admisibles para ello.
Si un Diputado desatiende sustancial y reiteradamente el ejercicio de su mandato, el Parlamento podrá, después de recibir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el caso, revocar su mandato definitiva o temporariamente, por acuerdo aprobado por al menos dos terceras partes de los votos emitidos.
Si un Diputado electo es condenado por sentencia en firme a una pena de privación de libertad por un delito doloso o a una pena por un delito electoral, el Parlamento podrá investigar si se le permite conservar su condición de Diputado. Si el delito evidencia que el sentenciado no merece la confianza y el respeto inherentes al mandato, el Parlamento podrá, después de recibir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el caso, declarar extinto su mandato, por acuerdo aprobado por al menos dos terceras partes de los votos emitidos. Artículo 29
Independencia de los Diputados
Los Diputados están obligados a observar la Ley y a honrar la verdad en el ejercicio de sus funciones. Están obligados a observar la Constitución, y no estarán ligados por otros mandatos.
Artículo 30
Prerrogativas parlamentarias
No se podrá impedir a los Diputados el ejercicio de sus mandatos. Los Diputados no podrán ser inculpados ni detenidos por las opiniones manifestadas en las
deliberaciones ni por su proceder en la tramitación de los asuntos, salvo consentimiento del Parlamento por acuerdo aprobado por al menos cinco sextas partes de los votos emitidos.
Deberá informarse inmediatamente al Presidente del Parlamento de la detención o privación de libertad
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de un Diputado. No se podrá detener o privar de su libertad a un Diputado antes del comienzo de su enjuiciamiento sin el consentimiento del Parlamento, salvo que existan motivos de peso para sospecharlo culpable de un delito para el que estuviese establecida una pena mínima de seis meses de privación de libertad.
Artículo 31
Libertad de expresión e intervención de los Diputados
Los Diputados tienen derecho a hablar libremente en el Parlamento sobre todos los asuntos en debate y sobre su tramitación.
Los Diputados habrán de intervenir con firmeza y dignidad, y sin ofender a otras personas. Si un Diputado viola esta norma, el Presidente del Parlamento podrá hacerle una observación o retirarle el uso de la palabra. El Parlamento podrá hacerle una advertencia a un Diputado que viole reiteradamente el Reglamento, o suspenderlo de las sesiones plenarias por un máximo de dos semanas.
Artículo 32
Incapacidad de los Diputados
Los Diputados están incapacitados de participar en la preparación y en la adopción de decisiones sobre asuntos que les afecten personalmente. Podrán participar sin embargo en el debate que sobre el asunto se realice en sesión plenaria. Los Diputados tampoco podrán participar en las Comisiones en la tramitación de asuntos que afecten al control de sus actos oficiales.
Capítulo 4
Actividad del Parlamento
Artículo 33
Los períodos de sesiones
El Parlamento se reunirá anualmente en período de sesiones en la fecha que el mismo decida, tras lo cual el Presidente de la República declarará inaugurado el período de sesiones.
El período de sesiones continuará hasta la reunión del siguiente período de sesiones. El último período de sesiones de la Legislatura, sin embargo, continuará hasta que el Parlamento decida finalizar su trabajo. A continuación el Presidente declarará finalizada la labor parlamentaria de la Legislatura. El Presidente del Parlamento, sin embargo, en caso necesario tendrá derecho a convocar nuevamente a sesiones antes de la celebración de las nuevas elecciones.
Artículo 34
El Presidente del Parlamento y el Consejo de Presidencia
El Parlamento elegirá de entre sus miembros a un Presidente y dos Vicepresidentes por cada período de sesiones.
El Presidente y los Vicepresidentes del Parlamento serán elegidos en votación secreta. En las elecciones será elegido el Diputado que obtenga más de la mitad de los votos emitidos. Si en las dos primeras elecciones nadie obtiene la mayoría necesaria de votos emitidos, será elegido el Diputado que obtenga más votos en la tercera elección.
El Presidente y los Vicepresidentes, junto con los Presidentes de las Comisiones Parlamentarias,
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constituyen el Consejo de Presidencia. El Consejo de Presidencia dicta las instrucciones para la organización de la labor parlamentaria y decide, conforme a lo establecido expresamente en esta Constitución o en el Reglamento del Parlamento, los procedimientos a seguir en la tramitación de los asuntos en el período de sesiones. El Consejo de Presidencia puede realizar iniciativas de leyes o de enmiendas de leyes relacionadas con los funcionarios del Parlamento y con el Reglamento del Parlamento, así como proposiciones de establecimiento de otras normas sobre la actividad del Parlamento.
Artículo 35
Las Comisiones Parlamentarias
El Parlamento constituirá para cada Legislatura una Gran Comisión, una Comisión de Asuntos Constitucionales, una Comisión de Asuntos Exteriores, una Comisión de Hacienda y las otras comisiones permanentes establecidas por el Reglamento del Parlamento. El Parlamento podrá asimismo constituir comisiones temporarias para preparar o para investigar asuntos especiales.
La Gran Comisión tendrá veinticinco miembros. La Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Hacienda tendrán al menos diecisiete miembros. Las otras comisiones permanentes tendrán al menos once miembros. Las Comisiones tendrán asimismo la cantidad necesaria de suplentes.
Las Comisiones tendrán quórum con la presencia de al menos dos terceras partes de sus miembros, salvo que se establezca expresamente un quórum mayor para cierto asunto.
Artículo 36
Otros órganos y representantes elegidos por el Parlamento
El Parlamento elegirá delegados para supervisar la administración y la gestión del Instituto Nacional de Pensiones, de la manera que se regule más precisamente por Ley.
El Parlamento elegirá a los miembros necesarios de otros órganos, conforme a lo establecido en esta Constitución, en otras Leyes o en el Reglamento del Parlamento.
La elección de representantes parlamentarios ante órganos basados en tratados internacionales o ante otros organismos internacionales estará regulada por Ley o por el Reglamento del Parlamento. Artículo 37
Elección de los órganos parlamentarios
Las Comisiones y los otros órganos parlamentarios serán constituidos en el primer período de sesiones de cada Legislatura por toda su duración, salvo disposición en contrario en esta Constitución, en el Reglamento del Parlamento o en las regulaciones del órgano correspondiente aprobadas por el Parlamento. No obstante, el Parlamento podrá durante la Legislatura decidir, a propuesta del Consejo de Presidencia, reconstituir un órgano.
El Parlamento elegirá a los miembros de las Comisiones y de los otros órganos. Si no hubiere unanimidad en el Parlamento, se procederá a una elección por el sistema proporcional.
Artículo 38
El Defensor del Pueblo del Parlamento
El Parlamento designará por un mandato de cuatro años a un Defensor del Pueblo y dos Defensores del Pueblo adjuntos, quienes deberán ser juristas eminentes. Las provisiones sobre el Defensor del Pueblo regirán en la parte aplicable para los Defensores del Pueblo adjuntos.
El Parlamento podrá, después de recibir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
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separar de sus funciones al Defensor del Pueblo durante su mandato por motivos de peso especial, por acuerdo aprobado por al menos dos terceras partes de los votos emitidos.
Artículo 39
La iniciación de los asuntos en el Parlamento
La tramitación de un asunto en el Parlamento se iniciará por proyecto del Gobierno o por iniciativa de un Diputado, o de otra manera establecida en esta Constitución o en el Reglamento del Parlamento.
Los Diputados tendrán derecho a presentar: 1) iniciativas legislativas, que contienen la proposición de establecimiento de una Ley; 2) iniciativas presupuestarias, que contienen la proposición de incorporación de partidas o de otras
resoluciones al Presupuesto o al Presupuesto suplementario; y 3) iniciativas de acción, que contienen proposiciones de iniciar la preparación de una Ley u otra acción.
Artículo 40
La preparación de los asuntos
Los proyectos del Gobierno, las iniciativas de los Diputados, los informes rendidos al Parlamento y los otros asuntos que se establezcan en esta Constitución o en el Reglamento del Parlamento, habrán de ser tramitados para su preparación en una Comisión antes de su tramitación definitiva en el Pleno.
Artículo 41
La tramitación de los asuntos en el Pleno
Los proyectos de Ley y las proposiciones acerca del Reglamento del Parlamento serán tramitados en el Pleno en dos lecturas. No obstante, un proyecto de Ley que haya sido dejado en suspenso o una Ley sin sancionar serán tramitados en el Pleno en una lectura. El resto de los asuntos serán tramitados en el Pleno en una lectura única.
Salvo disposición expresa en contrario de esta Constitución, las decisiones se tomarán en el Pleno por mayoría simple de los votos emitidos. En caso de empate se decidirá por sorteo, salvo en caso de que la aprobación de una proposición requiera una mayoría cualificada. El sistema de votación estará regulado más precisamente en el Reglamento del Parlamento.
Artículo 42
Funciones del Presidente del Parlamento en el Pleno
El Presidente del Parlamento convoca a las sesiones plenarias, en ellas presenta los asuntos y dirige los debates, y vela por la observancia de la Constitución en la tramitación de los asuntos en el Pleno.
El Presidente del Parlamento no podrá negarse a poner un asunto en tramitación o a someter a votación una proposición realizada, salvo que considere que ello es contrario a la Constitución, a otras Leyes o a decisiones ya adoptadas por el Parlamento. En estos casos el Presidente deberá exponer los motivos de su denegación. Si el proceder del Presidente no satisface al Parlamento, el asunto será enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que deberá determinar sin demora si el Presidente ha obrado correctamente.
El Presidente del Parlamento no participa en los debates ni en las votaciones de los Plenos.
Artículo 43
La interpelación
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Cualquier grupo de al menos veinte Diputados podrá formular interpelaciones al Consejo de Estado o a los Ministros sobre cuestiones de su competencia. Las interpelaciones habrán de contestarse en el Pleno dentro de un plazo de quince días a partir de la fecha de comunicación de la interpelación al Consejo de Estado.
Si durante el debate se propone una moción de censura al Consejo de Estado o a un Ministro, como conclusión de la tramitación de la interpelación se someterá a votación si el Consejo de Estado o el Ministro goza de la confianza del Parlamento.
Artículo 44
Las comunicaciones y las informaciones del Consejo de Estado
El Consejo de Estado podrá remitir al Parlamento comunicaciones e informaciones sobre asuntos relacionados con el gobierno de la nación o con las relaciones exteriores.
Si durante el debate se propone una moción de censura al Consejo de Estado o a un Ministro, como conclusión de la tramitación de la comunicación se someterá a votación si el Consejo de Estado o el Ministro gozan de la confianza del Parlamento. En la tramitación de una información no se podrán tomar decisiones sobre la confianza de que gozan el Consejo de Estado o sus miembros.
Artículo 45
Las preguntas, los anuncios y los debates
Los Diputados tendrán derecho a formular preguntas a los Ministros sobre asuntos de su competencia, a las que éstos deberán contestar. Las reglas para la formulación y la contestación de las preguntas serán establecidas en el Reglamento del Parlamento.
El Primer Ministro o el Ministro que él designe podrán hacer anuncios al Parlamento sobre asuntos de actualidad.
En las sesiones plenarias se podrán debatir cuestiones de actualidad de acuerdo con lo regulado más precisamente en el Reglamento del Parlamento.
El Parlamento no adoptará decisiones sobre los asuntos previstos en este artículo. En la tramitación de los mismos se podrán hacer excepciones a lo establecido en el primer párrafo del artículo 31.
Artículo 46
Informes que se presentan al Parlamento
El Gobierno habrá de presentar anualmente al Parlamento un informe sobre su gestión y sobre las medidas adoptadas a raíz de las decisiones del Parlamento, así como un informe sobre la gestión de las finanzas estatales y su cumplimiento del Presupuesto.
Se presentarán otros informes al Parlamento conforme a lo que se establezca en esta Constitución, en otras Leyes o en el Reglamento del Parlamento.
Artículo 47
Derecho del Parlamento a recibir información
El Parlamento tendrá derecho a recibir del Consejo de Estado la información que necesite para la tramitación de los asuntos. El Ministro correspondiente deberá encargarse de que las Comisiones u otros órganos del Parlamento reciban sin demora los documentos y otra información que necesiten y que esté en poder de las autoridades.
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Las Comisiones tendrán derecho a recibir del Consejo de Estado o del Ministerio correspondiente aclaraciones sobre asuntos de su competencia. Las Comisiones podrán, a raíz de las aclaraciones, remitir dictámenes sobre los asuntos al Consejo de Estado o al Ministerio.
Los Diputados tendrán derecho a recibir de las autoridades la información en poder de éstas que ellos necesiten para el ejercicio de su mandato, salvo que aquélla sea secreta o que incumba al proyecto de Ley de Presupuestos del Estado en preparación.
El derecho del Parlamento a recibir información sobre asuntos internacionales se regirá asimismo por lo establecido al respecto en esta Constitución.
Artículo 48
Derecho de acceso de los Ministros, del Defensor del Pueblo y del Procurador General de Justicia
Los Ministros tendrán acceso a las sesiones plenarias y la facultad de participar en sus debates aunque no sean miembros del Parlamento. Los Ministros no podrán ser miembros de las Comisiones del Parlamento. Mientras un Ministro ejerza las funciones del Presidente de la República conforme a lo establecido en el artículo 59, no podrá participar en la labor del Parlamento.
El Defensor del Pueblo del Parlamento y el Procurador General de Justicia del Consejo de Estado tendrán acceso a las sesiones plenarias y la facultad de participar en sus debates cuando se tramiten sus propios informes u otro asunto principiado por su propia iniciativa.
Artículo 49
La continuidad de la tramitación de los asuntos
La tramitación de los asuntos inconclusos en un período de sesiones se continuará en el siguiente período de sesiones, salvo que se celebren en el ínterin elecciones parlamentarias.
No obstante, la tramitación de las interpelaciones y de las comunicaciones del Consejo de Estado no continuará en el siguiente período de sesiones. La tramitación de las informaciones del Consejo de Estado continuará en el siguiente período de sesiones sólo si el Parlamento así lo decide.
En caso necesario, la tramitación de un asunto internacional en trámite en el Parlamento podrá continuar también en el período legislativo posterior a unas elecciones parlamentarias.
Artículo 50
Publicidad de las actividades del Parlamento
Las sesiones plenarias del Parlamento serán públicas, si el Parlamento no decide lo contrario respecto de algún asunto por motivos de peso especial. El Parlamento publicará los documentos de los períodos de sesiones, de acuerdo con lo regulado más precisamente en el Reglamento del Parlamento.
Las sesiones de las Comisiones no serán públicas. Una Comisión podrá no obstante disponer que sus sesiones sean públicas mientras la Comisión recaba información para la tramitación de cierto asunto. Las actas de las Comisiones y los documentos relacionados con aquéllas serán públicos, salvo que por motivos imperiosos se disponga lo contrario en el Reglamento del Parlamento o que una Comisión disponga lo contrario respecto de algún asunto.
