- CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993
- TITULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
- TITULO II DEL ESTADO Y LA NACIONCAPITULO IDEL ESTADO, LA NACION Y EL TERRITORIO
- TITULO III DEL REGIMEN ECONOMICOCAPITULO IPRINCIPIOS GENERALES
- TITULO IV DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
- CAPÍTULO XIV17DE LA DESCENTRALIZACIÓN
- CAPITULO IPODER LEGISLATIVO
- CAPITULO IIDE LA FUNCION LEGISLATIVA
- CAPITULO IIIDE LA FORMACION Y PROMULGACION DE LAS LEYES
- CAPITULO IVPODER EJECUTIVO
- CAPITULO VDEL CONSEJO DE MINISTROS
- CAPITULO VIDE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
- CAPITULO VIIREGIMEN DE EXCEPCION
- CAPITULO VIIIPODER JUDICIAL
- CAPITULO IXDEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
- CAPITULO XDEL MINISTERIO PUBLICO
- CAPITULO XIDE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
- CAPITULO XIIDE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL
- CAPITULO XIIIDEL SISTEMA ELECTORAL
- TITULO V DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
- TITULO VI DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION
- DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES
CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993
PREAMBULO
El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución:
TITULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artículo 1.-Defensa de la persona humana
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 2.-Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
- A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
- A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
- A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación
social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.
- A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
- El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
- A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
- Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.
- Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
- A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
- A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones
o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.
- A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
- A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.
- A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.
- A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
- A trabajar libremente, con sujeción a ley.
- A la propiedad y a la herencia.
- A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
- A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.
- A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
- Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.
- A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
- A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.
- A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
- A la legítima defensa.
- A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
- a.
- Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.
- b.
- No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.
- c.
- No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
- d.
- Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
- e.
- Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
- f.
- Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.
- g.
- Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.
- h.
- Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.
Artículo 3.-Derechos Constitucionales. Numerus Apertus
La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
CAPITULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS
Artículo 4.-Protección a la familia. Promoción del matrimonio
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.
Artículo 5.-Concubinato
La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.
Artículo 6.-Política Nacional de población. Paternidad y maternidad responsables. Igualdad de los hijos
La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.
Artículo 7.-Derecho a la salud. Protección al discapacitado
Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
Artículo 8.-Represión al Tráfico Ilícito de Drogas
El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.
Artículo 9.-Política Nacional de Salud
El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.
Artículo 10.-Derecho a la Seguridad Social
El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.
Artículo 11.-Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones
El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.
La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado 1 .
Artículo 12.-Fondos de la Seguridad Social
1 Párrafo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28389, publicada el 17-11-2004 en el diario oficial El Peruano.
Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.
Artículo 13.-Educación y libertad de enseñanza
La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.
Artículo 14.-Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social
La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
Artículo 15.-Profesorado, carrera pública
El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.
Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.
Artículo 16.-Descentralización del sistema educativo
Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.
Artículo 17.-Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria
La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera.
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.
Artículo 18.-Educación universitaria
La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
Artículo 19.-Régimen tributario de Centros de Educación
Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.
Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.
Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.
Artículo 20.-Colegios Profesionales
Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.
Artículo 21.-Patrimonio Cultural de la Nación
Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio.
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.
Artículo 22.-Protección y fomento del empleo
El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.
Artículo 23.-El Estado y el Trabajo
El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.
El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.
Artículo 24.-Derechos del trabajador
El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.
Artículo 25.-Jornada ordinaria de trabajo
La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.
Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.
Artículo 26.-Principios que regulan la relación laboral
En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
- Igualdad de oportunidades sin discriminación.
- Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
- Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.
Artículo 27.-Protección del trabajador frente al despido arbitrario
La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
Artículo 28.-Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga
El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:
- Garantiza la libertad sindical.
- Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.
- La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
- Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.
Artículo 29.-Participación de los trabajadores en las utilidades
El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS POLITICOS Y DE LOS DEBERES
Artículo 30.-Requisitos para la ciudadanía
Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.
Artículo 31.-Participación ciudadana en asuntos públicos
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.
La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos2.
2 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, publicada el 30 Marzo 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.
Artículo 32.-Consulta popular por referéndum. Excepciones
Pueden ser sometidas a referéndum:
- La reforma total o parcial de la Constitución;
- La aprobación de normas con rango de ley;
- Las ordenanzas municipales; y
- Las materias relativas al proceso de descentralización.
No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.
Artículo 33.-Suspensión del ejercicio de la ciudadanía
El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
- Por resolución judicial de interdicción.
- Por sentencia con pena privativa de la libertad.
- Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
Artículo 34.-Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley3.
Artículo 35.-Organizaciones Políticas
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.
La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general.
Artículo 36.-Asilo político
El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.
3 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, publicada el 30 Marzo 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía que: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones”.
Artículo 37.-Extradición
La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.
No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.
Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.
Artículo 38.-Deberes para con la patria
Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
CAPITULO IV
DE LA FUNCION PUBLICA
Artículo 39.-Funcionarios y trabajadores públicos
Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
Artículo 40.-Carrera Administrativa
La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado
o de sociedades de economía mixta.
Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.
Artículo 41.-Declaración Jurada de bienes y rentas
Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.
El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.
Artículo 42.-Derechos de sindicación y huelga de los Servicios Públicos
Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
TITULO II
DEL ESTADO Y LA NACION
CAPITULO I
DEL ESTADO, LA NACION Y EL TERRITORIO
Artículo 43.-Estado democrático de derecho. Forma de Gobierno
La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
El Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.
Artículo 44.-Deberes del Estado
Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.
Artículo 45.-Ejercicio del poder del Estado
El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
Artículo 46.-Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia
Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.
La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
Artículo 47.-Defensa Judicial del Estado
La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.
Artículo 48.-Idiomas oficiales
Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.
Artículo 49.-Capital de la República del Perú y símbolos de la Patria
La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco.
Son símbolos de la Patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley.
Artículo 50.-Estado, Iglesia católica y otras confesiones
Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.
El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
Artículo 51.-Supremacía de la Constitución
La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
Artículo 52.-Nacionalidad
Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.
Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.
Artículo 53.-Adquisición y renuncia de la nacionalidad
La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad.
La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.
Artículo 54.-Territorio, soberanía y jurisdicción
El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
CAPITULO II
DE LOS TRATADOS
Artículo 55.-Tratados
Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
Artículo 56.-Aprobación de tratados
Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:
- Derechos Humanos.
- Soberanía, dominio o integridad del Estado.
- Defensa Nacional.
- Obligaciones financieras del Estado.
También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.
Artículo 57.-Tratados Ejecutivos
El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.
Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República.
La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.
TITULO III
DEL REGIMEN ECONOMICO
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 58.-Economía Social de Mercado
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
Artículo 59.-Rol Económico del Estado
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
Artículo 60.-Pluralismo Económico
El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Artículo 61.-Libre competencia
El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
Artículo 62.-Libertad de contratar
La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.
Artículo 63.-Inversión nacional y extranjera
La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.
En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.
El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.
Artículo 64.-Tenencia y disposición de moneda extranjera
El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
Artículo 65.-Protección al consumidor
El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
CAPITULO II
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Artículo 66.-Recursos Naturales
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Artículo 67.-Política Ambiental
El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
Artículo 68.-Conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas
El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
Artículo 69.-Desarrollo de la Amazonía
El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.
CAPITULO III
DE LA PROPIEDAD
Artículo 70.-Inviolabilidad del derecho de propiedad
El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
Artículo 71.-Propiedad de los extranjeros
En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática.
Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.
Artículo 72.-Restricciones por seguridad nacional
La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.
Artículo 73.-Bienes de dominio y uso público
Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.
CAPITULO IV
DEL REGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL
Artículo 74.-Principio de Legalidad
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo4.
Artículo 75.-De la Deuda Pública
El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.
Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley.
Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal.
Artículo 76.-Obligatoriedad de la Contrata y Licitación Pública
Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
4 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28390, publicada el 17-11-2004 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo”.
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.
Artículo 77.-Presupuesto Público
La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon5.
Artículo 78.-Proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero.
El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.
Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal.
No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.
No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.
Artículo 79.-Restricciones en el Gasto Público
Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.
El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.
5 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26472, publicada el 13 junio 1995 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del impuesto a la renta percibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon”.
En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.
Artículo 80.-Sustentación del Presupuesto Público
El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso de la República, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector; previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente.
El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo.
Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congresote la República tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros. 6
Artículo 81.-La Cuenta General de la República
La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Controloría General de la República, es remitida por el Presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.
La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisión revisora hasta el quince de octubre. El Congreso de la República se pronuncia en un plazo que vence el treinta de octubre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la República en el
6 Artículo modificado por el Artículo 2º de la Ley N° 29401, publicada el 8 Setiembre de 2009 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía:
“Sustentación del Presupuesto Público. El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo. Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.”.
plazo señalado, se eleva el dictamen de la comisión revisora al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General de la República. 7
Artículo 82.-La Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.
El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.
CAPITULO V
DE LA MONEDA Y LA BANCA
Artículo 83.-El Sistema Monetario
La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.
Artículo 84.-Banco Central de Reserva del Perú
El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.
La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica.
El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio.
7 Artículo modificado por el Artículo 2º de la Ley N° 29401, publicada el 8 Setiembre de 2009 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “La Cuenta General de la República La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al de ejecución del presupuesto. La Cuenta General es examinada y dictaminada por una comisión revisora dentro de los noventa días siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días. Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General.”.
El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.
Artículo 85.-Reservas Internacionales
El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales.
Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso.
Artículo 86.-Directorio del Banco Central de Reserva
El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional.
Artículo 87.-Superintendencia de Banca y Seguros
El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica8.
8 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28484, publicada el 05 Abril 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley. La ley establece la organización y la autonomía funcional
CAPITULO VI
DEL REGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Artículo 88.-Régimen Agrario
El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.
Artículo 89.-Comunidades Campesinas y Nativas
Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.
TITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
CAPITULO I
PODER LEGISLATIVO
Artículo 90.-El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única. El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los
de la Superintendencia de Banca y Seguros. El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca y Seguros por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica”.
candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio 9 .
Artículo 91.-Impedimento para ser elegido congresista
No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección:
- Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.
- Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.
- El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.
- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y
- Los demás casos que la Constitución prevé 10 .
Artículo 92.-Función y mandato del congresista. Incompatibilidades
La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.
9 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29402, publicada el 8 Setiembre de 2009 en el diario oficial El Peruano, que según la Disposición Transitoria Única, entra en vigencia para el proceso electoral del año 2011. El texto anterior decía: “Unicameralidad El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única. El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.”
10 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 Octubre 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección: “1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades regionales. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo. 3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. Y, 4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad”.
El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.
La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos.
La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 11 .
Artículo 93.-Inmunidad Parlamentaria
Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.
Artículo 94.-Reglamento del Congreso
El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.
Artículo 95.-Irrenunciabilidad del Mandato Legislativo
El mandato legislativo es irrenunciable.
Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.
11 Último párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28484, publicada el 05 Abril 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros”.
Artículo 96.-Facultad de solicitar información a las Entidades Públicas
Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios 12 .
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.
Artículo 97.-Función Fiscalizadora
El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.
Artículo 98.-Inviolabilidad del recinto parlamentario
El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio Presidente.
Artículo 99.-Acusación por infracción de la Constitución
Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
Artículo 100.-Ante-Juicio Constitucional
Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
12 Párrafo modificado por el Artículo 4 de la Ley N° 28484, publicada el 05 Abril 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios”.
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.
Artículo 101.-Atribuciones de la Comisión Permanente
Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas.
Son atribuciones de la Comisión Permanente:
- Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República.
- Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 13 .
- Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario.
- Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.
- No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
- Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.
Artículo 102.-Atribuciones del Congreso
Son atribuciones del Congreso:
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
13 Numeral modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28484, publicada el 05 Abril 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros”.
- Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.
- Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.
- Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
- Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.
- Ejercer el derecho de amnistía.
- Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
- Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.
- Autorizar al Presidente de la República para salir del país.
- Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa.
CAPITULO II
DE LA FUNCION LEGISLATIVA
Artículo 103.-Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho
Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho 14 .
Artículo 104.-Delegación de facultades al Poder Ejecutivo
14 Artículo sustituido por el Artículo 2 de la Ley N° 28389, publicada el 17-11-2004 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho”.
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.
Artículo 105.-Proyectos de Ley
Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.
Artículo 106.-Leyes Orgánicas
Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
CAPITULO III
DE LA FORMACION Y PROMULGACION DE LAS LEYES
Artículo 107.-Iniciativa Legislativa
El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley 15 .
15 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28390, publicada el 17-11-2004 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho
Artículo 108.-Promulgación de las Leyes
La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días.
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
Artículo 109.-Vigencia y obligatoriedad de la Ley
La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
CAPITULO IV
PODER EJECUTIVO
Artículo 110.-El Presidente de la República
El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.
Artículo 111.-Elección del Presidente de la República
El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan.
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.
de iniciativa conforme a ley”.
Artículo 112.-Duración del mandato presidencial
El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones 16 .
Artículo 113.-Vacancia de la Presidencia de la República
La Presidencia de la República vaca por:
- Muerte del Presidente de la República.
- Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
- Aceptación de su renuncia por el Congreso.
- Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y
- Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.
Artículo 114.-Suspensión del ejercicio de la Presidencia
El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por:
- Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o
- Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución.
Artículo 115.-Impedimento temporal o permanente del ejercicio de la Presidencia
Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones.
Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente.
Artículo 116.-Asunción del cargo presidencial
El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.
16 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27365, publicada el 05-11-2000 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones”.
Artículo 117.-Excepción a la inmunidad presidencial
El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Artículo 118.-Atribuciones del Presidente de la República
Corresponde al Presidente de la República:
- Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
- Representar al Estado, dentro y fuera de la República.
- Dirigir la política general del Gobierno.
- Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.
- Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley.
- Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.
- Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros.
- Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.
- Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.
- Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.
- Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.
- Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.
- Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
- Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.
- Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.
- Administrar la hacienda pública.
- Negociar los empréstitos.
- Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.
- Regular las tarifas arancelarias.
- Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.
- Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros.
- Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y
- Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan.
CAPITULO V DEL CONSEJO DE MINISTROS
Artículo 119.-Dirección y gestión de los Servicios Públicos
La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.
Artículo 120.-Refrendación Ministerial
Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial.
Artículo 121.-Consejo de Ministros
Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones.
El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones.
Artículo 122.-Nombramiento y remoción del Presidente del Consejo de Ministros y demás Ministros
El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.
Artículo 123.-Atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros y demás Ministros
Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde:
- Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.
- Coordinar las funciones de los demás ministros.
- Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.
Artículo 124.-Requisitos para ser Ministro de Estado
Para ser Ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros.
Artículo 125.-Atribuciones del Consejo de Ministros
Son atribuciones del Consejo de Ministros:
- Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.
- Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.
- Deliberar sobre asuntos de interés público. Y
- Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.
Artículo 126.-Acuerdos del Consejo de Ministros
Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.
Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.
Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
Artículo 127.-Encargo de la Función Ministerial
No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.
Artículo 128.-Responsabilidad de los Ministros
Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan.
Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.
Artículo 129.-Concurrencia de Ministros al Congreso
El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas.
Concurren también cuando son invitados para informar.
El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.
CAPITULO VI
DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
Artículo 130.-Exposición de la Política General del Gobierno. Cuestión de Confianza
Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.
Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria.
Artículo 131.-Interpelación a los Ministros
Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.
La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.
El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.
Artículo 132.-Voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza
El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial.
Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.
El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes.
La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación.
Artículo 133.-Crisis total del gabinete
El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.
Artículo 134.-Disolución del Congreso
El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado
o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.
El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.
No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.
Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.
Artículo 135.-Instalación del nuevo Congreso
Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.
En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale.
Artículo 136.-Restitución de facultades del Congreso disuelto
Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.
El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto.
CAPITULO VII
REGIMEN DE EXCEPCION
Artículo 137.-Estados de excepción. Estado de Emergencia y Estado de Sitio
El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
- Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
- El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
- Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.
CAPITULO VIII
PODER JUDICIAL
Artículo 138.-Administración de Justicia. Control difuso
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.
Artículo 139.-Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.
No hay proceso judicial por comisión o delegación.
- La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
- Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
- Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
- La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
- Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
- La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
- La pluralidad de la instancia.
- La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
- El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.
- El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.
- El principio de no ser penado sin proceso judicial.
- La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.
- El principio de no ser condenado en ausencia.
- La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.
- El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.
- El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.
- El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.
- La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
- La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.
- La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
- El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
- El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
- El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
Artículo 140.-Pena de muerte
La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.
Artículo 141.-Casación
Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173.
Artículo 142.-Resoluciones no revisables por el Poder Judicial
No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.
Artículo 143.-Organos Jurisdiccionales
El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.
Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.
Artículo 144.-Presidencia del Poder Judicial. Sala Plena
El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.
Artículo 145.-Presupuesto del Poder Judicial
El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.
Artículo 146.-Exclusividad de la Función Jurisdiccional
La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.
Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley.
El Estado garantiza a los magistrados judiciales:
- Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.
- La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.
- Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y,
- Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.
Artículo 147.-Requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema
Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:
- Ser peruano de nacimiento;
- Ser ciudadano en ejercicio;
- Ser mayor de cuarenta y cinco años;
- Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.
Artículo 148.-Acción contencioso-administrativa
Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.
Artículo 149.-Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
CAPITULO IX
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Artículo 150.-Consejo Nacional de la Magistratura
El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.
El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica.
Artículo 151.-Academia de la Magistratura
La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección.
Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia.
Artículo 152.-Jueces de Paz y de Primera Instancia
Los Jueces de Paz provienen de elección popular.
Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus cargos son normados por ley.
La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.
Artículo 153.-Prohibición a Jueces y Fiscales
Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.
Artículo 154.-Atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura
Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
- Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.
- Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.
- Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable.
- Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.
Artículo 155.-Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura
Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:
- Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.
- Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.
- Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.
- Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.
- Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.
- Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares.
El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial.
Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años.
Artículo 156.-Requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura
Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del artículo 147. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.
Artículo 157.-Remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.
CAPITULO X
DEL MINISTERIO PUBLICO
Artículo 158.-Ministerio Público
El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría.
Artículo 159.-Atribuciones del Ministerio Público
Corresponde al Ministerio Público:
- Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
- Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
- Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
- Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
- Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
- Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
- Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
Artículo 160.-Presupuesto del Ministerio Público
El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso.
CAPITULO XI
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Artículo 161.-Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.
Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.
Artículo 162.-Atribuciones de la Defensoría del Pueblo
Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.
CAPITULO XII
DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL Artículo 163.-El Sistema de Defensa Nacional El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.
La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.
Artículo 164.-Dirección, preparación y ejercicio del Sistema de Defensa Nacional
La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional.
La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional.
Artículo 165.-Finalidad de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.
Artículo 166.-Finalidad de la Policía Nacional
La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
Artículo 167.-Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Artículo 168.-Organización y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley.
Artículo 169.-Carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.
Artículo 170.-Requerimiento logístico de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.
Artículo 171.-Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el desarrollo del país
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.
Artículo 172.-Efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ascensos
El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuesto.
Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente.
Artículo 173.-Competencia del Fuero Privativo Militar
En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.
Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.
Artículo 174.-Equivalencia de derechos de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial.
En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.
Artículo 175.-Uso y posesión de armas de guerra
Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización.
Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale.
La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas de las de guerra.
CAPITULO XIII
DEL SISTEMA ELECTORAL
Artículo 176.-Finalidad y funciones del Sistema Electoral
El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil.
Artículo 177.-Conformación del Sistema Electoral
El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.
Artículo 178.-Atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones
Compete al Jurado Nacional de Elecciones:
- Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales.
- Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.
- Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.
- Administrar justicia en materia electoral.
- Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.
- Las demás que la ley señala.
En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes.
Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso.
Artículo 179.-Composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros:
- Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.
- Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.
- Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros.
- Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos.
- Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos.
Artículo 180.-Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Requisitos
Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años.
El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.
No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación.
Artículo 181.-Resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
Artículo 182.-Oficina Nacional de Procesos Electorales
El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala.
Artículo 183.-Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad.
Ejerce las demás funciones que la ley señala.
Artículo 184.-Nulidad de los procesos electorales
El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.
La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.
Artículo 185.-Escrutinio Público
El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.
Artículo 186.-Orden y seguridad durante los comicios
La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Artículo 187.-Elecciones pluripersonales
En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley.
La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero.
TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
CAPÍTULO XIV 17
DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Artículo 188.-La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.
Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley.
Artículo 189.-El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación.
El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados.
Artículo 190.-Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles.
El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales.
17 Capítulo vigente modificado de conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 27680, publicada el 07-03-2002 en el diario oficial El Peruano.
Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional.
La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales, de las regiones así integradas.
Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos.
Artículo 191.-Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.
El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Alcalde; los Presidentes de los Gobiernos Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales 18 .
18 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 Octubre 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral. El Presidente es elegido conjuntamente con un vice-presidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable e irrenunciable, conforme a ley. La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales”.
Artículo 192.-Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
Son competentes para:
- Aprobar su organización interna y su presupuesto.
- Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.
- Administrar sus bienes y rentas.
- Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad.
- Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes.
- Dictar las normas inherentes a la gestión regional.
- Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.
- Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.
- Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
- Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. Artículo 193.-Son bienes y rentas de los gobiernos regionales:
- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
- Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
- Los tributos creados por ley a su favor.
- Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.
- Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
- Los recursos asignados por concepto de canon.
- Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a ley.
- Los demás que determine la ley.
Artículo 194.-Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Presidente del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis
(6) meses antes de la elección respectiva 19 .
Artículo 195.-Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para:
- Aprobar su organización interna y su presupuesto.
- Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
- Administrar sus bienes y rentas.
19 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 Octubre 2005 en el diario oficial El Peruano. En el texto anterior decía: “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable e irrenunciable, conforme a ley”.
- Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley.
- Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
- Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.
- Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
- Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.
- Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
- Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. Artículo 196.-Son bienes y rentas de las municipalidades:
- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
- Los tributos creados por ley a su favor.
- Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme a ley.
- Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.
- Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
- Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
- Los recursos asignados por concepto de canon.
- Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley.
- Los demás que determine la ley.
Artículo 197.-Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.
Artículo 198.-La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima.
Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo 199.-Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional
o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.”
TITULO V
DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
Artículo 200.-Acciones de Garantía Constitucional
Son garantías constitucionales:
1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual
o los derechos constitucionales conexos.
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.
No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular 20 .
20 Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26470, publicada el 12 junio 1995 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra
- La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución 21 .
- La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
- La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
- La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.
El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución.
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.
Artículo 201.-Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.
Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser
normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. 21 Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26470, publicada el 12 junio 1995 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5, 6 y 7 de la Constitución”.
elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.
Artículo 202.-Atribuciones del Tribunal Constitucional
Corresponde al Tribunal Constitucional:
- Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
- Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
- Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.
Artículo 203.-Personas facultadas para interponer Acción de Inconstitucionalidad
Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:
- El Presidente de la República;
- El Fiscal de la Nación;
- El Defensor del Pueblo;
- El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;
- Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado;
- Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.
- Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.
Artículo 204.-Sentencia del Tribunal Constitucional
La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.
No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.
Artículo 205.-Jurisdicción Supranacional
Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
TITULO VI
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION
Artículo 206.-Reforma Constitucional
Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Primera.-
Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530. En consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional:
- No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530.
- Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria.
La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las pensiones que excedan de una Unidad Impositiva Tributaria.
El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas pensionarias será destinado a incrementar las pensiones más bajas, conforme a ley. Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación 22 23 .
Autorízase a la entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes para que se declare la nulidad de las pensiones obtenidas ilegalmente, salvo los casos definidos por sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto o que las respectivas acciones hubieran prescrito.
Segunda.-Pago y reajuste de pensiones que administra el Estado
El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional.
Tercera.-No son acumulables servicios prestados a la actividad pública y privada
En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario.
Cuarta.-Interpretación de los derechos fundamentales
Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
Quinta.-Elecciones municipales
Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquéllas se realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de los alcaldes y regidores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales durará tres y cuatro años respectivamente.
22 Disposición sustituida por el Artículo 3 de la Ley N° 28389, publicada el 17-11-2004 en el diario oficial El Peruano. El texto anterior decía: “Los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan, no afectan los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los decretos leyes 19990 y 20530 y sus modificatorias”. 23 De conformidad con la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 050-2004-AI-TC, publicada el 12 junio 2005, se debe interpretar (según lo establecido en el fundamento 159) que el cuarto párrafo de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución tiene el sentido de que la totalidad del ahorro proveniente de la aplicación de las nuevas reglas pensionarias, debe ser destinado a mejorar el sistema de seguridad social, lo cual supone, entre otros muchos aspectos, gastos en infraestructura y logística de salud, compra de más y mejores medicamentos, capacitación del personal de salud y mejora de sus honorarios, entre otros”.
Sexta.-Términos del mandato de alcaldes y regidores elegidos en 1993
Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus elecciones complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995.
Sétima.-Elecciones por Distrito Unico
El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir de la vigencia de la presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralización, se efectúa por distrito único.
Octava.-Leyes de Desarrollo Constitucional
Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo constitucional.
Tienen prioridad:
- Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y
- Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.
Novena.-Renovación de miembros del Jurado Nacional de Elecciones
La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las universidades públicas.
Décima.-Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Registro Civil de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se integran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Undécima.-Aplicación progresiva de Disposiciones de la Constitución
Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente.
Duodécima.-Organización Política Departamental
La organización política departamental de la República comprende los departamentos siguientes: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao.
Decimotercera.-Consejos Transitorios de Administración Regional
Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes de acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los Consejos Transitorios de Administración Regional actualmente en funciones, según el área de cada uno de los departamentos establecidos en el país.
Decimocuarta.-Vigencia de la Constitución
La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley constitucional.
Decimoquinta.-Disposiciones no aplicables al Congreso Constituyente Democrático
Las disposiciones contenidas en la presente Constitución, referidas a número de congresistas, duración del mandato legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican para el Congreso Constituyente Democrático.
Decimosexta.-Sustitución de la Constitución de 1979
Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES
Primera.-El Presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2001. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los Artículos 90 y 112 de la Constitución Política 24 .
Segunda.-Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo previsto en el primer párrafo del Artículo 91 de la Constitución será de cuatro meses 25 .
DECLARACION
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO
DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia la conservación de la Antártida como una Zona de Paz
24 Disposición Transitoria Especial agregada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27365, publicada el 05-11-2000 en el diario oficial El Peruano. 25 Disposición Transitoria Especial agregada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27365, publicada el 05-11-2000 en el diario oficial El Peruano.
dedicada a la investigación científica, y la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
1
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU 1993 PERÚ SUYU HATUN KAMAY PIRWA 1993
PROMULGADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1993
MAST’ARISQA 29 P’UNCHAY POQOY RAYMI 1993 WATAPI
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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PRESENTACIÓN El hombre por su humanidad no ha nacido para vivir solo, por su propia naturaleza es un ser social sin embargo desde el inicio de su personalidad no esta inclinado al mal ni a lo perfecto, pero si es perfectible, por esa convivencia con los demás de su género.
Runaqa runa kaynin raykun mana paqarimusqanmanta pacha sapallan kausayta atinchu, ichaqa kausaynin qallarisqanmanta pacha manan mana allinman nitaq sinchi allinman apasqachu, ichaqa runa masinwan kausasqan rayku atinmi yupanchakuyta.
Dede hace mucho tiempo la persona ha llegado a entender que las reglas tradicionales de costumbre no son suficientes para regular su convivencia social ni personal, por lo que la creación de pautas materializadas en normas y leyes se han hecho obligatorias.
Runaqa unay pachamantañan yachan mana ñaupa kamachikunallawan kausay atiyninta, sapan kaspapas nitaq runawasinwan huñusqapas, chayrayku hoq kamachikunata kamakun, allin hunt’asqa kausayninchispaq, chay kamachikunaqa qelqa kamachi pirwapin.
La publicidad es necesaria para la existencia de toda norma del Estado, pero ella no garantiza su aprendijaze ni la incorporación de los patrones de conducta prevalecientes, para convertirse en norma de conducta diaria de cada uno de los habitantes.
Runakunamanmi suyu apusimi kamachiykunaqa lla suupi runakunapaq, ichaqa chay willayqa manan ratinkanchu yachayninta nitaq kikin runaq ukhuchakuyninpas, kamachiyman tukuspa huñusqa runamasinwan kausayninpaq.
Es necesaria la enseñanza de la Constitución Política del Estado a todos los los habitantes del Perú sin ninguna exclusión, tanto en forma escrita como por difusión oral; partiendo primero de los Derechos de la Persona y de la sociedad, de las Garantías Constitucionales.
Atin Suyu Hatun Kamay Pirwa runakunaman yachachiyta llapan suyuntinman ama mayqennintapas t’aqaspa, yachayqa kanan qelqaypipas hinaspa simi rimaypipas; qallarispa, sapanka runaq allaukankunawan hinaspa runamasinwan huñunakuypi kausaninmantapas, chaymantataq Hatun Kamay Pirwa rantinkaykunata.
La educación se hace más trascendental dado que un gran sector de nuestra población esta postergada de participar en la vida ciudadana y política por ser quechua-hablante analfabeto en la lecto escritura de esta lengua.
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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Astawanmi kay yachachiyqa ruwakunan, suyupi askha runanchiskuna mana suyuq kausayninpi kasqanku rayku, runa simi rimaq kasqanku raykupas, mana qelqaq yachaq ñausa qelqa runasimipi kasqanku rayku.
Aunque debemos advertir que en nuestra vida diaria también se da la ignorancia y la intervención pasiva en la política; por ello ésta es análoga a la inmoralidad, engaño, picardía y estafa.
Ichaqa manan pasaq kausayninchispi chayllapaschu llaqtanchispi qokun, kallantaqmi mana yachaq chaymantapas kallantaqmi suku kamachiykuna mana reqsiqpas; chayrankun raqch’a kayman, q’otuyman, usuriyman hinaspa sumayman.
Consideramos que la política no debería ser estigmatizada. Estigmatizar la política es estigmatizar al mismo hombre como “animal político” Por eso las leyes y el Estado deben fundamentarse en la educación, el derecho y la justicia.
Unanchaykun, mana kamachiy yuyay ch’eqmisqa kananta, kamachiy yuyay ch’eqmiqa kikin runa ch’eqmiymi yuyan “yuyayniyoq wakata hina”Chayraykun kamachiykuna hinaspa suyunchis kausananku yachaypi, allaukapi hinaspa paqtaypi.
Esta educación es tan elemental que no debe confundirse con otras. Todos conocemos el dicho que “pueblo soberano” nuestra intención es que esta “soberanía” no siga iletrada ni desinformada como en otras épocas, entregándole la oportunidad de ser informada oralmente por este medio.
Kay yachayqa ancha chaniyuqmi, manan hoq yachaykunawan pantasqachu kanan. Llapanchismi yachanchis “Suyuqa munayniyuqmi” manañan astawanpas llaqtanchis mana qelqaq ñausakuna kanañachu ñaupaq kausaypi hina, chaymi khunanqa kamachiykuna runasimipi willasqa kanan, runasipipi khayna qhawaypipas.
Nuestros pueblos quechua hablantes no podran cumplir bien sus deberes, ni exigir sus derechos mientras no entiendan, conozcan e incorporen de los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad en sus leyes fundamentales como la Constitución Política. Sobre todo hoy que tiene un rol vital, para salir del estado de postración, miseria material y moral en que nos encontramos.
Runasimi rimaq llaqtanchispi runakunaqa, manan hayk’aqpas kamachiykunata allinta hunt’ankumanchu nitaq allaukankuta mañakuyta atinkumantaqchu, sichus rimayninpi mana reqsichisqachu chay kamachiykunata kan cheyqa. Astawanmichay yachayqa kanan khunan kausayninchispi chaywan yanapakunakupaq, ñak’ariq wajcha kayninchismanta lloqsinanchispaq .
El Congreso de la Repùblica, ha hecho posible la publicación de este documento al Runasimi, lengua que por el patrimonio que lo ratifica ayudó a crear un lugar llamado
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Tahuantinsuyo, donde la razón y la justicia fueron el fundamento de sus relaciones sociales y cultura hoy más que nunca admirada y reconocida por todo el planeta.
“Direccción Nacional de asuntos jurídicos” nisqa Hach’awanqo Paqtay Hatun Wasi qhawaq yanapasqa, kay Hatun Kamay Pirwataqa runasimipi mast’arishian, kay sananchispa simi saqewasqanchiswanmi, Tawantinsuyu llaqtanchis apakuran yuyaywan hinaspa paqtachaywan chaymi khunankama sumaq rikusqa hatun llut’akuna, teqsimuyupi Runakunaq utispa qhawanata.
Por ello en nombre de todos los quechua hablantes y la Academia Mayor de la lengua Quechua Regional Lima va nuestro reconocimieto y gratitud al Congreso de la Re´publica en su Presidente Dr. Luis Gonzales Posada, por la lucha de devolver a nuestro pueblo la fuerza de su identidad.
Chayraykun llapan runasimi rimaqkunaqpa hinaspa Qheswa Simi Hamut’ana Kuraq Suntur- Lima K’iti sutinkupi añaychakuyku Hatun Rimana Wasipika Kamachiqninta Wiraqocha Luis Gonzales Posada, paymi kay Hatun Kamay Pirwata, llaqtanchis kikin kayninman kutinanpaq llank’api kallpawan mast’arikunapaq yanapasqanmanta.
Lima, Febrero de 2008. Lima, Hatun Poqoy killapi, 2008 watapi.
Noemí Vizcardo Rozas. Intérprete Traductora en Lengua Quechua CRP Presidenta de la AMLQR-Lima
Noemí Vizcardo Rozas. Hatun Rimana Wasipi Runasimi T’iqraq- Kutichiq Hatun Qollana AMLQRL-Lima K’iti.
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PREÁMBULO
El CONGRESO CONSTITUYENTE DECOMCRÀTICO INVOCANDO A DIOS TODOPODEROSO, OBEDENCIENDO EL MANADATO DEL PUEBLO PERUANO Y RECORDANDO EL SACRIFICIO DE TODAS LAS GENERACIONES QUE NOS HAN PRECEDIDO EN NUESTRA PATRIA, HA RESUELTO DAR LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:
ÑAWPAQ RIMAYKUY:
CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO NISQA, KAMAQ TAYTANCHISMANTA MAÑAKUSPA, PERÚ LLAQTAQ KAMACHIKUSQANTA KASUKUSPA, HINALLATAQ SUYUNCHISPI ÑAUPAQ MACHULANCHISKUNAQ ÑAK’ARIKUSQANTA YUYARISPA, KAY HATUN KAMAY PIRWATA QOYTA MUNAN.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU
PERU SUYUQ HATUN KAMAY PIRWA
CAPÍTULO I
I UMALLI
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
RUNAQKUNAQ ASWAN ALLAUKAN HUNT’ANANKUNANMANTA
Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
1º Phatmi. Runakunaq amachaynin hinaspa yupaychayninmi suyuq hinaspa llaqta runaq qollananmi kanan.
Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:
2º Phatmi. Kaykunan runaq allaukanmi kan: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
1. Kausayman, sutiyoq kayman, k’apaq kikinniyoq kayninman, yuyayninpi yachasqanman kurkun rikuyninman chaymantapas qespisqa wiñayninman allin kausayninpaq. Manaraq paqarimuqpas, paqarikuq hinan, imapas paypa allin kayninman sayapayuqpiqa.
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 2. Lluypas kasqan chaniyoq kayman, kay Hatun Kamay Pirwa ñaupanpiqa. Manan pipas t’aqasqa kanmanchu paqariynin rayku, sanan raykupas, qhari kaynin raykupas, warmi kaynin raykupas, hoq neray yuyayniyoq raykupas, rimaynin raykupas, iñiynin raykupas, qolqen raykupas utaq kausaynin hoq niray kasqan raykupas.
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 3. Ñaraq sapan, hoq runamasinwan huñunasqa, ima munasqanpi qespisqa yuyayniyoq kayman, qespisqa uñiymanpas. Manan pipas qatiqachasqa kanmanchu hamut’aynin raykupas, iñiynin raykupas.
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4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.
4. Lliu Qespisqan kanchis imapas munasqanchisman hina yachanapaq, ima rimanapaqpas; ima hamut’aypaqpas, yuyayninchis uyarichikunanchispaqpas hinaspapas rimaspa yachasqanchis mast’arikunanpaq qelqapipas, hinallataq rimaspapas, mana piqpa simimanta muchuspa, mana p’enqakusqa, ichaqa kamachiypi kamachikusqanman hina. Ima rimaspa, qelqaspa pirwapi q’omallikuykunapas, tukuy mana kay hatun kamachiykunawan tupaqqa, hucha hinan qhawachikun paqtachay qelqapi “Código Penal” nisqapi. Ayllu runa Paqtachana Hatun Wasipitaqmi paqtachasqa kanan. Huchan llapa runaq rimayninkuna tatichiyqa rimay wasikuna wesq’ay, chaymantapas qespisqa muyuq willariykuna hark’ay. Allaukan kan willakuypaq hinaspa rimaypaq.
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
5. Mana imata willasqa llaqta kamayoq wasikunaman achhuyuspa ima yachay munasqanta mañakuyman, hinaspa chaskiyman tapusqanman hina munasqan willakuyta mana imapaq kasqanta willakuspa. Sapaqchakunmi ichaqa runaq sapaq kausayninmanta willakuytaqa hinallataqmi manan willankumanchu llaqtaq kausaynin waqaychasqata. Qolqe Marka Wasi pakapin runaq qolqenta waqaychananpaq ichaqa oqarikunmani paqtay kamayoq qelqa kamachiwan utaq, llaqtaq amachaqen utaq Rimana Wasipi apullikunaq apusimi kamachiyman hina.
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
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6. “Servicios informáticos computarizados” nisqa qhipu qelqakuna reqsinanman, ichaqa manan sapaqchasqa kausayninmanta pipas haywanmanchu willayta sapan hinaspa runaq ñat’i kausayninmanta nitaq aylluntapas.
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
7. Sumayman hinaspa allin chaninyoq, ñaraq sapan runaq ñat’i kausayman utaq ayllu kaykunamantapas, kikin wankiyoq kaymanpas. Sichus mana chaninta hoq runamanta rimakunman may willakuykunapi chayqa, kanmi runaq allaukan chay rimaykuna allchanankupaq mana qolqe chaninmanta, kasqanpacha willasqaman hina ichaqa kamachiypa hunt’achayman hina.
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
8. Munanyninchismanta, ima yuyay, imayachay, ima kay, sumaq kay kamaqpaqpas, llut’aypaqpas, yachay tarpuymanpas, kamaypaqpas. Suyun chay kaniymantaqa yanapanan chay yachaykunananta lliuman reqsichinankupaq.
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
9. Manan pipas mana runaq siminmanta wasin ukhuman kallpachakuspa haykuyta atinmanchu. Nitaq pipas t’aqwikunmanchu mana hatun paqtachay kamayoqpa kamachiyninwanqa. Mayninpiqa runaq kausananpaq utaq ch’iki qankan apusimikuna kanmi.
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de
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conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.
10. Mana pipas qhawananmanchu nitaq ñawinchanmanchu pakapi hinaspa ch’ikipi willayninkunata hinaspa sapaqchasqa qelqakunatas. Willakuykuna, “telecomunicaciones” utaq “instrumentos” nisqakunastas atikunmanmi kichayta, qechuyta utaq hark’ayta paqtachaq kamayoq kamachikuyllanpi, Ichaqa kamachiypa ratinkayninpi. Wakin mana t’awina kaykuna ruwayninchisqa sich’us qatachay kamachiypi t’aqwikunan cheyqa pakapin kanan. Sapanchasqa qelqa rap’akuna ch’ankaywan hap’isqaqa, manan kamachiy ruwaqpiqa kasusqachu kanku. Ima qelqakunapas, qolqe yupana qelqa ra’pakunapas, chaymanta kausaykunamanta qelqakunapas atinkun paqtachaypi qhawanankupaq, Ichaqa kamachiyman hinallapuni. Chay ruwaykunapiqa manan kanmanchu horqoy utaq qechuy, Ichaqa kanmantaqmi paqtachiy kamachiypiqa.
11. A elegir su lugar de residencia, ha transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
11. Ajllariyta maypipas kausayninchispi tiyayninchista, suyunnintinpi munayninchisman purikuyninchista, lloqsiynanchista utaq haykuyninchistapas, Ichaqa manan atinchischu mana qhali kaspaqa utaq paqtachay kamachisqanpi utaq hawa llaqtaq paqtachay kamachikuqtinpas.
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.
12. Thaq sonqo mana maqanakunatin huñunakuyman. Sapanchasqa wasikunapi utaq runaman kichasqa huñunakuykunapi mana llaqta kamachiqpa siminta mañakuspa. Ichaqa qhatukunapi utaq k’ijllukunapi huñunakuypaqqa ñaupaq ñeqentaraqmi llaqta kamachiqkunapa siminta mañakuna. Hark’akuwasunmanqa huñunakuyninchis sichus mana allinkunaman tanqayta atiqtin utaq mana allin khali runawan tupananchista chay huñunakuytaqa mana allin kaqtintaq utaq runaq mana qhali kaqtin aman tupananchispaq.
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.
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13. Manan piqpa siminmanta muchuspa tukuy sumaq allin ruwaykunapaq huñunakuyman “fundaciones” nisqakuna ruwaypaq hinaspapas, runapura huñunakuypiqa llank’ananku mana ima qolqemanta kamachiyllapipuni. Manan chay huñuykunataqa ima ruwaywanpas qolluchiyta atinkuchu.
14. contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
14. Allin kay ruwanakuna hunt’aypaq kamachi rimanakuyman, ichaqa manan kanmanchu mana allin kamachiypi.
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
15. Mana pipas kark’asqan llank’ayninchisman, kamachiyman hina.
16. A la propiedad y a la herencia.
16. Ima kayniyoqpaqpas kanapaq, hinallataq suti ayllunchis wañuqtin kaynin chaskiq.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y Cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
17. Ña sapanchisña, ña aylluchakuspaña llaqta suyunchispa suyu kausayninpi, musikuy kausayman, ayllu kausayman, yachaq tarpuq kausayman. Runakunaq paqtayninmi, kamachiyman hina ajllayman hinaspa ajllasqa kayman, ajllasqanta horqoyman utaq mosoq kamachiykuna huñuy rimaypi yuyayukuspa kamachiy kanapaq qelqa churayta hinaspa “referendum” nisqatapas mañakuyta.
18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.
18. Sonqo ukhupi munayninchista, hamut’ayninchista iñiytapas hap’ikunanchista, pakaspa llank’aynichispi ima rikusqanchistapas.
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.
19. Runa ayllu kausayninman hinaspa yachayninkuman hina. Suyuqa reqsinmi hinaspa amachaqen llapa ayllu runakunata kinaspa yachayninkunatapas.
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Perú suyu runaq allaukanmi kikin ayllupa siminpi rimayninman, hinaspa mana simin yachaq kamayoqkunaqa uyarinan hoq t’ijraq rantinpi rimasqanta. Hawa llaqtamanta kamayoqkuna wajaqtin ima willaymanpas kikin allaukayoqmi kallankutaq.
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
20. Ñaraq sapanchis, ñaraq aylluchasqa, qelqapi ima munasqanchis mañakuy. Hinallataq qelqasqa mañakuyninchista apusimi kamachikuq p’unchaykuna ukhupi kutichikuy chaskikuyman. Auqanakunaq Kallpakunapaq hinaspa T’ujriy Kamayoqpaqpas ima mañakuypas kanchu, ichaqa atinkun sapanka ch’ulla runa hina mañakuytaqa.
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.
21. Llaqta kamayoq kayman. Manan pipas llaqta kamayoq kayninta qechunmanchu: Nitaqmi pipas llaqtanmantaqa t’iranmanchu. Manataqmi pipas hark’anmanchu “pasaporte” nisqa qelqa mañakuynintaqa nitaq mauk’a kaqtin hoq mosoq horqonanpaqpas suyuchis ukhupipas hoq suyu llaqtakunapipas.
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
22. Thaq hinaspa llakhi kausayman, sumaq q’ochirikuyninman hinaspa llank’ayta tukuspa samanaman, hinaspapas allin kausay ukhupi llapan kausaynin wiñarichinanpaq.
23. A la legítima defensa.
23. Kutipakunanpaq.
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíe. b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
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d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.
