Мексика

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ACTOR: ****** ****** ****** *******

AUTORIDAD DEMANDADA:

SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE: 1367/08-EPI-01-4

México, Distrito Federal, a trece de octubre de dos mil nueve .- Estando debidamente integrada la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por las Magistradas CC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala e Instructora en el presente juicio, MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO y MARÍA TERESA OLMOS JASSO, en sesión de esta misma fecha, ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada DENISSE JUÁREZ HERRERA, quien autoriza y da fe; encontrándose integrado el expediente, se procede a dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 35 de la Ley Orgánica de este Tribunal vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, en los siguientes términos:

R E S U L T A N D O

1º.- PRESENTACIÓN DE DEMANDA.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, el día 13 de marzo de 2008, compareció la C. ****** ****** ****** *******, por propio derecho, a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio ***** de fecha 30 de noviembre de 2007, dictada dentro del expediente administrativo P.C. 111/2007(C-46)1120, por la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la cual se negó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ****** ******** ******* *******

2º.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.- Por auto de fecha 24 de marzo de 2008, dictado por la Cuarta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, quien originalmente tocó conocer del presente asunto bajo el número de juicio 7395/08-17-04-7, se admitió a trámite la demanda de nulidad presentada, ordenándose correr traslado con copia de la misma y sus anexos a la autoridad demandada y al tercero interesado **** ******* **** ** ****, para que formulara su contestación a la demanda y se apersonara en juicio, respectivamente. Asimismo, se requirió a la autoridad demandada para que, a más tardar al contestar la demanda, exhibiera el expediente administrativo del cual derivó la resolución impugnada, bajo el apercibimiento de ley.

3º.- RADICACIÓN DEL JUICIO A LA SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- En atención a lo previsto por los Acuerdos G/17/2008, G/59/2008, G/JGA/72/2008 y Anexo y G/JGA/73/2008, emitidos por el Pleno de la Sala Superior y por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 marzo, 3, 12 y 22 de diciembre de 2008, mediante acuerdo de 13 de febrero de 2009, esta Sala en Materia de Propiedad Intelectual aceptó competencia por razón de materia para conocer del presente juicio, mismo que quedó radicado con el número 1367/08-EPI-01-4.

4º.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y NEGATIVA A LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN.- Mediante oficio número JNTF.2008.2808 recibido el 16 de junio de 2008, la autoridad demandada formuló oportunamente su contestación a la demanda, solicitando el ejercicio de la facultad de atracción por parte del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, controvirtiendo los agravios propuestos por la parte actora, ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes y exhibiendo el expediente administrativo requerido. La contestación anterior fue acordada mediante proveído de fecha 16 de febrero de 2009, en el que se tuvo por cumplimentado el requerimiento hecho a la demandada mediante auto de fecha 24 de marzo de 2008, toda vez que exhibió las constancias del expediente administrativo que dio origen a la resolución impugnada, y acordándose no ha lugar a dar trámite a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Sala Superior de este Tribunal, en virtud de que mediante oficio número 10-34-2009, el Presidente de este órgano jurisdiccional ha informado que a la fecha ya se atrajo un número representativo de juicios sobre la materia que versa el asunto, suficientes para establecer el criterio a seguir.

5º.- NO APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO.- En el proveído de fecha 16 de febrero de 2009, se tuvo por no apersonado el tercero interesado **** ******* **** ** ****, toda vez que cumplió en forma mas no en tiempo, el emplazamiento dictado en el acuerdo de 24 de marzo de 2008, en virtud de que excedió en la presentación de su escrito de 23 de junio de 2008, el plazo que concede el artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

6º.- TÉRMINO DE ALEGATOS.- En el mismo auto de 16 de febrero de 2009 y al no existir cuestión pendiente por desahogar, se otorgó a las partes término para formular alegatos, sin que ninguna de las partes hubiera ejercido este derecho.

7º.- CIERRE DE INSTRUCCIÓN.- Mediante acuerdo de 12 de octubre de 2009, se declaró cerrada la instrucción en el presente juicio.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- COMPETENCIA POR MATERIA Y POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL ASUNTO.- Esta Sala es competente para resolver el presente juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 07 de diciembre de 2007, al tratarse de una resolución que pone fin a un procedimiento administrativo, y 24 Bis del Reglamento Interior de este Tribunal, adicionado a dicho Reglamento mediante acuerdo G/17/2008, emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2008, siendo competente esta Sala por tratarse de la materia en Propiedad Intelectual y por tener competencia en todo el territorio nacional.

SEGUNDO.- EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La existencia de la resolución impugnada, en el juicio en que se actúa, quedó acreditada en autos, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con la exhibición que de la misma realizan la parte actora y la autoridad demandada, así como por el reconocimiento expreso que hace la autoridad en su contestación a la demanda, en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

TERCERO.- ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, POR INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PARA ACREDITAR EL USO DE LA MARCA CUYA CADUCIDAD SE SOLICITÓ.- De conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede al estudio del ÚNICO concepto de impugnación vertido por la actora en su demanda, en el cual hace valer, substancialmente, los siguientes argumentos de agravio:

• Que la resolución impugnada resulta ilegal, ya que la hoy autoridad demandada ha realizado una incorrecta interpretación de los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, que lo llevó a declarar la negativa de caducidad de la marca registrada ****** ******** ****** * ******, toda vez que las pruebas con las que la entonces demandada pretendió demostrar que dicha marca había venido usándose ininterrumpidamente durante los tres años previos a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, carecen de valor probatorio al no reunir los requisitos señalados en las disposiciones legales correspondientes y en consecuencia, no logran acreditar el uso ininterrumpido señalado anteriormente, situación que conforme al artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial debe dar lugar a la caducidad del registro marcario.