Los miembros de las Comisiones deberán guardar la reserva que la Comisión estime que un asunto requiere especialmente por motivos imperiosos. En la tramitación de las relaciones exteriores de Finlandia o de asuntos de la Unión Europea, los miembros de las Comisiones no obstante deberán guardar la reserva que la Comisión de Asuntos Exteriores o la Gran Comisión, después de oír al Consejo de Estado, estime que el asunto requiere.
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Artículo 51
De los idiomas del trabajo parlamentario
En el trabajo parlamentario se empleará el idioma finlandés o el sueco. El Gobierno y las otras autoridades deberán remitir los documentos necesarios para la tramitación de
los asuntos en el Parlamento en finlandés y en sueco. Las respuestas y los escritos del Parlamento, los informes y dictámenes de las Comisiones, así como las proposiciones por escrito del Consejo de Presidencia serán redactados tanto en finlandés como en sueco.
Artículo 52
Reglamento, Instrucciones y Reglamentaciones del Parlamento
En el Reglamento del Parlamento se establecerán provisiones más precisas sobre los procedimientos que deberán observarse en los períodos de sesiones, así como sobre los órganos del Parlamento y la labor parlamentaria. El Reglamento será aprobado en sesión plenaria conforme al procedimiento establecido para la tramitación de proyectos de Ley, y será publicado en el Boletín de Legislación de Finlandia.
El Parlamento podrá emitir Instrucciones detalladas para la administración interna del Parlamento, para las elecciones que deba realizar el Parlamento y para la organización detallada de otras labores del Parlamento. Asimismo el Parlamento podrá aprobar Reglamentaciones para los órganos que constituya para sí.
Artículo 53
Organización de referendos
La organización de un referéndum consultivo será decidida por una Ley en la que se habrá de establecer la fecha del referéndum y las alternativas que se someterán a los electores.
Los procedimientos que habrán de observarse en los referendos serán regulados por Ley.
Capítulo 5
El Presidente de la República y el Consejo de Estado
Artículo 54
Elección del Presidente de la República
El Presidente de la República es elegido por sufragio directo entre los ciudadanos finlandeses nativos por un mandato de seis años. La misma persona puede ser elegida Presidente consecutivamente por un máximo de dos mandatos.
Es elegido Presidente el candidato que obtiene en las elecciones más de la mitad de los votos emitidos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos, se realiza una nueva elección entre los dos candidatos que han obtenido más votos. En este caso es elegido Presidente el candidato que obtiene más votos en la nueva elección. Si se presenta sólo un candidato, el mismo es elegido Presidente sin que se realicen elecciones.
Tienen derecho a presentar candidatos en las elecciones presidenciales los partidos políticos registrados de cuyas listas se haya elegido al menos un Diputado en las elecciones parlamentarias precedentes, y todo grupo compuesto por veinte mil electores. La fecha de las elecciones y el procedimiento a observarse en la elección presidencial serán regulados más precisamente por Ley.
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Artículo 55
Mandato del Presidente
El Presidente de la República entra en funciones el primer día del mes subsiguiente a su elección. El mandato del Presidente expira al entrar en funciones el Presidente elegido en las siguientes
elecciones. Si el Presidente fallece o el Consejo de Estado lo declara inhabilitado permanentemente para ejercer
las funciones presidenciales, debe elegirse un nuevo Presidente a la mayor brevedad posible.
Artículo 56
Declaración solemne del Presidente
Al asumir, el Presidente de la República hará la siguiente declaración solemne ante el Parlamento: "Yo, XX. XX., elegido Presidente de la República por el pueblo de Finlandia, declaro que en el
desempeño de mis funciones presidenciales observaré con honestidad y lealtad la Constitución y las Leyes de la República, y que promoveré con todo mi esfuerzo la ventura del pueblo finlandés".
Artículo 57
Funciones del Presidente
El Presidente de la República desempeñará las funciones expresamente establecidas en esta Constitución o en otras Leyes.
Artículo 58
Decisiones del Presidente
El Presidente de la República adopta sus decisiones en el Consejo de Estado, a propuesta del mismo. Si el Presidente no decide sobre un asunto de acuerdo con la propuesta de decisión del Consejo de
Estado, el asunto será devuelto al Consejo de Estado para su preparación. A continuación, la presentación y la retirada de proyectos del Gobierno serán decididas según la nueva propuesta de decisión del Consejo de Estado.
El Presidente, no obstante lo establecido en el primer párrafo, decide en los siguientes asuntos sin propuesta de decisión del Consejo de Estado:
1) el nombramiento del Consejo de Estado y de sus miembros y la aceptación de las dimisiones del Consejo de Estado y de sus miembros;
2) la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas; 3) los indultos y los otros asuntos expresamente establecidos por Ley que afecten a personas
individuales o que por su naturaleza no requieran la tramitación del Pleno del Consejo de Estado; y 4) los asuntos comprendidos en la Ley de Autonomía de Åland, salvo los que afecten a la economía de
la provincia. El Ministro correspondiente someterá cada asunto a la decisión del Presidente. Los cambios en la
composición del Consejo de Estado que afecten a todo el Consejo de Estado serán sometidos no obstante por el proponente competente del Consejo de Estado.
El Presidente decidirá en los asuntos de mando militar conjuntamente con un Ministro de acuerdo con lo regulado más precisamente por Ley. En los asuntos de nombramientos militares y los que afecten a la Oficina de la Presidencia, el Presidente decidirá de acuerdo con lo regulado por Ley.
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Artículo 59
Imposibilidad del Presidente
En caso de imposibilidad del Presidente de la República, sus funciones son ejercidas por el Primer Ministro, y en caso de imposibilidad de éste, por el Ministro que se desempeñe como Primer Ministro a cargo.
Artículo 60
El Consejo de Estado
El Consejo de Estado se compone de un Primer Ministro y la cantidad necesaria de otros Ministros. Los Ministros deberán ser ciudadanos finlandeses conocidos como honestos e idóneos.
Los Ministros son responsables ante el Parlamento por sus actos oficiales. Todo Ministro que participe en la tramitación de un asunto en el Consejo de Estado será responsable por la decisión, salvo si hubiere hecho constar en actas su opinión disidente.
Artículo 61
Formación del Consejo de Estado
El Parlamento elige al Primer Ministro, quien es nombrado para este cargo por el Presidente de la República. Los restantes Ministros son nombrados por el Presidente de la República según la proposición del Primer Ministro elegido.
Antes de la elección del Primer Ministro, los Grupos Parlamentarios deliberarán sobre el programa del Gobierno y la composición del Consejo de Estado. En base a los resultados de estas negociaciones y después de oír al Presidente del Parlamento, el Presidente de la República informará al Parlamento el nombre del candidato a Primer Ministro. El candidato será elegido Primer Ministro si obtiene en una votación pública en el Parlamento más de la mitad de los votos emitidos.
Si el candidato no obtiene la mayoría requerida, se propondrá con el mismo procedimiento un nuevo candidato a Primer Ministro. Si el nuevo candidato tampoco obtiene más de la mitad de los votos emitidos, la elección del Primer Ministro se realizará en el Parlamento como votación pública. En este caso será elegido el candidato que obtenga más votos.
Al nombrar al Consejo de Estado y al modificar significativamente su composición, el Parlamento deberá estar en sesiones.
Artículo 62
Comunicación del programa del Gobierno
El Consejo de Estado deberá remitir sin demora su programa al Parlamento en forma de comunicación. La misma provisión habrá de emplearse si se modifica esencialmente la composición del Consejo de Estado.
Artículo 63
Compromisos de los Ministros
Los miembros del Consejo de Estado no podrán ejercer durante su mandato cargos públicos ni otras funciones que puedan perjudicar la atención de sus funciones ministeriales o expongan la credibilidad de su desempeño como miembros del Consejo de Estado.
Los Ministros, una vez nombrados, deberán declarar sin demora al Parlamento sus actividades
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mercantiles, sus participaciones en la propiedad de sociedades y otros bienes patrimoniales significativos, así como sus ocupaciones ajenas a su actividad ministerial y otros compromisos que puedan tener relevancia al evaluarse su desempeño como miembros del Consejo de Estado.
Artículo 64
Dimisión del Consejo de Estado y de los Ministros
El Presidente de la República aceptará las dimisiones que presenten el Consejo de Estado o los Ministros. El Presidente también podrá separar a los Ministros a iniciativa del Primer Ministro.
El Presidente deberá remover al Consejo de Estado o a los Ministros si éstos han perdido la confianza parlamentaria, aunque no hayan dimitido.
Si un Ministro es elegido Presidente de la República o Presidente del Parlamento, se le considerará separado de sus funciones desde la fecha en que haya sido elegido.
Artículo 65
Funciones del Consejo de Estado
Corresponden al Consejo de Estado las funciones específicamente establecidas en esta Constitución, y los restantes asuntos gubernamentales y administrativos asignados a la esfera de decisión del Consejo de Estado o los Ministerios, y los que no están asignados a la competencia del Presidente de la República o de otras autoridades.
El Consejo de Estado ejecuta las decisiones del Presidente de la República.
Artículo 66
Funciones del Primer Ministro
El Primer Ministro dirige la labor del Consejo de Estado, y tiene a su cargo la coordinación de la preparación y la tramitación de los asuntos que corresponden al Consejo de Estado. El Primer Ministro dirige la tramitación de los asuntos en el Consejo de Estado.
En caso de imposibilidad del Primer Ministro, sus funciones serán ejercidas por el Ministro designado suplente, y en caso de imposibilidad de éste, por el Ministro con mayor antigüedad en funciones.
Artículo 67
Decisiones del Consejo de Estado
Los asuntos correspondientes al Consejo de Estado son decididos en sesión plenaria del Consejo de Estado o en el Ministerio competente. En las sesiones plenarias se deciden los asuntos trascendentales, las cuestiones de principio importantes y los restantes asuntos cuya significación así lo requiera. Las bases del ordenamiento del poder de decisión del Consejo de Estado serán reguladas más precisamente por Ley.
Los asuntos que se tramitan en el Consejo de Estado se preparan en el Ministerio competente. El Consejo de Estado puede tener Comités Ministeriales para la preparación de los asuntos.
La sesión plenaria del Consejo de Estado tiene quórum con la presencia de cinco miembros.
Artículo 68
Los Ministerios
El Consejo de Estado tendrá la cantidad necesaria de Ministerios. Cada Ministerio responde en su
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propia esfera de competencia por la preparación de los asuntos correspondientes al Consejo de Estado y por la adecuada gestión de la administración.
Cada Ministerio es dirigido por un Ministro. La cantidad máxima de Ministerios y los principios generales de su constitución estarán regulados por
Ley. Las esferas de competencia de los Ministerios y la división de competencias entre ellos, así como las otras formas de organización del Consejo de Estado estarán reguladas por Ley o por Decreto del Consejo de Estado.
Artículo 69
El Procurador General de Justicia del Consejo de Estado
Adjuntos al Consejo de Estado hay un Procurador General de Justicia y un Procurador General de Justicia adjunto, quienes son nombrados por el Presidente de la República y deben ser juristas eminentes. El Presidente designa asimismo un suplente para el Procurador General de Justicia adjunto por un período máximo de cinco años, quien en caso de imposibilidad del Procurador General de Justicia adjunto desempeña sus funciones.
El Procurador General de Justicia adjunto y su suplente se rigen por la parte aplicable de las provisiones dispuestas sobre el Procurador General de Justicia.
Capítulo 6
La formación de las leyes
Artículo 70
La iniciativa legislativa
La formación de las leyes se inicia en el Parlamento por un proyecto del Gobierno o, mientras el Parlamento está reunido en sesiones, por moción legislativa de un Diputado.
Artículo 71
Complementación y retirada de los proyectos de Ley del Gobierno
Un proyecto de Ley del Gobierno podrá ser complementado mediante la presentación de un nuevo proyecto complementario, o podrá ser retirado. No se podrá presentar un proyecto complementario después de que la Comisión a cargo de la preparación del asunto haya expedido su informe.
Artículo 72
Tramitación de una proposición de Ley en el Parlamento
Las proposiciones de Ley, una vez emitido el informe de la Comisión a cargo de la preparación del asunto, se tramitan en el Pleno en dos lecturas.
En la primera lectura de la proposición de Ley se presenta y se debate el informe de la Comisión, y se decide el texto de la proposición. En la segunda lectura, que se realizará no antes del tercer día a partir de la finalización de la primera lectura, se decide la aprobación o el rechazo de la proposición de Ley.
Una proposición de Ley se puede remitir para su tramitación por la Gran Comisión en el curso de su primera lectura.
La tramitación de las proposiciones de Ley estará regulada más precisamente en el Reglamento del Parlamento.
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Artículo 73
Orden de establecimiento de la Constitución
Una proposición de establecimiento, reforma o derogación de la Constitución, o de una excepción limitada que se realice a la Constitución, si es aprobada en la segunda lectura por mayoría de votos habrá de quedar en suspenso hasta el primer período de sesiones posterior a unas elecciones parlamentarias. En esa ocasión la proposición, una vez emitido el informe de la Comisión, habrá de ser aprobada en el Pleno en una lectura sin modificar su texto por una mayoría de al menos dos terceras partes de los votos emitidos.
La proposición podrá no obstante ser declarada urgente por acuerdo aprobado al menos por cinco sextas partes de los votos emitidos. En este caso la proposición no se dejará en suspenso y podrá ser aprobada por una mayoría de al menos dos terceras partes de los votos emitidos.
Artículo 74
El control de la constitucionalidad
Es función de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento emitir su dictamen sobre la constitucionalidad de las proposiciones de Ley y de los otros asuntos que se sometan a su tramitación, así como sobre su relación con los acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
Artículo 75
Leyes especiales de la provincia de Åland
Sobre el orden de establecimiento de la Ley de Autonomía de Åland y de la Ley de adquisición de tierras de Åland regirá lo que se establezca específicamente en las Leyes mencionadas.
Sobre el derecho del Parlamento Provincial de Åland a realizar iniciativas y sobre el establecimiento de las Leyes provinciales de Åland regirá lo que se establezca al respecto en la Ley de Autonomía.
Artículo 76
Ley de la Iglesia
En la Ley de la Iglesia se establecerá la forma de organización y la administración de la Iglesia Evangélica Luterana.
El orden de establecimiento de la Ley de la Iglesia y el derecho de iniciativa sobre la misma se regirán por lo establecido en la mencionada Ley.
Artículo 77
Sanción de las leyes
Una Ley aprobada por el Parlamento deberá ser presentada al Presidente de la República para su sanción. El Presidente deberá decidir la sanción de la Ley dentro de un plazo de tres meses a partir de la remisión de la Ley para su sanción. El Presidente podrá recabar del Tribunal Supremo o del Tribunal Supremo Administrativo un dictamen sobre la Ley.