24. Qespiypi, waqayqasqapi kausayman, ima. Chayraykun: a. Manan pipas ruwanmanchu mana kamachiy kamachisqanta, nitaqmi hark’asqantaqa b. Manan piqpa qespinninpas q’estisqa kanmanchu, ichaqa kamachiy kaypiqa atikunmi. Manan mitma runa kay kanmanchu, hinallataqmi manan pipas saruchasqa llank’ayman churasqa kanmanchu imayna kayninpipas. c. Manan pipas sankhaywasipi wesq’asqa kanmachu mana kayninmantaqa. Kay kamachikuyqa mana chaniyoqmi sichus tayta utaq mama kayninta qonqaspa mana churin uywaq tayta mamapaqqa. d. Manan pipas paqtachasqa kanmanchu nitaq hayratasqa kanmanchu ima ruwasqanmantapas, manaraq kay ruwqasqan mana ruwana hina qelqa kamachipi churasqa kashiantinqa. e. Paqtachakuq Kamayoq huchata taripakuyninkamaqa lliupas llup’an kanchis.. f. Manan pipas qespisqa kausayninpas tatichikunmanchu mana Paqtachakuy Kamayoqpa siminmantaqa utaq t’uyriq Kamayoq siminmantaqa, ichaqa hap’isqa kanamanmi sischus huchallikushiaqtin tarisqa Kankan cheyqa. Chay hap’isqaqa hoq tuta huq p’unchay ukhupin paqtachakuy kamayoqpa qayllanman pusasqa kanan. Karumanta hamuqkunatataq puriypa hunt’akunan ukhullapi, Paqtay Kamayoqpa qayllanman pusakunan.
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Kay hunt’ana p’unchaykunaqa manan “terrorismo, “espionaje” hinaspa “tráfico de drogas” nisqamanpas allpanchu. Chhayna kaqtinqa wallawakunaqa piqpa qespisqa kaynintapas watankumanmi chunka pisqayoq p’unchaykama. Chaynapiqa hinallamanmi Llaqta Amachaqe wasiman hinaspapas Paqtay Kamayoqmanpas, atispa chay kikin hucha qhawariy qallariyta manaraq chunka pisqayoq p’unchay hunt’akusaqtinpas. g. Manan pipas wesq’asqa kaqtin runamansinwan rimaypaq hark’asqa kanmanchu, ichaqa hucha sut’inchakunanpaqqa atikunmi, hinaspa paqtaymi chay runawan rimay hark’akuytaqa kamachi kamachiypi kaqtin. Ichaqa Paqtachay Kamayoqmi chay wesk’aymantaqa qelqapi willanan, mana qepallichispa chayachispa, maypi hap’isqa kasqanman. h. Manan mayqen runapas q’aqchasqa yuyayninpi utaq kurpunpi ñak’arisqa kanmanchu, hinaspapas manan p’anankumanchu nitaq ullpuchisqa kanmanchu. “Examen médico” nisqata mayqenpas hanpi kamayoqman chay hap’isqa runa qhawananpaq mañakuyta atin. Manan chaninchakunchu pipas chaqmasqa utaq maqasqa rimariykunata kacharin cheyqa. Sichus pipas chaynata ruwaqtin cheyqa kamachiypa willayninman hina huchaqoq kapunman.
Artículo 3°. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
3º Phatmi. Kay “capítulo” nisqapi paqtay yupayqa manan Hatun Kamay Pirwa kamachiykunataqa qonqanchu, hinaspa sumaq runa kausaynipaq hoq kamachiykunatapas qonqanchu, utaq llaqtaq kamachiyninpas kallantaq, “Estado democrático de derecho” hinaspa “forma Republicana de Gobierno” nisqa kayninman hina.
CAPÍTULO II
II UMALLI
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
RUNA KAUSAY ALLAUKAKUNAMANTA HINASPA MUSIKUYKUNAMANTA
Artículo 4°. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son
reguladas por la ley.
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4º Phatmi. Ayllu hinaspa suyun sayapakun aswantaqa erqenkunaman, q’aqokunaman, mamakunaman hinaspa wijch’usqa machukunamanpas. Chaymantapas kikin suti ayllupi kausaytan qhawan hinaspapas runa sawaymanpas sayapakunmi. Sawasqakunata reqsispa llaqta kusa kausayninpaq aswan kallpayoq kayninta. Imayna saway, t’aqanakuy, karunchakuy hinaspa wesq’eypas qelqa kamachiymi qelqasqa.
Artículo 5°. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.
5º Phatmi. Lliu mana sawasqa warmiqhariq pasaq tiyaykuyninta, ichaqa mana imma saway hark’ayniyoqqa, qelqa kamachi kusqanman hina ima kayninkupas, kuska kayniyuqmi kanku, imayna kasqanman hinaspa kaki kanchayoqmi kanku.
Artículo 6°. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.
6º Phatmi. Suyuntinpi kamayoqkunaq qhawaspa ruwayninmi yanapay allin cheqaq yuyaywan mamatayta kanapaq. Hinaspa reqsinmi kikin aylluq allaukanta hinaspa kausaynintapas. Hinapin suyuqa waqaychan yachaykunata hinaspa llapan yachaykunaman haykunankupaqpas, ichaqa mana kausayninku hinaspa qhali kayninku sarunchasqa kanapaq. Lliu mamataytamamapas churiyasqankutaqa, allintan mikhuchinankupas, p’achachinankupas, yachay wasiman yachaq kachanankupas, allin Kausay apachinankupas. Chhaynallataqmi lliu wawachurinkupas mamataytataqa allinta qhawarinanku. Lliu wawachurikunapas kasqan chaniyoqmi taytamamankuq ñaupanpiqa
kanku. Amatasqan, ima kikinchay ima qelqapipas taytamamaq sawasqa mana sawasqa kaninta, hinalllataq churiwawankunaq mit’asanan churaytapas.
Artículo 7°. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
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7º Phatmi. Llapanmi allaukaqoq kan qhali kausayman, kikin aylluntinpaqpas suyunkupaqpas, allin qhali kayninpiqa, amachasqan. Onqoq kaspa mana pay kikinmanta kausay atipaqqa, runa kasqan rayku allinta qhawarina. Kamachiypaq mamachakunmi qhawarinan, hanpichinanpas yapamanta allin llank’aq runa kanapaq.
Artículo 8°. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.
8º Phatmi. Suyun qhatikachan, hinallataq wanachin, machachikuq, mosqochikuq utaq loqechikuq, ujyanakunata mikhuykunata. Hinamantaqmi runa ima ruwaykunanpi mio hap’isqantapas kamachin.
Artículo 9°. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.
9º Phatmi. Suyu kamachin imaynapin llaqtantinpi runa qhali kausayninta. Hatun Kamayoqmi kamachin hinaspa qhawan imayna ruwayninta. Qhawananmi hinaspa apanan tukuy llaqta runaman qhali ruway chayayman.
Artículo 10°. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.
10º Phatmi. Suyun reqsin hinaspa rantinkan lliupa as asmanta ayllu waqaychakuyman chayanantaqa, chaymi ima thuniy kaqtinpas allchanan runaq allin kausananpaq.
Artículo 11°. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. (*) (*) Párrafo agregado mediante la Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004.
11º Phatmi. Suyu rantinkan llapa runaq allaukanta qhali kananpaq hampi kamayoq wasita ajllanapaq sapanchasqa hanpi wasikunata utaq llaqtaq hanpi wasinkunatapas. Hinaspa qhawanmi hampi kamayoq allin ruwayninta. Llaqta qelqa kamachiymi qhawan mayqen qolqe hanpiq hatun wasita sichus runa llank'ananmanta tatiqtin qolqe chaskinanpaq. (*) (*) Kay willakuyqa yapakun 28389 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 17 p’unchaypi ayamarka killapi 2004 watapi.
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Artículo 12°. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.
12º Phatmi. Qolqe waqaychasqakunata hinaspa allin qhawasqa suyu runa qhali allin qhawasqa kaynintan mana pipas imapaqpas hap’inmanchu hunt’ana kamachiyman hina.
Artículo 13°. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.
13º Phatmi. Yachay, hinaspa yachay tarpuy allpaypas runaq pasaq wiñayninpaqmi. Suyun reqsin, sayankun munaypi yachachiykunata. Mama taytakunan churinku yachayninta hunt’aypi qhawananku hinaspataq ajllaytan atinku may yachay wasipi yachanantapas chaypiqa yanapananmi.
Artículo 14°. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
14º Phatmi. Yachachikuyqa oqllan reqsiyta, yachayta, sumaq ruwaykuna yachayta, pujllaykunapipas, kausaypaq allin llank’aqkuna hinaspa aynikuypi llank’aqkuna kanankupaq. Suyuq kamachikuyninmi yuyaywan runa wiñachiy hinaspa suyupaq. Ch’uya yuyaywanmi suyu yuyayta chaymantapas Hatun Kamay Pirwatan yachaykuna kanan hinallataq llanta utaq auqay runakuq allaukankunatan sapanka yachay wasikunapi yachachinanku. Tayta kamaqmanta yachachiytapas atikullanmi ichaqa yachaqkuna munasqanman hinallapuni. Chay yachachiyqa ruwakun mimaymana kaykunapi, ichaqa Hatun Kamay Pirwa kamachisqanman hinaspa yachay wasikuna yuyasqanman hina. Rimana wasikunas hinaspa suyuwan kusqan yanapananku llaqta runaq yachayninpi sumaq kausay hinaspa tukuy yachayman hina.
Artículo 15°. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la
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sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así
como al buen trato psicológico y físico. Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir
instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.
15º Phatmi. Hamaut’akunaq llaqta kamachiypi llaqtaq llank’aqnin. Kamachiymi churan mayqen llak’aq umalliq hamat’ata utaq kikin yachachiq hamaut’ata yachay wasipi, ruwaynintapas hinaspa allaukantapas. Suyu hinaspa llaqta runakunan ajllaypi, aswan yachaypi, kamayoq kayninkupi hinaspa aswan llank’asqanku rayku wichayninkuta rikunku. Yachaqpa allaukanmi kikin kayninmanta yachay, hinaspa allaukallantaqmi sumaq qhawasqa hinaspa rimasqa kananpaq. Llapa sapanchasqa utaq huñunasqa runaq allaukanmi kamay utaq apaq yachay wasikunata, chaymantapas hoqman kayninta qoytapas ichaqa kamachiman hina.
Artículo 16°. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.
16º Phatmi. Yachachiq llank’ayqa llapan llaqkatunapi kan. Suyun kamachin imayna hamaut’akunaq llank’ayninta, ima yachachiyninkuta, hinaspa yachay wasikuna kamakunanpaq kamachikuna hunt’anankuta. Hinaspa rikunmi imayna yachachisqankuta. Suyuq ruwayninmi qhaway, mana pipas yachay wasiman riyninmanta
hark’asqa kayninta sichus mana qolqeyoq uyaq mana allin yuyayniyoq kayninpi. Aswantan qhawan yachay ñaupaqman purinanpaq suyu kamachiypi qolqe qoyta.
Artículo 17°. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar
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la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.
17º Phatmi. Yachay qallariy, “primaria” nisqa pachan yachay lliupa hunt’anan. Suyuq llaqta kamachiy yachay wasiykunapin mana qolqemanta. Llaqta Kamachisqan Hatun Yachay Wasikunapipas mana qolqewanmi yachachiyqa. Hinaspa suyun ratinkan aswan yuyaysapa yachaqkuna mana qolqemanta yachay wasikunapi yachanankupaq. Llapa runakunaq mana qolqewan yachay wasikunapi yachanankupaq utaq sapanchasqa yachay wasipi mana ñishu qolqewan yachanapaq, chaypin kashillantaq mink’akuq yachay wasikunapi yachaqkunatapas. Suyun yanapan maykunapipas yachay wasikuna kamakunanpaq. Suyun rantinkan manaña suyunchis ukhupi mana qelqay yachaq qolluchiyta. Hinaspataq kallpachan llapa rimaykunapi yachaqkunata yachachikunanpaq, kikin imayna sapanka llaqta rimayninman. Yupanchaspa imayna kikin kausayninkuta hinaspa llaqta rimayninta. Yanapaspa suyuq huñuypi kausananta.
Artículo 18°. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno,
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
18º Phatmi. Hatun yachay wasikunaqa kaykunapaq kamasqan: aswan yuyaniyoq llank’aqkuna kanakupaq, hinaspa kausaykunata, yuyaywan ruwakunanpaq hinaspa t’aqwinkunatapas yanapananmi. Suyuq hamaut’aq yachachisqantaqa rantinkan. Hatun yachay wasikunaqa atikunmi sapanchasqa runakuna utaq llaqta kamachisqapi kamakuyta. Kamachiymi qon imayna hunt’aypi kamasqa kanankupaq Hatun yachay wasiqa hamaut’akuna, yachaqkuna, yachay tukusqankuna kanku. Hinaspa kikin kamaq runankunan chaypiqa kamachinkutaq.
Artículo 19°. Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de
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inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley. La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.
19º Phatmi. Hatun Yachay Wasikuna hianspa llapan yachay wasikunanataqa mana pipas qechunmanchu kayninkunata, ruwayninkunata, hinaspa ima yachay haywasqanakutapas runaq yachiyninpa kaqtin. Ichaqa suyupaq qolqe qoyninpitaqmi hoq neray kamachiypin atinku qolqe churayta. Sumaq sonqoyoq qoyninkunan mana qolqewan yachachiqankutaqa, manan suyu qolqeta mañanchu ichaqa kamachiman hinallapuni. Kakachiymi churan yachaywasikuna imayna llank’anku qhawaqkunata hinaspa imayna hunt’ayninkuta chayman hina yachay wasi kasqanman hina llank’anankupaq. Hoq sapanchasqa yachay wasikunana askha qolqeta hap’inman runaq yachachisqanmanta cheyqa, suyupaq qolqe churanankuqa atikunmi.
Artículo 20°. Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.
20 Phatmi. Llank’aqkunaq wasin kanku, pay kikinkumanta kamachinkuq wasi “Derecho Público” nisqa ruwayniyoq, Qelqa Kamachiymi kamachikun ima kamakunantapas, hinaspataq churan kamachiyninta llank’aykuna imayna llank’anankupaq hinaspa chay wasipi sutin qelqasqa kaynintapas.
Artículo 21°. Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.
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21º Phatmi. Anta orqokuna, llut’aykuna, wankikuna, panpakuna, qelqa waqaychasqakuna, imaymana ruwasqa kaykuna, hinaspa wakinkunapas suyuq kayninmi kanku, mana imapas qhawaypi kaqtin mana kaqtin sapanchasqa runaq utaq llaqtaq. Hinaspa suyupa amachaqesqanmi. Kamachiymi rantinkan chay kaykunata. Yanapantaqmi kamachiman hina, llapa ruwayninta hinaspa waqaychayninta, allchayninta, rikuchiyninta hinaspa mast’ariyninta, sichus hawa llaqtaman apankuman karan cheyqa suyuman kutimunantapas.
Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.
22º Phatmi. Llank’ayqa runaq ruwaymi hinaspa allaukallataq. Chaymi llapan runaq, chhaynapin kikinpa kaynin.
Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.
23º Phatmi. Llank’ayqa Imaynana kayninpin suyuq amachakunan, mana chaninta pisichispa hinaspapas kuskachay ukhupi, chayraykun mamakunata, erqekunata hinaspa q’aqokunata, mana llak’aq atiqkunata yanapan. Suyun rantinkan runakuna llak’ayninpi allin ñaupaqman puriyninta hinaspa qolqen kaynintapas, ichaqa llank’ananpaq yanapaspa hinaspa yachachispa. Manan pipaq llank’aqpas Hatun Kamay Pirwaman kayninta hark’akunmanchu, atillantaqchu llank’aqpa sumayninta saruchayta. Manan pipas mana qolqemanta hinaspa mana munanaqtin llank’anaman churasqa kanamanchu.
Artículo 24°. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene
prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las
organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.
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24º Phatmi. Llank’aqkunaqpaqa allaukanmi llank’asqanmanta chayninta ichaqa ruwasqanman hina qolqe chaskiyta, kikinpaq hinaspa suti ayllun kausaynin kusa kananpaq. Runaman llank’asqanmanta qolqe payllayqa llank’achiqpa aswan ima payllayninmantapas ñaupaqmanmi churakun. Suyuq qhawan hayk’a qolqetan pasaq chaskinanku llank’asqankumanta, ichaqa manan chay nisqanmanta aswan pisitaqa chaskinmanchu.
Artículo 25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.
25º Phatmi. Sapanka p’unchay llank’ana pachaqa pusaq “horas” nisqan utaq tawa chunka pisqayoq “horas” nisqa qanchis p’unchaypi, sichus astawan hoq p’unchayapi llank’akunman cheyqa yapamanta hoq hamuq llank’ay qallariypiqa manan hina yapasqachu llank’aynin kanman. Llank’aqkunaq allaukanmi sapanka “semana” nisqa tukuyta hoq p’unchay samayniyoq kayta, ichaqa chay samasqamantaqa mana pisiyanmanchu qolqeta chaskinan. Chay chaskiyqa llank’achiq hinaspa llank’aqwan rimayanakuspan kamachiman hina.
Artículo 26°. En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.
26º Phatmi. Llank’aypi yupanchakunmi: 1. Llapan runapaqmi mana ima qhawaypi k’apaq kayman. 2. Pipas allaukanta saqenmanchu Hatun Kamay Pirwa hinaspa kamachiman hina. 3. Kamachiy mana ch’uya kanman llank’aqpa allipaq utaq ima apusimi iskayaypipas allchakunan iman llank’akuqpaq aswan chaniyoq chay ukhupin.
Artículo 27°. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
27º Phatmi. Kamachiymi llank’aqtaqa qhawan allin tajyasqa mana qarqosqa llank’ayninmanta kananpaq.
Artículo 28°. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical.
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2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones
28º Phatmi. Suyu reqsinmi llank’ay masichakuyninta, huñusqa rimanakuyta hinaspapas llank’ay tatiy. Runa llaqta kasqanpi allaukayoq kayninta. 1. Llak’ay masichakuyta rantinkan. 2. Yanapanmi huñusqa rimanakuyta hinaspa yanapallantaq llak’aqkunaq llank’ayninpi sumaq kausayninta. Huñusqa rimanakuyta imamanta rimasqaqa kamachi hina kallpayoqmi. 3. Llank’ay tatiy allaukata qhawan ichaqa llaqtakunaq kausayninman hina ruwakunapaq ama ñak’arichinankupaq.
Artículo 29°. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.
29º Phatmi. Suyun llank’aqkuna llank’ay wasipi qolqe rakiypi kanankupaq allaukanta reqsin hinaspapas hoq neray rakiykunatapas yanapanmi.
CAPÍTULO III
III UMALLI
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES
LLAQTA KAMACHIY ALLAUKAMANTA HINSPA RUWAYKUNAMANTA
Artículo 30º. Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.
30º Phatmi. Lliu chunka pusaq watapoq Perú suyuqpa runankunan kanku hatun runakuna. Ichaqa hatun runa kayninku hunt’akunampaqqa ñaupaqtaraqmi qelqakunanku Ch’ijllukuy Qelqarinapi.
Artículo 31º. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
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Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad. La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, publicada el 30 Marzo 2005.
31º Phatmi. Llaqta runakunaq allaukanmi, ima llaqtaq kaqninkunapi haykunanpaq, rimaykunapi, kamachiq allaukakuna ajllaypi, kamachiy kamakunanpaq mañakuy kamachiyman hina, apullikunaq ajllaypipas utaq orqoypipas. Kallantaqmi allaukayoqmi qespisqa apullipaq ajllasqa kananpaq ajllananpaqpas, ichaqa kinkin kamachiyman hinallapuni. Llaqtapi tiyaqmasiqpa allaukan chaymanta ruwayninmi “gobierno municipal” nisqanpi llank’aysiy. Qelqa amachiymi llapa runaq yanapakuyninmantaqa riman. Llaqta runakunaqa ajllanapi allaukayoqmi runa kaninta yuyaspa. Chay ruwananpaqmi ch’ijlluy qelqapi sutin qelqasqa kanan. Ajllayqa kikin runapunin ajllan, qespiypi, pakapi hinaspa hujnt’ay ruwana. Mayqen runa hark’asqa utaq pisichasqa allaukanamanta kanman cheyqa huchallisqan kananman. (*) (*) Kay willakuyqa hoq nerayta ruwakun 28480 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 05 p’unchay Paukarwaray killapi 2004 watapi.
Artículo 32°. Pueden ser sometidas a referéndum: 1. La reforma total o parcial de la Constitución; 2. La aprobación de normas con rango de ley; 3. Las ordenanzas municipales; y 4. Las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.
32 Phatmi. Suyu tapuyman atikunmi churayta: 1. Hatun Kamay Pirwa allchayta utaq sulluchiyta; 2. Ruwaykunapaq kamachiykunata kamachiman tukuchiy; 3. Chaskiy llapa kamachiykunata kamachiyman hina; 4. Llapan suyupi llak’ay ruwaykuna llank’ananpaq. Ichaqa manan suyu tapuyman churayta atikunchu wit’usqa utaq sarunchasqa runaq allaukan kaqtin, hinaspa qolqe churaymanta kamachikuna, hinaspa hawa llaqtapi rimaykuna yuyaypi qelqasqakunata.
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Artículo 33°. El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 1. Por resolución judicial de interdicción. 2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
33º Phatmi. Suyu runa kayninmi tatin: 1. Hark’ay ruway paqtay kamayoq Kamachi qelqa rayku. 2. Hayratapi huchallisqa runa wesq’asqa kananpaq kamachiqtin. 3. hayratapi suyu runa hina allaukan tatiqtin.
Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, publicada el 30 Marzo 2005.
34º Phatmi. Auqanakunayoq kallpankuna hinaspa llank’aq t’uqriy kamayoq allaunkami ch’ijlluchikunapi ch’ijlluta atinku kamachiyman hina. Manan atinkuchu ajllachikuyta, hinaspa t’aqa t’aqa runa huñunakuypi kaytapas, sichus manaraq llank’ayninkumanta pasaqpaq lloqsinkuman cheyqa, kamachiyman hina. (*) (*)Phatmi hoq manta qosqa 28480, kamachiman hina, mast’arisqataq 30 p’unchaypi Paukar waray killapi 2005 watapi.
Artículo 35°. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos indiv idualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático
de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general. 35º Phatmi. Suyu runakunaq allaukami ima llaqtaq kaqninkunapi haykunankupaq, sapankupas, rantinkuta kachaspapas ichaqa kamachiyman hinallapuni. Chay runakuna huñuypi puriyninkuqa munayninkuman hinan. Hinaspa sutin yupanchasqa kanapaqmi qelqapi qelqasqa kanan. Sayaqe “politicos” nisqa purinanpaqa kamachiymi kamachin huñunasqa huñuynin kausananpaq, hinaspa qhawallantaq maymanta qolqe chaskisqankuta utaq hap’isqankutapas; chaymantapas willakuy mast’arikuyninkunamantaqa, yanqallamantan haykuchikunan, p’ukuchay, rimanakuy ch’ijllunakuypi hayk’a kasqanman hina.