   

• Que en este sentido, en el escrito de fecha 8 de mayo de 2007, respecto a la impugnación de las pruebas presentadas por el tercero interesado, la hoy actora hizo valer argumentos y manifestaciones en torno a dichas pruebas, siendo que la autoridad demandada indebidamente les asignó valor probatorio desvirtuando los argumentos expuestos por la accionante, y que como podrá observarse de la resolución impugnada, la autoridad realizó una incorrecta interpretación del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el cual se basó para valorar las pruebas marcadas con los numerales 4 a 24 ofrecidas por la entonces demandada, ya que cabe señalar que a pesar de que el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que “se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o el licenciatario” , no específica cuál es el valor que el juzgador deberá de conceder a las mismas, por lo que debe atenderse a lo señalado por los criterios jurisprudenciales que se han pronunciado al respecto y que señalan que las facturas por sí solas, sin ser relacionadas con otro medio probatorio o de convicción, resultan insuficientes para demostrar el uso de una marca, y en tal virtud, si las facturas no fueron relacionadas con otro medio de convicción, las mismas carecen de valor probatorio, situación que se traduce en que **** ******* **** ** **** no acreditó un uso ininterrumpido durante los tres años previos a la solicitud de declaración administrativa de caducidad y por ende, la demandada no debió haber negado la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ****** ******** ******* *******.

   

  Que en este aspecto, la hoy autoridad demandada también manifestó que no era procedente la objeción formulada a las pruebas marcadas bajo los numerales 4 a 24 del escrito de fecha 8 de mayo de 2007, toda vez que no se fundamentó la objeción, siendo que esto es ilegal, por los argumentos vertidos por la autoridad demandada para aceptar como válidas las pruebas ofrecidas por la entonces parte demandada, pues carecen de todo fundamento jurídico y de facto y dichas probanzas han sido valoradas en contravención a las leyes aplicables, de lo que se advierte que la demandada emite sus resoluciones sin el más elemental grado de congruencia, por lo que resulta del todo aplicable lo establecido en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

   

• Que en relación con las objeciones manifestadas en el escrito de fecha 8 de mayo de 2007, respecto a la valoración de las pruebas marcadas bajo los numerales 1, 2, 3 y 25 ofrecidas por la entonces parte demandada, la autoridad de nueva cuenta realiza una incorrecta interpretación y aplicación de los preceptos legales invocados, toda vez que si bien el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles indica que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad que los emite, también lo es que para que hagan prueba dichos documentos públicos deben contener hechos legalmente afirmados por la autoridad que los emite, lo cual no se actualiza en el caso concreto, ya que los hechos contenidos en los documentos supuestamente públicos ofrecidos como pruebas bajos los numerales 1, 2, 3 y 25 no están revestidos de legalidad, ya que los mismos carecen de elementos de validez y por lo tanto, están viciados de nulidad, tal como se probó y fundamentó plenamente en el escrito de fecha 8 de mayo de 2007 de conformidad con los artículos 108, fracciones VI y VII, 55 y 57, fracción XIII, de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo.

   

• Y que en relación con la valoración de la prueba ofrecida bajo el numeral 26 por la entonces demandada, la autoridad en flagrante violación de los preceptos legales aplicables, pretende valorar la prueba señalada consistente en tres fotografías, de conformidad con su prudente arbitrio y no con apego al artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable al caso concreto, y que dicha valoración carece de los más elementales principios de legalidad y seguridad jurídica, al no establecer fundamento legal alguno que sustente la facultad de esta autoridad para dar un valor probatorio a su prudente arbitrio.

   

  La autoridad demandada, a través de su contestación, señaló que las alegaciones de la parte actora son del todo inoperantes, porque por una parte, la autoridad en la resolución impugnada se pronunció oportunamente, expresando en cada caso, las razones por las cuales los argumentos de la actora no favorecían su pretensión, siendo que la actora no expresa algún argumento directo para impugnarlas en concreto, pues se limita a reiterar lo que ya había hecho valer en la instancia administrativa.

   

  Que en todo caso, las alegaciones de la actora son del todo infundadas, en principio, porque los documentos públicos hacen prueba plena y, en todo caso, es ineludible que esa “nulidad” en todo caso, debe ser decretada por la autoridad judicial, como lo corrobora el contenido del artículo 106 de la Ley del Notariado del Estadio de Michoacán, por lo tanto, mientras no exista una declaración de nulidad por parte de la autoridad judicial, no cabe tener por desacreditado un instrumento notarial.

   

  Que por otra parte, los documentos aportados no eran facturas, por ello, no se podía exigir ninguno de los requisitos a que la actora aludió, aunado a que de la resolución impugnada se podrá advertir que se valoraron tales probanzas en su carácter de documentos privados, y si bien la actora señala que objetó tales documentos, pasa por alto que la objeción no puede hacerse en cuanto al “alcance y valor probatorio” de los elementos de convicción, tal como lo señaló la enjuiciada, ya que ello no constituye una verdadera objeción, y en consecuencia, si el accionante consideraba que la autoridad no podía otorgarle a los citados documentos, ningún valor probatorio, ello sólo podía haber sucedido para el caso de que éstos se objetaran en cuanto a su autenticidad, acreditando desde luego esa objeción con las pruebas pertinentes; y ello es así, porque aunque la parte actora alega que objetó las pruebas “en cuanto a su valor probatorio”, es de explorado derecho que las pruebas no pueden ser objetadas de ese modo, ya que la valoración es una función del juzgador, es decir, las objeciones de un documento sólo pueden referirse a su autenticidad y además, éstas deben ser demostradas; siendo que en el oficio impugnado se puede observar que la autoridad señaló expresamente que las pruebas aportadas al procedimiento fueron objetadas, sin embargo, determinó que tales objeciones resultaban improcedentes, porque sólo se hicieron “en cuanto a su alcance y valor probatorio” y no estaban soportadas en algún elemento de prueba que les restara la eficacia.