Si el Presidente no sanciona la Ley, ésta será devuelta a la tramitación del Parlamento. Si el Parlamento vuelve a aprobar la Ley sin enmendar su texto, la misma entrará en vigor sin sanción. Si el Parlamento no la vuelve a aprobar, la misma se considerará extinguida.
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Artículo 78
Tramitación de una Ley no sancionada
Si el Presidente de la República no sanciona una Ley dentro del plazo previsto, la Ley se someterá sin demora a una nueva tramitación del Parlamento. Una vez emitido el informe de la Comisión, la Ley deberá ser aprobada sin enmendar su contenido o rechazada en el Pleno del Parlamento en trámite de lectura única por mayoría de votos.
Artículo 79
Promulgación y entrada en vigor de las leyes
Si una Ley ha sido adoptada en el orden de establecimiento de la Constitución, ello debe ser mencionado en la Ley.
Una Ley que haya sido sancionada o que haya entrado en vigor sin sanción, deberá ser firmada por el Presidente de la República y refrendada por el Ministro competente. A continuación el Consejo de Estado deberá publicar la Ley sin demora en el Boletín de Legislación de Finlandia.
En la Ley deberá mencionarse su fecha de entrada en vigor. Por motivos especiales, en una Ley podrá establecerse que su fecha de entrada en vigor se establezca por Decreto. Si la Ley no se ha publicado a la fecha establecida para su entrada en vigor, entrará en vigor a la fecha de su publicación.
Las leyes se promulgarán y publicarán en finlandés y en sueco.
Artículo 80
Expedición de Decretos y delegación de poderes legislativos
El Presidente de la República, el Consejo de Estado y los Ministerios pueden expedir Decretos en virtud de los poderes establecidos en esta Constitución o en otras Leyes. No obstante, los fundamentos de los deberes y derechos del individuo y los asuntos que en virtud de la Constitución pertenezcan por otro motivo al ámbito legislativo deberán establecerse por Ley. Si no está expresamente establecida la autoridad que debe expedir el Decreto, el mismo será expedido por el Consejo de Estado.
También se puede delegar por Ley en otra autoridad la expedición de normas jurídicas sobre asuntos determinados, si para ello existen motivos especiales relacionados con el objeto de la disposición y la importancia material de la disposición no requiere que el asunto sea establecido por Ley o por Decreto. El rango de aplicación de este tipo de delegación debe estar precisamente limitado.
Las provisiones generales sobre la publicación y entrada en vigor de los Decretos y otras normas jurídicas estarán establecidas por Ley.
Capítulo 7
Las finanzas del Estado
Artículo 81
Tributos y tasas del Estado
Los tributos del Estado serán establecidos por Leyes que contendrán provisiones sobre los fundamentos de la tributación y el importe de los tributos, así como sobre la seguridad jurídica de los contribuyentes.
Los principios generales sobre el carácter de las tasas de los actos oficiales, los servicios y otras actividades de las autoridades del Estado, así como el importe de las tasas, estarán regulados por Ley.
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Artículo 82
El endeudamiento y las garantías del Estado
El endeudamiento del Estado debe basarse en un consentimiento del Parlamento, en el que deben expresarse los importes máximos del nuevo endeudamiento y de la deuda estatal.
La garantía del Estado y el aval del Estado pueden concederse con el consentimiento del Parlamento.
Artículo 83
El Presupuesto del Estado
El Parlamento decidirá por un ejercicio fiscal cada vez el Presupuesto del Estado, que será publicado en el Boletín de Legislación de Finlandia.
El proyecto de Presupuesto del Estado y los otros proyectos del Gobierno relacionados con aquél serán sometidos a la tramitación del Parlamento con buena antelación antes del comienzo del ejercicio fiscal. La complementación y la retirada del proyecto de Presupuesto se regirán por lo establecido en el artículo 71.
En ocasión del proyecto de Presupuesto los Diputados podrán realizar proposiciones de incorporar partidas de gastos en el Presupuesto del Estado o de otras decisiones, mediante una iniciativa presupuestaria.
Una vez emitido el informe correspondiente de la Comisión de Hacienda del Parlamento, el Presupuesto del Estado será aprobado en el Pleno del Parlamento en trámite de lectura única. La tramitación del proyecto de Presupuesto estará regulada más precisamente en el Reglamento del Parlamento.
Si la publicación del Presupuesto del Estado se demora hasta el inicio del nuevo ejercicio fiscal, el proyecto de Presupuesto del Estado presentado por el Gobierno se aplicará provisoriamente como presupuesto de la manera que decida el Parlamento.
Artículo 84
Contenido del Presupuesto
El Presupuesto del Estado incluirá las estimaciones de los ingresos anuales y de las partidas de gastos anuales, así como los propósitos de aplicación de las partidas de gastos y los restantes fundamentos del Presupuesto. Se podrá disponer por Ley la inclusión en el Presupuesto de estimaciones de ingresos o de partidas de gastos correspondientes a la diferencia entre ciertos ingresos y ciertos gastos estrechamente relacionados entre sí.
Las estimaciones de ingresos incluidas en el Presupuesto deberán cubrir las partidas de gastos incluidas. Al cubrirse las partidas de gastos se podrán tomar en consideración el superávit o el déficit de las cuentas del Estado de la manera que se establezca por Ley.
Las estimaciones de ingresos y las partidas de gastos correspondientes a ingresos y gastos relacionados entre sí podrán ser incluidas en el Presupuesto por varios años fiscales de la manera que se establezca por Ley.
Los principios generales de la gestión y la economía de los entes del Estado serán regulados por Ley. Las estimaciones de ingresos y las partidas de gastos concernientes a los entes del Estado se incluirán en el Presupuesto sólo en la parte que se establezca por Ley. El Parlamento aprobará, en el marco de la tramitación del Presupuesto, los principales objetivos de servicio y otros objetivos de la gestión de los entes del Estado.
Artículo 85
Las partidas de gastos del Presupuesto
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Las partidas de gastos se incluirán en el Presupuesto del Estado como partidas fijas, partidas estimadas o partidas transferibles. Las partidas estimadas podrán ser excedidas y las partidas transferibles podrán transferirse para ser empleadas después del ejercicio fiscal de la manera regulada por Ley. Salvo autorización de una Ley, las partidas fijas y las transferibles no podrán ser excedidas, y las fijas no podrán ser transferidas.
Las partidas de gastos no podrán transferirse de un renglón a otro del Presupuesto, salvo autorización del Presupuesto. No obstante, se podrá autorizar por Ley el traslado de partidas de gastos a un rubro estrechamente relacionado con su propósito de aplicación.
El Presupuesto podrá otorgar facultades, limitadas en magnitud y propósito de aplicación, para incurrir en un ejercicio fiscal en gastos para los cuales se incluirán las partidas necesarias en Presupuestos de años posteriores.
Artículo 86
Presupuesto suplementario
Si existen motivos fundados para enmendar el Presupuesto, el Gobierno someterá al Parlamento un proyecto de Presupuesto suplementario.
Los Diputados podrán realizar iniciativas presupuestarias de enmienda para que sean incluidas directamente en el Presupuesto suplementario.
Artículo 87
Fondos extrapresupuestarios
Se podrá disponer por Ley que un fondo del Estado sea dejado fuera del Presupuesto, si así lo requiere imperiosamente el ejercicio de una función permanente del Estado. La aprobación de un proyecto de Ley que signifique la constitución de un fondo extrapresupuestario o la ampliación sustancial de un fondo de esta naturaleza o de su propósito de aplicación, requiere en el Parlamento una mayoría de, al menos, dos terceras partes de los votos emitidos.
Artículo 88
Créditos de los individuos con el Estado
Toda persona tiene derecho, sin perjuicio del Presupuesto, a recibir del Estado lo que legalmente le corresponde.
Artículo 89
Aprobación de las condiciones de servicio del personal del Estado
La Comisión pertinente del Parlamento aprobará en nombre del Parlamento el acuerdo sobre las condiciones de servicio de los funcionarios y empleados del Estado en la medida en que sea necesario el consentimiento del Parlamento.
Artículo 90
Fiscalización y auditoría de las finanzas estatales
El Parlamento fiscaliza la gestión económica del Estado y la observancia del Presupuesto del Estado. A tal efecto el Parlamento elige de entre sus miembros a los Auditores del Estado.
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Para la auditoría de la gestión económica del Estado y de la observancia del Presupuesto del Estado, funciona adjunto al Parlamento un órgano independiente, la Auditoría de las Finanzas del Estado. El carácter y las funciones de la Auditoría estarán regulados más precisamente por Ley.
Los Auditores del Estado y la Auditoría de las Finanzas del Estado tienen derecho a recibir de las autoridades y de otros agentes que constituyan objeto de su control la información que necesiten para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 91
El Banco de Finlandia
El Banco de Finlandia opera bajo la garantía y la asistencia del Parlamento de acuerdo con lo regulado por Ley. El Parlamento elige a los consejeros delegados bancarios para la supervisión de las actividades del Banco de Finlandia.
La Comisión competente del Parlamento y los consejeros delegados bancarios tienen derecho a acceder a la información que necesiten para la fiscalización del Banco de Finlandia.
Artículo 92
El Patrimonio del Estado
Estarán regulados por Ley las competencias y procedimientos que se aplicarán en el ejercicio de los derechos de accionista en las sociedades en que el Estado ejerza control. También se establecerán por Ley las condiciones en que se requerirá el consentimiento del Parlamento para la adquisición y la cesión del control de una sociedad por parte del Estado.
Sólo podrán enajenarse bienes inmuebles del Estado con la conformidad del Parlamento o de acuerdo con lo regulado por Ley.
Capítulo 8
Las relaciones internacionales
Artículo 93
Competencia en los asuntos internacionales
La política exterior de Finlandia es dirigida por el Presidente de la República en colaboración con el Consejo de Estado. El Parlamento aprueba no obstante las obligaciones internacionales y su denuncia, y decide la puesta en vigor de las obligaciones internacionales tal como se establece en esta Constitución. El Presidente decide sobre la guerra y la paz con el consentimiento del Parlamento.
El Consejo de Estado tiene a su cargo la preparación a nivel nacional de las decisiones a adoptarse en la Unión Europea, y decide las acciones de Finlandia relacionadas con aquéllas, si la decisión no requiere la aprobación del Parlamento. El Parlamento participa en la preparación a nivel nacional de las resoluciones a adoptarse en la Unión Europea de acuerdo con lo establecido en esta Constitución.
La comunicación a otros Estados y a las organizaciones internacionales de las posiciones trascendentales en política exterior estará a cargo del Ministro a cuya competencia correspondan las relaciones internacionales.
Artículo 94
Aprobación de las obligaciones internacionales y su denuncia
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El Parlamento aprueba aquellos tratados y otras obligaciones internacionales que contengan provisiones de competencia legislativa, o que sean prominentes por su importancia o que requieran en virtud de la Constitución por otro motivo la aprobación del Parlamento. También se requiere la aprobación del Parlamento para la denuncia de obligaciones de esta naturaleza.
La decisión de aprobar o de denunciar una obligación internacional se adopta por mayoría de votos. No obstante, si una proposición de aprobación de una obligación afecta a la Constitución o a la integridad territorial de la nación, la misma deberá ser aprobada por decisión apoyada al menos por dos terceras partes de los votos emitidos.
Las obligaciones internacionales no pueden comprometer los fundamentos democráticos del régimen constitucional.
Artículo 95
Puesta en vigor de las obligaciones internacionales
Las provisiones de competencia legislativa de los tratados y otras obligaciones internacionales serán puestas en vigor por Ley. Las restantes obligaciones internacionales serán puestas en vigor por Decreto del Presidente de la República.
Las proposiciones de Ley de puesta en vigor de obligaciones internacionales serán tramitadas según el procedimiento legislativo común. No obstante, si una proposición afecta a la Constitución o a la integridad territorial de la nación, el Parlamento deberá aprobarla, sin dejarla en suspenso, por decisión apoyada al menos por dos terceras partes de los votos emitidos.
En una Ley de puesta en vigor de una obligación internacional se podrá establecer que su entrada en vigor sea establecida por Decreto. Las provisiones generales sobre la publicación de tratados y otras obligaciones internacionales se establecerán por Ley.
Artículo 96
Participación del Parlamento en la preparación a nivel nacional de los asuntos de la Unión Europea
El Parlamento tramita las proposiciones de las normas, acuerdos u otras acciones que se decidan en la Unión Europea y que corresponderían en virtud de la Constitución a la competencia del Parlamento.
El Consejo de Estado deberá remitir por escrito al Parlamento las proposiciones previstas en el párrafo anterior inmediatamente después de haber hecho conocimiento de las mismas para que el Parlamento fije su posición. Las proposiciones serán tramitadas en la Gran Comisión y en general en una o varias otras Comisiones que le remitirán a aquélla su dictamen. Las proposiciones sobre política exterior y de seguridad serán tramitadas no obstante en la Comisión de Asuntos Exteriores. La Gran Comisión o la Comisión de Asuntos Exteriores podrán en caso necesario remitir al Consejo de Estado su dictamen sobre la proposición. El Consejo de Presidencia podrá decidir poner en debate un asunto de esta naturaleza también en el Pleno, en cuyo caso el Parlamento no adoptará sin embargo decisión sobre el asunto.
El Consejo de Estado deberá proveer a las Comisiones pertinentes información sobre la tramitación de los asuntos en la Unión Europea. También debe comunicar a la Gran Comisión o la Comisión de Asuntos Exteriores la posición del Consejo de Estado sobre los asuntos.
Artículo 97
Derecho del Parlamento a ser informado en asuntos internacionales
La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento deberá, a su solicitud y en otros casos según las necesidades, recibir del Consejo de Estado aclaraciones sobre asuntos que afecten a la política exterior y de seguridad. La Gran Comisión del Parlamento deberá similarmente recibir aclaraciones sobre la preparación de otros asuntos en la Unión Europea. El Consejo de Presidencia podrá decidir poner en debate las
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aclaraciones en el Pleno, en cuyo caso el Parlamento no obstante no adoptará decisión sobre el asunto. El Primer Ministro deberá suministrar con antelación al Parlamento o a sus Comisiones información
sobre los asuntos que se traten en las reuniones del Consejo Europeo, y también sin demora después de las reuniones. Habrá de procederse de la misma manera al prepararse enmiendas a los tratados fundamentales de la Unión Europea.
La Comisión competente del Parlamento podrá remitir un dictamen al Consejo de Estado con motivo de las aclaraciones e informaciones mencionadas.
Capítulo 9
La Administración de Justicia
Artículo 98
Los Tribunales
Los Tribunales ordinarios serán el Tribunal Supremo, los Tribunales de Apelaciones y los Juzgados de Primera Instancia.