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Artículo 36°. El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.
36º Phatmi. “Politico”nisqa runa qorpanchakuqta suyu reqsikunmi. Hoq suyunkamachikuq qorpanchay qokusqantapas reqsikunmi qorpachakuyta hina. Sichus pi “político” nisqa runa qorpanchasqatapas qarqokunan kaqtinqa, manan qatikachaqninku makinkumanqa haywakunmanchu.
Artículo 37°. La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad. No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza. Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por
hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.
37º Phatmi. Kamachiy Hunt’achiy Kallpaq kamachiyllanwanmi suyunchismantaqa horqonman, chaypas Hanaq Paqtachakuq Wasiq huñiyninwan, hawa llaqtakunapi hinallapatunin ruwakunan suyupura qelqa rimasqankuman hina. Manan horqoyta atikunmanchu “religión” nisqa yuyaynin rayku, rimasqan rayku utaq sanan raykupas. Manan kay nisqanchiskunaqa sayapakunchu Kamayoq wañuchiqman, runa wañuchiqman, q’omalliqman nitaq q’aqchaqkunamanpas.
Artículo 38°. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
38º Phatmi. Lliupa kamachiyninchismi, Perú suyunchis much’akunanchis, kaqninkuna qhawarinanchispas, waqaychananchispas. Hunt’aspa hinaspa amachaspa Hatun Kamay Pirwata hinaspa kamachiykunatapas.
CAPITULO IV
IV UMALLI
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
LLAQTA KAMAQKUNAMANTA
Artículo 39°. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la
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Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
39º Phatmi. Llapan llaqtapaq llank’aqkuna hinaspa kamachiqninkuna suyuq kamachiyninpi kanku. Suyu Umalliqmi aswan suyu umalliqnin hinaspa llaqtapaqmi llank’aynin chay ñeqepin kanku, Rimana Wasipi apullikuna, Hach’awanqokuna, Hatun Kamay Pirwa yupanchay wasipi llank’aqkuna hinaspa Paqtachay Kamayoqkuna; Hanaq Paqtay Kamayuqkuna, Kuraq Llaqta Añachaqen, Llaqtaq Amachaqen, chaymantapas huch’uy llaqta kamayoqkunata, warayoqkuna, kamachiman hina.
Artículo 40°. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.
40º Phatmi. Suyu kamachi t’ufsikun, hayk’atan llaqtapaq llank’aqkunata chaskikunman, imakunan hunt’anan, hinallataq ima kamachikunan kanman chaytapas. Manan llaqta llak’aypi huñusqa kankuchu kamayoqkuna utaq wayqechakuypi llank’aqkunapas. Llaqtapaq llank’aqkuna manan kikin llaqtapaq iskay llank’aymanta musiyta chaskinkumanchu, ichaqa llaqtaq yachay wasipi yachachiyta atinmami, chaymanta musiyta chaskinkumanmi. Kamayoqkuna, qelqa willakuypi hayk’a musiy chaskinkankuta llaqtapaq yachachinan, hinaspa hokaq llank’aqkunapas willakunakunankun ichaqa kamachima hina.
Artículo 41°. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.
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El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.
41º Phatmi.Llaqtaq kamayoq utaq Suyuq qolqen apaqninkuna lliu masiy rayku qolqemanta hianspa kayninkunamanta yachakunanpaq willakuyta qelqapi churananku llank’ay qallariyninkupi hinaspapas lloqsiyninkupipas. Hinaspa chay willakuyqa mast’arikunan suyuqpa qelqa willakuypi. Sichus mana allin qhapayayninta rikukunman cheyqa, Hatun Llaqta Paqtachaymi hoqpa willakusqan rayku utaq kikin rayku paqtay kallpa wasimaq qelqapi willanan huchallisqa kananpaq. Kamachiymi churan kamayoqkunaq hinaspa llank’aqkunaq hunt’ayninta, hinaspa hayk’a wata kama llank’ayninkuta. Llank’aqkunan Suyuq kaynin suwakusqan rayku hucha qolluyninpaqqa “duplica”nisqa iskay kuti kausaypin.
Artículo 42°. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
42º Phatmi. Reqsikunmi llank’aqkunaq allaukan “sindicalización” nisqa hinaspa llank’ay saqeyman. Mana kankuchu Suyupi kamachiq kamayoqkuna chaymantapas manallataq atinkuchu wayqechakuypi llank’aqkunapas, manallataq atinkuchu auqanakunayoq hinaspa t’uyru kamayoq kallpankunapas.
TÍTULO II
ISKAY HATUN T’AQA
DEL ESTADO Y LA NACIÓN
SUYUMANTA HINASPA LLAQTAMANTA
CAPÍTULO I
I UMALLI
DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO
SUYUMANTA, LLAQTAMANTA HINASPA SUYU ALLPAMANTA
Artículo 43°. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible.
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Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.
43º Phatmi. Perú suyu llaqtaqa “Repùblica democrática” nisqa runa kausaynin, mana pimanta muchuq, kikinmanta munayniyoq, llank’aypi teqsekuq. Ch’ullallan kamachikuqnin, llaqtaq rantin sayaq, sapanka kuraq kallpayoq kamayoqkuna t’aqapi yupanchaspa.
Artículo 44°. Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.
44º Phatmi. Suyuq kamacheqninkunan, suyunchispa munayninman hina amachakuy, runakunaq allaukanta rantinkay,” derechos humanos” nisqata hunt’achiy, llaqtaman allinkay qoy; llaqta runaq allin kausaypaq llank’ay ichaqa suyuq kallpachasqa wiñayninpi. Chaymantapas, suyuq ruwayninmi hokaq hawa suyukunawan allin kausaynin, astawanqa tawantinsuyu llaqtakunawan, ichaqa hawa llaqtakunapaq kamachiyman hina.
Artículo 45°. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Furza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
45º Phatmi. Kamachikuypaq kallpa paqarin llaqtamanta. Pi llaqta kamachikuqpas, llaqtaq rantintan kamachikun, ichaqa Hatun Kamay Pirwaman apusimiqpas intukusqan ukhupipuni. Manan kikillanmantaqa pi runapas, sayaqekunapas wallakunapas, utaq mayqen huch’uy ayllupas huñusqa runakunapas atinchu suyu kamachiytaqa. Ruwayninqa ankallikuymi utaq runa sarariy.
Artículo 46°. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
46º Phatmi. Manan pipas kasunanchu qechuq suyu kamachiqtaqa, nanataqmi kamayoq kananchu Hatun Kamay Pirwa p’akiqpas.
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Suyupi tiyaq runakunaq allaukanmi Hatun Kamay Pirwa tuyruchayta amachakuspa ankallikuyninqa. Qollun lliu mana ima cheqan kamachikuyqa ima ruwasqanpas.
Artículo 47°. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.
47º Phatmi. Suyu p’itwiy kamayoqpa ruwayninpin suyu amacheqeyninqa. Suyuqa paqtachay ruwananpaqqa qolqeta payllananchu.
Artículo 48°. Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.
48º Phatmi. Suyuq “oficial” nisqa rimayninkunanan “castellano” hinaspa sichus hoq llaqtakunapi rimayninman hina rimakunanmi runasimita hinaspa aymarasimita, ichaqa hukaq llaqtanchispa siminkunapas llaqtakunapi rimakunanmi, kamachiman hina.
Artículo 49°. La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco. Son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley.
49º Phatmi. Lima llaqtan Perú suyuq “capital” nisqa umalliq. Qosqo llaqtataqmi qhepa kausay willakuy umalliq. Suyunchispa unanchayninkunan, kinsa sayanpayoq laphara, hoq sayanpanman puka, hoq yuraq, hoq puka paukarniyoq hinallatqmi qerarapas, yupaychana takipas, kamachiman hina.
Artículo 50°. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
50º Phatmi. Kikinmanta munay kamayoq ukhupi, manan mayqenpas mayqenmanta muchuna ukhupi, suyuqa reqsikun “iglesia católica” nisqata, allin kausayninpi, yachay tarpuyninpi, allin kausay tikakuna qoyninpi, chaymi Perú suyu yanapayninta mañan. Suyu hoq neray runaq yuyaykuyninta yupanchan hinaspa yanapakuypi kausaypaqpas ayninakuytaqa kamachikunmanmi.
Artículo 51°. La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
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51º Phatmi. Hatun Kamay Pirwa ima kamachikuy tikaq hawan chaniyoq, kamachin chayman qatin hokaq kuraqmanta sullk’a kamachiykuna kama. Willakuyta mast’arina suyuntinpi kamachiyninkuna hunt’akunanpaq, kasusqa kananpaq.
Artículo 52°. Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.
52º Phatmi. Perú llaqta runakunaqa kanku liu suyunchis ukhupi paqariq runakuna. Hinallataqmi hoq llaqtakunapi paqariqkuna, Perú llaqata runanpa wawachurinkunapas, ichaqa qelqa pirwapi qelqasqa erqe kaqtinku. Chaymantapas Perú suyu runakuna kallakutaqmi “naturalización” nisqa rayku utaq nunayninku rayku, ichaqa tiyanakupuni Perú suyupi.
Artículo 53º. La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.
53º Phatmi. Kamachiymi allchan Perù suyumanta runaq kananpaq utaq hoqmanta chinkachisqata tarinanpaqpas. Manan Perú suyu kaytaqa chinkachikunchu, ichataqmi manaña munanmanñachu cheyqa kamayoqmanmi qelqapi mañanan.
Artículo 54°. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
54º Phatmi. Peru suyunchis ukhuqa mana ayuymi. Suyunchispa kaqninkunan, Pachan, ukhu pachan, hanaq pachan, muyuriqninpi hatun qochan, iskay pachaq “millas” nisqa chayninman hina, ichaqa atinmi hatun qocha ukhunta hawa suyukunaman puriyta rimakuy qelqaman hina suyunchis nunayninman hina. Suyunchismi mamaqochanpi kamachikuyninqa, allpan muyuriq qochanman, ununtinman, suyunchispa munnayninqa kallpanqa
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mast’arikun hawa llaqtakunaman kamachiman hina hinaspa kamachikuna qelqasqan raykupas. Suyuq munanyninpas kallpanpas mast’arikun hanaq pachanchisman, suyunchis muyuriq hatun qochaman, iskay pachaq “millas” nisqa ukhukama, apusimiq kamachiyman hina, hinallataq hoq suyu llaqtakunawan kamachinankusqanchisman hina.
CAPÍTULO II
I UMALLI
DE LOS TRATADOS
KAMACHINAKUYKUNAMANTA
Artículo 55°. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
55º Phatmi. Hoq hawa llaqtakunawan suyu kamachinakuyninkunaqa ruwasqaqa suyu allankankunamanmi haykupun.
Artículo 56°. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos Humanos. 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 3. Defensa Nacional. 4. Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.
56º Phatmi. Ñaupaqtaqa lliu hoq hawa llaqtakunawan kamachiynakuykunaqa Rimana Wasipi apullikunan huñinachinan, chaytan Perú Suyu Kamachiq sut’inchanan, ichaqa kaykunamanta kaqtillan: 1. Runakunaq allaukanmanta. 2. Suyu atiyniyuq kananmanta utaq k’apaq suyu kallpanmanta. 3. Suyu amachaymanta. 4. Suyuq kausayninpaq qolqe kayninmanta utaq manukuyninmanta. Hinallataqmi Rimana Wasin kamayta, hoq neray kayninta utaq qolqe churay qolluchiyta hawa llaqtawan kamachiynakuykunata hinaspaapas osqay ruwaqninkunatapas sut’inchanan.
Artículo 57°. El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.
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Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.
57º Phatmi. Perú Suyu Umaniqllanmi atin payllana qelqana qelqanakunata qelqayta, hinallataq ima hoq suyukunawanpas ruwaytapas kamachiykuna sut’inchaytapas hinaspa chaskiyta mana kay kamachiypi churasqa kaqta manan Rimana Wasiman tapuspa, chaymantañan willanan Rimana Wasiman. Sichus kamachiynakuykuna ruwakunman mana Hatun Kamay Pirwaman hina, kikin hoqmanta imayna ruwakun Hatun Kamay Pirwa hinan ruwakunan chayñas suyu kamachiqninqa sut’inchan, Rimana Wasiman willaspa, hinaspa hatun huñunanuyninkupiñan sut’inchananku.
TÍTULO III
III HATUN T’AQA
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
SUYUQ QOLQE KAYNINMANTA
CAPÍTULO I I UMALLI
PRINCIPIOS GENERALES
LLAPANPAQ QALLARIYKUMANTA
Artículo 58°. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de seguridad de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
58º Phatmi. Hoq sapanchasqa llak’ay kamay qallariyqa munayninmantan muchun ruwaqkunaqa qhatu ayllu musiypi. Suyuqa yanapakunmi ima kanapaqpas t’ufsisqa, llaqtaq allinkayninwan tupananpaq, asqantapunin rikun llak’ay kanapaq, runaq qhali kayninpaq, yachachiy yachay kananpaq, kallpapi kausaypaq, llaqta kamachisqan imaymanna llut’aykuna kananpaq.
Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad
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públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
59º Phatmi. Suyu yanapan llaqtapi llank’aqninkuna lliu qhapaq kayninta maskhananpaq hinaspa rantinkan qespiypi llank’akuypaq, ayllu qhatu wasikuna llank’ananpaq utaq qhatupaq kaykuna ruwaypaqpas. Ichaqa kay llank’aykunaqa kausayta, qhali kayta nitaq runa kausaynin ukhu waqaychasqata sarunchaspa. Suyu rantinkan llapa runaq kasqan ima kaykunatapas hinaspa ñak’ariqkunata hatarinankupaq yanapaspa, chayrankun huch’uy runa huñuypi imaymana llak’aykunata yanapan.
Artículo 60°. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
60º Phatmi. Suyu sayapakunmi llapanpa musikayninman. Suyunchispa qhapaq kayninmi teqsichakun llapan llaqta kayniyoq kayninkupi hinaspapas qolqewan ruway llank’aqkunawanpas. Ichataqmi qolqewan ruway llank’aqkunallaq munaynillanwanmi suyuqa atin paykunawan atin llank’ayta ruwayninpi, hinspa kikinpas, hoqta rantinkaspa utaq karullamantapas, ichaqa suyuq allin kausayninta qhawarispallapuni. Suyu llapa llank’aqkunata hinan qolqewan ruway llank’aykunaqapas rikun.
Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
61º Phatmi. Suyuqa sayapakun llapan qolqewan ruwaq llank’aqkuna ama auqanakuspa llank’anaman. Suyu qhatikachan ch’ullalla llank’aqta, qhatukuna huñuqta. Ichaqa mana chay ruwaykunata atinkuchu suyupas nitaq sapanchasqa runapas. “Prensa” nisqa qelqapi willaqkuna, “radio” nisqa willaqkuna, “television” nisqa qawanakunapi hinaspa wakin runaman willaqkukuna; manan
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atinkuchu sapallankulla llank’ay munayta nitaq pi runapas atinchu payllapaq hap’iyta huñunakuspapas nitaq sapan chasqapas.
Artículo 62°. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.
62º Phatmi. Rimanakuyqa rantinkasqa chaymi ruwaqkunaqa atinku chay ruwayta may kausay kananpaqpas. Ichaqa rimasqankuqa manan hoq nerayman t’ijrakunmanchu ima kamachiykuna kamachiypipas. Sichus ima maqanakuypas kanman cheyqa atinkun paqtay wasimpi utaq hoq qolqewan ruway llank’aqkuna paqtay wasipipas chaykuna qhawachiytaqa, ichaqa kamachiman hinallapuni. Suyu qelqa rimanakuypi atinmi allin kausayninpaq rantinkayta hinaspa allin waqaychaypi hap’iyta, ichaqa kay qelqapi nisqaman hina.
Artículo 63°. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.
63º Phatmi. Hawa llaqtaq hinaspa suyupi llank’aq runakuna qolqe churasqanqa hawa llaqtapaq kamachiykuna kamachiman qespisqan kanku. Sichus mayqen hawa suyupi kay kamachiykunata sarunchayta munanman cheyqa suyun atin allin chaninchaykunata ruwayta. Llapa hawa suyu rimaykunaqa suyuq kamachiyninman hinapunin ruwakun hinaspa suyuq paqtachay wasinkunapin chaytaqa rikukunan. Atillantaqmi qolqewan ruway llank’aq wasinkunapipas atikullantaq kay mana allinkunata qhawachiyta ichaqa kamachiman hina.
Artículo 64°. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
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64º Phatmi. Suyu rantinkan qolqe hap’iy kayninta hinaspa imaynapas hawa suyu qolqe hap’iytapas.
Artículo 65°. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
65º Phatmi. Suyu amachan runaq tukurparisqanta hinaspa ruwasqantapas. Chaypaqmi rantinkan willakuy mast’ariyta kaykunamanta hinaspa ruwaykunamanta qhatupi kasqanta. Chaymantapas suyu runaq allin qhali sumaq kausayninta qhawan.
CAPÍTULO II
II UMALLI
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
PACHAMAMAMANTA, HINASPA KAY PACHA QHAPAQ KAYNINMANTA
Artículo 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
66º Phatmi. Kay pacha suyuq kaqninkunaqa, t’aqakun, mosoqchakuspi hinaspa mana mosoqchakuspi, suyuq kayninkunapunin. Suyullapuni munayniyoq horqoyninpipas. Ruwaypaq kamachiyllawanmi sapanchasqa runaqa horqonman utaq qochikunman kayninkunataqa kamachiman hina. Sichus sapanchasqa runa munanman paypaq cheyqa mañakunamani kamachiman hina.
Artículo 67°. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
67º Phatmi. Suyun qhawan kay pacha suyuq kaqninmantaqa. Yanapan imayna kay pacha kayninkuna sumaqpi hap’isqa kananpaq.
Artículo 68°. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
68º Phatmi. Suyun kamachisqa kan kay pacha suyuq kausayninkuna allin qhawasqa kananpaq, t’aqaspa sumaq kayninkunata mana hayk’aq tukukunanpaq.
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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Artículo 69°. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.
69º Phatmi. Suyun kay pacha “amazonía” nisqa suyuq kausayninta yanapan wiñananpaq allin kamachiykunata ruwaspa.
CAPÍTULO III
III UMALLI
DE LA PROPIEDAD
KAQNIYOQ KAYMANTA
Artículo 70°. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
70º Phatmi. Kaqninchiskunaqa mana tupaykuna kay. Suyun rantinkan. Hinaspa kamachiy ukhupin ima ruwaypas. Manan pipas qechumanchu hoq runaq kaynintaqa, suyullan chaytaqa ruwayta atinman ichaqa kikin suyuq aswan waqaychasqa kananpaq utaq llaqta runakunaq allin kausanallanpaqpuni hinaspa chaytaqa kamachiypuni kamachinan, hinaspa suyuqa qolqetan qonan kaqniwuqman kayninta qechunanpaqqa. Paqtachay wasipin kan hoq qelqa churanapaq manapas allinchu sichus suyo mana chaninta munanman pisi qolqellata qoyta cheyqa.
Artículo 71°. En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.
71º Phatmi. Kayniyoq kaypiqa hoq suyu llaqtakunapas. kasqan kikin Perú suyuq runa hina allaukayoq, ichaqa maman imaynapipas hoq neray rikusqa kanankumanchu. Ichaqa pisqa chunka “kilómetros” nisqa ukhupi, hoq suyu runakunaqa manan antapanpakunayoq, chajra allpakunayoq, sach’a sach’akunayoq, unukunakunayoq, “combustible”utaq “fuentes de energía” nisqakunayoq
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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kanmanchu pay kikinpaq utaq hoq runakunapaqpas, sapallan kaspapas utaq huñunasqapas, chaynapiqa chinkanmi suyupi ima allaukanpas chayna kayniyoq kayqa. Ichaqa suyuqa llaqtaq allinninpaq kaqtinqa atinmanmi ima kaqninchis qechuytapas.
Artículo 72°. La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.
72º Phatmi. Kamachillawanpuni atikunman suyu allin waqaychasqa kananpaq, hark’akuyta qhatuykuna, allpa hap’iykunata, llank’aykunata hoq kaqkunapi.
Artículo 73°. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.
73º Phatmi. Pasaq kay pachapi kausaypi manan runaq kaqninkunapipas hap’ikuyta atinchu, Ichaqa suyu atillantaqmi. Llapan kaqninkuna sapanchasqa runaman qoyta, llank’aspa qolqechanakupaq, ichaqa kamachiman hina.
CAPÍTULO IV
IV UMALLI
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL
SUYUNTINPI QOLQE CHURAYMANTA HINASPA QOLQET’ITUYMANTAPAS,
Artículo 74°. Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. (*)
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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(*) Artículo modificado por Ley Nº 28390, publicada el 17 de noviembre de 2004.
74º Phatmi. Qelqa kamachiyllawanpunin kamakun, mit’akun, qolluchikun qolqe churay tantakuykunatapas, wakikuykunatapa, qollunanpaqpas utaq manaña qolqe churaypaqpas, hoq neray tantakunapas, ichaqa kamachiy nisqanman hinallapunin atikunman, chaykuna ruwakuqpaq kamachikuy kaqtillan, “Decreto Supremo” nisqan chaninchaytaqa churan. Sapanka huch'uy suyukunaq, llaqtakunaq hinaspa ayllukunaq "alcalde" nisqa warayuqkunan kamayta atinku, hoq neray qolqe churanapaqpas utaq qollunanpaqpas utaq manaña qolqe churaypaqpas, kikin llaqtanpiqa, ichaqa yupanchananmi kamachiykunata hinaspataqmi runaq allaukantapas qhawarispa, mana ima qolqe churaypas runaq kayninta supuyaq qechuyta atinkumanchu. Manan osqay qelqa kamachiykuna hinaspapas "decretos de urgencia"nisqakunapas qolqe churaymanta rimayta atinmanchu. Qolqe churaypaq kamachiykunaqa sapa watan qallarin hoq ñeqe “Enero” nisqa qhapaq raymi killa qallariypi.* Mana hunt'anan mana allin kallpawan qolqe churanapaq kamachiykuna qosqaqa, kay "artículo" nisqa willayninman hina. (*) (*)Kay willakuyqa yapakun 28390 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 17 p’unchaypi ayamarka killapi 2004 watapi.
Artículo 75°. El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley. Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley. Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal.