   

  Y que en cuanto a las fotografías aportadas por el hoy tercero interesado, si bien se estableció en la resolución impugnada que éstas carecían de certificación, también se señaló oportunamente que las mismas se valoraron conforme a un prudente arbitrio, tal como lo permite la ley, con lo que se observa que la autoridad valoró debidamente las pruebas, ya que fundamentalmente se creo convicción en ellas, como consecuencia de las documentales públicas, a través de las cuales se demostró plenamente el uso de la marca objeto de la controversia; reforzando esa convicción con los documentos privados y las fotografías que se aportaron por parte del titular del registro cuya caducidad se demandó.

   

  El tercero interesado **** ******* **** ** **** , tal como se hizo constar en el Resultando 5º de este fallo, pretendió apersonarse en el juicio, no obstante, al haberlo efectuado de forma extemporánea, se le tuvo por no apersonado, y en consecuencia, no es procedente el estudio de los argumentos que hizo valer en dicho escrito .

  Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes, esta Sala estima infundados por insuficientes los argumentos de agravio hechos valer por la actora, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen:

  En principio, es oportuno precisar que la litis a dilucidar en el presente juicio, consiste en determinar la legalidad de la resolución impugnada contenida en el oficio con número de folio ***** de fecha 30 de noviembre de 2007, a través de la cual se negó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ****** ******** ******* ******* , determinando para ello, si las pruebas aportadas por el demandado en la instancia administrativa, hoy tercero interesado, resultan suficientes o no, para acreditar el uso de la marca antes referida, de conformidad con lo previsto por los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial , y considerando los argumentos expuestos por la hoy demandante en la instancia administrativa, que reitera en esta vía.

   

  Precisado lo anterior, conviene realizar una breve síntesis de los argumentos expuestos por la demandada en la resolución impugnada, misma que obra en autos a fojas 36 a 62, 215 a 241 de los mismos, y que se valora de conformidad con el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de conocer los términos en que la autoridad emitió tal determinación:

   

  En dicha resolución, la Subdirectora de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determinó negar la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ****** ******** ****** * ******, solicitado por la hoy actora, en contra de su titular **** ******* **** ** ****, pues ésta última, de conformidad con los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial , acreditó el uso de la marca ahí contenida, en los tres años anteriores a la fecha de la solicitud de la caducidad marcaria (2007); siendo que lo anterior lo acreditó mediante las probanzas que aportó en el procedimiento de origen, mismas que fueron valoradas de la siguiente forma:

   

  - Las documentales ofrecidas con los numerales 1 a 3 y 25, en el escrito de contestación del hoy tercero interesado, a la solicitud de caducidad, consistentes en copias certificadas de las fe de hechos levantadas los días 26 de abril de 2004, 2 de junio de 2005, 28 de diciembre de 2006 y 30 de marzo de 2007 , por el Licenciado M. Alfredo Palomares Estrada, valoradas por la autoridad, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de donde la demandada advirtió que en la Ciudad de Morelia, Michoacán, ante el Notario Público 105, comparecieron los C.C. ****** ****** *** ***** ***** (en el caso del acta de 26 de abril de 2004) y ********* ****** *** ***** ******** (en el caso de las demás actas), en sus carácteres de Presidente del Consejo de Administración de la empresa *************** * ********* ***** **** ** **** y como Administrador Único de **** ******* **** ** ****, respectivamente, con el fin de acreditar el uso del signo ******** ****** * ******, a que se refiere el registro ******, desglosándose que en el establecimiento ubicado en ****** ** ******* ****** ***** ******* ***** ****** ** ******** *********, hay un edificio o establecimiento comercial en donde se prestan, entre otros, los servicios consistentes en: ******** **************** ** ********* ************* (********)* ******** ******** * ********************* *********** ************ ************* ******** *********** * ** ******** *** ********* *************** **** ********** * ************ ******* **** ** ***** ****** , el cual se encuentra funcionando y abierto al público y en el que se puede observar en diversos lugares, tanto en la fachada como en los interiores de dicho inmueble el signo distintivo ******** ****** * ******, tal como fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la indicación expresa MR (marca registrada).

   

  En este aspecto, señaló la autoridad que en cuanto a la fe de hechos levantada el 26 de abril de 2004, ésta no le favorece a la demandada en el procedimiento de origen (hoy tercero interesado, ya que en el año de 2004, fecha en que fue expedida dicha fe de hechos, aun no era titular de la marca en contienda, la empresa **** ******* **** ** ***** parte demandada en el procedimiento de origen. Y que en cuanto a la fe de hechos levantada el 30 de marzo de 2007, la misma no le favorece a la demandada (hoy tercero interesado), toda vez que fue expedida en fecha posterior a la fecha en que fue presentada la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca ******** ****** Y DISEÑO.