Los Tribunales Administrativos ordinarios son el Tribunal Supremo Administrativo y los Tribunales Administrativos locales.
Las provisiones sobre tribunales especiales que ejerzan potestad jurisdiccional en competencias expresamente determinadas serán establecidas por Ley.
Se prohíbe la institución de tribunales de excepción.
Artículo 99
Funciones de los Tribunales Supremos
La más alta potestad jurisdiccional en asuntos contenciosos y penales es ejercida por el Tribunal Supremo, y en asuntos de justicia administrativa por el Tribunal Supremo Administrativo.
Los Tribunales Supremos supervisan la administración de justicia en sus propias esferas de competencia. Pueden realizar proposiciones al Consejo de Estado para que inicie una acción legislativa.
Artículo 100
Composición de los Tribunales Supremos
El Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo estarán integrados por su Presidente y la cantidad necesaria de otros miembros.
Los Tribunales Supremos tendrán quórum con la asistencia de cinco miembros, si no se establece otra cantidad expresamente por Ley.
Artículo 101
El Tribunal de Justicia de la Nación
El Tribunal de Justicia de la Nación tramitará las acusaciones contra los miembros del Consejo de Estado, el Procurador General de Justicia del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo del Parlamento o los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Administrativo por infracciones en el desempeño de sus funciones. El Tribunal de Justicia de la Nación tramitará también las acusaciones previstas en el artículo 113.
El Tribunal de Justicia de la Nación estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado
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asimismo por el Presidente del Tribunal Supremo Administrativo, los tres Presidentes de Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en funciones y cinco miembros elegidos por el Parlamento, cuyo mandato será de cuatro años.
La composición, el quórum y las funciones del Tribunal de Justicia de la Nación serán regulados más precisamente por Ley.
Artículo 102
Nombramiento de los Jueces
El Presidente de la República nombrará a los Jueces titulares conforme al procedimiento establecido por Ley. Las provisiones sobre el nombramiento de los otros Jueces serán establecidas por Ley.
Artículo 103
Derecho de inamovilidad de los Jueces
Los Jueces no podrán ser separados de sus cargos sino por sentencia de un Tribunal. Tampoco podrán ser transferidos a otro cargo sin su conformidad, salvo si la transferencia es causada por una reorganización del sistema judicial.
Se regulará por Ley la obligación de los Jueces de dimitir a su cargo a la edad prescripta o en caso de pérdida de su capacidad laboral.
Los otros fundamentos de la relación laboral de los Jueces estarán regulados expresamente por Ley.
Artículo 104
Los Fiscales
El Ministerio Fiscal será dirigido en carácter de fiscal supremo por el Fiscal General del Estado, quien será nombrado por el Presidente de la República. El Ministerio Fiscal estará regulado más precisamente por Ley.
Artículo 105
El indulto
En casos particulares, el Presidente de la República podrá, después de obtener un dictamen del Tribunal Supremo, remitir en todo o en parte una pena impuesta por un Tribunal u otras sanciones penales.
Los indultos generales deberán ser regulados por Ley.
Capítulo 10
El control de la legalidad
Artículo 106
Jerarquía normativa de la Constitución
Si en un asunto en proceso en un Tribunal la aplicación de una norma con rango de Ley está en evidente contradicción con la Constitución, el Tribunal deberá otorgar jerarquía normativa a la norma constitucional.
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Artículo 107
Restricción de aplicación de normas de rango inferior al de Ley
Si las disposiciones de un Decreto o de una norma de rango inferior al de Ley están en contradicción con la Constitución o con otra Ley, las mismas no podrán ser aplicadas por los Tribunales ni por otras autoridades.
Artículo 108
Funciones del Procurador General de Justicia del Consejo de Estado
Es función del Procurador General de Justicia fiscalizar la legitimidad de los actos oficiales del Consejo de Estado y del Presidente de la República. El Procurador General de Justicia también debe fiscalizar que los Tribunales y las otras autoridades y funcionarios, los trabajadores de los entes públicos y otras personas en el ejercicio de la función pública observen la ley y cumplan sus obligaciones. En el ejercicio de sus funciones, el Procurador General de Justicia fiscaliza el respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.
El Procurador General de Justicia debe suministrar al Presidente, al Consejo de Estado y a los Ministerios, a su solicitud, informaciones y dictámenes sobre asuntos legales.
El Procurador General de Justicia someterá al Parlamento y al Consejo de Estado un informe anual acerca de sus actividades y sus observaciones sobre el cumplimiento de la Ley.
Artículo 109
Funciones del Defensor del Pueblo del Parlamento
El Defensor del Pueblo del Parlamento fiscalizará que los Tribunales y las otras autoridades y funcionarios, los trabajadores de los entes públicos y otras personas en el ejercicio de la función pública observen la ley y cumplan con sus obligaciones. En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo fiscalizará el respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.
El Defensor del Pueblo someterá al Parlamento un informe anual acerca de sus actividades y de la situación de la administración de justicia, así como de las deficiencias que advierta en la legislación.
Artículo 110
Derechos de acusación del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo, y distribución de funciones entre ellos
La decisión de acusar a un juez por infracciones en el ejercicio de sus funciones estará a cargo del Procurador General de Justicia o del Defensor del Pueblo. Éstos podrán también sustanciar una acusación u ordenar que se instruya una acusación en otros asuntos correspondientes a sus funciones de fiscalización de la legalidad.
La distribución de funciones entre el Procurador General de Justicia y el Defensor del Pueblo podrá regularse por Ley, sin reducir no obstante la competencia de ninguno de ellos en lo referente a sus funciones de fiscalización de la legalidad.
Artículo 111
Derecho del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo a recibir información
El Procurador General de Justicia y el Defensor del Pueblo tienen derecho a recibir de las autoridades y
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de otras personas en el ejercicio de la función pública la información que necesiten para sus funciones de fiscalización de la legalidad.
El Procurador General de Justicia debe asistir a las sesiones del Consejo de Estado y a las presentaciones de asuntos ante el Presidente de la República en el Consejo de Estado. El Defensor del Pueblo tiene derecho a asistir a estas sesiones y presentaciones.
Artículo 112
Fiscalización de la legalidad de los actos oficiales del Consejo de Estado y del Presidente de la República
Si el Procurador General de Justicia constata que la legalidad de una decisión o de una medida del Consejo de Estado o de un Ministro o del Presidente de la República da motivo a una observación, deberá formular su advertencia con sus fundamentos. Si ésta no es tenida en consideración, el Procurador General de Justicia deberá hacer constar su posición en el Acta de Sesiones del Consejo de Estado y en caso necesario adoptar otras medidas. También el Defensor del Pueblo tendrá derechos similares de formular observaciones y adoptar otras medidas.
Si una decisión del Presidente es contraria a la Ley, el Consejo de Estado deberá, una vez recibido el dictamen del Procurador General de Justicia, declarar que la decisión no puede ser ejecutada, y proponer al Presidente la modificación o la revocación de la decisión.
Artículo 113
Responsabilidad penal del Presidente de la República
Si el Procurador General de Justicia, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Estado consideran que el Presidente de la República ha cometido delito de traición a la patria, delito contra la seguridad del Estado o crimen contra la humanidad, deberán denunciarlo ante el Parlamento. Si el Parlamento por una mayoría de al menos tres cuartas partes de los votos emitidos decide que se instruya la acusación, el Fiscal General del Estado deberá sustanciar la misma ante el Tribunal de Justicia de la Nación y el Presidente deberá abstenerse del ejercicio de sus funciones durante la sustanciación. No se podrá en otros casos instruir una acusación por actos oficiales del Presidente.
Artículo 114
Instrucción y trámite de una acusación contra un Ministro
Una acusación contra un miembro del Consejo de Estado por infracciones en el ejercicio de sus funciones será tramitada ante el Tribunal de Justicia de la Nación de acuerdo con lo regulado más precisamente por Ley.
La instrucción de la acusación será decidida por el Parlamento una vez recibido el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la ilegalidad de la conducta del miembro del Consejo de Estado. El Parlamento, antes de resolver instruir la acusación, deberá conceder al miembro del Consejo de Estado la oportunidad de efectuar sus descargos. Al tratar el asunto, la Comisión deberá estar completa.
La acusación contra un miembro del Consejo de Estado será sustanciada por el Fiscal General del Estado.
Artículo 115
Inicio de una cuestión de responsabilidad contra un Ministro
La investigación de la legalidad de los actos oficiales de los miembros del Consejo de Estado podrá
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iniciarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento: 1) mediante denuncia realizada por el Procurador General de Justicia o el Defensor del Pueblo ante la
Comisión de Asuntos Constitucionales; 2) mediante nota firmada al menos por diez Diputados; y 3) mediante solicitud de investigación presentada a la Comisión de Asuntos Constitucionales por otra
Comisión del Parlamento. La Comisión de Asuntos Constitucionales también puede por propia iniciativa iniciar la investigación de
la legalidad de los actos oficiales de un miembro del Consejo de Estado.
Artículo 116
Requisitos para la instrucción de una acusación contra un Ministro
Podrá decidirse la instrucción de una acusación contra un miembro del Consejo de Estado si éste dolosamente o por negligencia grave ha infringido sustancialmente las obligaciones inherentes a la función ministerial o ha procedido de otra manera en forma manifiestamente ilegal en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 117
Responsabilidad jurídica del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo
La investigación de la legalidad de los actos oficiales del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo, la instrucción de una acusación contra ellos por infracciones en el desempeño de sus funciones y la tramitación de un juicio de esta naturaleza se regirán por lo establecido en los artículos 114 y 115 para los miembros del Consejo de Estado.
Artículo 118
Responsabilidad de los funcionarios
Los funcionarios son responsables de la legalidad de sus actos en el ejercicio de la función pública. Son también responsables de las decisiones de los órganos colegiados que hayan apoyado como miembros de los mismos.
Un funcionario proponente es responsable de lo que se decida a partir de su propuesta, salvo si hace constar su opinión divergente con la decisión.
Toda persona que haya sufrido una violación de sus derechos o un perjuicio a causa de una infracción o una negligencia de un funcionario o de otra persona en el ejercicio de la función pública, tiene derecho a demandar que éste sea condenado a una pena, así como a una indemnización del ente público o del funcionario o de otra persona en el ejercicio de la función pública, conforme con lo regulado más precisamente por Ley. No existirá no obstante el derecho de acusación comprendido en éste artículo si la acusación, según la Constitución, debe ser tramitada en el Tribunal de Justicia de la Nación.
Capítulo 11
Organización de la administración y autonomía
Artículo 119
La administración del Estado
A la Administración central del Estado podrán pertenecer, además del Consejo de Estado y los Ministerios, Direcciones, Entes y otros organismos. El Estado también podrá tener funcionarios regionales y
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locales. La administración dependiente del Parlamento estará regulada expresamente por Ley. Los fundamentos generales de los organismos de la Administración del Estado entre cuyas funciones
esté comprendido el ejercicio del poder público deberán regularse por Ley. Los fundamentos generales de la administración regional y local del Estado también estarán regulados por Ley. Los órganos de la Administración del Estado en cambio podrán estar regulados por Decreto.
Artículo 120
La posición especial de Åland
La provincia de Åland gozará de autonomía de acuerdo con lo que se establezca específicamente en la Ley de Autonomía de Åland.
Artículo 121
Autonomía municipal y otras autonomías regionales
Finlandia está dividida territorialmente en municipios, cuya administración debe fundarse en la autonomía de sus habitantes.
Las bases generales de la administración municipal y las facultades concedidas a los municipios estarán reguladas por Ley.
Los municipios tienen derecho a recaudar impuestos. Las bases de la obligación tributaria y de la fijación de los impuestos, así como la seguridad jurídica de los contribuyentes, estarán reguladas por Ley.
Las provisiones sobre autonomía en territorios administrativos mayores que un municipio serán establecidas por Ley. Los Sami tendrán autonomía lingüística y cultural en su región de residencia original de acuerdo con lo regulado por Ley.
Artículo 122
Divisiones administrativas
En la organización de la Administración deberá procurarse la creación de divisiones territoriales compatibles entre sí, en las que se garanticen las posibilidades de la población de idioma finlandés y sueco de recibir servicios en su propio idioma según bases similares.
Las bases de la división municipal serán establecidas por Ley.
Artículo 123
Universidades y otros establecimientos de enseñanza
Las universidades gozarán de autonomía de acuerdo con lo regulado más precisamente por Ley. Los principios de las otras formas de enseñanza organizadas por el Estado y los municipios, así como el
derecho a organizar una enseñanza equivalente en establecimientos privados, estarán regulados por Ley.
Artículo 124
Adscripción de tareas administrativas a personas ajenas a la Administración
Sólo se podrán adscribir tareas de administración pública a personas ajenas a la Administración por Ley o en virtud de Ley, si ello es necesario para la ejecución adecuada de la tarea y no pone en peligro los derechos fundamentales, la seguridad jurídica u otros requisitos de la buena administración. No obstante, podrán adscribirse sólo a las autoridades las funciones que incluyan un ejercicio sustancial del poder
30
público.
Artículo 125
Requisitos de elegibilidad para cargos públicos y bases de los nombramientos
Se podrá establecer por Ley que para determinados cargos o funciones públicos se pueda nombrar sólo a ciudadanos finlandeses.
Las bases generales de los nombramientos de los cargos públicos son la idoneidad, la capacidad y un mérito cívico comprobado.
Artículo 126
Nombramiento de cargos del Estado
El Presidente de la República nombra a los Directores Generales de los Ministerios, así como al Director General y a los funcionarios proponentes de la Secretaría del Presidente de la República, y designa a los jefes de las representaciones diplomáticas. El Presidente también nombra y designa a los restantes funcionarios cuyo nombramiento o designación esté establecido, en virtud de esta Constitución o por Ley, como facultad presidencial.
El Consejo de Estado nombra a los funcionarios del Estado cuyo nombramiento no esté establecido como facultad presidencial, ministerial o de otra autoridad.
Capítulo 12
Defensa nacional
Artículo 127
Obligación de defender a la patria
Todo ciudadano finlandés tiene el deber de participar en la defensa de la patria o de contribuir a ella de acuerdo con lo regulado por Ley.
El derecho a obtener la exención de la participación en la defensa armada sobre la base de una objeción de conciencia estará regulado por Ley.
Artículo 128
El mando supremo de las Fuerzas de Defensa
El Presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa. A proposición del Consejo de Estado, el Presidente puede traspasar el mando supremo de las Fuerzas de Defensa a otro ciudadano finlandés.
El Presidente nombra a los oficiales.
Artículo 129
Movilización
El Presidente de la República decidirá, a proposición del Consejo de Estado, la movilización de las Fuerzas de Defensa. Si el Parlamento no está en sesiones en ese momento, deberá ser convocado de inmediato.