75º Phatmi. Suyu rantinqanllanmi llaqtakunaq kamachiqninkuna qolqe manukusqankunata kutichinapaq Hatun Kamay Pirwa kamachiyninman hina. Ichaqa hawapi manukukunata utaq kikin suyu ukhupi manukunatapas chaskikun kamachiman hinallapuni. “Municipios” nisqa waraoyoq wasikuna atinku manukuyta ichaqa kaqninkunawan kutichinankupaq rantinkaspa, chay manukunankupaqqa manan pipas kamachinanchu.
Artículo 76°. Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto
señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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76º Phatmi. Mayqen llank’aykunapas suyuq qolqenwan untaq ina kaqninkunawanpas ruwakunanpuni llapa qhatukunaman yachachispa ichapas haykuyta munankuman suyu rantin munasqanman. Ima rantiykunapas utaq llank’aykunapas, suyuq qolqe kayninman hinan ruwakunan. Kamachiymi willan imayna ruwakunanta hinaspa mana ruwaymantapas hinaspa llapan hunt’anankupaqpas.
Artículo 77°. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon. (*) (*) Articulo modificado por Ley N° 26472, publicado el 13 de junio de 1995
77º Phatmi. Qosqochasqa kamachikuypa, Musikuypa, “financiera” Suyuq qolqe kaqninmanta, sapa watamni t’aqakusqa qolqewanmi kausan. Qolqet’ituyqa, iskay ñeqeyuqmi: Kikin hatun Kamachiqpa hinaspa hukhu llaqtakunapaq. Chay qolqe t’ituyqa llapa llaqtaq imayna kayninman hina rakikun. Ichataqmi runakunaq alin kausayninta rikuspa, hinaspa llaqtakunaq qhapaq kayninta rikuspa. (*) (*)Kay willakuyqa yapakun 26472 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 13 p’unchaypi inti raymi killapi 1995 watapi
Artículo 78°. El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente. No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.
78º Phatmi. Rimana Wasipi kamachiqmi apachin chay qolqet’ituymanta qelqa rimayta Suyu kamachiqmaq ichaqa sapa wantami kinsa chunka p’unchaykama “agosto” nisqa qhapaq sitwa killa tukuypi haywanan. Chay p’unchaypitaqmi, apachillantaq hoq manukuypaq mañakuykunatapas chayman hina imaymana ratinapaq ruwanapaqpas qolqe kananpaq. Chay qolqet’ituyqa allin ruwasqan kanan.
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Suyuq hatun qolqe marka wasin, hinaspa llaqta kamachiypi qolqe marka supupaq qolqe manusqankuqa mana qolqet’ituyta hinachu yupakun. Manan chaskikunmanchu qolqet’ituytaqa mana sichus llaqtaq manukuynin chaypi kutichinapaq churasqa kanaman cheyqa.
Artículo 79°. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.
79º Phatmi. Rimana wasiq rantinpi rimaqkuna manan atinkuchu qoyta hinaspa yapayta qolqe chijchayta, ichaqa atinkun kikinkuq qolqet’ituyninta yapaytapas pisiyachiytapas. Rimana wasi manan atinchu rantinkayta yachasqa ruwaykunapaq, ichaqa atinmanmi sichus hatun kamayoq mañanman cheyqa.
Artículo 80°. El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo. Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros. Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.
80º Phatmi. Qolqe Hach’awanqo Wasin, Rimana Wasiq kamachisqan hatun rimaypi willakunan imapin qolqeta pisiyachiyninta. Sapanka achawanqon riman imapin chu’usaqyachinku suyuq qolqenta. Paqtachay wasiq kamachiqnintaqmi, llaqtaq hatun amachaqen hinaspa kamayoqkuna ajllana wasipa kamachiqninpas rimanankun sapanka t’aqataqapi ima ruwayninkupaqmi suyu qolqeta munanku cheyta. Sichus qolqe mañakuyninkuta, manaraq kamachiy qelqa kashiaqtin, “noviembre” nisqa ayamarka killapi kinsa chunka p’unchay kausaypi
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apachinkunan cheyqa, hatun kamayoq atrinmi yuyayninman hina qolqe rakiyninta qelqa kamachiyninpi churayta. Hoq quepa manukuykuna, hinaspa qolqe churaykunatap Rimana wasipin mañakun imayna hatun suyupaq qolqe mañakuy hina. Sichus rimana wasi samaypi kashian cheyqa, pasaq huchuy huñunakuymanmi kikin rimana wasipi mañakun, ichaqa ruwakunapaqmi rimana wasipi “tres quintos” nisqa apullikunan ajllakuyta munananku.
Artículo 81°. La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoria de la Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al de ejecución del presupuesto. La Cuenta General es examinada y dictaminada por una Comisión Revisora dentro de los noventa días siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días. Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General.
81º Phatmi. Suyupaq qolqe ñañakuy, llapan suyu tukuq rikuy qelqakunawan suyu kamachiq haywan rimana wasiman ichaqa chunka pisqa p’unchay kausaypi ayamarka killa manaraq mososq wata qallariypi. Chay qolqe mañakuytaqmi rikusqa hinaspa t’aqwisqa kan hoq rikuqkunawan esqon chunka p’unchay churasqa qhepa. Hinaspa Rimana wasitaqmi rimarin kinsa chunka p’unchay kausaypi. Sichus mana Rimama Wasi imatapas rimanchu cheyqa, apachikunmi chay qelqa mañakuyta hatun kamayoqman Kamachi ruwakunanpaq.
Artículo 82°. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder
Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.
82º Phatmi. Suyuq Tukuy Rikuqnin wasin sapan llank’ananpaq churasqa llapa llank’aqninkunatan ajllan hinaspa qolqentapas pay kikinmi rakin ima kausayninpaqpas. Aswan hatun qolqe yupana wasikunamanta. Suyuq Tukuy Rikuq runamanni rimana wasiq churasqanmi kan, ichaqa hatun kamayoq reqsichiqtin, llank’ananpaq qanchis wata, ichaqa rimana wasin horqonman llank’ananmanta sichus huchallisqa kanman cheyqa.
CAPÍTULO V
V UMALLI
DE LA MONEDA Y LA BANCA
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QOLQEMANTA HINASPA QOLQE WAQAYCHANA WASIMANTA
Artículo 83°. La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.
83º Phatmi. Kamachiymi kamachikun imayna “sistema monetario” nisqa qolqe suyupi kanantapas. Qolqe ch’umaytapas, “billete” nisqa nit’iytapas. Suyuq munayninmanta muchuqmi. “Banco Central de Reserva del Perú” nisqa qolqe Markamanta Kamachiq qolqe kayninta kamachikun.
Artículo 84°. El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica. El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio. El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.
84º Phatmi. “Banco Central de Reserva del Perú” nisqa Qolqe Waqaychana Hatun Kamachiq Wasin, payllamanta llank’ayta atiymi hinaspa imaymana kausayninpipas. Kikillamantan purin ichaqa kamachiman hina. Qolqe Waqaychana Hatun Wasiq kausayninqa suyuq qolqen allin rikunapaq, ruwayninkunan kan: qolqemanta rikuy hinaspa manukunamanta, llapan hawa llaqtamanta qhapaq kayninchis waqaychay, ichaqa kamayoq ruwayninpi. Qolqe waqaychana hatun wasiqa manan atinchu pimanpas manuyta, ichaqa atinmi rantiyta huch’uy qhatukunapi kamachiyninma hinallapunitaqmi.
Artículo 85°. El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso.
85º Phatmi. Qolqe Marka Waqaychana wasi atinmi qolqekunamanta rimay hinaspa rimaykunata qelqapi churay mana allin suyu kansayninchis kaqtin.
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Asqha qolemanta rimay kanman cheyqa kamachiytan suyakunan hinaspa suyupaq qolqe churasqamanta ima ruwayta atinanpaqpas. Ichaqa Rimana wasiman willananpunin ruwasqantaqa.
Artículo 86°. El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional.
86º Phatmi. Qolqe Marka Waqaychana Wasin qanchis umalliqkunata kamachisqan kausan. Hatun kamayoqmi churan tawa umalliqta, chaymantan hatun kamachiqnin lloqsin. Rimana wasin chaskin chay ajllasqata hinaspa kinsantin umalliqtapas ajllallantaq, ichaqa llapan apullikunan chay ajllaypiqa kananku. Ichaqa manan sapanchasqa nitaq huñusqa runakunatachu rantinkanku. Rimana wasipas atinmi horqoyta cheqaq huchayoq kaqtin. Sichus kamachiqnin horqosqa kanman cheyqa wakin umalliqkunan chay llank’aypi churasqa kayta atinku.
Artículo 87. El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley. La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28484, publicada el 05 Abril 2005.
87º Phatmi. Suyun yanapan hinaspa rantinkan runaq qolqe waqaychayninta. Kamachiymi churan qolqe markaq ima ruwaynintapas, hinaspapapas imaymana rantinkaykunata. Qolqe Marka wasikunatan “Superintendencia de Banca y Seguros” nisqa hatun qolqe marka wasikunata rikun, chaymantapas runaq qolqenta chaskispa waqaychallankutaq ichaqa kamachiman hina.
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Kamachi qelqan willakun imayna “Superintendencia de Banca y Seguros” nisqa kikin kausanninta. Hatun Kamayoqmi churan “Superintendente de Banca y Seguros” nisqa apaqninta kikin Hatun Kamay Pirwa kamachiqninman hina, ichaqa Rimana Wasin llank’ayninpaq rimarin. (*) (*) Kay willakuyqa hoq nerayta ruwakun 28484 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 05 p’unchay Ayriwa killapi 2004 watapi.
CAPÍTULO VI
VI UMALLI
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
“COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS” NISQA AYLLUKUNAQ KAUSAYNINMANTA.
Artículo 88°. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.
88º Phatmi. Suyun ñaupaqchan q’ala imapas chaqra llank’aytaqa. Tarpuna allpayoqkunaq allaukantan rantinkan, sapanchasqa utaq huñunasqa kaqtinkupas hinaspapas hoqneray kausaqkunatapas. Kamachiymi churan maykaman hinspa hayk’a allpayuq kayniyta imayna chajrapanpa kayninman hina. Wijch’usqa allpakunataqmi, kamachiyman hinan churakun suyuq kamachiynoinman hina ichaqa hoqman qokunanpaq utaq qatutunanpaqpas.
Artículo 89°. Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.
89º Phatmi. “Comunidades Campesinas y Nativas” nisqa ayllukunan kikin kausayniyoq kanku. Kikinmi atin kausayninpaq ima kamachiykuna qoynikuynin, mink’a llank’ayninkupaq hinaspa paykuna allpanku rakiypas utaq ima
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ruwanankupaqpas, hinaspa qolqenku rinakuypipas llapa kausayninpipas, ichaqa kamachiyman hina. Allpa kaqniyoq kayninkun pasaq kausaypaqmi, ichaqa sichus wijch’unkuman cheyqa ñaupaq ñeqeman hinan ruwakun. Suyun yupanchan “Comunidades Campesinas y Nativas” nisqa ayllukunaq kikin kausayninta.
TÍTULO IV
TAWA HATUN T’AQA
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
SUYUQ IMAYNA KAYNINMANTA
CAPÍTULO I
I UMALLI
PODER LEGISLATIVO
APUSIMI QOKUQ KALLPANMANTA
Artículo 90°. El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única. El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.
90º Phatmi. “Poder Legislativo” nisqa hatun kallpawan kamachiq Rimana wasipin kan, hinaspa ch’ulla “Cámara” nisqallan llank’an. Pachaq iskay chunka apulikunan llank’anku. Roimana Wasiqa pisqa watapaq ajllasqan ichaqa kamachiyman hina. Suyu kamachiqpaq ajllasqa munaqkunaqa manan apulli ajllaypiqa kankumanchu. Ichataqmi suyu kamachiq rantinkaq atinmi ajllachikuyta apulli kaypaqpas hinaspa qatiq suyu kamchiq kananpaqpas. Ajllasqa kanapaqqa Perú suyu runan kanan, kausay watantaqmi iskay chunka pisqayoq wata hunt’an kanan hinaspa atinantaqmi ajllayta.
Artículo 91. No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección: 1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.
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2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo. 3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y 5. Los demás casos que la Constitución prevé. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 Octubre 2005.
91º Phatmi. Manan hatun rimay wasipi apullipaq ajllasqachu kanman sichus Soqta (6) killa qhepa llank’ayninta mana saqeqkuna: 1. Hach’awanqokuna hinaspa huch’uy hachawanqokuna, yupanchay kamayoqpata, hinaspa llapan suyu kamachiqkuna. 2. Taripay hatun kamay Rimana Wasipi apullinkunaqta, ajllasqa Paqtay Kamayoq suyukunawan huñuqpata, kallpa paqtachaypata, llaqta amachaqeq wasinpata, “Jurado Nacional de Elecciones” nisqamanta, hinaspapas suyu amachaqemantapas. 3. Hatun qolqe waqaychana kamachiqpata, llapan qolqe wasipi llank’aq kamayoq qhawaqpata, llapan qolqe churaq wasipi llank’aq kamayoq qhawaqpata, llapa sanpanchasqa llank’aq kamayoq runaq llank’asqan rayku qolqe qoqmanta ima. 4. Auqanakunayoq kallpakuna runankunapas hinaspa t’uqriy kamayoqkunapas. (*) (*) Kay willakuyqa hoq nerayta ruwakun28607kamachiman hina, mast’aruisqa karan 04 p’unchay Kantaray killapi 2005 watapi.
Artículo 92°. La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso. El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (*) (*) Último párrafo modificado por el Artículo 3° de la Ley N° 28484, publicada el 05 Abril 2005.
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92º Phatmi. Hatun rimana wasipi apulliq llank’anaqa pasaq p’unchaymi; manan atinchu hoq ruwanapi llank’ayta, hatun rimay wasi llank’ana “horas” nisqapi. Apulliq kamachiyninqa chay rawanallapaqmi, mana atinchu hoq llaqta kamachiy llak’aypi llank’ayta. Ichaqa kanmataqmi Wach’awanqo Suyu kaytaqa, ichaqa Hatun Rimana Wasiq kamachisqan, hawa llaqtapi sapanchasqa kamachiy ruwaykunapi. Apulliq llank’ayninpiqa, mana atinmantaqchu hoq llank’aykunapi kuraq kamachiq kaytaqa, hoqrunaq sutinpi kallpawan kaytaqa, ranti kaq kamachisqa, amachaqe, llaqta kamachiypi llank’ayninkunapi aswan askha qolqe churaq, manan kausaykuna khatuyta atinchu, utaq llaqta kamachiypi qolqe llank’achiy qhawaqtapas. Manan atinchu apulli kaspaqa llaqta kamachiq ruwaykunapi llank’ayta, icha manapunis ima ruwayta atintaqchu qolqe waqaychana wasikunapi sichus rikun chayta llank’ay suyu tukuy rikuqnin. (*) (*) Kay pachanpi willakuyqa hoq nerayta ruwakun 3º Phatmi, 28484 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 05 p’unchay Ayriwa killapi 2004 watapi.
Artículo 93°. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.
93º Phatmi. Rimana wasipi apulli llank’aqkunan suyuta rantinkanku. Manan kamachiman watasqachu nitaq huñunakusqa tapuykuna kutichiyman watasqachu kanku. Llank’ayninku qayllapi ima rimasqankumanta hinaspa ajllaqankumantapas manqen kamayoq nitaq paqtachiy ruwaqkunamanpas watasqachu kanku. Manan Rimana wasiq mana yachayninpi hinaspa munanyninpi apullikunaqa patachaypi huchallisqa nitaq hap’isqa kankumanchu, ajllasqa kasqankumanta killa qhepa lloqsisqanmanta pacha, ichaqa huchapi tarisqa kankuman cheyqa atikunmi huchallichikuytaqa, chay kaypiqa iskay chunka tawayoq inti watana kausay punch’aypin rimana wasiman churasqan kananku, apullikunan rimanakuspa atinku sichus kamachiyta manapas wesk’asqa kanankupaq utaq paqtachay wasipi huchallisqa akanankupaqpas.
Artículo 94°. El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos
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parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.
94º Phatmi. Rimana wasin ukhunpi kausayninpaq qelqa kamachiyninta ruwan hinaspa chaskin, chayman hinan ajllakun pasaq huñunakuypi apullikuna llak’aqta hinaspapaq hoq huñunakuy llank’aykuna, apulli ukhupi llank’ayninkunata ruwayninkunapaq ima ajllanku t’aqa t’aqa huñunakuykunamanta, qolqenkumanta rikunku, watapi hayk’a qolqenmanta kamachikunku; churaq hinaspa horqon kamayoqninkunata hinaspapas llank’aqninkunata, hinaspa ima allinkunata kamachiman hina qonku.
Artículo 95°. El mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.
95º Phatmi. Apulli kayninkuqa manan munayninkuman hina saqey atichu. Rimana wasi apullikunaman llank’ayninpi tatinku muchuychiy churasqa rayku pachaq inskay chunka kamachan kan., manan astawanqa atinkuchu tatichiytaqa.
Artículo 96.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. (*) (*) Primer párrafo modificado por el Artículo 4 de la Ley N° 28484, publicada el 05 Abril 2005.
96º Phatmi. Hatun Rimana Waspi apulliqa atimni mañakuyta Suyuq Hach’awanqonkunata, Jurado Nacional de Elecciones” nisqamanta, Suyuq Tukuy Rikuqnin, Hatun Qolqe Marka, llank’ayta, llapan llank’aq kamayoq qhawaqta, suyu ayllupaq llank’aq wasikunata hinaspa hukaqllapan llaqta kamachiypi llak’aq wasikunatapas, munasqanman hina ima willaykunata. Qelqapin mañakunan hinaspa apulliqkunaq Rimana Wasiq Huch’uy Kamay Pirwaman hina. Ichaqa mañakuyta mana kutichiqtinkuqa kamachiyman hinan chaninchasqa. (*) (*) Kay qallariy phatmiqa hoq nerayta ruwakun 4º Phatmi, 28484 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 05 p’unchay Ayriwa killapi 2005 watapi.
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Artículo 97°. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.
97º Phatmi. Sichus llaqta kausaninpaq allin kanman cheqa Rimana Wasi atinmi ima t’aqwiy qallariyta. Sichus Rimana Wasi llank’ayninpi pi runatapas wajan hunt’ananmi chay kamachita, mana cheyqa paqtachay wasi hinan kallpachakuspa huchallichin. Ruwaynin hunt’akunampaqqa, atinkun huch’uy huñunakuypi apulli llank’aqkuna ima yachaymanpas haykuyta, chay ruwaypitaqmi Qolqe Marca Wasita atin tapuyta qolqe waqaychasqankumanta hinaspa qolqe qoynunkumanta; ichataqmi mana tapuyta atinkuchu runaq kikin kausayninmanta. Hinaspa t’aqwisqanku manan paqtay wasimapi ñishu kasusqachu kan.
Artículo 98°. El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio Presidente.
98º Phatmi. Suyu kamachiqmi Rimana Wasiman churanan auqanakunayoq kallpakuna runankunata hinaspa suyupi t’uqriy kamayoqta Rimana Waspipi kamachiq mañakuyninman hina. Sichus Rimana Wasipi Kamachiq mana munaqtin, manan auqakunayoq kallpakunaqa, nitaq tuyruy kamayoqpas Rimana Wasiman haykuyta atinmanchu
Artículo 99°. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
99º Phatmi. Rimana Wasipi pasaq huch’uy rimanakuymi atin huchachayta: Suyu Kamachiqta, Rimana Wasipi Apullikunata, Suyu kamayoqkunata; Hatun Kamay Pirwaq Taripay Wasiq paqtachaqkunata, Paqtay Kamaqoq ajllaq Wasipi Kamayoqkunata; Hatun Paqtachaqkunata, Hatun Llaqta Amachaqekunata; Llaqta Amacheqta hinaspa Suyu Qolqe Qhawaqenta; sichus Hatun Kamay Pirwata saruchankuman cheyqa
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hinaspa llank’asqankupi ima hucha ruwasqankumantapas, huchalliyta atikunmi pisqa wata llak’ayninku saqesqa qhepa.
Artículo 100°. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.
100º Phatmi. Rimana Wasin, mana pasaq huch’uy huñunasqa apullikunata tapuspa atin tatichiyta manapas huchallisqa kamayoqkunta ichaqa chay huchalliyqa manan hask’akunchu hoq ruwaykunamanta. Huchallisqaq allaukanmi, pay kikin amachaqekuyta utaq hoq amacheqewan pasaq huch’uy huñunasqa apullikunaqpi hinaspa hatun huñunasqa apullikunaq rimayninpi. Sichus mirarapi huchallisqa kanman cheyqa, Hatun Llaqta Amachaqen qelqapi Hatun Paqtachay Kamayoqman mi qelqatpi huchankuta willanan pisqa p’unchayllapi. Hatun Paqtachay Kamayoqmi chaymantaqa hucha t’aqwiytan kichanan. Sichus mana yuchaqoq tarikunman cheyqa Hatun Paqtachay Kamayoqmi llapa allaukankuta kutichipun. Imayna huchalli qelqakuna ruway hinaspa hucha t’aqwiypaq kamachiy manan atinchu yapayta utaq huch’uyachiyta Rimana Wasipi huchachay ruwasqankutaqa.
Artículo 101. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 1. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República. 2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (*) (*) Numeral 2 modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28484, publicada el 05 de Abril del 2005 3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario. 4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.
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No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
101º Phatmi. Kikin Hatun Rimana Wasipi apullikuna pasaq llank’anankupaqmi ajkllasqa kanku. Chay ajllayqa imayna “grupo parlamentario” nisqaman hinaspa manan yapakunmanchu iskay chunka pisqayoq “por ciento”nisqaman llapan apullikunaq kaynimantaqa. Hatun Rimana Wasipi pasaq kausay ruwayninmi: 1. llank’ananpaq Suyuq Tukuy Rikuqninta ajllapa churay. (*) Kay iskay t’aqa willakuyqa hoq nerayta ruwakun5 Phatmi, 28484 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 05 p’unchay Ayriwa killapi 2005, khayna kamachiywan: 2. Sut’inchay Hatun Qolqe Marka kamachiqninta, hinaspapas llapa llank’aq kamayoq qhawaqta. (*) 3. Sut’inchay osqay manukuykunata hinaspapas suyutinpi kausanapaq qolqe kananta, Rimana wasipi allullikuna samanninpi. 4. Hatun Rimana wasi kamachiyninman hina llank’aykunata ruway. Manan atinkunchu chay Hatun Rimana Wasipi apulli pasaq llank’aypi “Reforma Constitucional” nisqa kamachiyta allchananpaq, atikullantaqchu “Tratados Internacionales” allchayta, “leyes Orgànicas”, “Ley de Presupuesto y Ley General de la Repùblica” nisqakunatapas. Chaymantapas Suyu Paqtay Qelqan hinaspa Rimana Hatun Rimana Wasiq huch’uy kamay pirwanpas.