   

  - Las pruebas documentales privadas ofrecidas por la demandada, hoy tercero interesado, en su escrito de contestación a la solicitud de caducidad, bajo los numerales 4 a 24, consistentes en los originales de diversas notas de mostrador expedidas por la sociedad **** ******* **** ** ****, titular del registro marcario ******** ******Y DISEÑO, relacionadas con la prestación de diversos servicios ******* a favor de diversos clientes, correspondientes al periodo que abarca de junio de 2005 a marzo de 2007, mismas que la autoridad valoró conforme a lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues de éstas desprendió el importe por la prestación de diversos servicios médicos al amparo de la marca ******** ******* en el periodo comprendido entre el1° de junio de 2005 hasta el 3 de marzo de 2007 , mismas de donde pudo observar que la marca ******** ****** ha sido utilizada por su actual titular para la prestación de servicios para los cuales fue otorgada y cuya transmisión se encuentra inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. No obstante, desestimó las notas de mostrador de fechas 1° de febrero al 3 de marzo de 2007, ya que éstas no le benefician a la parte demandada (hoy tercero interesado), toda vez fueron expedidas en fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca relativa .

  - Las pruebas ofrecidas bajo el numeral 26 del escrito de contestación a la solicitud de caducidad, misma que la autoridad valoró en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consistentes en 3 fotografías, en las cuales manifestó que se aprecia, en una de ellas, que es la recepción de un establecimiento en el cual se observa la denominación ******** ******* en otra de ellas se aprecia una señorita manipulando una máquina, quien lleva una **** ****** , la cual tiene impresa la leyenda ******** ****** y en la ultima de ellas, se puede observar un cartelón de promoción en el cual se lee lo siguiente: ********* ******* **** ************ ***** ** ** ****** ********* ** ************ * ******** , 17, 18 y 19 de junio, 10:00 a 18:00 hrs., GRATIS.

   

  Que de conformidad con lo anterior, la demandada consideró que el hoy tercero interesado acreditó el uso de su marca ****** ******** ****** * ******; sin que obstaran las manifestaciones de la solicitante de la caducidad en dicho procedimiento (hoy actora) en relación con dichas probanzas, ya que en cuanto a las notas de mostrador ofrecidas, éstas no pueden ser consideradas como facturas, pues no reúnen los requisitos para tales efectos, sin embargo, al tratarse de documentales privadas de donde se desprendió el uso de la marca cuya caducidad se adujo, éstas generan pleno valor probatorio para la acreditación del uso de la marca en contienda, aunado a que la hoy actora no manifestó cuáles eran las causas por las que se les debía restar valor probatorio, pues únicamente se limitó a objetarlas en cuanto al alcance y valor probatorio, sin que dicha objeción pueda surtir efecto alguno; que en cuanto a las fe de hechos, la autoridad manifestó encontrarse impedida para dar contestación a los argumentos relativos sobre la validez de las actas que los contienen, y que por virtud de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad que los emite. Y que en cuanto a las fotografías ofrecidas, indicó que si bien es cierto que para que las fotografías constituyan prueba plena requieren tener la certificación correspondiente que acrediten el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, también es cierto que su valor probatorio puede quedar al prudente arbitrio de la autoridad, por lo que de una adminiculación de las pruebas ofrecidas, la autoridad generó convicción sobre el uso de la marca objeto del procedimiento de caducidad, pues de ellas se advirtió que la demandada en dicho procedimiento (hoy tercero interesado) había realizado los actos necesarios para prestar los servicios amparados con la marca ******** ******* por lo que concluyó que el uso de la marca, lo derivó por la adminiculación de pruebas y no por su valor aislado.

   

  Precisado lo anterior, resulta conveniente transcribir el contenido de los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial , que sirvieron de sustento a la autoridad, para negar la declaración de caducidad solicitada por la hoy actora, mismos que son de la siguiente redacción:

   

  “Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad , o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

   

  (…)

   

  Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

  (…)

  II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad , salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

   

  (…)”

   

  (Énfasis añadido)

  Los preceptos anteriores establecen en su conjunto, que si una marca no es usada por su titular o licenciatario durante tres años consecutivos, en los productos o servicios para los cuales fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que se acredite su uso durante dicho tiempo (3 años), mismo que debe ser inmediato anterior a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

   

  Ahora bien, la parte actora en su demanda se duele, esencialmente, de que la autoridad no valoró debidamente las probanzas ofrecidas por el hoy tercero interesado en el procedimiento de origen, para acreditar el uso de su marca ****** ******** ****** * ******, ya que, por una parte, las notas de compra fueron valoradas en términos del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin ser relacionadas con otro medio probatorio o de convicción, por lo que resultaban insuficientes para demostrar el uso de la marca, y en tal virtud, carecen de valor probatorio, y que en consecuencia, dichas probanzas han sido valoradas en contravención a las leyes aplicables, razón por la cual sí es procedente su objeción.

   

  Al respecto, el argumento de la actora en este aspecto, se considera infundado por insuficiente, atento a que, por una parte, es conveniente aclarar que las pruebas 4 a 24 ofrecidas por la hoy tercero interesada, a través de su escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad instaurada por la hoy actora, mismas que se encuentran visibles en los presentes autos, a fojas 140 a 160 de los mismos, consisten en “Notas de Mostrador”, expedidas por la empresa “******** ****** **** ** ***.”, a favor de diversos “pacientes”,ostentando el signo distintivo ************** * ******, que se observa constituye el registro marcario ****** (foja 139 de autos), de acuerdo con la siguiente descripción:

   

Ahora bien, el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece lo siguiente:

“Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.”