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Capítulo 13
Disposiciones finales
Artículo 130
Entrada en vigor
La presente Constitución entrará en vigor el primero de marzo del año 2000. Las normas necesarias para la ejecución de la Constitución se establecerán por Ley especial.
Artículo 131
Leyes Constitucionales que se derogan
Por la presente Constitución se derogan las siguientes Leyes, con sus enmiendas posteriores: 1) Ley Orgánica del Gobierno, sancionada el 17 de julio de 1919; 2) Ley Orgánica del Parlamento, sancionada el 13 de enero de 1928; 3) Ley sobre el Tribunal del Estado (273/1922), sancionada el 25 de noviembre de 1922; y 4) Ley sobre la facultad del Parlamento de fiscalizar la legitimidad de los actos de los miembros del
Consejo de Estado, del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo (274/1922), sancionada el 25 de noviembre de 1922.
Helsinki, 11 de junio de 1999
Presidente de la República MARTTI AHTISAARI
Ministro de Justicia Johannes Koskinen
- Chapitre premier - Fondements du régime étatique
- Chapitre II - Droits fondamentaux
- Chapitre III - Le Parlement et les députés
- Chapitre IV - Activités du Parlement
- Chapitre V - Le Président de la République et le gouvernement
- Chapitre VI - Législation
- Chapitre VII - Finances de l'État
- Chapitre VIII - Relations internationales
- Chapitre IX - Fonction judiciaire
- Chapitre X - Contrôle de la légalité
- Chapitre XI - Administration et autonomie
- Chapitre XII - Défense nationale
- Chapitre XIII - Dispositions finales
Traduction non officielle © Ministère de la Justice, Finlande
La Constitution de la Finlande (731/1999)
En vertu de la décision du Parlement adoptée conformément à l'article 67 de la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parlementaire, il est statué ce qui suit :
Chapitre premier - Fondements du régime étatique
Article premier - Régime constitutionnel
La Finlande est une république souveraine.
Le régime constitutionnel de la Finlande est établi par la présente Constitution. Le régime constitutionnel garantit
l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.
La Finlande participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour
le développement de la société.
Article 2 - Démocratie et principe de l'État de droit
Le pouvoir public appartient en Finlande au peuple représenté par le Parlement réuni en session parlementaire.
La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et de
leur environnement.
L'exercice du pouvoir public doit trouver son fondement dans la loi. La loi doit être respectée de façon rigoureuse
dans toute activité publique.
Article 3 - Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui exerce également le droit de décision en matière de finances de
l'État.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le gouvernement, dont les membres doivent
jouir de la confiance du Parlement.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la
Cour administrative suprême.
Article 4 - Territoire national
Le territoire de la Finlande est indivisible. Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du Parlement.
Article 5 - Nationalité finlandaise
La nationalité finlandaise s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. La nationalité peut être accordée par déclaration ou sur demande, dans les conditions prévues dans une loi. La nationalité finlandaise ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus dans une loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.
Chapitre II - Droits fondamentaux
Article 6 - Égalité
Tous les hommes sont égaux devant la loi.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la
religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les questions les
concernant personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la
fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées
dans une loi.
Article 7 - Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne
Chacun a le droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne. Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.
Article 8 - Principe de la légalité en matière pénale
Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas sanctionné d'une peine par la loi. Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.
Article 9 - Liberté de circulation
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger séjournant légalement dans le pays a le droit d'y circuler librement et d'y élire domicile. Chacun a le droit de quitter le pays. Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par une loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale. Aucun citoyen finlandais ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa volonté être extradé ou transféré vers un autre pays. Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner en Finlande est réglé par la loi. Aucun citoyen étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.
Article 10 - Protection de la vie privée
La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis. La protection des données personnelles est réglée plus précisément par la loi. Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par une loi, si elles sont indispensables à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation d'un crime. Une loi peut également autoriser des limitations indispensables au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime menaçant la sécurité de la personne, celle de la société ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'un contrôle de sécurité ou pendant une période de privation de liberté.
Article 11 - Liberté de religion et de conscience
Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer
des convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n'est tenu de prendre part, contre sa
conscience, à la pratique d'une religion.
Article 12 - Liberté d'expression et publicité
Chacun dispose de la liberté d'expression. La liberté d'expression comprend le droit de s'exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d'autres messages, sans en être empêché à l'avance par quelque personne que ce soit. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté d'expression sont fixées dans une loi. Une loi peut instaurer des limitations à cette liberté en matière de programmes audiovisuels, si elles sont indispensables à la protection des enfants. Les documents et autres enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur publicité est spécifiquement limitée par une loi pour des motifs impérieux. Chacun a le droit d'obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.
Article 13 - Liberté de réunion et d'association
Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d'y participer, sans demander d'autorisation. Chacun dispose de la liberté d'association. La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une association. Sont également garanties la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté de réunion et d'association sont fixées dans une loi.
Article 14 - Droit de vote et de participation
Tout citoyen finlandais âgé d'au moins dix-huit ans dispose du droit de vote aux élections et aux référendums nationaux. L'éligibilité aux élections nationales est réglée par les dispositions spécifiques de la présente Constitution.
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger établis de façon permanente dans le pays et âgés d'au moins dix-huit ans disposent du droit de vote aux élections et aux référendums municipaux, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Le droit de participer autrement à l'administration municipale est réglé par la loi. Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité de participer aux activités sociales et d'influer sur les décisions les concernant personnellement.
Article 15 - Protection des biens
La protection des biens de chacun est garantie.
L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec complète indemnisation est réglée par la loi.
Article 16 - Droits culturels
Chacun a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit. L'obligation scolaire est réglée par la loi.
L'État garantit à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi, une égale possibilité
d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base
ainsi que de se perfectionner, sans que le dénuement constitue un obstacle.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.
Article 17 - Droit à sa propre langue et culture
Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois. Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques. Le peuple autochtone Sami ainsi que les Rom et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des Sami d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.
Article 18 - Droit au travail et liberté d'entreprise
Chacun a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la profession ou l'activité professionnelle de
son choix. L'État veille à la protection des travailleurs.
L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun le droit au travail. Le droit à la formation
pour l'emploi est réglé par la loi.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.
Article 19 - Droit à la sécurité sociale
Toute personne qui ne parvient pas à se procurer la sécurité nécessaire à une vie dans le respect de la dignité humaine a droit aux moyens de subsistance et aux soins indispensables. La loi garantit à chacun le droit à des moyens de subsistance de base en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille. L'État est tenu de garantir à chacun, conformément à des modalités plus précises fixées dans une loi, l'accès à des services sociaux et de santé suffisants, et de promouvoir la santé publique. L'État soutient également les familles et les autres personnes en charge d'enfants, afin qu'elles aient la possibilité de garantir le bien-être et le développement personnel des enfants. L'État est tenu de favoriser le droit de chacun au logement et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un logement.
Article 20 - Responsabilité à l'égard de l'environnement
La responsabilité à l'égard de la nature et de sa diversité ainsi qu'à l'égard de l'environnement et du patrimoine
culturel incombe à tous.
L'État s'efforce de garantir à chacun le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions
relatives à son environnement.
Article 21 - Protection juridique
Chacun a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal compétent en vertu de la loi ou par toute autre autorité, ainsi que le droit de soumettre à l'examen d'un tribunal ou d'une autre juridiction indépendante les décisions relatives à ses droits et à ses obligations. La publicité de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, de recevoir des décisions motivées et de faire un recours, de même que les autres garanties d'un procès équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.
Article 22 - Garantie du respect des droits fondamentaux
L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme.
Article 23 - Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles
Des exceptions provisoires aux droits fondamentaux, qui sont indispensables en cas d'agression armée contre la Finlande ou dans des circonstances exceptionnelles assimilées par la loi, en raison de leur gravité, à une agression armée et constituant une menace pour la nation, peuvent être instaurées par une loi; ces exceptions doivent être en accord avec les engagements internationaux de la Finlande en matière de droits de l'homme.
Chapitre III - Le Parlement et les députés
Article 24 - Composition du Parlement et législature
Le Parlement forme une chambre unique. Il est composé de deux cent députés, élus pour une période de quatre ans à
la fois.
Le mandat du Parlement débute après confirmation du résultat des élections et se poursuit jusqu'à ce que les
nouvelles élections aient eu lieu.
Article 25 - Élections législatives
Les députés sont élus au suffrage direct, proportionnel et secret. Lors des élections, chaque électeur a un droit de vote égal. Pour les élections législatives, le pays est divisé en fonction du nombre de citoyens finlandais en circonscriptions électorales au nombre de douze au minimum et de dix-huit au maximum. En outre, la Province d'Åland forme une circonscription électorale propre pour l'élection d'un député. Ont le droit de présenter des candidats aux élections législatives les partis officiellement enregistrés, ou des électeurs dont le nombre est prévu par la loi. Des dispositions plus précises relatives à la date des élections législatives, à la présentation des candidats, au déroulement des élections et aux circonscriptions électorales, sont fixées dans une loi.
Article 26 - Élections législatives anticipées
Le Président de la République peut, sur initiative motivée du Premier ministre, après audition des groupes parlementaires et le Parlement étant réuni, ordonner qu'il soit procédé à des élections législatives anticipées. Le Parlement décide ensuite de la date à laquelle, avant qu'il soit procédé à de nouvelles élections, le Parlement clôture ses débats. Après les nouvelles élections anticipées, le Parlement se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections, sous réserve d'une date antérieure fixée par le Parlement.
Article 27 - Éligibilité et capacité à la députation
Est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique. Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu député. Le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement, les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême et le procureur d'État ne peuvent être députés. Si un député est élu Président de la République ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député cesse également dans le cas où celui-ci perdrait son éligibilité.
Article 28 - Interruption, décharge et destitution du mandat parlementaire
Le mandat parlementaire est interrompu pendant la période où un député exerce la fonction de membre du Parlement européen. Son suppléant le remplace dans l'exercice de son mandat pendant ladite période. Le mandat parlementaire est également interrompu pendant la période requise pour l'exercice du service national. Le Parlement peut, sur demande d'un député, décharger ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge. Le Parlement peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Dans le cas où un député élu aurait été condamné pour une infraction intentionnelle par une décision ayant force exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à une peine pour une infraction électorale, le Parlement peut examiner la question de savoir s'il faut permettre ou non au député de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le député condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels à l'exercice du mandat parlementaire, le Parlement peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, prononcer la déchéance du député par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 29 - Indépendance du député
Dans l'exercice de son mandat, tout député est tenu d'agir selon la justice et la vérité. Il respecte la Constitution et n'est lié par aucun mandat impératif.
Article 30 - Immunité parlementaire
Aucun député ne peut être empêché d'exercer son mandat.
Aucun député ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui au Parlement ou de
son comportement pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision du Parlement prise à la majorité des cinq
sixièmes au moins des suffrages exprimés.
Le président du Parlement doit être immédiatement informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député. Aucun
député ne peut, sans le consentement du Parlement, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire,
sauf s'il est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six
mois d'emprisonnement.
Article 31 - Liberté d'expression et tenue du député
Au Parlement, chaque député a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen de ces questions. Le député doit observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne. Tout député qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le président, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole. Le Parlement peut également donner un avertissement à un député ou l'exclure des sessions du Parlement pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre d'une façon répétée.
Article 32 - Empêchement du député
Un député ne peut participer à la préparation et à la prise de décisions relatives à une affaire qui le concerne personnellement. Il peut cependant participer aux débats sur la question en session plénière. Au sein d'une commission, un député ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection des mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.
Chapitre IV - Activités du Parlement
Article 33 - Session parlementaire
Le Parlement se réunit en session chaque année à la date fixée par le Parlement, après laquelle le Président de la République prononce l'ouverture de la session parlementaire. La session se poursuit jusqu'à ce que le Parlement soit réuni pour la session suivante. La dernière session de la législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que le Parlement décide de clore ses séances. Après cette décision, le Président de la République prononce la clôture des travaux parlementaires pour la législature en cours. Le président du Parlement a toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à nouveau le Parlement en session avant les nouvelles élections.
Article 34 - Le président du Parlement et la conférence des présidents
Pour chaque session, le Parlement élit en son sein un président et deux vice-présidents. Les élections pour la désignation du président et des vice-présidents ont lieu par vote à bulletin fermé. Lors du scrutin est élu le député qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Si personne n'obtient la majorité absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième scrutin le député qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Le président, les vice-présidents et les présidents des commissions constituent la conférence des présidents. La conférence des présidents énonce les directives relatives à l'organisation des travaux du Parlement et prend les décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement du Parlement. La conférence des présidents peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions de la loi sur les fonctionnaires du Parlement et du règlement du Parlement ou des propositions relatives à d'autres dispositions concernant l'activité du Parlement.
Article 35 - Commissions parlementaires
Le Parlement institue pour la durée de la législature la Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances, ainsi que les autres commissions permanentes prévues par le règlement du Parlement. Le Parlement peut également instituer une commission temporaire pour la préparation ou l'examen d'une affaire spécifique. La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances sont respectivement composées de dix-sept membres au
minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum. Les commissions
comptent également un nombre suffisant de suppléants.
En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un
quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.
Article 36 - Autres organes et représentants élus par le Parlement
Le Parlement élit les délégués chargés de veiller à l'administration et aux activités de la Caisse nationale
d'assurances sociales, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
Le Parlement élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de
quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
L'élection par le Parlement de représentants auprès d'organes institués par des traités internationaux ou auprès
d'autres organes internationaux est réglée par une loi ou par le règlement du Parlement.
Article 37 - Élection des organes du Parlement
Les commissions et autres organes du Parlement sont institués lors de la première session de la législature pour toute la durée de la législature, sous réserve de dispositions contraires de la présente Constitution, du règlement du Parlement ou du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté par le Parlement. Toutefois, sur proposition de la conférence des présidents, le Parlement peut décider de réinvestir l'organe concerné au cours de la législature. Le Parlement procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas atteinte au sein du Parlement lors de ces élections, celles-ci ont lieu selon le système proportionnel.
Article 38 - Le médiateur (ombudsman) du Parlement
Le Parlement élit pour un mandat de quatre ans un médiateur et deux médiateurs adjoints, qui doivent être des juristes éminents. Les règles qui s'appliquent au médiateur s'appliquent par analogie aux médiateurs adjoints. Le Parlement peut, pour des raisons particulièrement graves, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle, décider de démettre le médiateur de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 39 - Dépôt des affaires au Parlement
Le dépôt d'une affaire au Parlement s'effectue par le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion
parlementaire ou par tout autre moyen prévu par la présente Constitution ou le règlement du Parlement.
Tout député a le droit de présenter :
une motion législative portant proposition d'adoption d'une loi;
une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un montant budgétaire au budget ou à une rallonge
budgétaire, ou portant proposition d'une autre décision budgétaire ;
une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une intervention en matière législative ou de
toute autre intervention.