Artículo 102°. Son atribuciones del Congreso: 1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución. 4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General. 5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución. 6. Ejercer el derecho de amnistía. 7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional. 9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país. 10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa.
102 Phatmi. Rimana Wasiq Ruwayninmi: 1. Kamachiykuna qoy, runaq yuyayninman churanapaq tìjray, hoq neray ruway hinaspa qolluchuy ña kaqkunatapas. 2. Hatun Kamay Pirwa hinaspa llapa kamachikuna allin hunt’asqa kananpaq, hinaspa sarunchankuman cheyqa huchallisqa kanankupaq.
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3. Hawa llaqtakunawan rimanakuy qelqakuna ruwasqankuta chaskin Hatun Kamay Pirwaman hina. 4. Chaskiy qolqet’ituyta hinaspa qolqe yupana qelqata. 5. Hatun Kamay Pirwaman hina mañakuykunata apulliy. 6. Allaukanmi runaq huchan qonqay. 7. Suyuq panpan maykama kayninta chaskiy Hatun Kamayoq haywasqanman hina. 8. Huñiyta qoy hawa llaqtakunaq auqakakuq runankuna suyuman haykukumunnakupaq, ichaqa allinpaq kaqtin, hinaspa suyuq munaynin kaq yupanchasqa kayninpi. 9. Suyu kamachiq hawa llaqtaman purinanpaq apulliy. 10. Hatun Kamay Pirwaman hina llapa hoq wakin Kamachi ruwaykuna ruwanankupaq.
CAPÍTULO II
IIUMALLI
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
APUSIMI QOKUYMANTA
Artículo 103°. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho. (*)
(*) Artículo sustituido por Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004.
103º Phatmi. Hoq neray kamachikuna atikunmi qoyta hoq neray runakuna kayninman, hoq neray kamachiykuna ruwakunmanmi, kamachiykunaqa may p’unchay haykuyninman hinan hunt’akunan ichaqa manan atinchu qhepaman kutipakuy, mirara kaqtinqa utaq huchachasqa kallaqtinmi qhepaman kamachiy kutipakuman. Hoq kamachiyqa qollun hoq kamachiy qokusqallanmi. Ichaqa kamachiy qollunllantaqmi “inconstitusional” panpachaq hayrata rimayllawan Hatun Kamay Pirwaqa manan paqtachanchu mana allin allaukakunataqa.(*) (*)Kay willakuyqa yapakun 28389 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 17 p’unchaypi ayamarka killapi 2004 watapi.
Artículo 104°. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
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No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.
104º Phatmi. Rimana Wasiqa atinmi Hatun Kamayoqta kamachiykuna ruwananpaq mañakuyta “Decretos Legislativos” nisqa hukhupi, ichaqa hoq neray kausallapaq hinaspa p’unkay kausaykunallapi cchay kamachiy qosqa qelqanpi nisqanman hina. Manan atinchu Rimana Wasipi pasaq huch’uy huñunasqa qelqa kamachinankuta kamachiyta. Ichaqa Chay “decretos legislativos” nisqa kamachikunaqa qelqasqa, mast’arisqa hinaspa hunt’asqa kanankupaqpas kikin wakin kamachikunaman hina. Suyu kamachiqmi Rimana Wasiman utaq chay wasipi pasaq huch’uy huñunasqa apullikunaman llapa kamachikuna ruwasqanta willay.
Artículo 105°. Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.
105º Phatmi. Manan Ima manaraq Karachi qelqa ruwasqakuntata pipas atinchu rikuyta manaraq huch’uy huñunakuypi kamaq apullikuna rikuyninku kaqtin; ichaqa atikunman Rimana Wasiq ukhunpi kamachiyninman hina. Astawan osqaytan Rimana Wasi qhawanan Hatun Kamayoq Manaraq kamachikuna apachisqanta.
Artículo 106°. Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
106º Phatmi. Llapa suyupi llaqta kamachisqa llank’ana wasinkunan ukhunpi kamachiyninkuman hinan llank’ananku ichaqa Hatun Kamay Pirwaman Hinapunin. Llank’aq wasikunaq purinanpaq ukhunpi manaraq kamachikunaqa kikin wakin manaraq kamachikunata hina rikukun, hinaspa apullisqa kanankupaqmi kanan yupaspa kuskan hoq yapasqa apullikunaq munayninpi.
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CAPÍTULO III
III UMALLI
DE LA FORMACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYES
KAMACHIYKUNA RIKHURIYNINPAQ, WILLAKUNANPAQ
Artículo 107°. El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. (*) (*) Articulo modificado por Ley N° 28390, publicado el 17 de noviembre del 2004.
107º Phatmi. Suyu Hatun kamachiq hinaspa Rimana Wasipi apullikunaq allaukanmi qelqa kamachi kamarinanku Wakin hatun kamachiqkunaq allaukan kallantaqmi yachayninman hina ima kamachiytapas haymananpaq, chaypin kanku “instituciones publicas, Gobiernos Rehgionales, Gobiernos locales hinaspapas Colegos Profesionales” nisqakuna. Chaymantapas kallantaqmi sapanchasqa runa allaukanmi kamachiyman kamachiy kamakunanpaq.* Kay willakuyqa yapakun 28390 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 17 p’unchaypi ayamarka killapi 2004 watapi.
Artículo 108°. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda. Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
108º Phatmi. Kamachi chaskisqa Hatun Kamay Pirwaman hinaqa, apachikun suyu kamachiqman chunka pisqayoq p’unchaypi pay kikin kamachiyta qonanpaq. Sichus suyu kamachiq mana qonmanchu chay kamachita cheyqa, Rimana Wasipa kamachiqninmi utaq pasaq huch’uy huñunasqa apullikuna qonku chay kamachitaqa. Sichus Suyu kamachiq ima qhawaytapas rikun chay Rimana Wasipi Kamachi qosqankuta cheyqa apachinmi chay mana allin rikusqanta Rimana Wasiman chunka pisqayoq p’unchay ukhupi yapamanta kamachiy qelqasqanta ruwananpaq.
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Rimana Wasi yapamanta kamachiy ruwayninta, kinkin kamachiqnin qelqaspa qon chay kamachiyta ichaqa yupaspa kuskan hoq yapasqa apullikunaq munayninpi.
Artículo 109°. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
109º Phatmi. Llapa runaq hunt’ananpaqmi kamachiy qosqaqa, ichaqa hunt’akunanmi mast’arisqa kasqanmanta pacha, ichaqa atinkun hoq neray hunt’akunanpaq qelqa rimaypas chaymanta hunt’akunanpaqpas.
CAPÍTULO IV
IV UMALLI
PODER EJECUTIVO
KAMACHI HUNT’ACHIQ KALLPANMANTA
Artículo 110°. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.
110º Phatmi. Suyu kamachiqmi suyu umalliq hinaspa paymi suyuq uyan. Suyu kamachiq kanapaqqa Perú suyupin paqarisqa kama, kinsa chunka pisqayoq wata kausayniyoq kanan hinaspa ajllay atiymi kanan.
Artículo 111°. El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.
111º Phatmi. Suyu kamachiqqa suyu runaq ajllasqanmi. suyupi llapan ajllaq kuskallanpas ajllananmi ichaqa ajllaypaq mana wijch’usqa utaq yuraq qelqa manan yupakunchu. Sichus ajllayman haykuqkuna manan yaqa llapan runaq ajllayta orqonkumanchu cheyqa, yapamanta wajakunan hoq ajllayman ichaqa kinsa chunka p’unchaq ajllay willay mast’arisqamanta pacha ichaqa iskay runallan qhepanan chay yapamanta ajllaypaqqa.
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Suyu kamachiq kuskawanmi, ajllasqallaqtaqmi suyu kamachiqpa “vicepresidentes” inisqa iskay qatiqninkuna.
Artículo 112°. El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones (*) Artículo modificado por Ley Nº 27365, publicada el 5 de noviembre de 2000.
112º Phatmi. Suyu kamachiqqa pisqa watapaqmi ajllasqa, manan chayllapi yapamanta ajllachikuyta atinchu. Hoq "periodo constitucional" nisqallapas kananmi, hinaspa chay hukaq qhepa kausay hamuqtañan atinman yapamanta ajllayman haykuyta, kasqan hunt’anakunawan. Kay willakuyqa yapakun 27365 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 5 p’unchaypi ayamarka killapi 200º watapi.
Artículo 113°. La Presidencia de la República vaca por: 1. Muerte del Presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117º de la Constitución.
113º Phatmi. Suyu kakachiqmi qasin: 1. Suyu Kamachiq wañuqtin. 2. Pasaq sumaq Kausay sarunchasqan utaq mana qhali kaqtin, ichaqa Rimana Wasiq kamachisqan. 3. Rimana wasiq wasq’eyninta chaskiqtin. 4. Rimana Wasita mana kasuspa hawa llaqtakunaman piriynin hucha utaq manaosqan tutimusqanmanpi. 5. Wijch’usqa, Hatun Kamay Pirwa mana kasusqan rayku ichaqa 117º ñeqe kamachisqanman hina.
Artículo 114°. El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por: 1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o 2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117º de la Constitución.
114º Phatmi. Suyu kamachiq llank’ayninmi tatin: 1. Chikan mana ruway atiq kayninpi ichaqa Rimana Wasin chaytaqa kamachinan. 2. Paqtay Wasipi huchallisqa kaqtin, ichaqa 117º ñeqe Hatun Kamay Pirwa kaman hina.
Artículo 115°. Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el
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Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente.
115º Phatmi. Suyu kamachiq sichus hark’asqa hoq p’unchaykuna utaq pasaq kausaypaq kanman cheyqa atinmi qatiqnin haykuyta chay llank’ayman, mana atiqtintaq chay iskay ñeqesuyu qatiqmi atillantaq. Sichus mana mayqenpas atimanchu cheytqa Rimana Wasiq kamachiqnin kanan. Ichaqa pasaqpaq manaña suyu kamachiq kayta atinmanchu cheytaqa Rimana Wasipi Kamachiqmi yapamanta wajanan Suyu Kamachiq ajllakunanpaq. Suyu kamachiq sichus hawa llaqtaman rimananpaqqa Rimana Wasiq kamachisqanmi kanan, chay puriynin qatiqnin churakun suyu kamachiypi. Hinaspa qatillantaqmi iskay ñeqe qatiqninpas.
Artículo 116°. El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.
116º Phatmi. Rima Wasipin “julio” nisqa antasitwa killapi, iskay chunka pusaqniyoq p’unchaypi Suyu Kamachiq apu kamaq sutinta oqarin llak’aynin qallariynanpaq.
Artículo 117°. El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
117º Phatmi. Suyu kamachiqqa atinmi huchallisqa kayta, suyuta auqasqa rayku; suyu kakachiqpaq, apullikunapaq, llaqta kamaqoq ajllayta tatichisqan rayku, utaq Rimana Wasiq llank’ayninta qolluchisqan rayku, ichaqa chay ruwayta atillanmantaqmi Hatun Kamay Pirwapi 134º ñeqe kamachisqanman hina, hinallataq huñunakuyninkuta qolluchiqtin utaq tatichiyta munaqtinpas, hinaspa hinallataqmi Hatun Ajllanapaq Wasi ruwayninta hark’akuqta.
Artículo 118°. Corresponde al Presidente de la República: 118º Phatmi. Suyu Kamachiqpa ruwayninmi:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
1. Hatun Kamay Pirwata, apusimikunata, kamachikunata hinaspa ima qelqakuna kachakusqankunatapas hunt’ay hinaspa hunt’achiy.
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2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República.
2. Hawa llaqtakunapi Suyuta huinaspa llaqta ukhupipas suyu rantinta sayanan.
3. Dirigir la política general del Gobierno.
3. Suyu kausayninta umalliy.
4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.
4. Suyuq ukhunpi hinallataq hawa llaqtakunapi allin kausayninta qhaway, hawa llaqtakunaq ñaupapi suyunchis hunt’asqa hap’inankupaq.
5. Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley.
5. Ch’ijllukuykunaman wajaynin: suyu kamachiq ajllaypaq, apullikuna ajllanapaqpas, warayoqkuna hinaspapas warayoq yanapaqninkunata wakin kamayoqkunatapas ichaqa kamachiman hina ajllayninpaq.
6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.
6. Rimana Wasipi apullikunata mayninpi huñunakuypaq wajanata qelqaspa
7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros.
7. Rimana Wasiman ima pacha anyakuypas may kausaypipas pay kikin rimaspa, qelqaspa ima, ñaupaq ñeqe wata kamachikuna qallarihsiaqtin willay. Lliu umallikuna willasqanqa watantinpi suyu kausayninmanta hinallataq umalliyninta hunt’askusqanmantan, imakuna t’ijraymantapas suyunchis allin kausayninpaq, Rimana Wasi yachananpaq churay. Suyu kamachiqpa willakuyninqa ichaqa hoq ñeqellan Hatun Kamayoqninkunan chaskinanan.
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.
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8. Apu kamachikuna hunt’akunapaq huch’uy kamachiy ruwaynin ichaqa ama saruchaspa utaq t’ijraspa; hinaspa, ñut’u kamachikunapas ruqay.
9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
9. Hunt’anan hinaspa hunt’achinanpaq paqtay wasiq hayratankunata, kamachiyninkunata hunt’achiytapas.
10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.
10. Hunt’anan hinaspa hunt’achinanpaq Suyu Ch’ijllukuy Wasi kamachisqanta.
11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.
11. Hawapi llaqtakunaman rimayninchiskunata purichiypas hinaspa allin kausayninchispaq rimay qelqakuna ruwaspanpas.
12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.
12. Hawa llaqtakunapi rantiqninchiskunata, ichaqa Hatun Hach’awanqo Kamayuqkuna huñiyninwan, Hatun Rimana wasiman willaspa.
13. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.
13. Hawa llaqtakunaq rantinta sayaq mitmakunata chaskiy hinallataq “cónsul” nisqakunata llank’ayninku hunt’aypi.
14. Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
14. Umalliy Suyuqpa amachaqenta; wallakuna kamachiytapas, rakiytapas hinallataq auqanakunayoq kallpakuna, llaqta t’uqriy kamayoqkuna kachakuytapas.
15. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.
15. Ima llaqtakuna suyunchista kamaykuqtinpas, amachakuypas, mana rakisqa nitaq t’aqasqapas kananpaq hinaspa thaq kausaynita maskhay suyuq munayniyoq kausayninta.
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16. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.
16. Hatun Rimana Wasiq munanyninman, maqanakuyman haykuy, hinallataq thaj kay qelqaypas.
17. Administrar la hacienda pública.
17. Llaqtaq kaynin rikuy.
18. Negociar los empréstitos.
18. Qolqe mañakuykunapaq rimaynin.
19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.
19. Osqay apu kamachikuna qoyta, phaku huch’uy hunt’anakuna kikin kamachi kallpawan kayninpi, musikuy hinaspa qolqewanllank’aymanta, sichus suyuq yuyayninpi kanman ichaqa Rimana Wasiman yachananpaq willaspa. Rimana Wasi atintaqmi chay huch’uy kamachikunata hoqneray ruwayta utaq qolluchiyta.
20. Regular las tarifas arancelarias.
20. Kamachisqa chanin chaninchayta.
21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.
21. Huchayoqkunata panpachay, ñaupaqchana aullaukata huchallisqakunapaq ruway ichaqa wapasqawan hucha t’aqwiy ñishu iskaychasqa kaqtin.
22. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros.
22. Suyuq sutinpi sumay qoyta, ichaqa Apusimi Kamayoqkuna munayninpi. 23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y
23. Perú Suyu runankunata, hoq hawa suyukunapi walla kananpaq apillichiy
24. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan.
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24. Hatun Kamay Pirwaqpa hoq apusimikunapaqpas kamachikusqanman hina kamachikuq kaynintapas, kausayninpaq hunt’ay.
CAPÍTULO V
V UMALLI
DEL CONSEJO DE MINISTROS
HACH’AWANQO KUNAWAMANTA
Artículo 119°. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.
119º Phatmi. Suyuq kausaynin hinaspa llaqtapaq llank’ay purinchachiyqa Hach’awanqo Kunawaq makinpin, hinaspa ruwayninman hina sapanka hach’awanqoq makinpi.
Artículo 120°. Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial.
120º Phatmi. Suyu Kamachiq ruwayninqa qollun sichus hach’awanqo munayninpi suti qelqanwan.
Artículo 121°. Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones. El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones.
121º Phatmi. Hach’awanqo kunawakanku, hach’awanqokunaq huñunakuyninmi, apusimi qelqan t’oqsin imayna kanankutapas, imakuna ruwayninkunatapas. Hach’awanqo kunawaqa umalliqniyuqmi kanan. Suyu Kamachiqmi umallin sichus pay rin huñunakuyninkuman cheyqa.
Artículo 122°. El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.
122º Phatmi. Suyu Kamachiqmi ajllaspa kamachanpas mit’anpas hach’awanqo kamaiqtaqa hukaq hach’awanqokunatapas, Hach’awanqo kamachiqtamañayninta uyaspa.
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Artículo 123°. Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde: 1. Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. 2. Coordinar las funciones de los demás ministros. 3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.
123º Phatmi. Hach’awanqo kamachiqmi atin mana hach’awanqo kayta hinaspa ruwayninmi: 1. Kay, Suyu Kamachiq quepa, suyuq rimaynin willaq ichaqa suyuq kamachisqan. 2. Hukaq Hach’awanqoqkunaq llank’ayninta rikuy. 3. Huch’uy kamachikuna, osqay ruwaykunata hinaspa Hatun Kamay Pirwaman hina hukaq kamachiykunata kayninpaq suti qelqanta churay .
Artículo 124°. Para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros.
124º Phatmi. Hach’awanqo kanapaqqa, Perú suyupi paqariqmi kana, iskay chunka hunt’asqa wata kausayniyoq. Auqanakunayoq kallpakunaq runan hinaspa t’uqriy kakayoq runankunapas atinkun Hach’awanqo kayta.
Artículo 125°. Son atribuciones del Consejo de Ministros: 1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso. 2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. 3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y 4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.
125º Phatmi. Hach’awanqoq ruwanankunan: 1. Suyu Kamachiq, Rimana wasiq makinman manaraq apusimi kamachi churasqan huñichay. 2. Suyu kamachiq, huch’uy kamachikuna qosqan huñichay. 3. Imapas llaqta runaq allinninpaq kaq kamachinakuy. 4. Hatun Kamay Pirwa, apusimiq ima kamachisqankuna hunt’ay.
Artículo 126°. Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta. Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
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126º Phatmi. Imapas Hach’awanqoq kamachinakusqanqa yaqa llapankuq allinchasqamni kanan, qelqa rimaykunapitaqmi qelqasqa kanan. Hach’awanqokunaqa manan ruwayta atinchu llaqta kamachiypi hoq neray llank’ayta, ichaqa kamachi ruwayllapi. Hach’awanqokuna manan atinkuchu kikinkupaq utaqhuq wakin runakunapaqpas qolqeta masqaspa llank’ayta, hinaspa manallataqmi atikunchu sapanchasqa huñunakuykunapi llank’aytapas.
Artículo 127°. No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.
127º Phatmi. Manan chaykamalla kamachasqa Hach’awanqokunaqa kanakumanchu. Ichaqa Suyu Kamachiqmi mayqen hach’awanqotapas kamachinmanmi hoq kamachikuna hunt’ananpaq, chaypas ruwayninta waqaychapuspa, ichaqa kinsa chunka p’unchaylla, Hach’awanqo wasin ukhullapi.
Artículo 128°. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.
128º Phatmi. Llapan Hach’awanqokunan manuchana kanku, Suyu Kamachiqman ima ruwasqankumantapas. Llapan Hach’awanqokunan Suyu Kamachiq huchan ruwasqamanta utaq Hatun Kamay Pirwa Apusimi Kamachikunaq kasqanmanta utaq sarunchasqanmanta huchallisqa kankuman. Huñuynakuspa kamachinakurqanchu chaypas ch’ijllunkutaña qespischispapas, ichaqa sichus kasqan pacha wijch’ukunkuman mamakiyninkuman cheyqa qespisqan chay huchalliymantaqa kanku.
Artículo 129°. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Concurren también cuando son invitados para informar. El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.
129º Phatmi. Llapan Hach’awanqokunan utaq munaq sapanchasqa hach’awanqon riyta atinku Riman Wasiq huñunakuyninman, hinaspapas seqachinakunaykuypi haykuy hinaspa kikin apullikuna hina rimayta atispa, manan ajllayta atinkuchu sichus mana Rimana Wasiq apullin kaspa.
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Hatun Rimana Wasiman riyta atillankun sichus rimanakupaq mink’asqa kaspapas. Hach’a Wanqo Kamachiqtaqmi utaq hoq hach’awanqo chayan Rimana Wasiman tapuykuna kutichiq.
CAPÍTULO VI
VI UMALLI
DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
KAMACHI HUNT’ACHIQ KALLPAWAN RINAKUYMANTA
Artículo 130°. Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria.
130º Phatmi. Kinsa chunka p’unchay ruwaynin qallarisqanpin, Hach’awanqo Kamachiq Rimana Wasi huñunakuyman rin, wakin Hach’awanqokuna kuska. Chaypin kamachiy musikayninta reqsichikun, hinallataq aswan ñeqe ruwayninnakunatapas. Mañakuntaqmi sinchichakuyta. Sichus Rimana Wasi mana huñunakunchu cheyqa Suyu Kamachiqmi apullikunata wajan sapanchasqa huñunakuyman.
Artículo 131°. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.
La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.
131º Phatmi. Hach’awanqo kunawa, utaq mayqen hach’awanqopas rinanmi Rimana Wasiman sichus anyanakuyman wajachisqa kanman chayqa. Anyanakuyqa qelqaypin mañakunan, ichaqa pachaq iskay chunka nisqamanta chunka kisqayoqllapas “por ciento” nisqa apullikunan Rimana Wasiman sayamujkunamanta chay qelqataqa churananku. Rimana Wasin ajllakunan, ima p’unchay, ima pacha tapuykuna kutichiy apakunantapas; kayqa manan kanamanchu nitaq ajllakunmanchu kinsa
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p’unchay qatiqnin p’unchay ukhupi nitaq chunka p’unchay rikusqamanta qhepa.