(Énfasis añadido)

De lo anterior se colige, que la Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento aplicable de forma directa a la materia que nos ocupa, reconoce como medio de prueba válido, a las documentales consistentes en facturas, las cuales, al ser documentales privadas, de conformidad con los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, quedan al prudente arbitrio de la autoridad; y si bien de autos se advierte que las documentales que en este apartado se analizan, se denominan “Notas de Mostrador”, lo cierto es que por su constitución y naturaleza, resultan notas de compra o consumo que pueden ser equiparadas a facturas, y que se proceden a valoran en este acto, en términos de los preceptos antes citados, al no haber sido desvirtuada en su autenticidad mediante los medios probatorios idóneos, esto a fin de dar respuesta efectiva a la pretensión de la enjuiciante.

De dichas notas, se advierten como datos relevantes, que la emisora de las mismas, en todos los casos, es la empresa **** ******* **** ** ****; que a través de dichas notas se hace constar la venta de diversos servicios *******, al amparo del signo “******** ******”, el cual se observa constituye el diseño y denominación del registro marcario ******, objeto de la declaratoria de caducidad que se solicita; y que la fecha de expedición de dichas notas (y por lo tanto, la presunción de la fecha de las ventas) abarca del 1o de junio de 2005 al 3 de marzo de 2007.

Luego, la titularidad del registro marcario cuya caducidad se controvierte, ****** ******** ****** * ******, tal como se advierte a fojas 139 y 285 de los autos en que se actúan, y como así lo reconocen las partes en su escrito de demanda y oficio de contestación, respectivamente, lo cual se valora en los mismos términos antes precisados, es a favor de la empresa **** ******* **** ** ****, quien obtuvo, en julio de 2006, la inscripción de la transmisión de derechos del registro de la marca en su carácter de mixta ******** ****** * ******, para amparar servicios ******* (********)* ***** ** ********* ************* (********)* ******** ******** (************) * ****** (***** *) (***********) (**********) *

De ahí que se colija que respecto a las notas ofrecidas por el tercero interesado en el procedimiento administrativo, éstas sí tienen valor probatorio suficiente para acreditar el uso de la marca ******** ****** * ****** de julio de 2006 a enero de 2007, periodos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la caducidad marcaria (enero de 2007), ya que a través de éstas se hizo constar la comercialización directa por parte de la empresa **** ******* **** ** ****, titular del registro ****** ******** ****** * ******, diversos servicios *******, tales como ********* ** ******** (********************* ********** ******** ********)* ********* ** ******** (****** ** ************ * ******** ************ ***** **** ******** ******** ** ******** ***** *****) * ********* ** ******** ******** * ****** (***** **** ******** ** ** ******* ***** ** ********); todos bajo la marca ******** ****** * ******, que se constituye por el signo que se contiene en el registro ******* que a continuación se reproduce:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

Sin que escape a la vista de esta juzgadora, que en cuanto a las notas de compra emitidas en el año de 2005 y parte del 2006 (antes de que fuera efectuada la transmisión de derechos del registro marcario a la hoy actora, en julio de 2006) y posterior a enero de 2007 (fecha en que se interpuso la solicitud de declaración administrativa de caducidad por la hoy actora); éstas no pueden considerarse para efectos de acreditar el uso de la marca frente a terceros, en los términos en que lo señalan los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, para efectos de acreditar el uso de la marca,obran las demás notas de compra desde juliode 2006 a enero de 2007, por lo cual es procedente otorgarle el valor probatorio en los términos antes señalados.

En este sentido, resulta inexacto lo afirmado por la hoy actora en el sentido de que dichas pruebas debían adminicularse con otros elementos de convicción para demostrar el uso de la marca cuya caducidad se decide, toda vez que se tratan de documentales privadas que por sí mismas no pueden adquirir valor probatorio pleno; ya que, por una parte, como más adelante se estudiará, dichas documentales fueron adminiculadas por la autoridad administrativa, con los demás elementos de prueba que exhibió el hoy tercero interesado en la instancia administrativa, por lo que, contrario a su dicho, no se analizaron de manera aislada; por otra parte, si bien dichas notas, por su naturaleza y contenido, tienen el carácter de documentales privadas y que el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, sólo marca que a las pruebas consistentes en facturas (en este caso notas de compra de naturaleza análoga), debe otorgarse valor probatorio para acreditar el uso de la marca, sin que ello implique otorgar valor probatorio pleno (al tratarse de documentales privadas), lo cierto también es que en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el juez tiene amplias facultades para valorar a su prudente arbitrio, las documentales privadas, así como su contenido, siendo que podrá otorgarle pleno valor probatorio cuando la parte contra la que prueba, no las objete.

Asimismo, es oportuno precisar que si bien se desprende que en la instancia administrativa y en la presente vía, la parte actora manifiesta “objetar” el alcance y valor probatorio de dichas probanzas; lo cierto es que dicha manifestación no es suficiente para desvirtuar el alcance probatorio asignado a tales documentales, ya que la objeción, como figura procesal, debe ir aparejada de elementos probatorios que la sustenten, además de acreditarse, ello en términos de los diversos artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con la autenticidad de los documentos, esto es, con la capacidad que éstos tienen de reflejar la veracidad de su contenido (quien lo suscribe, fecha, lugar, lo que hacen constar, etcétera); así las cosas, si la hoy actora manifestó objetar dichas notas de compra, argumentado que no acreditaban el uso de la marca cuya caducidad solicitó, siendo que de las mismas se advirtió lo contrario, para el valor probatorio de las mismas, la parte actora debió aportar elementos de convicción idóneos, para que en términos de los preceptos antes mencionados, se pudiera restar valor probatorio a dichas probanzas, cuestionando la autenticidad de las mismas, lo cual no efectúa.