Article 40 - Préparation des affaires
Avant leur examen définitif en séance plénière, les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les rapports établis à l'intention du Parlement ainsi que les autres affaires pour lesquelles une telle procédure est prévue par la présente Constitution ou par le règlement du Parlement doivent être examinés pour préparation au sein d'une commission parlementaire.
Article 41 - Examen des affaires en séance plénière
Les projets de textes de loi ainsi que les propositions de règlement du Parlement sont examinés par le Parlement en séance plénière, en deux lectures. L'examen d'un projet de texte de loi laissé en suspens ou n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République a lieu néanmoins en une lecture. Les autres affaires sont examinées en séance plénière, en lecture unique. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par tirage au sort, sauf si l'adoption d'une proposition nécessite une majorité qualifiée. Des dispositions plus précises sur la procédure de vote sont fixées dans le règlement du Parlement.
Article 42 - Fonctions du président du Parlement en séance plénière
Il appartient au président du Parlement de convoquer les séances plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour, de conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des affaires en séance plénière se déroule dans le respect de la Constitution. Le président du Parlement ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement par le Parlement. Le président doit motiver son refus. Si le Parlement n'approuve pas la mesure prise par son
président, l'affaire est envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans délai, son avis sur la question de
savoir si le président a agi correctement en la matière.
Le président du Parlement ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.
Article 43 - Interpellation
Un groupe de députés devant être au minimum au nombre de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement ou à un ministre sur une affaire relevant de leur compétence. La réponse à l'interpellation doit être présentée en séance plénière dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle a été communiquée au gouvernement. Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote sur ladite motion.
Article 44 - Communications et comptes rendus du gouvernement
Le gouvernement peut adresser au Parlement une communication ou un compte rendu sur une affaire relative à lagestion des affaires de l'État ou aux relations internationales. Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication est clos par un vote sur ladite motion. Un vote sur une motion visant à mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre concerné ne peut pas être organisé lors des débats sur un compte rendu du gouvernement.
Article 45 - Questions, notifications et débats
Tout député est habilité à poser à un ministre des questions sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci. Les
modalités relatives à ces questions et aux réponses qui y sont données sont fixées dans le règlement du Parlement.
Le Premier ministre ou un ministre désigné par celui-ci peuvent adresser au Parlement une notification sur une
question d'actualité.
Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus
précises du règlement du Parlement.
Le Parlement ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article. Il est possible de déroger aux
dispositions de l'article 31, premier alinéa, sur le droit de parole lors de l'examen de telles questions.
Article 46 - Rapports remis au Parlement
L'exécutif est tenu de remettre chaque année au Parlement un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par lui pour donner suite aux décisions du Parlement ; de même l'exécutif remet chaque année au Parlement un rapport sur la gestion des finances de l'État et sur l'observation des dispositions du budget. D'autres rapports sont remis au Parlement, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
Article 47 - Droit du Parlement de recevoir des informations
Le Parlement a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires à l'examen des affaires. Il
appartient au ministre concerné de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe du Parlement reçoivent,
sans délai, tout document ou toute information nécessaires détenus par les autorités.
Le gouvernement ou le ministre concerné remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu
sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou
au ministre un avis sur ladite affaire.
Tout député est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la
mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget de l'État en préparation.
Le droit du Parlement d'obtenir des informations sur des questions internationales est également prévu par les autres
dispositions de la présente Constitution sur la question.
Article 48 - Droit de présence des ministres, du médiateur et du chancelier de la Justice
Tout ministre a le droit d'assister et de participer aux débats en séance plénière, même dans le cas où il n'est pas membre du Parlement. Un ministre ne peut pas être membre d'une commission parlementaire. Un ministre ne peut pas participer aux travaux parlementaires lorsqu'il assume les fonctions de Président de la République en vertu de l'article 59 de la présente Constitution. Le médiateur du Parlement et le chancelier de la Justice du gouvernement peuvent assister et participer aux débats en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport présenté par eux ou autrement lors de l'examen d'une affaire déposée au Parlement sur leur initiative.
Article 49 - Continuité de l'examen des affaires
Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé lors d'une session parlementaire, il se poursuit à la session suivante, sous réserve d'élections législatives intervenues entre-temps.
L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement ne peut cependant pas être poursuivi à la session suivante. L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi à la session suivante que sur décision du Parlement. L'examen d'une affaire internationale par le Parlement peut, le cas échéant, également être poursuivi à la session subséquente à de nouvelles élections législatives.
Article 50 - Publicité des activités du Parlement
Les débats d'une séance plénière sont publics, sous réserve d'une décision contraire du Parlement relative à une affaire déterminée, fondée sur des raisons particulièrement graves. Le Parlement publie les actes parlementaires, conformément aux dispositions plus précises fixées dans le règlement du Parlement. Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut cependant décider de rendre une de ses réunions publique dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de dispositions contraires du règlement du Parlement adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire de la commission portant sur une affaire déterminée. Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant à l'examen d'affaires relatives aux relations internationales de la Finlande ou relatives à l'Union européenne respectent la confidentialité que la commission des Affaires étrangères ou la Grande commission, après consultation du gouvernement, considèrent être requise par la teneur de l'affaire en question.
Article 51 - Langues utilisées lors des travaux parlementaires
Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois et le suédois. Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et en suédois.
Article 52 - Règlement du Parlement et autres règlements internes
Des dispositions plus précises relatives à la procédure suivie lors des sessions parlementaires, aux organes du Parlement et aux travaux parlementaires sont fixées dans le règlement du Parlement. Le règlement du Parlement est adopté en séance plénière, conformément à la procédure prévue pour l'examen d'un projet de texte de loi, et est publié au Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande. Le Parlement peut adopter des règlements sur l'administration interne du Parlement, sur les élections en son sein et sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, le Parlement peut adopter des règlements pour les organes qu'il institue.
Article 53 - Les référendums
La décision d'organiser un référendum consultatif est prévue dans une loi qui fixe la date du scrutin et énonce les
choix qui seront soumis aux électeurs.
La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.
Chapitre V - Le Président de la République et le gouvernement
Article 54 - Élection du Président de la République
Le Président de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens finlandais de naissance, pour un mandat de six ans. Une même personne peut être élue à la présidence pour l'exercice de deux mandats consécutifs au plus. Est élu Président de la République le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, une nouvelle consultation électorale est organisée, avec pour candidats les deux personnes qui ont obtenu lors de la première consultation le plus grand nombre de voix. Le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu Président de la République. Si un seul candidat se présente, celui-ci est élu Président de la République sans consultation électorale. Ont le droit de présenter un candidat : tout parti enregistré dont un député au moins a été élu lors de la précédente élection législative sur la liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant du droit de vote. Les dispositions relatives à la date des élections et les dispositions définissant plus précisément la procédure devant être observée pour l'élection du Président de la République sont fixées dans une loi.
Article 55 - Mandat du Président de la République
Le Président de la République entre en fonctions le premier jour du mois qui suit son élection.
Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonctions du Président de la République élu à l'élection suivante.
En cas de décès du Président de la République ou si le gouvernement constate que le Président de la République est empêché de façon permanente à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'élection d'un nouveau Président de la République.
Article 56 - Déclaration solennelle du Président de la République
Lors de sa prise de fonction, le Président de la République fait, devant le Parlement, la déclaration solennelle suivante : « Moi, - -, élu par le peuple finlandais Président de la République de Finlande, je donne ici l'assurance que dans l'exercice de mes fonctions présidentielles j'observerai et maintiendrai loyalement et fidèlement la Constitution et les lois de la République, et que j'œuvrerai de toutes mes forces à la prospérité du peuple de Finlande. »
Article 57 - Fonctions du Président de la République
Le Président de la République exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution ou par une autre loi.
Article 58 - Décisions du Président de la République
Le Président de la République arrête ses décisions lors des séances du gouvernement sur proposition de décision
présentée par ce dernier.
Un dossier est renvoyé pour préparation au gouvernement dans le cas où le Président de la République ne prend pas
sur ce dossier une décision conforme à la proposition de décision formulée par le gouvernement en la matière.
Ensuite, la décision relative au dépôt ou au retrait d'un projet du gouvernement est prise conformément à la nouvelle
proposition de décision présentée par le gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le Président de la République arrête ses décisions sans proposition
de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes :
nomination du gouvernement et de l'un de ses membres et décision portant sur la démission du gouvernement ou de
l'un des ses membres ;
décision d'organiser des élections législatives anticipées ;
droit de grâce et autres questions spécifiquement prévues par la loi, qui sont relatives aux personnes privées ou qui,
en vertu de leur teneur, ne nécessitent pas un examen en conseil des ministres ; et
questions prévues par la loi sur l'autonomie d'Åland n'ayant pas trait aux finances de la Province.
Un dossier est présenté au Président de la République pour décision par le ministre compétent. Un dossier portant
sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble du gouvernement est toutefois
présenté par le rapporteur compétent du gouvernement.
Les décisions relatives au commandement militaire sont arrêtées par le Président de la République conjointement
avec un ministre, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. Les décisions relatives aux
nominations militaires et au Cabinet du Président de la République sont arrêtées par le Président de la République,
conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Article 59 - Empêchement du Président de la République
En cas d'empêchement du Président de la République, ses fonctions sont exercées par le Premier ministre et, si celuici se trouve également empêché, par le ministre désigné pour être le suppléant du Premier ministre.
Article 60 - Gouvernement
Le gouvernement est composé d'un Premier ministre et de ministres en nombre suffisant. Les ministres doivent être des citoyens finlandais connus pour leur probité et leurs capacités. Les ministres sont responsables devant le Parlement dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque ministre ayant participé à l'examen d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision arrêtée, sauf s'il a fait inscrire au procès-verbal un avis divergent .
Article 61 - Formation du gouvernement
Le Parlement élit le Premier ministre, qui est nommé par le Président de la République pour cette fonction. Les autres ministres sont nommés par le Président de la République, sur proposition de la personne élue Premier ministre. Avant qu'il soit procédé à l'élection du Premier ministre, les groupes parlementaires négocient le programme gouvernemental et la composition du gouvernement. Le Président de la République, sur la base de ces négociations, après avoir entendu le président du Parlement, communique au Parlement le nom du candidat au poste de Premier ministre. Le candidat est élu Premier ministre s'il a obtenu en sa faveur au Parlement, lors d'une élection à scrutin ouvert, plus de la moitié des suffrages exprimés. Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, un nouveau candidat au poste de Premier ministre est proposé, conformément à la même procédure. Dans le cas où le nouveau candidat n'obtient pas plus de la moitié des suffrages exprimés, le Parlement procède à l'élection au scrutin ouvert du Premier ministre. Est alors élu le candidat ayant recueilli le plus de voix.
Le Parlement doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification substantielle de la composition de celui-ci.
Article 62 - Communication relative au programme gouvernemental
Le gouvernement est tenu de transmettre, sans délai, son programme au Parlement, sous forme de communication. La même procédure doit être suivie si la composition du gouvernement fait l'objet d'une modification substantielle.
Article 63 - Autres engagements des ministres
Un membre du gouvernement ne peut pas au cours de l'exercice de ses fonctions ministérielles exercer une fonction publique ou toute autre fonction qui pourrait entraver l'exercice de ses fonctions ministérielles ou mettre en danger la confiance relative à ses activités en tant que membre du gouvernement. Après sa nomination, tout ministre fournit sans délai au Parlement un compte rendu sur ses activités professionnelles, sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général, ainsi que sur ses fonctions et autres engagements indépendants de ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans l'appréciation de ses activités en tant que membre du gouvernement.
Article 64 - Démission du gouvernement ou d'un ministre
Le Président de la République accorde sur demande sa démission au gouvernement ou à l'un de ses membres. Le
Président de la République peut également accorder sa démission à un ministre sur l'initiative du Premier ministre.
Le Président de la République est tenu, même sans que la demande en ait été exprimée, d'accorder sa démission au
gouvernement ou à un ministre, si celui-ci ne jouit plus de la confiance du Parlement.
Si un ministre est élu Président de la République ou président du Parlement, il est considéré comme démissionnaire
de ses fonctions, à compter du jour où il a été élu.
Article 65 - Fonctions du gouvernement
Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement prévues par la présente Constitution ainsi que les autres questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu que la prise de décision relève de la compétence du gouvernement ou d'un ministère ou pour lesquelles la compétence n'a pas été attribuée au Président de la République ou à une autre autorité. Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions du Président de la République.
Article 66 - Fonctions du Premier ministre
Le Premier ministre dirige les travaux du gouvernement et veille à la coordination de la préparation et de l'examen des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Le Premier ministre préside le conseil des ministres. En cas d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par le ministre désigné pour être son suppléant et, lorsque celui-ci se trouve également empêché, par celui des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de fonction.
Article 67 - Prise de décision au sein du gouvernement
Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement sont décidées en conseil des ministres ou au sein du ministère compétent. Les questions décidées en conseil des ministres sont les questions de grande envergure et les questions ayant une grande importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance requiert leur décision en conseil des ministres. Les dispositions plus précises portant sur les bases du système relatif au pouvoir de décision sont fixées dans une loi. Les questions examinées par le gouvernement sont préparées au sein du ministère compétent. Des comités interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions. Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.
Article 68 - Ministères
Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant. Chaque ministère veille dans son domaine d'administration à la préparation des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon fonctionnement de l'administration. Chaque ministère est dirigé par un ministre. Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés dans une loi. Les domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation du gouvernement sont fixés dans une loi ou dans un décret du gouvernement.
Article 69 - Le chancelier de la Justice
Un chancelier de la Justice et un chancelier-adjoint de la Justice, nommés par le Président de la République, sont attachés au gouvernement ; ces personnes doivent posséder une connaissance approfondie du droit. Le Président de la République nomme également pour une durée maximale de cinq ans un suppléant au chancelier-adjoint de la Justice qui exerce ses fonctions lorsque ce dernier est empêché.
Les dispositions relatives au chancelier de la Justice s'appliquent par analogie au chancelier-adjoint de la Justice et à son suppléant.
Chapitre VI - Législation
Article 70 - Initiative en matière législative
La procédure relative à l'adoption d'une loi débute par le dépôt au Parlement d'un projet du gouvernement ou par le dépôt d'une proposition de loi par un député lorsque le Parlement siège.
Article 71 - Complément et retrait d'un projet du gouvernement
Il est possible de compléter un projet du gouvernement par le dépôt d'un projet complémentaire ou de le retirer. Un projet complémentaire ne peut plus être déposé après que la commission compétente ayant préparé le dossier a rendu son rapport.
Article 72 - Examen au Parlement d'un projet de texte de loi
Un projet de texte de loi est examiné en séance plénière du Parlement, en deux lectures, après que la commission
ayant examiné le dossier a rendu son rapport.