Artículo 132°. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar. El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación.
132º Phatmi. Rimana Wasin llapan Hach’awanqo Kunawata, utaq mayqen sapanchasqa Hach’awanqoq huchanta tarispapas p’enqachin utanq sinchichakuyninta qechukunanpaq ch’ijllunan, sapaqpi sapankanapaq. Sinchichakuytaqa qechukun hach’awanqo wasiq mañakuywanmi. Hach’awanqo Kunawa hinallataq mayqen sapanchasqa hach’awanqo p’enqachinapaqpas, mañakunankun pachaq nisqamanta iskay chunka pisqayoq nisqa t’aqallanpas, llapan Rimana Wasipi apullikunamanta. Hach’awanqo kunawa utaq sapanchasqa hach’awanqo wijch’usqa kananmi. Suyu Kamachiqmi wijch’ukuyninta qanchis chunka iskayniyoq kausaypi uñinan, ichaqa qhepallanmantaqmi sichus sinchichasqa kanman cheyqa..
Artículo 133°. El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.
133º Phatmi. Hach’awanqo kunawa kamachiqninmi atin Rimana Wasiman qelqapi mañakuyta hach’awankokuna sinchichasqa kanankupaq. Sichus mana chaskisqa kanman cheyqa, utaq p’enqachisqa kanman cheypas utaq ripunanpaq utaq suyu kamachiq kuyuchinman cheyqa, ñak’ariymanmi haykunku.
Artículo 134°. El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro
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meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.
134º Phatmi. Suyu Kamachiq atinmanmi Rimana Wasi qolluchiyta sichus Hach’awanqo kunawakunata iskay kutiña p’enqachinku utaq sinchichayninkuta qechunchu cheyqa. Qolluchiq kamachiy ninan hayk’aqpaqmi waqmanta wajan mosoq ch’ijllikuyman wajasqanta. Chay mosoq ch’ijlluyqa tawa qatiq killapi hoq ch’ijllukuyman, mana hoq ch’ijlluypaq p’unchayta kasqanta kuyuchispa. Manan Rimana Wasitaqa qolluchiyta atinkuchu watallaña kausaynin kashiaqtin. Rimana wasi qolluchisqa cheyqa, pasaq huñunakuyninqa llank’anallanmi, ichaqa manan atikunchu qolluchiytaqa. Mana Rimana Wasiqa hoq neray qolluchisqachu kanyta atin. Auqanakuy ukhupiqa, Hatun Rimana wasi manan qolluchisqa kanamanchu.
Artículo 135°. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale.
135º Phatmi. Mosoq Rimana wasi huñuyninpi atinmi Hach’awanqo kunawata p’enqachiyta utaq sinchichaynin qhechuita, ichaqa hach’awanqo kunawa kamachiqnin Rimana Wasipi rimasqan qhepa. Kay tapukuypi suyu hatun kamayuqmi huch’uy kamachiy qayllanpi kamachin, chay ruwaymantataq pasaq huñusqaman willan allinta rikuspa Hatun Rimana Wasiman chayananpaq, llank’ayman haykuqtin pacha.
Artículo 136°. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial. El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la
Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto.
136º Phatmi. Sichus ch’ijllikuy mana ruwakunmanchu Kausay p’unchaypi churasqapi chayqa, qolluchisqa Hatun Rimana Wasin huñuchun llapa allaukanwan, hinaspa yapamanta qallarin ruwayninta, wijch’un mosoq
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hach’awanqo kunawata. Manan mayqen horqosqa hach’awanqopas atinchu kamayoq kayta kamachiy tukukunan kama. Rimana Wasi hinapi ajllasqaqa churanakunmi mauk’a kaqman, chaypin kashiallantaq pasaq huñunakuy, hinaspapas llapa kamachiyta tukupan.
CAPÍTULO VII
VII UMALLI
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
SAPAQCHASQA KAMACHIKUYMANTA Artículo 137. El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.
137º Phatmi. Suyu umalliqqa, llapan hach’awanqokunawan kamachinakuspa, allin t’ufsiytaqa mit’allapi, llapan suyunchispaq utaq wakillapaqpas, kamachikunami decreto nisqa kamachiyta, ichaqa chay ruwaymmantaqa willakunan Rimana Wasiman utaq willay llan’aq Comisionmanpas, kay kamachipin ruwayta atinman: 1. Emergencia nisqa phakuphaku kaypi suyuqa, llaqtaqpa thaq kaynin thullmiqtin, hinallataq allin kausay ch’arwikuqtin, ima hoqarikuypas kaqtin, suyunchispa utaq ayllunchispa allin kausayninwan mana allin kaqtin. Kay kaqtinqa atinmi quechuita garantias constitucionales nisqata,
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kaykunawan tupaqta, qespiyta, runawaqaychakuyninta, wasin mana ayusqa kayninta, huñunakuypaq qespiyta, suyunchis ukhupi qespisqa purinanchistapas, 2º ñeqe 9,11 hinaspa 13 t’aqaman hina hinallataq 24 “apartado” f kasqan t’aqapi nisqamanpas. Manan hayk’aqpas pitapas wanananpaq suyunmanta qarqosqa kanamachu. 2. “Estado de sitio” nisqapi, hoq suyumanta runakuna suyunchisman winayakamun chayqa, mayqen runaq garantia nisqan allaukan manan tatinmanchu nitaq qechusqachu chayta reqsichikuspa. Manan tawa chunka pisqayoq aswan p’unchayqa kanmanchu chay “estado de sitio” nisqaqa. “Estado de sitio” nisqa kamachikuypiqa, Rimana Wasin hunt’asqa allaukanwanmi huñunakun. Sichus aswan p’unchaykunaman mast’arikuyta munaman chayqa Rimana Wasiq siminmanta ruwakunan.
CAPÍTULO VIII
VIII UMALLI
PODER JUDICIAL
PAQTACHAY KALLPANMANTA
Artículo 138°. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.
138º Phatmi. Paqtachakuy kallpaqa llaqtamantapuni paqarin hUnt’akuntaqmi Paqtachay wasikunapi ima hoq nisqalla kuraqmanta, sullk’ankama hatun kamay pirwaman hinaspa kamachikunaman hina. Llapa paqtay ruwaypi hoq mana Kamay pirwaman kamachiy kaqtinqa , paqtay kamayoq Hatun kamay pirwamanmi paqtachayninpaq churan.
Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
139º Phatmi. Paqtachakuy kallpawan ruwayninmi:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. 1. Hoqllla kayninpi paylla kamachi hunt’achiy. Manan kanchu nitaqmi kamanmanchu hoq sapaq paqtachakuqta, ichaqa t’aqaspa wallakunaq hinaspa “arbitral” nisqa kamaytaqa. Manan paqtachayta imayna kausaypipas hoq ruwananpaq mink’asqa kanmanchu.
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2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
2. Paqtachayqa mana pimanta muchuqmi. Manan mayqen kamachiqpas challpukunmanchu nitaq tatichinmanchu. Manan paqtachay tukusqaqa yapamanta qoqahirunmanñachu, nitaq ruwakushuiaqtañapas sayachikunmanchu, nitaq kamachiyninta muyuchikunmanchu, nitaq sukhayachikunmanchu hunt’akuyninta. Kay kamachiykunaqa manan añaychakuy allaukawanqa tanqanakunchu.
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
3. Paqtachay ruwayni allin ruway kamachiykunaman hina. Manan pipas kamachiyman hina Paqtachay Wasimanta laqochisqa kanmanchu, nitaq hoq neray paqtachayman churasqa kanmanchu. Nitaq mana huchan paqtachasqapaq paqtachay wasi kaqtin, imayna sitichasqa kaqtinpas.
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
4. Paqtachakuykunaqa ruwakunan llapa runaq qayllanpin kamachiyman hina. Llaqta kamayoqj huchaq paqtachayqa, utaq willakuy mast’ariypi huchakunaqa Hatun kamay pirwaman hinan llapa runaq qayllanpi ruwakunan.
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
5. Paqtachay imayna kaynintaqa qelqapinpunin churakunan, ichaqa huch’uy kamachichakunaqa manan qelqapichu churakun, ichataqmi chay churasqapiqa ima Karachi qelqa nisqantan churakunan.
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6. La pluralidad de la instancia.
6. Askha sayaqnikunayoqmi paqtachaypi kamachikunaqa sutinmi “instancias” nisqa.
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad aque hubiere lugar.
7. Chaninchayqa kamachiyman hinapuni, sichus mana huchawoq runa hap’isqa kanaman cheyqa chaninchasqan kanan, kayqa manan panpachanchu mana allin pqaqtachay kamachikuqpa.
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
8. Apusimi sichus mana allin kayninqa manan paqtachakuyqata tatichinmanchu, hina rikukuqtinqa hunt’achikunan allaukayoq teqse kamachiykunawan, astawanqa suyunchis ukhupi samayosqanwan.
9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.
9. Riqch’akuy kamachikunawan manan hunt’achikuna tikachu llakichikuq utaq huchalliq apisimiqa.
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.
10. Manan pipas atinchu mana paqtachaykuywanqa huchallisqa nitaq llakichisqa kanamanchu.
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.
11. Ima apusimi iskayaypipas, llakischisqa kaqpaq utaq huchallisqapaqpas payman sayapakuqtan hunt’achinan.
12. El principio de no ser condenado en ausencia.
12. Mana pipas paqtachasqa kanmanchu sichus manan qayllanpiqa.
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.
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13. Manan tukusqa paqtachasqaqa hoqmanta kausarichikunmanchu. Hucha panpachay qonqay, wiñaypaq sayachiy hinaspa qolluchiy tukuy hayratasan.
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.
14. Ima pachapiña paqtachaykuynin kashiaspapas amachachikuymanta hark’asqaqa kanamanchu. Llapa runan willasqa kanan simipi utaq rimayllapi ima huchanpin wsq’asqa kasqanta. Allaukanmi huchallisqa pay kikin ajllasqan amachaqenwan rinaynin hinaspa yachachisqapas mayqen paqtachay kamayoq qesk’ayninta willasqanmanta pacha.
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.
15. Llapa runan willasqa kanan simipi utaq rimayllapi ima huchanpin wsq’asqa kasqanta.
16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.
16.Paqtay wasipi llakichisqa mana paqtachay ruwakunanpaq, mana kaqniyoq runakunapaqtaq mana qolqemanta, ichaqa hoq runakunapaqpas kamachiman hina.
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
17. Suyu runaq paqtachay kamayoq ajllay ruway yanapananpaq kamachiman hina.
18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.
18.Hatun Kamayoq ima atipanakuypi yanapananpaq ichaqa paqtay kamayoq kayninman hina.
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
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19. Manan mana yachaq runa paqtachaqqa kanamanchu sichus mana hatun kamay pirwaman hina mana kamachasqa kaqqa.
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
20. Lliu runa atiyninman paqtachay kamachikunata tukuy yuyayniwan rikuyta hinaspa t’aqwispa mana allin kaqtinpas rimayta.
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
21. hayratasqakunapas, wesk’asqasqakunapas, qhali kayta hinaspapas allin wesk’ay wasikunapi apisqa kayninkuta.
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
22. Wesk’asqa wasipi wesk’asqakuna yapamanta yacharispa allin runa kayninman tukuyninman huñusqa runamasinwan kausayninman.
Artículo 140°. La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.
140º Phatmi.Wañuchikuy hayrataqa suyupi q’eta kayllapin churakun, hawa llaqtakunawan maqanakuy kallaqtin, ukhu suyupi q’aqchaq runaman, kamachiman hina hinaspa hawa llaqtakunawan rimay qelqakunaman Perú llaqta mat’isqa kasqanman hina.
Artículo 141°. Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173º.
141º Phatmi. Paqtachakuy Ancha Hanaq Wasin p’unchukaypiqa kamachikunan, utaq qolluchikunanpas kamachikuyta apusiminwan sichus maqanakuy qallarikunman karan hanaqpaqtay t’aqapi, utaq kikin Ancha Hanaq Wasipipas kamachiman hina. Atillantaqmi p’unchukaypi kamachiyta utaq qolluchiytapas wallawisa paqtay k’itikunapi, icha 173º ñeqe kamachiman hina.
Artículo 142°. No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.
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142º Phatmi. Ajllaypaq Ancha Hanaq Wasin paqtayninkuna paqtay wasipi mana atikunchu rikuyta, manallataq atikullantaqchu paqtachaypaq hatun wasi ruwasqantapas rikuyta, paqtachay kamayoq ajllasqankutapas hinaspa orqosqankutapas utaq hap’isqankutapas.
Artículo 143°. El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.
143º Phatmi. Paqtachaq kallpanpiqa kanmi paqtachay wasi paqtachay ruwaqkuna, paykunan suyuq sutinmi paqtachayta ruwanku. Paqtachay wasikunaqa kanku: Ancha Hanaq Wasi, hinaspa wakin paqtay wasikunapas ukhunpi kamachiyninman hina.
Artículo 144°. El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.
144º Phatmi. Ancha Hanaq Wasiq Kamachiqninmi lapan paqtay wasikunaq kamachiqnimi. Atún huñunaykuyninmi paqtachay ruway kamayoqkunataq aswan kamachiqninku.
Artículo 145°. El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.
145º Phatmi. Paqtachay Wasin churan Hatun Kamayoq Wasiman hinaspataq Rimana Wasipi rikuchin qolqe mañakuyninta.
Artículo 146°. La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley. El Estado garantiza a los magistrados judiciales:
146º Phatmi. Paqtachay Kamayoq kayqa hayuymi hoq ima llank’aywan, ichaqa Hatun Yachay Wasipi yachachiyllapin llank’aytaqa atinku. Paqtachay Kakayoqkunaqa llank’asqanku rayku watapaq suyu qolqe chay llank’aypaq qosllatapuni chaskinku hinaspa chay Hatun Yachay Wasipi yachachisqankumanta hinaspapas hoq qolqekunata kamachiman hina. Paqtachay Kamayuqkunata suyu rantinkan:
1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.
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1. Munayniyoq kayninman. Ichaqa kasunnakun Hatun Kamay Pirwa hinaspa kamachita.
2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.
2. Kamaqoy kayninkupi ama kuyusqa kanankupaq. Manan munasqanpi hoq llak’ayman astasqachu kanman.
3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y 3. Mana kuyusqa kaynin ruwayninpi, ichaqa sumaq ch’uya kausaynin llank’aynin kana kama. Hinaspa
4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.
4. Hoq payllayta Paqtachay kamayoq kayninman hinaspa tawa ñeqe llank’aq kayniman hina.
Artículo 147°. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:
147º Phatmi. Ancha Hanaq Wasi Paqtay Kayoayoq kanapami tunt’anan:
1. Ser peruano de nacimiento.
1. Perú suyupi paqarisqan kanan.
2. Ser ciudadano en ejercicio.
2. Hatun Runa kana.
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años.
3. Tawa chunka pisqayoq hunt’asqa watayoq kana.
4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.
4. Chunka wata hunt’a, Paqtachay Wasipi kamayoq kay utaq, chunka pisqayoq wat hunt’a amachaqe kaypi llank’ay utaq, hatun yachay wasipi yachachiy.
Artículo 148°. Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.
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148º Phatmi. Mana allin kamachikunataqa wanachikunanpaq atikunmi paqtachay wasipi huchallichiyta.
Artículo 149°. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
149º Phatmi. Hawa llaqtakuna hinaspa kikin llaqtakunaq kamachiqnin yuyuq runa kikuqkuna yanapasqa, atinku paqtachay ruwayta ichaqa kikin llaqtankupi kausayninkuman hinallapuni, ichaqa ama saruchaspa runaq kikin allaukanta. Kamachiymi kamachin imayna paqtachay ruwakunanta hinaspa paqtachay huch’uy wasikuna kaynintapas.
CAPÍTULO IX
IX UMALLI
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
SUYU PAQTACHAKUQ KAMAYOQKUNA HUÑUNAKUYNINMANTA
Artículo 150°. El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular. El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica.
150º Phatmi. Suyu Paqtachakuy Kamayoqkuna Huñunakuymi ajllan hinaspa churan paqtachay kamayoqkunata, ichama mana kikin llaqta runakunaq ajllasqankuna. Suyu Paqtachakuy Kamayoqkunan qespiypi llank’anku ichaqa ukhu kamachiyninman hina.
Artículo 151°. La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección. Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que
requiera dicha Academia.
151º Phatmi. Paqtay Kamayoq ajllana Wasin, Paqtachay Wasipin kan, chay wasin yachachiy paqtay kamayoq llank’aynikupaq huch’uy paqtachay kasqanmanta Hanaq Paqtay Kamayoq kayninku kama, chayman hina ajllasqa kanankupaq.
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Hoq huch’uy Paqtachay kamayoq hoq hoq hatun paqtachayman wichayta munaspataqmi Paqtachay Kamayoq ajllana wasiq yachachiyniman hina.
Artículo 152°. Los Jueces de Paz provienen de elección popular. Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus cargos son normados por ley. La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.
152º Phatmi. Panpa paqtachaqkunaqa llaqta runaq munayninma hina ajllasqan. Chay ajllaypaqmi, mañakuykuna,qhawakun paqtay kamayoq llank’aynin, yachaynin hinaspapas may kausay yachachiy kayninpas kamachiyman hinan kanan. Kamachi qelqan atin paqtay kamayoqkuna ajllayta hinaspapas imayna ajllasqa kayninkutapas.
Artículo 153°. Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.
153º Phatmi. Paqtachay Kamayoqkuna hinaspa llaqta amachaqekunapas manan suyuq llaqta kausayninpi ruwaypi kayta atinkuchu, hinaspapas mana llank’ayninkuta sayachinkumanchu.
Artículo 154°. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
154º Phatmi. Hatun Paqtay Kamayoq Ajllana Wasiy ruwayninmi:
1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.
1. Churan, llaqta rikusqan hinaspa imayna sumaq kausayninta ñauparichispa, paqtachay kamayoqkunata hinaspa llaqta amachaqekunata llapa imayna llank’aykunapi. Chay kamayoqkuna churay kanan pachaqmanta iskay ñeqe puchu llapa ajllaq kamayoqkunamanta.
2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.
2. Sut’inchay paqtay kamayoq hinaspa llaqta amachaqekunata, sapanka qanchis wata llank’ay kutipi rikukun. Mana llank’aq qhqepaqkunaqa manañan haik’aqpas paqtachay llank’ayman kutiykumanñachu. Ichaqa sapa sutìnchayqa sapaqmi ima huchanku rayku wijch’usqa kanankumanta.
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3. Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable.
3. Ancha Hanaq wasipi amachaq hatun kamayoqkunata hinaspa Llaqta hatun amachaqeta muchuchiy, Ancha Hanaq Wasi mañayniman utaq Hatun llaqta amachaqekunaq mañakuyninman hina, muchuy churasqaqa mananñan atikunñachu hoqmanta rikuchikuyta
4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.
4. Paqtachay kamayoq llaqta amachaqe kayninta qelqapi churaspa sapankaman rakiy.
Artículo 155°. Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:
155º Phatmi. Paqtachaq Ajllaq Hatun Wasi kamachiq kananpaqmi kamanchiyninman hina:
1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.
1. Hoq Ancha Hanaq Amachaq, huñunakuspanku pakapi ajllasqa.
2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.
2. Hoq pakallapi ajllasqa, llapan Hatun Llaqta Amachaqekuna huñuypi.
3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.
3. Hoq pakallapi ajllasqa, tukuy suyupi llank’aq Amachaqe Wasipi kaqkunamanta.
4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.
4. Iskay pakallapi ajllasqa Kamayoq Llank’aq Wasikunaq suyupi kaqkunamanta, kamachiman hina.
5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.
5. Hoq pakallapi ajllasqa, Hatun Yachay Wasikunaq apaqninpi.
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6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares. El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial. Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años.
6. Hoq pakallapi ajllasqa, llapan sapaqchasqa Hatun Yachay Wasi kamachiq. Kay Suyu Paqtachakuq Kamayoq ajllaykun esqonman yapakuy atikunanpaq, hinaspa atikullantaqmi iskay kamayoqta yapaytapas ichaqa pakapi ajllasqallataqmi hinaspa chay ajllasqa runakunaqa llank’ana wasikunapi kausaqmi. Suyu Paqtachakuq Kamayoqmi ajllasqa kanku “suplentes”nisqa amachaqekunawan kuska, pisqa watapaqmi ajllasqa kanku.
Artículo 156°. Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del artículo 147º. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.
156º Phatmi. Suyu Paqtachay Kamayoq kanapaqmi kikin Ancha Hanaq Amachaq ajllasqaman hinan, ichaqa kallanmantaqmi 4 yupay 147º ñeqeman hina. Suyu Paqtachay Kamayoqnmi kasqan kayniyuqkunan hinaspa allaukayuqkunayoq hinaspapas kamayoq kayninman hina kasqan ruwaykunayoq.
Artículo 157°. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.
157º Phatmi. Suyu paqtachay Kamayoqkuna kuyusqan kankuman huchallikusqanku rayku hinaspa Rimana Wasipi huñunayki ichaqa sichus pachaq yupanamanta kinsa t’aqay apullikuna munayninpi.
CAPÍTULO X
XI UMALLI
DEL MINISTERIO PÚBLICO
LLAQTA AMACHAQE WASIMANTA
Artículo 158°. El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos.
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Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría.
158º Phatmi. Llaqta Amachaqe Wasiqa kikinmanta munayniyuqmi. Llaqta Amachaqe Kamayoqmi umallin. Ajllasqan Llaqta Hatun Amachaqekuna huñuyninpi, kinsa watapaq ichaqa atinkun yapamanta ajllachikuyta ichaqa iskay watallapaq kay kutitaqa. Llaqta Amachaqe kamayoqkunaqa kikin Paqtachaq Kamayoqkunaq allauka ruwayniyoqmi. Hinaspataqmi hark’asqa kayninkupas kikillanmi.