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia y aislada, sostenidas por este Tribunal, que resultan de la redacción siguiente:

“V-J-SS-47

OBJECIÓN DEL ALCANCE PROBATORIO DE LAS DOCUMENTALES OFRECIDAS EN EL JUICIO DE NULIDAD.- RESULTA IMPROCEDENTE.- La objeción es un procedimiento a través del cual la contraparte de la oferente ataca la documental exhibida en el proceso alegando y, en su caso, probando que no es auténtica por ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no sea considerada por el Tribunal al momento de valorar las pruebas y dictar la sentencia respectiva; por lo que si la materia de objeción es el alcance probatorio, lo que implica la valoración de las pruebas, no se está ante una objeción propiamente dicha, motivo por el cual, la misma debe estimarse improcedente; máxime que las reglas para la valoración de las pruebas dentro del juicio contencioso administrativo están dadas por el artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, dejándolas a la prudente apreciación del juzgador; además de que la objeción no es una figura contemplada en el Código Fiscal de la

Federación. (12)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/24/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-375

Juicio No. 15833/01-17-10-5/744/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez. (Tesis aprobada en sesión de 28 de mayo de 2003) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004, p. 63

V-P-SS-376

Juicio No. 688/01-09-01-2/795/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de agosto de 2003, por unanimidad de 10 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez. (Tesis aprobada en sesión de 6 de agosto de 2003) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004, p. 64

V-P-SS-377

Juicio No. 2308/99-07-02-6/637/01-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Miguel Valencia Chávez. (Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2003) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004, p. 64

V-P-SS-408

Juicio No. 1125/02-17-05-4/472/03-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de septiembre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez. (Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2003) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2004. p. 47

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 14 de abril de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

//R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 46. Octubre 2004. p. 118.”

“III-TASS-1282

PRUEBAS.- SU OBJECION.- Cuando alguna de las partes considera procedente formular una objeción respecto de alguna de las pruebas, evidentemente se encuentra obligada a expresar los motivos y fundamentos en que apoya su objeción, además de aportar los elementos probatorios (cuando los haya), que apoyen ésta, ya que si sólo se limita a efectuar afirmaciones genéricas que carecen de relevancia jurídica, ellas de ninguna manera pueden servir de apoyo a su objeción. Por lo tanto, la Sala juzgadora deberá desestimarla por carecer de consistencia jurídica.(50)

Revisión No. 1483/87.- Resuelta en sesión de 26 de octubre de 1989, por mayoría de 5 votos y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adalberto G. Salgado Borrego.

R.T.F.F. // Tercera Época. Año II. No. 22. Octubre 1989. p. 37.”

Ahora bien, en cuanto a las pruebas consistentes en las fe de hechos de fechas 26 de abril de 2004, 2 de junio de 2005, 28 de diciembre de 2006 y 30 de marzo de 2007; la hoy actora argumenta que éstas carecen de valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que vulneran lo dispuesto por los diversos 108, fracciones VI y VII, 55 y 57, fracción XIII, de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al respecto, es de observarse que en cuanto a las actas de fe de hechos de fechas 26 de abril de 2004, 2 de junio de 2005 y 30 de marzo de 2007, éstas no pueden adquirir alcance probatorio para efectos de acreditar el uso de la marca ****** ******** ****** * ******, en términos de los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que éstas fueron emitidas o levantadas, antes de la fecha de inscripción de la transmisión de derechos del título marcario correlativo a la empresa **** ******* **** ** **** (julio de 2006) y posterior a la fecha en que fue solicitada la declaración administrativa de caducidad, por parte de la hoy actora (enero de 2007).

En cuanto a la fe de hechos de fecha de fecha 28 de diciembre de 2006, los preceptos antes referidos (artículos 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 108, fracciones VI y VII, 55 y 57, fracción XIII, de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo), a la letra señalan:

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

“Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata, prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas.

Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.”

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

“Artículo 55.- Para los efectos de esta Ley se entiende por escritura pública el instrumento original o matriz que el notario asienta en el protocolo, para hacer constar un acto o hecho jurídico , los que además de las formalidades y solemnidades de ley, deberán contener la firma y sello de autorizar del notario.

(...)

Artículo 57.- El notario redactará las escrituras en español; podrá usar palabras en otro idioma que sean de uso general y que no tengan equivalente apropiado en el idioma castellano.

En las escrituras observará las reglas siguientes:

(...)

XIII.- Hará constar bajo su fe:

1. Que conoce a los otorgantes y que a su juicio tienen capacidad legal;

    

2. Que les leyó la escritura a los interesados, así como a los testigos de conocimiento e intérpretes, si los hubiere, o que los otorgantes la leyeron por sí mismos;

    

3. Que a los otorgantes les explicó el valor y consecuencias legales del contenido de la escritura, así como la obligación, en su caso, de inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías;

    

4. Que los interesados manifestaron su conformidad con la escritura y firmaron ésta, o no lo hicieron por declarar que no saben o no pueden hacerlo. En sustitución del otorgante que se encuentre en cualquiera de estos casos, firmará la persona que al efecto elija y aquél imprimará su huella digital del pulgar derecho;

    

5. La fecha o fechas en que firmaron la escritura los otorgantes o la persona o personas elegidas por ellos, los testigos e intérpretes, si los hubiere; y,

    

6. Los hechos que presencie el notario y que sean integrantes del acto que autorice, como entrega de dinero o de títulos y otros efectos.

(...)

Artículo 108.- La escritura o el acta será nula cuando:

(...)