En première lecture, le rapport de la commission est présenté et examiné, et une décision est arrêtée sur le contenu
du projet de texte de loi. Lors de la deuxième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la
première lecture, une décision est arrêtée sur l'adoption ou le rejet du projet de texte de loi.
Au cours de la première lecture, le projet de texte de loi peut être envoyé pour examen à la Grande commission.
Des dispositions plus précises sur l'examen des projets de textes de loi sont fixées dans le règlement du Parlement.
Article 73 - Procédure d'adoption d'une loi constitutionnelle
Tout projet de texte concernant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation d'une loi constitutionnelle ou une dérogation de façon limitée à une loi constitutionnelle, doit en deuxième lecture faire l'objet d'un vote décidant à la majorité des voix de le laisser en suspens jusqu'à la première session du Parlement suivant les élections législatives. Le projet de texte doit alors, après que la commission a rendu son rapport, être adopté en séance plénière, sans changements sur le fond, en une seule lecture, par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le projet de texte peut être déclaré urgent par une décision prise à la majorité des cinq sixièmes des suffrages exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas laissé en suspens et peut être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 74 - Contrôle de la constitutionnalité
Il appartient à la commission constitutionnelle de donner un avis sur la constitutionnalité des projets de textes de loi et autres affaires soumis à son examen, et sur leur relation avec les accords internationaux sur les droits de l'homme.
Article 75 - Lois spécifiques de la Province d'Åland
Les dispositions spécifiques en vigueur sur la procédure d'adoption de la loi sur l'autonomie d'Åland et de la loi sur
l'acquisition des biens fonciers à Åland sont fixées dans les lois précitées.
Les dispositions en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative d'Åland de proposer une motion et sur l'adoption
des lois provinciales de la Province d'Åland sont fixées dans la loi sur l'autonomie d'Åland.
Article 76 - Loi sur l'Église
L'organisation et l'administration de l'Église évangélique-luthérienne sont réglées par la loi sur l'Église.
La procédure d'adoption de la loi sur l'Église et le droit de proposer une motion relative à cette loi sont réglés par les
dispositions spécifiques en vigueur de la loi précitée.
Article 77 - Sanction de la loi
Une loi adoptée par le Parlement doit être sanctionnée par le Président de la République. Le Président de la République doit prendre sa décision sur la sanction dans les trois mois qui suivent l'envoi de la loi au Président de la République pour sanction de sa part. Le Président de la République peut demander à la Cour suprême ou à la Cour administrative suprême un avis sur la loi. Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République est renvoyée pour examen au Parlement. La loi entre en vigueur, même sans sanction, si le Parlement l'adopte une nouvelle fois sans changements sur le fond. Si la loi n'est pas adoptée une nouvelle fois par le Parlement, elle est considérée comme non avenue.
Article 78 - Examen d'une loi n'ayant pas obtenu de sanction
Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République dans les délais fixés est sans délai soumise une nouvelle fois à l'examen du Parlement. Une fois que la commission compétente a rendu son rapport, la loi doit être,
en une seule lecture en séance plénière du Parlement, à la majorité des voix, adoptée sans changements sur le fond ou bien rejetée.
Article 79 - Publication et entrée en vigueur de la loi
Toute loi qui a été adoptée dans l'ordre prévu pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.
Toute loi qui a obtenu la sanction du Président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être
signée par le Président de la République et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite,
sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.
Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la
date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour
son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.
Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.
Article 80 - Droit de prendre des décrets et délégation du pouvoir législatif
Le Président de la République, le gouvernement ou un ministère peuvent prendre des décrets en vertu du pouvoir qui leur est accordé par la présente Constitution ou par quelque autre loi. Doivent cependant faire l'objet d'une loi les principes régissant les droits et obligations des individus, ainsi que les questions qui autrement, en vertu de la Constitution, relèvent du domaine de la loi. En l'absence de dispositions sur l'instance chargée de prendre un décret, ledit décret est pris par le gouvernement. Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut également être dévolu par une loi à une autre autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières liées à l'objet de la réglementation, et si l'importance matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions soient prévues par la loi ou par décret. L'étendue d'une telle délégation doit être délimitée d'une façon précise. Les règles générales relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des décrets et d'autres normes juridiques sont fixées dans une loi.
Chapitre VII - Finances de l'État
Article 81 - Impôts et taxes de l'État
L'impôt d'État est fixé dans une loi, qui renferme les dispositions sur les principes relatifs à l'obligation de payer
l'impôt et au montant de l'impôt, ainsi que sur la protection juridique du contribuable.
Les principes généraux relatifs aux droits à payer pour les actes, prestations et autres activités des autorités de l'État,
et les principes généraux relatifs au montant des droits, sont fixés dans une loi.
Article 82 - Emprunt de l'État et garanties de l'État
Pour contracter un emprunt, l'État doit obtenir le consentement du Parlement, qui fixe le montant maximum du
nouvel emprunt ou de la dette de l'État.
Une caution ou une garantie de l'État peut être accordée, après consentement du Parlement.
Article 83 - Budget de l'État
Le Parlement adopte, pour chaque année, le budget de l'État, qui est publié dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande. Le projet de budget de l'État ainsi que les autres projets du gouvernement qui y sont liés doivent être déposés pour examen au Parlement suffisamment à l'avance avant le début de l'exercice. Les dispositions de l'article 71 s'appliquent au complément et au retrait du projet de budget. Après dépôt du projet de budget par le gouvernement, tout député peut déposer une motion budgétaire ayant pour objet de proposer d'inclure au budget un montant budgétaire ou une autre décision. Le budget de l'État est adopté par le Parlement en séance plénière, en une seule lecture, après que la commission des finances a remis son rapport sur le budget. Les dispositions plus précises relatives à l'examen du projet de budget au Parlement sont fixées dans le règlement du Parlement. Si la publication du budget de l'État se prolonge au-delà du terme de l'exercice, le projet de budget déposé par le gouvernement est appliqué en tant que budget provisoire, conformément à la décision du Parlement sur les modalités de cette application.
Article 84 - Contenu du budget
Le budget de l'État inclut les estimations des recettes annuelles et les montants budgétaires affectés aux dépenses annuelles ainsi que les affectations des montants budgétaires et autres motifs du budget. Il peut être prévu dans une loi que le budget inclue les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à la différence entre certaines recettes et certaines dépenses directement liées entre elles. Les estimations de recettes incluses au budget doivent couvrir les montants budgétaires qui y sont inscrits. La couverture des montants budgétaires peut prendre en compte l'excédent ou le déficit des comptes de l'État, conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à des recettes et des dépenses liées entre elles peuvent être inclus au budget sur plusieurs exercices, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Les principes généraux relatifs à l'activité et aux finances des entreprises commerciales de l'État sont fixés dans une loi. Les estimations de recettes et les montants budgétaires relatifs aux entreprises commerciales de l'État ne peuvent être inclus dans le budget qu'en tant que prévu dans une loi. Dans le cadre de l'examen du budget, le Parlement approuve les principaux objectifs relatifs aux services et autres activités des entreprises commerciales de l'État.
Article 85 - Montants budgétaires
Les montants budgétaires sont inclus au budget sous forme de montants fixes, de montants estimatifs ou de montants transférables. Un montant budgétaire estimatif peut être dépassé et le montant budgétaire transférable peut être reporté pour être utilisé après l'exercice, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Un montant budgétaire fixe et un montant budgétaire transférable ne peuvent être dépassés, et un montant budgétaire fixe ne peut être reporté, sauf si une loi l'autorise. Un montant budgétaire ne peut être transféré d'un poste du budget à un autre, sauf si un tel transfert est autorisé par le budget. Une loi peut néanmoins autoriser le transfert du montant budgétaire sur un poste étroitement lié à sa finalité. Le budget peut donner un pouvoir, limité dans son montant et dans sa finalité, d'engager, durant l'exercice, des dépenses pour lesquelles les montants budgétaires nécessaires sont inscrits aux budgets des exercices suivants.
Article 86 - Rallonge budgétaire
Le Parlement est saisi du projet de rallonge budgétaire déposé par le gouvernement, s'il existe un besoin justifié de
modifier le budget.
Tout député peut déposer une motion budgétaire pour une modification du budget directement liée au projet de
rallonge budgétaire.
Article 87 - Fonds hors budget
Un fonds de l'État peut être laissé hors budget par une loi, si cela est rendu absolument nécessaire par l'exercice d'une fonction permanente de l'État. L'adoption d'un projet de texte de loi ayant pour objet de créer un fonds hors budget ou d'étendre considérablement un tel fonds ou sa finalité doit être prise au Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 88 - Créance légale des personnes privées sur l'État
Indépendamment du budget, chacun a le droit de recevoir de l'État ce qui lui revient légalement.
Article 89 - Adoption des conditions d'emploi du personnel de l'État
La commission parlementaire compétente adopte, au nom du Parlement, la convention collective relative aux conditions d'emploi du personnel de l'État, dans la mesure où elle nécessite le consentement du Parlement.
Article 90 - Contrôle et inspection des finances de l'État
Le Parlement veille à la gestion des finances de l'État et à l'observation du budget de l'État. À cet effet, le Parlement élit en son sein les contrôleurs des comptes de l'État. Un organe indépendant lié au Parlement, l'Inspection des finances de l'État, procède à l'inspection de la gestion des finances de l'État et de l'observation du budget. Les dispositions plus précises relatives au statut et aux fonctions del'Inspection des finances de l'État sont fixées dans une loi. Les contrôleurs des comptes de l'État et l'Inspection des finances de l'État ont le droit de recevoir des autorités et des instances qui sont sujettes à leur contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Article 91 - La Banque de Finlande
La Banque de Finlande agit sous la garantie et la surveillance du Parlement, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Afin de superviser les activités de la Banque de Finlande, le Parlement élit les membres du Conseil parlementaire de la Banque. La commission compétente du Parlement et les membres du Conseil parlementaire de la Banque de Finlande ont le droit de recevoir les informations nécessaires à la supervision de la Banque de Finlande.
Article 92 - Biens de l'État
Le pouvoir et la procédure relative à l'usage du droit de l'actionnaire public dans les sociétés contrôlées par l'État sont fixés dans une loi. De même, une loi établit dans quelles conditions le consentement du Parlement est requis pour l'acquisition ou la cession du contrôle de l'État dans une société. Les biens immeubles de l'État ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du Parlement ou conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Chapitre VIII - Relations internationales
Article 93 - Pouvoirs en matière d'affaires internationales
Le Président de la République, en collaboration avec le gouvernement, dirige la politique étrangère de la Finlande.
Le Parlement approuve néanmoins les obligations internationales et leur dénonciation, et décide de la mise en
application des obligations internationales en tant que prévu par la présente Constitution. Le Président de la
République décide de la paix et de la guerre avec le consentement du Parlement.
Le gouvernement est chargé de la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union européenne,
et décide des mesures prises par la Finlande qui y sont liées, sauf si une telle décision nécessite le consentement du
Parlement. Le Parlement participe à la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union
européenne, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
La communication à d'autres États et organisations internationales des prises de position d'importance, en matière de
politique étrangère, est à la charge du ministre dont relève la politique étrangère.
Article 94 - Approbation des obligations internationales et de leur résiliation
Le Parlement approuve les traités et autres obligations internationales qui renferment des dispositions qui relèvent
du domaine législatif ou qui, à quelque titre, sont de grande importance ou qui, en vertu de la Constitution,
nécessitent pour d'autres raisons le consentement du Parlement. Le consentement du Parlement est également requis
pour la résiliation de telles obligations.
L'adoption des obligations internationales ou leur résiliation est approuvée à la majorité des voix. Un projet de texte,
relatif à l'approbation d'une obligation, ayant trait à la Constitution ou à la modification du territoire national doit
néanmoins être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une obligation internationale ne doit pas mettre en danger les fondements démocratiques du régime constitutionnel.
Article 95 - Mise en application des obligations internationales
Les dispositions d'ordre législatif d'un traité ou de toute autre obligation internationale sont mises en application par une loi. En ce qui concerne les autres dispositions, les obligations internationales sont mises en application par un décret pris par le Président de la République. Un projet de texte de loi relatif à la mise en application d'une obligation internationale est examiné conformément à la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. Néanmoins, tout projet de texte relatif à la Constitution ou à la modification du territoire national doit être approuvé par le Parlement par une décision de ne pas laisser le texte en suspens prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Une loi sur la mise en application d'obligations internationales peut prévoir que son entrée en vigueur soit fixée par décret. Les dispositions générales relatives à la publication des traités et autres obligations internationales sont fixées dans une loi.
Article 96 - Participation du Parlement à la préparation au niveau national des dossiers de l'Union européenne
Le Parlement examine les projets de textes relatifs aux actes, traités ou autres mesures qui sont décidés au sein de l'Union européenne, et qui autrement, en vertu de la Constitution, relèveraient de la compétence du Parlement. Le gouvernement transmet sans délai au Parlement, après qu'il en a eu connaissance, tout projet de texte visé au premier alinéa, sous forme de lettre du gouvernement, afin de permettre au Parlement de définir sa position. Ce projet de texte est examiné au sein de la Grande commission et, en général, au sein d'une ou de plusieurs autres commissions, qui remettent un avis à la Grande commission. Un projet de texte relatif à la politique étrangère et de sécurité est néanmoins examiné au sein de la commission des Affaires étrangères. La Grande commission ou la commission des Affaires étrangères peuvent, le cas échéant, remettre un avis au gouvernement sur le projet de texte. La conférence des présidents peut décider d'inscrire un tel dossier à l'ordre du jour, pour débat en séance plénière ; le Parlement ne prend néanmoins pas de décision sur le dossier en question. Le gouvernement informe les commissions compétentes du déroulement de l'examen d'un dossier au sein de l'Union européenne. La Grande commission ou la commission des Affaires étrangères doivent également recevoir communication de la position du gouvernement sur ce dossier.
Article 97 - Droit du Parlement d'être informé en matière d'affaires internationales
La commission des Affaires étrangères du Parlement doit obtenir du gouvernement, sur demande de sa part ou autrement si nécessaire, un compte rendu sur les questions relatives à la politique étrangère et de sécurité. La Grande commission doit de même obtenir un compte rendu sur la préparation des autres questions au sein de l'Union européenne. La conférence des présidents peut décider d'inscrire le compte rendu à l'ordre du jour pour débat en séance plénière ; le Parlement ne prend néanmoins pas de décision en la matière. Le Premier ministre informe le Parlement ou ses commissions antérieurement aux réunions du Conseil européen et, sans délai, postérieurement à ces réunions, sur les questions examinées lors de ces réunions. La même procédure doit être appliquée à la préparation des modifications aux traités sur lesquels se fonde l'Union européenne. La commission compétente du Parlement peut donner un avis au gouvernement sur la base des comptes rendus ou informations visés ci-dessus.
Chapitre IX - Fonction judiciaire
Article 98 - Juridictions
Les juridictions judiciaires générales sont la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
Les juridictions administratives générales sont la Cour administrative suprême et les tribunaux administratifs
régionaux.
Les questions relatives aux juridictions spéciales compétentes dans des domaines spécifiques sont prévues par une
loi.
L'institution de juridictions d'exception est interdite.
Article 99 - Attributions de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême
La plus haute instance judiciaire en matière civile et pénale est la Cour suprême et, en matière administrative, la
Cour administrative suprême.
La Cour suprême et la Cour administrative suprême veillent à l'administration de la justice dans leur domaine de
compétence. Elles peuvent soumettre au gouvernement des propositions de prise de mesures en matière législative.
Article 100 - Composition de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême
La Cour suprême et la Cour administrative suprême se composent d'un président et du nombre nécessaire d'autres
membres.
Le quorum de chacune de ces cours suprêmes est de cinq membres, sous réserve d'un nombre différent prévu par
une loi.
Article 101 - Haute Cour de justice
La Haute Cour de justice examine toute accusation portée contre un membre du gouvernement ou contre le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement ou un membre de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, pour illégalité dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour de justice examine également les accusations visées à l'article 113 de la présente Constitution. La Haute Cour de justice se compose du président de la Cour suprême, qui assume la présidence, et de membres qui sont le président de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours d'appel ayant le plus d'ancienneté dans leur fonction, et cinq membres désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans. Les dispositions relatives à la composition, au quorum et aux activités de la Haute Cour de justice sont fixées dans une loi.
Article 102 - Nomination des juges
Le Président de la République nomme les juges titulaires, conformément à la procédure prévue par la loi. La nomination des autres juges est réglée par la loi.
Article 103 - Irrévocabilité des juges
Un juge ne peut être révoqué autrement que par décision judiciaire. De plus, un juge ne peut être transféré à un autre
poste sans son consentement, sauf si le transfert résulte d'une réorganisation de l'organisation judiciaire.
L'obligation de se démettre de ses fonctions à un âge défini ou à la suite de la perte de sa capacité de travail est
réglée par la loi.
Les autres principes relatifs à la fonction de juge sont fixés séparément dans une loi.
Article 104 - Procureurs
Le procureur d'État, en tant que procureur hiérarchiquement le plus élevé, dirige le ministère public ; il est nommé par le Président de la République. Les dispositions relatives au ministère public sont fixées dans une loi.
Article 105 - Grâce et amnistie
Dans des cas particuliers, après avoir obtenu l'avis de la Cour suprême, le Président de la République peut accorder
une grâce pour tout ou partie d'une peine de justice ou de quelque autre sanction pénale.
L'amnistie doit être prévue par une loi.
Chapitre X - Contrôle de la légalité
Article 106 - Primauté de la Constitution
Toute juridiction est tenue d'accorder la primauté à la Constitution, si l'application d'une disposition d'une loi au cas soumis à son examen est en évidente contradiction avec la Constitution.
Article 107 - Subordination à la loi des normes de niveau inférieur
Aucune disposition d'un décret ou d'une norme de niveau inférieur à la loi, qui est en contradiction avec la Constitution ou quelque autre loi, ne peut être appliquée par un tribunal ou une autre autorité.
Article 108 - Fonctions du chancelier de la Justice du gouvernement
Le chancelier de la Justice est chargé de veiller à la légalité des actes du gouvernement et du Président de la République dans l'exercice de leurs fonctions. Le chancelier de la Justice doit également veiller à ce que les juridictions et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires, employés du secteur public et autres personnes exerçant une fonction publique respectent la loi et remplissent leurs obligations. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le chancelier de la Justice veille au respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme. Si le Président de la République, le gouvernement ou un ministère en font la demande, le chancelier de la Justice est tenu de leur remettre des informations et des avis sur des questions juridiques. Le chancelier de la Justice remet chaque année au Parlement et au gouvernement un rapport sur les actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions et sur ses observations concernant le respect de la loi.
Article 109 - Fonctions du médiateur du Parlement
Le médiateur du Parlement doit veiller à ce que les juridictions et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires,
employés du secteur public et autres personnes exerçant des fonctions publiques respectent la loi et remplissent leurs
obligations. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le médiateur veille au respect des droits fondamentaux et
des droits de l'homme.
Le médiateur remet chaque année au Parlement un rapport sur ses activités, ainsi que sur l'état de la justice et sur les
défauts constatés dans la législation.
Article 110 - Droit de mise en accusation accordé au chancelier de la Justice et au médiateur du Parlement, et partage des pouvoirs entre eux
La décision de mettre en accusation un juge pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions appartient au chancelier de la Justice ou au médiateur du Parlement. Chacun d'eux peut également poursuivre une accusation ou décider une mise en accusation dans une autre affaire, dans le cadre du contrôle de la légalité qu'ils exercent. Le partage des pouvoirs entre le chancelier de la Justice et le médiateur du Parlement peut être prévu par une loi, sans que toutefois puisse être réduite la compétence de chacun d'eux en matière de contrôle de la légalité.
Article 111 - Droit du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement de recevoir des informations
Le chancelier de la Justice et le médiateur du Parlement ont le droit de recevoir des autorités et d'autres personnes exerçant une fonction publique toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de la légalité. Le chancelier de la Justice est tenu d'assister aux réunions du gouvernement et d'être présent lors de la présentation des dossiers au Président de la République en séance du gouvernement. Le médiateur du Parlement a le droit d'être présent à ces réunions et lors de ces présentations.
Article 112 - Contrôle de la légalité des actes du gouvernement et du Président de la République dans l'exercice de leurs fonctions
Si le chancelier de la Justice constate que la légalité d'une décision ou d'une mesure du gouvernement, d'un ministre ou du Président de la République donne lieu à une remarque, celle-ci doit être motivée. S'il n'est pas tenu compte de cette remarque, le chancelier de la Justice fait inscrire son opinion au procès-verbal du conseil des ministres et, le cas échéant, doit entreprendre d'autres mesures. Le médiateur du Parlement a également le droit, similaire à celui du chancelier de la Justice, de faire une remarque et d'entreprendre d'autres mesures. Dans le cas où une décision du Président de la République serait illégale, le gouvernement doit, après avoir obtenu l'avis du chancelier de la Justice, informer du fait que la décision ne peut être exécutée et proposer au Président de la République de modifier ou de retirer ladite décision.
Article 113 - Responsabilité pénale du Président de la République
Si le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement ou le gouvernement considèrent que le Président de la République s'est rendu coupable de haute trahison ou de crime contre l'humanité, ils doivent en informer le Parlement. Dans le cas où le Parlement, à la majorité des trois quarts des voix exprimées, décide de mettre le Président de la République en accusation, le procureur d'État doit poursuivre l'accusation devant la Haute Cour de justice et le Président de la République doit, dans l'intervalle, s'abstenir d'exercer ses fonctions. Sauf les cas prévus ci-dessus, le Président de la République ne peut être mis en accusation pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Article 114 - Mise en accusation d'un ministre
L'examen de l'accusation d'un membre du gouvernement pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions est soumis à la Haute Cour de justice, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
La décision de mise en accusation est prise par le Parlement, après avoir obtenu l'opinion de la commission
constitutionnelle sur l'illégalité de la conduite du membre du gouvernement. La possibilité de fournir une explication
doit être réservée au membre du gouvernement avant que le Parlement ne prenne la décision de mise en accusation.
Tous les membres de la commission constitutionnelle doivent être présents lors de l'examen de la question.
Le procureur d'État poursuit l'accusation d'un membre du gouvernement.
Article 115 - Engagement de la responsabilité d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions
La procédure d'examen de la légalité des actes d'un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, au
sein de la commission constitutionnelle, peut être engagée par :
le dépôt d'une notification du chancelier de la Justice ou du médiateur du Parlement auprès de la commission
constitutionnelle ;
une remarque signée par dix députés au moins ; et
une demande d'examen déposée auprès de la commission constitutionnelle par une autre commission du Parlement.
La commission constitutionnelle peut également, sur sa propre initiative, entreprendre l'examen de la légalité des
actes d'un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions.
Article 116 - Conditions de la mise en accusation d'un ministre
La décision de mise en accusation d'un membre du gouvernement peut être prise si celui-ci a, volontairement ou du fait d'une négligence grave, contrevenu d'une façon essentielle à ses obligations ministérielles ou autrement agi dans l'exercice de ses fonctions d'une façon manifestement illégale.
Article 117 - Responsabilité du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions
Les dispositions des articles 114 et 115 de la présente Constitution relatives aux membres du gouvernement s'appliquent à l'examen de la légalité des actes du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions, à toute mise en accusation de ceux-ci pour conduite illégale dans l'exercice de leurs fonctions et à l'examen d'une telle accusation.
Article 118 - Responsabilité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
Tout fonctionnaire est responsable de la légalité des actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions. Il est également responsable des décisions d'un organe collégial qu'il a soutenues en sa qualité de membre de cet organe. Le rapporteur est responsable des décisions arrêtées sur la base de son rapport, sauf s'il a fait inscrire son avis divergent sur ladite décision. Toute personne qui a subi une atteinte à ses droits ou un préjudice par suite d'une mesure illégale ou d'une négligence d'un fonctionnaire ou d'une autre personne exerçant une fonction publique est en droit de demander que celui-ci soit condamné à une peine et de demander des dommages et intérêts à une personne publique, au fonctionnaire lui-même ou à toute autre personne exerçant une fonction publique, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. Le droit de mise en accusation prévu ci-dessus ne peut cependant pas être exercé dans le cas où, en vertu de la Constitution, l'examen de l'accusation doit être porté devant la Haute Cour de justice.
Chapitre XI - Administration et autonomie
Article 119 - Administration de l'État
En plus du gouvernement et des ministères, l'administration centrale de l'État peut comprendre des directions nationales, des offices nationaux et d'autres organes administratifs. L'administration de l'État peut également comprendre des autorités régionales ou locales. Les dispositions spécifiques sur les administrations subordonnées au Parlement sont fixées dans une loi. Les principes généraux relatifs aux organes de l'administration de l'État sont fixés dans une loi, si l'exercice du pouvoir public fait partie de leurs attributions. Les principes relatifs à l'administration régionale et locale de l'Étatsont également fixés dans une loi. Les autres dispositions relatives aux sections de l'administration de l'État peuvent être fixées par décret.
Article 120 - Statut spécial de la Province d'Åland
La Province d'Åland dispose de l'autonomie, conformément aux dispositions spécifiques de la loi sur l'autonomie d'Åland.
Article 121 - Autonomie communale et autre autonomie régionale
La Finlande est divisée en communes ; l'administration de celles-ci doit être fondée sur l'autonomie de leurs
habitants.
Les principes généraux de l'administration communale et les fonctions attribuées aux communes sont fixés dans une
loi.
Les communes ont le droit de percevoir des impôts. Les principes relatifs à l'assujettissement à l'impôt et à l'assiette de l'impôt ainsi que la sécurité juridique des contribuables sont fixés dans une loi. L'autonomie des subdivisions administratives plus grandes que les communes est réglée par une loi. Il est accordé aux Sami une autonomie relative à leur propre langue et à leur propre culture sur leur territoire, conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Article 122 - Divisions administratives
Dans le cadre de l'organisation de l'administration, l'objectif est de parvenir à des divisions régionales compatibles
entre elles, permettant de garantir aux populations de langue finnoise et de langue suédoise la possibilité d'obtenir
des services dans leur propre langue en vertu de principes identiques.
Les principes relatifs aux divisions municipales sont fixés dans une loi.
Article 123 - Universités et autres établissements d'enseignement
Les universités jouissent de l'autonomie, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
Les principes relatifs à tout autre enseignement organisé par l'État et par les communes ainsi que le droit d'organiser
un enseignement similaire dans des établissements privés sont fixés dans une loi.
Article 124 - Délégation des fonctions administratives à d'autres instances qu'aux autorités
Des fonctions administratives publiques ne peuvent être déléguées à d'autres instances que les autorités que par une loi ou en vertu d'une loi, si une telle délégation est rendue nécessaire pour une exécution appropriée de ces fonctions et si cela ne met pas en danger les droits fondamentaux, la sécurité juridique ou d'autres exigences de bonne administration. Des fonctions comprenant une part importante d'exercice du pouvoir public ne peuvent néanmoins être déléguées qu'aux autorités.
Article 125 - Qualifications requises et conditions à la nomination à la fonction publique
Une loi peut prévoir que seul un citoyen finlandais peut être nommé à une fonction ou à un poste public défini. Aptitudes, capacités et civisme éprouvé constituent les conditions générales à la nomination à une fonction publique.
Article 126 - Nomination aux fonctions de l'État
Le Président de la République nomme les secrétaires généraux des ministères, le secrétaire général et les rapporteurs du Cabinet du Président de la République, ainsi que les chefs des représentations à l'étranger. Le Président de la République nomme et affecte également les autres fonctionnaires dont la nomination ou l'affectation fait partie des fonctions du Président de la République en vertu de la présente Constitution ou d'une loi. Le gouvernement nomme aux fonctions de l'État les personnes pour lesquelles la nomination n'est pas réservée à la compétence du Président de la République, d'un ministère ou d'une autre autorité.
Chapitre XII - Défense nationale
Article 127 - Obligation de défense nationale
Tout citoyen finlandais est tenu de participer à la défense de la patrie ou d'y contribuer, conformément à des
dispositions fixées dans une loi.
Le droit d'être dispensé de participer à la défense armée du pays en raison de ses convictions est fixé dans une loi.
Article 128 - Commandement suprême des forces de défense
Le commandement suprême des forces de défense appartient au Président de la République. Sur proposition du
gouvernement, le Président de la République peut transférer le commandement suprême à un autre citoyen
finlandais.
Les officiers sont nommés par le Président de la République.
Article 129 - Mobilisation des forces de défense
La mobilisation des forces de défense est ordonnée par le Président de la République sur proposition du gouvernement. Si le Parlement ne siège pas à ce moment, il doit être convoqué immédiatement.
Chapitre XIII - Dispositions finales
Article 130 - Entrée en vigueur
La présente Constitution entre en vigueur le 1er mars 2000.
Les dispositions nécessaires à la mise en application de la Constitution sont adoptées dans une loi séparée.
Article 131 - Lois constitutionnelles abrogées
Par la présente Constitution sont abrogées :
la Loi constitutionnelle du 17 juillet 1919 dite « Forme de gouvernement de la Finlande » ;
la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parlementaire du 13 janvier 1928 ;
la Loi sur la Haute Cour de justice (273/1922), du 25 novembre 1922 ; et
la Loi sur le droit du Parlement de vérifier la légalité des actes des membres du gouvernement et du chancelier de la
Justice ainsi que du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions (274/1922), du 25 novembre 1922.