VI.- Se omitió la mención relativa a la lectura;

VII.- No esté firmada por todos los que deben intervenir, según esta Ley, o no contiene la mención exigida a falta de firma;

(...)”

(Énfasis añadido)

De los preceptos anteriores se observa, por una parte, que los documentos públicos, desde el punto de vista procesal, deben tener pleno valor probatorio, en relación con los hechos que en éstos se asienten, pero si se contienen en ellos declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de los particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado; que en todo caso, las declaraciones o manifestaciones de que se trata, prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas; que pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación; y que, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.

Asimismo, se advierte que la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo, establece que las escrituras públicas levantadas ante Notario, deberán cumplir ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran: que su contenido sea leído, ya sea por el Notario Público, o bien, por los comparecientes, que esté firmada por la totalidad de dichos comparecientes, y que se asiente en el protocolo de la Notaría Pública respectiva (requisitos que señala la actora no se cumplieron).

Luego, de la simple lectura efectuada a la fe de hechos levantada en fecha 28 de diciembre de 2006 (fojas 132 a 134 de autos), se advierte que el Notario Público número 105 en Morelia, Michoacán de Ocampo, levantó dicho documento en su carácter de “ACTA DESTACADA FUERA DE PROTOCOLO”, a la que asignó el número ***; siendo que al respecto resultan aplicables, distinto a lo invocado por la actora, los artículos 75, 87, 91 y 106 de la Ley del Notariado antes señalada ; mismos que son de la literalidad siguiente:

“Artículo 75.- Todos los actos notariales se harán constar en el protocolo, salvo los siguientes:

I.- Los documentos que no requieran este requisito conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero las actas respectivas se podrán protocolizar, a solicitud de los interesados;

II.- La certificación de actos que no pugnen con las prescripciones de la ley; la ratificación y reconocimiento de firmas de contratos privados de compraventa, constitución de hipotecas, cartas-poder y demás contratos que conforme a la Ley puedan otorgarse en escritura privada;

III.- La expedición de copias certificadas, certificación de toda clase de documentos, así como cotejos de copias con sus originales; y,

IV.- En los demás casos en que otra Ley lo autorice expresamente.

(...)

Artículo 87.- Los notarios, además de intervenir en las escrituras públicas y privadas, podrán hacerlo en:

I.- Los testamentos, de conformidad con la Ley respectiva;

II.- El reconocimiento de firmas;

III.- El otorgamiento de carta-poder, de su revocación, sustitución parcial o total;

IV.- Las certificaciones de entrega de documentos o valores que se hagan en su presencia;

V.- La expedición de copias certificadas de documentos que se les presenten, de testimonios y certificados que procedan;

VI.- Notificaciones, interpelaciones, requerimientos y protestos;

VII.- Certificaciones de hechos que puedan apreciar por los sentidos;

VIII.- Consignaciones de dinero conforme al artículo 11 de esta Ley; y,

IX.- Los demás actos que prevengan las leyes.

(...)

Artículo 91.- Las notificaciones, los requerimientos, las interpelaciones, las certificaciones de hechos y las diligencias para las que no señale forma especial la Ley, se harán constar en actas destacadas que se levantarán por duplicado. El original se entregará a los interesados y el duplicado lo coleccionará y archivará el notario por riguroso orden de fechas, con numeración progresiva.

(...)

Artículo 106.- Las escrituras, las actas y sus testimonios, probarán plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura; que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de los que haya dado fe el notario y que éste observó las formalidades que mencione, mientras no fuere declarada judicialmente su nulidad.

(...)”

(Énfasis añadido)

De lo anteriormente transcrito se observa que los Notarios Públicos del Estado de Michoacán, además de poder levantar escrituras públicas, mismas que como señala la actora, deberán cumplir con los requisitos a que alude; podrán levantar certificaciones de actos y hechos que puedan apreciar a través de los sentidos , mismos que están exentos de asentarse en el protocolo y que tienen como único requisito, hacerse constar en actas destacadas que se levantarán por duplicado, siendo que el original se deberá entregar a los interesados y el duplicado lo coleccionará y archivará el Notario por riguroso orden de fechas, con numeración progresiva; siendo que la misma Ley del Notariado relativa, otorga a dichas certificacionesvalor probatorio pleno de su contenido, es decir, de quesí se realizaron los hechos de los que haya dado fe el Notario, mientras no fuere declarada judicialmente su nulidad.

Es así que, contrario a lo aducido por la demandante, la fe de hechos de 28 de diciembre de 2006, no tenía por qué cumplir con los requisitos que para tales efectos se establecen para las escrituras públicas; ya que dicha certificación se levantó en su calidad de acta destacada fuera de protocolo, es decir, como una certificación de hechos por parte del Notario Público, que no tiene el alcance de escritura pública, y por lo tanto, no requería ser inscrita en el protocolo de la Notaría, ni hacer constar la lectura de su contenido a los comparecientes y menos aún que fuera firmada por éstos; pues es claro que una certificación de hechos, es simplemente una constancia mediante la cual el Notario Público, a petición de parte, da fe de un hecho que es apreciado por sus sentidos, sin que esto implique un interés del Estado (como sí lo constituyen las escrituras públicas), por hacerlo constar en su protocolo, ya que es, se insiste, un acto que se efectúa por petición de los interesados y que tiene finalidades únicamente a nivel privado, esto es, que los únicos interesados en ello, son los propios peticionarios.

De ahí que no se pueda restar valor probatorio a la fe de hechos antes aducida, ya que ésta prueba los hechos que en ella se hicieron constar, consistentes en que en la Ciudad de

Morelia, Michoacán, ante el Notario Público 105, compareció el C. ********* ****** *** ***** ********, en sus carácter de Administrador Único de **** ******* **** ** ****, con el fin de acreditar el uso del signo ******** ****** * ******, a que se refiere el registro ******, desglosándose que en el establecimiento ubicado en ****** ** ******* ****** ***** ******* ***** ****** ** ******** *********, hay un edificio o establecimiento comercial en donde se prestan, entre otros, los servicios consistentes en: ******** **************** ** ********* ************* (********)* ******** ******** * ******* ************************* ************ ************* ******************* * ** ******** *** ********* *************** **** ********** * ************ ******* **** ** ***** ****** , el cual se encuentra funcionando y abierto al público y en el que se puede observar en diversos lugares, tanto en la fachada como en los interiores de dicho inmueble el signo distintivo ******** ****** * ******, tal como fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la indicación expresa MR (marca registrada); sin que en este sentido, la hoy actora haya aportado algún medio de convicción que desvirtúe los hechos antes asentados, por lo cual se adjudicó y se adjudica a través de esta vía, pleno valor probatorio, en términos de los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de un acto emitido por una persona investida de fe pública, razón por la cual el argumento relativo también resulta infundado.

Por último, en cuanto al argumento que se hace valer en contra de las pruebas consistentes en las fotografías ofrecidas por el hoy tercero interesado de las instalaciones donde se proporcionan los servicios al amparo de la marca cuya caducidad de registro se pide; éste debe considerarse infundado por insuficiente, ello en virtud del contenido del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable al caso concreto, que a la letra señala:

“ARTICULO 217.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.

Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena . En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial.”

(Énfasis añadido)

De conformidad con lo anterior, si bien es cierto que una prueba fotográfica, para que pueda adquirir pleno valor probatorio, debe contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fue tomada; ello no implica que por el hecho de carecer de ésta, no se le pueda asignar un valor probatorio, mismo que se tendrá que concatenar o adminicular con los demás elementos de prueba que subsistan, habida cuenta que, contrario a lo aducido por la parte actora, el valor probatorio de dicha prueba, aun cuando no contenga la certificación antes aludida, podrá quedar al prudente arbitrio judicial, ello por mismo mandato de la ley.

Es así que si bien se advierte de autos, foja 164, mismo que se integra de un sobre, en donde se contienen tres fotografías que carecen de fechas precisas y tiempo; esto no impedía a la autoridad y no impide a esta juzgadora, otorgar valor probatorio prudente, habida cuenta que subsisten otros elementos de prueba, tales como las “Notas de Mostrador” (notas de compra) emitidas de julio de 2006 a enero de 2007 y la fe de hechos levantada el 28 de diciembre de 2006, con las que se acredita el uso del registro marcario ****** ******** ****** * ******; y que esta juzgadora en concatenación con las fotografías de cuenta, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, adquiere convicción del uso de dicha marca, considerándose también que de las fotografías se advierte, la apreciación de las instalaciones de lo que parece ser una “*******” * “********” denominado “******** ******”, lo cual se corrobora por la celebración de “****** ** ** *****” y por contar con empleados dedicados a este ramo, pues en esos términos ostentan su ejercicio, lo que permitiría presumir que en dichas instalaciones se efectúa la prestación de servicios que protege la marca cuya nulidad se solicita, pues se tratan evidentemente de ********* *******; sin que la hoy actora, en momento alguno aporte algún elemento de convicción, que permita colegir lo contrario, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

En efecto, la hoy actora, en el procedimiento de origen y en el presente juicio, en momento alguno aporta medio de convicción que permita restar valor probatorio a las pruebas aportadas por el hoy tercero interesado, o contravengan su contenido; ya que sólo se limitó a ofrecer y exhibir las pruebas consistentes en: a) copia certificada de la solicitud de registro de marca ****** ******** ************* ********, b) copia certificada del oficio de fecha 11 de agosto de 2006, c) copia certificada del titulo del registro marcario ****** ******** ******* ******* (fojas 91 a 94 de autos); pues éstas sólo acreditan el interés jurídico con que contaba la hoy actora para solicitar la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ****** ******** ****** * ******, esto al haberle sido citado como anterioridad oponible a su solicitud de registro marcario ****** ******** ************* ********, lo anterior se valora en términos de los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

En conclusión, la actora no logra desvirtuar la legalidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio ***** de fecha 30 de noviembre de 2007, toda vez que no demuestra que la autoridad demandada haya efectuado una indebida valoración jurídica de las pruebas ofrecidas y exhibidas por el hoy tercero interesado en la etapa administrativa para acreditar el uso de la marca ****** ******** ****** * ******, atento a los razonamientos expuestos a través de este fallo y al estudio que de forma directa efectuó esta juzgadora de dichas pruebas, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en consecuencia, tras haberse agotado el estudio de los argumentos de agravio hechos valer por la parte actora en su demanda y en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede reconocer la validez de dicha actuación, de conformidad con el diverso 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora no acreditó su pretensión, en tal virtud;

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, señalada en el Resultando 1º. del presente fallo, en atención a los razonamientos expuestos en el Considerando Tercero del mismo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo proveyeron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciadas LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala e Instructora en el presente juicio, MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO y MARÍA TERESA OLMOS JASSO, ante la C. Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, Licenciada DENISSE JUÁREZ HERRERA.

LMAD/DJH/gpg

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de los representantes de las partes, así como los datos relativos a las marcas y productos a los que se aplican, por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.

Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”