Artículo 159°. Corresponde al Ministerio Público:
159º Phatmi. Llaqta Amachaqe Wasiq ruwayninmi:
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
1. Pay kikinpa munayninmanta utaq hoqpa mañakuymantapas paqtachakuypa.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
2. Qhaway allinta rikuspa Paqtachay Wasi ruwayninta hinaspa allin paqtachay ruwakunanpaq paqtachakuypa hunt’ananta qhaway, hinallataq lliu runakunaq allaukanpas, apusimikunaq amachakusqanman hina.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
3. Paqtachay ruwaypi suyuq rantin sayay.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
4. Huchallikuy qallarisqanmanta pacha t’aqwin. Chaypaqmi T’uqriy Kamayoq llank’ayninman hina hunt’ananan Llaqta Amachaqe kamachisqanta.
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
5. Llakichikuy ruwayta qallarichinan munayninmantapas utaq hoqpa mañakuyninwanpas.
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
6. apusimiq t’aqwikusqanpi hamut’ayni reqsichikuynin.
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
7. Kamchi ruwayqallarikusqanta yanapay; hinaspa RimanaWasiman willay utaq Suyu Kamachiqman, ima ch’usaq utaq sulluchiq kamachikuna tariymanta.
Artículo 160°. El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso.
160º Phatmi. Llaqta Amachaqeq qolqe qoyninqa Hatun Llaqta Amachaqe Kamayoq huñunakuypin ruwakun. Hinaspa haywakun Suyu Kamayoqman hinaspataqmi Rimana Wasipi chaymanta Riman.
CAPÍTULO XI
XI UMALLI
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
LLAQTA RUNA AMACHASQA KAYNIMANTA
Artículo 161°. La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado. El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.
161º Phatmi. Llaqta Amachasqa kikinmanta kausaqmi, llapa llaqta kamachisqa llank’aqkunan Llaqta Amachaq kamayuqta mañakuqtin yanapananku. Imayna kayninmi, tukuy suyupi, Ukhunpi kamachiman hina ruwakun.
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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Llaqta Amachaq Kamayomi Rimana Wasiq ajllasqan hinaspa horqosqapas ichaqa pachaq nisqamanta kinsa ñeqe llapan yupaymanta. Hinaspa kikin Rimana Wasipi apullikuna allaukayuqmi. Llaqta Amachaq Kamayoq kanapaqmi amachaqe, kinsa chunka pisqayoq wata hunt’asqa kana. Llank’ay ruwayninmi pisqa watapaq, hinaspa manan pipas pituchachinmanchu. Hatun Paqtachay Kamayoqkunaq hina ruwayniyoq.
Artículo 162°. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el
Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.
162º Phatmi. Llaqta Amachaq Kamayoqmi amachaqenan llaqtaq allaukanta hinaspa sapanka suyuntinpi kausaq runaqkunaqta; chaymantapas qhaway llapa llaqta kamachiqpa llank’aq wasikunaq ruwayninta. Rimana Wasimanmi Llaqta Amachaq Kamayoq sapanka wata hunt’aypi qelqa willayta churan, ichaqa apachillanmantaqmi sapa mañakuqtinku. Kanmi allaukan Kamachi ruwakunapaq mañakuyta. Atillamanmi ima ruway mañakuytapas aswan kusa llank’anan kananpaq. Llaqta Amachaq qolqe mañakuynimi churakasqa kanan Rimana Wasipi chaypiqa rimanan kamayoqnin.
CAPÍTULO XII
XII UMALLI
DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL
SUYU WAQANCHASQA HINASPA AMACHASQA KAYNINMANTA
Artículo 163°. El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.
163° Phatmi. Suyun rantinkan waqaychasqa kayninta Suyu Amachaqe Ruway ukhupin. Suyuq Amachaqeyninqa pasaq llapan suyupaqmi. Ruwakunmi suyu ukhupi hinaspa hawa llaqtapipas. Llapa runa sapanchasqapas uytaq huñunasqapas Suyu Amachaqe ruwaypi yanapanan kamachiman hina.
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Artículo 164°. La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional. La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional.
164º Phatmi. Suyu Amachaqe apaynin, yachachiynin hinaspa kikin ruway yuyasqa ruwaypi hinaspa kamachiymi willakun imayna ruwaynintaqa. Suyu Kamachiqmi apan Llaqta Amachaqetaqa. Kamachiymi willakun maykama hinaspa imayna purinapaq Llaqta Amachaqe ruwayninta.
Artículo 165°. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137º de la Constitución.
165º Phatmi. Auqanakunayoq Kallpakuna kananpaqmi huñunakunku: Qocha Mama wallawakunawan, Phawaq kallpakunawan. Paykuna rantinkanku, munayniyoq kaynin hinaspa suyunchispa panpan k’apaq kayninta. Paykunan allin thaj suyuq kayninta qhawanku 137º kamachiman hina.
Artículo 166°. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
166º Phatmi. T’ujriy Kamayoq rantinkan allin thaj suyuq kayninta, allin llaqta ukhupi kausayta. Llapan llaqta runakunatan qhawan hinaspa yanapan. Rantinkan kamachikuna hunt’asqa kananpaq hinaspa llaqtaq kayninkunatapas utaq sapanchasqa runaqta qhawan, t’aqwin hinaspa wikapan mana allin kausaq runakunata. Qhawan suyuq patanta.
Artículo 167°. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
167º Phatmi. Suyu Kamachiqmi Auqanakuq Kallpakunaq hinaspa T’ujriy Kamayoqkunaq umalliqnin.
Artículo 168°. Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley.
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168º Phatmi. Kamachikuna hinaspa llapan ukhu ruwaykunan churanku imayna kayninkuta, llank’ayninkuta, ruwayninkuta, yachayninkuta hinaspa imapin ruwakuyninta; hinaspapas kamachin Wallanqa Kallpakunaq hinaspa T’ujriy Kamayoqkunaq ch’uya puriyninta.
Artículo 169°. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.
169º Phatmi. Auqanakuq Kallpakunaq hinaspa T’ujriy kamayoq manan ch’ijlluqchu kanku. Hatun kamay Pirwaman muchuchisqa kanku.
Artículo 170°. La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.
170º Phatmi. Auqanakuq kallpapaqpas hinaspa t’ujriy kamayoqpaqpas apusimin t’aqapun qolqeta. Chay qolqeqa manan imapaqpas hap’ikunmanchu, mana sapankankuq p’uchukayninpaq kaspaqa.
Artículo 171°. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.
171º Phatmi. Wallanqa Kallpakuna hinapa T’ujriy Kamayoqkunan yanapanku llaqtanchispa musikuyninman, yllu wiñayninpi, hinallataq kausaynin amachakuyninpipas, kamachiman hina.
Artículo 172°. El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuesto. Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente.
172º Phatmi. Hatun Kamayoqmi Auqanakuqpa Kallpakunapi hinaspa T’ujriy Kamayoqpi hayk’a runa kaynintaqa sapa watapi churan. Hayk’a qolqe kaynintataqmi kamachin Sapanka Watapaq qolqe qoy huñunakuypi. Seqaykunaqa qokun pipas ch’usaqchakuqtinmi apusimi kamachikusqanman hina. Suyu Kamachiqmi chay seqaykunataqa qon Auqa “General” nisqakunaman hinapapas “Almirante” nisqakunamanpas chaymantapas “Generales” nisqa T’ujri Kamayoqkunaman, kikin hatun wasinku mañakuyninman hina.
Artículo 173°. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no
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son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141º sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.
173º Phatmi. Huchallikuqkuna Auqanakuq Kalpakuna hinaspa T’ujriy Kamayoqkunaq q’omallikuyninkuqa paqtachakun taripay wasikunapin ichaqa auqanakuq kamachiman hina. Chay kamachikunaqa manan allpanchu llata runakunamanqa, Ichaqa 141º Ñeqe kamachiqa wañuchiy kamachisqallapaqmi. Walla mana kamachi hunt’aqqa walla paqtachakuy kamachiwanmi wawasqa.
Artículo 174°. Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial. En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares
por sentencia judicial.
174º Phatmi. Yichaykuna, sumaykunapas, qolqe chaskiynikupas, llank’asqan rayku qolqe chaskiyninkupas “oficial” nisqakunaq, walqanqa kallpapipas, t’ujriy kallpapipas ninakuqmi. Kaykunaq allaukantaqa manan qechukunmanchu, mana paqtachay kamachiywanqa.
Artículo 175°. Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización. Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale. La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas de las de guerra.
175º Phatmi. Auqanakuq kallpakunalla, T’ujriy Kallpakunapuwan hap’iyta atinku kamachikuyninkupi auqanakuy maqanakunataqa. Llapan kaqkunataqa utaq haykumuqkunaqa suyuq kayninmi tutun mana ima qolqe pimanpas qosq. T’ufsikuy ruwaytaqa apusimin ruwakunapaq kamachikun, qhatukuynintapas, runaq hap’inantapas, mana auqanakuq kay maqanakuykunataqa.
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CAPÍTULO XIII
XIII UMALLI
DEL SISTEMA ELECTORAL
CH’IJLLUKUY RUWAYMANTA
Artículo 176°. El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de
los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil.
176º Phatmi. Ch’ijllukuy ruwayqa kikin ajllay ruwakunantan qhawan ichaqa sut’i, qespisqa hinaspa runaq munayniman ruwasqa kananpaq; hinaspa ajllay yupaykuna runaq kunayninta rikuchinan pay kikin ajllayninpi. Yuyaypi allin ruwakunapaq qayllanta qhawarispa, hinaspa ch’ijllukuy ruwakuqtinpas qelqapi runa qelqan churasqanta allintapuni waqaychay, waqaychallataqmi llapa imayna runaq kausayni willakuyninta.
Artículo 177°. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.
177º Phatmi. Ch’ijllukuy Ruwayqa ukhunpin hap’in: Ajllay Wasita; kikin Ajllay Ruwaq Wasita; hinaspapas Runakunaq paqarisqanmanta pacha wañunan kama kausayninta. Hinaspa llank’ankun nunasqankuman hinallapuni ichaqa paykuna pura rimanakuspataqmi llank’ananku ruwayninman hina.
Artículo 178°. Compete al Jurado Nacional de Elecciones:
178º Phatmi. Ch’ijllukuq Ruway Wasiq ruwayninmi:
1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales.
1. Llank’ay qhaway ch’ijlluy ruwaypi hinaspa ajlla ruwaypipas, pakuykunapipas hianspa ima hoq llaqta tapuykunapipas, chaymantapas qelqapi sutikuna churayninpipas.
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2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.
2. Hap’iy hinaspa waqaychay llapan t’aqa huñuy runakunaq llaqtapi rimaqkunata. llapan ajllasqman qelqapi churaspa qoy.
3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. 3. Llapan t’aqa huñuy runakunaq llaqtapi rimaqkunaq kamachiypi kausayninta hinaspapas llapa ajllaypaq kamachikunatapas.
4. Administrar justicia en materia electoral.
4. Ch’ijlluy ruwaypi paqtachay.
5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.
5. Ajllasqakunata llapanman reqsichiy; rinanakuy unt’asqatataqmi utaq hoq rimaykuykunamantapas
6. Las demás que la ley señala. En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la
formación de las leyes. Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso.
6. Wakin apusimiman hina nisqakunatapas. Ch’ijllupiqa, Suyupi Ajllana Wasin atin kamachiy ruwayta qallariy. Hatun Kamayoq Wasimanmi churan qolqe qochikuyninta ch’ijlluypaq hinaspa t’aqaspa sapanka llank’ay wasipas. Hinaspataqmi Rimana Wasipi riman.
Artículo 179°. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros:
179º Phatmi. Ch’ijlluy ruwaq wasipi aswan huñuyninmi asqwan kamachiqa, hinaspa pisqa kamayoqmi kanku:
1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.
1. Hoq pakallapi ajllasqa Hanaq Paqtay Wasiq samasqa paqtachaqta utaq paqtachakuy kamayoqkunamanta; kay iskay ñeqepiqa, llank’aninta
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q’asasqan ruwayninta hint’ananpaq, Hanaq Paqtay wasi kamachiqninmi umallin
2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.
2. Hoq pakallapi ajllasqa Hatun Amachaqe Wasipi kamayoqninkunamanta, Llaqta Amachaqe samasqa kaqkunamanta utaq Amachaqe kamayoqkunamanta, kay iskay ñeqepiqa, llank’aninmantata q’asasqan ruwayninta.
3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros.
3. Hoq pakallapi ajllasqa, tukuy suyupi llank’aq Amachaqe Wasipi kaqkunamanta.
4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos.
4. Hoq pakallapi ajllasqa, Llaqta kamachiypi Hatun Yachay Wasikunaq apaqninkumanta, ichaqa samaqkunatamanta.
5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos.
5. Hoq pakallapi ajllasqa Sapanchasqa Hatun Yachay Wasikunaq apaqnikumanta, ichaqa samaqkunatamanta.
Artículo 180°. Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años. El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación.
180º Phatmi. Ch’ijlluy ruwaq wasipi huñuyninpi aswan kamachiqniqa manan tawa chunka pisqawoq wata sullk’achu kankuman nitaq aswan qanchis chunka wata kausayniyoq. Ajllasqan kanku tawa watapaq. Ichaqa yapamanta ajllasqallataq kankumanmi. Kamachiymi willakun imayna sapanka iskay wata hunt’asqa hoq kamayoqkuna haykuyninta.
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Llank’ayqa qolqemanta hinaspa p’unchanintin, manan hoq llank’aykunata atikunchu ruwayta, ichaqa atinkullataqmi yachachiyta atisqankuman hinallapuni. Manan atinkunchu kayta Ch’ijlluy Ruwaq Wasipi kayta ajllasqa llaqta kamachiqpaq, nitaq t’aqa t’aqa runa huñuyninpi kamachiqkunapas, nitaq tawa wata quepa ajllasqa munayninman.
Artículo 181°. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
181º Phatmi. Ch’ijlluy ruwaq wasipi huñuymi ajllakuy ruwaykunata tukuy yuyayninwan allinta qhawan. Kamachin kamachiman hina hinaspa allaukaq llapanpaq qallariyninkunaman hina. Ajllay ruwaykunapi, rimariykunapi hinaspa ima takuykunapipas. Kamachi qelqankuna aswan mana qhepaman kutiqmi, manan pipas atimanchu t’ijrayta utaq qolluchiytapas.
Artículo 182°. El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala.
182º Phatmi. Ch’ijlluy Ruwaq Wasi Kamachiqmi Hatun Paqtachay Wasiq munayninman hina churasqa kan tawa wata llank’ananpaq. Ichaqa horqosqa kanmanmi sichus ima hucharuwasqanmanta hinaspataqmi wijch’usqa kallanmantaq Ch’ijlluy Wasi kamachisqan. Ruwayninmi kikin Ajllay Wasita. Ruwaynimi: llapan ajllanakuy ajllakunanpaq, rimariykuna hinaspa takukuykuna, qolqenmantapas, hinaspa ruwananmi ajllanapaq qelqata. Hinaspallataqmi wanapaqninkunaman qonan llapan imakunapas ajllaykuna ruwakunapaq hinaspa willakuy llaqtantiman mast’arikunapaqpas. Pasqmi ajllaymanta willan hayk’a qelqa ajllay yupakuyninta. Hinaspapas llapa kamachiyman ruwaykunatapas hunt’an.
Artículo 183°. El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está
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afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad. Ejerce las demás funciones que la ley señala.
183º Phatmi. Ajllay Ruwaq, Qelqapi Paqarimusqamanta Runaq Kausanata Qelqaq Wasi apaqnimi Hatun Paqtachay Wasiq munayninman hina churasqa kan tawa wata llank’ananpaq. Ichaqa horqosqa kanmanmi sichus ima hucharuwasqanmanta hinaspataqmi wijch’usqa kallanmantaq Ch’ijlluy Wasi kamachisqan. Ruwayninmi kikin Ajllay Wasita. Chaymantapas imaymana ruwayninta kamachiman hina ruwan.
Artículo 184°. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.
184º Phatmi. Ch’ijlluy ruwaq wasin qolluchin ajllayta, rimariyta utaq hoq llaqtaq takukynintapas sichius qollusqaña kaqtin, utaq yuraq qelqa rikhurimujtin,sichus pachaq yupay nisqamanta kinsa ñeqe iskaychasqa ñeqe ajllaymanta kan. Waroyoq wasipaq atillaqtami hoq neray ajllay kananpaq sapaq kamachita qoy.
Artículo 185°. El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.
185º Phatmi. Ajllay llaqta rimaqtin yupay utaq imayna ajllaypipas hamp’ara ajllay patapi mana tatispa ch’ulla kutillapin yupakun. Ichaqa atikunmi yapamanta yupayta sichus chay yupanapi pantay manman utaq ajllaypi kaqkuna mañakuqtin, chayman hina kamachiman hina umalliqta churan.
Artículo 186°. La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones
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son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
186º Phatmi. Ajllay Ruwaq Wasin kamachin ajllaypaq ima kamachitapas ichaqa allin ch’uya kananpaq hinaspa runaq qespiyninta allaukanta ima rikusqa kananpaq chay ajllay p’unchaypi. Kay kamachikunaqa hunt’anapunin chaypaqmi yanapachikun Auqanakuq kallpakunawan hinaspa T’ujriy Kamayoqkunawan.
Artículo 187°. En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley. La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero.
187º Phatmi. Askha runaq ajllayninpi kanmi llapan ajllay atinkun hayk’a haykuyninkunan hina yupaypi ratiyta kamachiman hina. Apusimi qelqa willakun imaynan Perú Suyu hawa llaqtapi kausaq runakunaq ajllayninta.
CAPÍTULO XIV (*)
XIV UMALLI (*)
DE LA DESCENTRALIZACIÓN
CHAUPICHAKUY QOLLUCHIY
(*) Todo el capitulo XIV modificado por Ley N° 27680, publicado el 07 de marzo de 2002 (*) Llapan XIV umallin hoqmanta ruwakun 27680 Kamachiman hina,mast’arisqa 07 p’unchay Paukarwaray killapi 2002 watapi
Artículo 188°.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el
Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley.
188º Phatmi. Chaupichakuyqolluchiyqa hoq neray llaqtaq kamachiyninwan ruwakunallapunin, tukuy llaqta suyu ñaupaqman wiñananpaq.
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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Chaupichakuyqolluchiyqa t’aqa t’aqa chikallapanta ruwakun, ichaqa yuyaykunata yupanchaspa llank’anapaq suyuntinpi sapanka llaqtakunaman t’aqa t’aqa rakiypi qolqe chayananpaq. Suyuq kallpankuna hinaspa llapa hatun kamachiy wasikuna chaymantapas qolqe suyu chaupichakuyqolluchiykun kamachiyman hina.
Artículo 189°. El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados.
189 Phatmi. Perú suyuqa kinsa huch'uy suyukunapi t’aqasqan llaqtakunapi, huch’uy llaqtakunapi hinaspapas k’itikunapi, sapanka chhayna nisqakunapin kan hinaspa churakun hatun llaqta kamachiy, suyu kamachiy hinaspa huch'uy llaqta mamachiypi, ichaqa . runakunaq hatun kamachiyman hinaspa kamachiykunaman hina, ichaqa waqaychasqa llaqta suyuq tukuy sumaq kayninta. Suyuq kamachiyninqa hatun llaqtakunan hinaspa taqsa llaqtakunan,huch’uy llaqtakuna chaymantapas ayllukuna.
Artículo 190°. Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales. Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional. La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales, de las regiones así integradas. Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos.
190º Phatmi. Huch'uy suyukuna kamakuran ñaupaq llaqta kausayninta, ruwayninta hinaspa qolqe imayna maskhayninta qhawaripa, huñuspa ch’ulla pachapi kausaqta hina. Chay chaupichakuy qolluchiyqa qallarin kamachiq runakunata ajllaspa khunan taqasa llaqtakunapi kaqkunata hinaspa Callao nisqa huch’uq llaqta kamachiqtawan. Chay kamachiykunaqa huch’uy suyukunamantan. Llaqtakunapi kausaq runakunata tapuspan iskay utaq astawanpas llaqtakuna hoq huch’uy suyuta kamankumanmi, ichaqa kamachiyman
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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hinamupi. Kikillantapunis qati qati taqsa hinaspa huch’uy llaqtakuna ruwayta atillankumantaq hoq suyuman tiqrakuyta munaqtinku. Kamachiymantan kan wakin ruwaykumantapas, chaymanta hoq neray llaqtakuna huñunakunanmantapas. Llaqtakunaq huñunakuynin ruwakunan kama, iskay utaq astawan suyukuna rimarinakuspa kausayninkupaq ruwayta atillankumanmi. Kamachiypa ukhunpin ichaqa ima ruwaypas.
Artículo 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral. El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Alcalde; los Presidentes de los Gobiernos Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva. La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 Octubre 2005.
191º Phatmi. Huch’uy suyu llaqtakuna kikillamni kamachikunku, qolqenmantapas, kausaninmantapas hinaspa llapa ruwayninmantapas, llapa “municipalidad” nisqa warayoq wasikunawan rimarispa ichaqa yupanchaspa ruwayninkunata. Huch’uy suyuq kamachiyninkunaqa hatun suyuq kamachiyninman hinapunin ruwasqa, hinaspa hatun kamayoq apasqan chaymantaq “Consejo de Cordinaciòn Nisqa “alcalde” nisqa kamachiq warayoqmwan hinaspapas hoq llaqta runawan kuska, ruwaspa llapa llank’aykunata kamachiyman hina. Qanchis (7), iskay chunka pisqayoq(25) kamayoq runakunan kanan hatun suyu llaqta kamachiypiqa, hoq (1) runallapas huch’uy llaqtapiqa kanallantaqmi, kamachiyman hina, imayna runakuna kamayoq ajallayta aniqman hina.
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Umallijqa qatiq umalliq kuskawanmi ajllasqa, ichaqa tawa watapaq ichaqa yapamantapas hoqmanta ajllasqa kanallantaqmi. Chaymantapas hoq huch’uy suyuq kamachiqninkunapas hinallataq ajllasqa kanallankumantaqmi kasqan watakunapaq, kamachiyman hina. Runa aylukunan kamachikun hayk’a warmi qhari hayk’a kamayoqkuna ajllasqa kananata, kikillantataqmi “Consejo Municipales nisqakunata ajllakun. (*) (*) Kay willakuyqa hoq neraytaruwakuran, 28607 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 04 p’unchay Antaray killapi 2005.
Artículo 192°.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Son competentes para:
192º Phatmi. Huch’uy suyupi kamachiqkuna llaqta ñaupaqmaman wiñaynintan munan, qolqe kayninta allinta qhawarispa, hinaspa allinta llank’aypaq churaspa, llaqtapi kaussaq runakunanan allin kananpaq, ichaqa sumaq tukuy suyu, huch’uy suyu ayllukunan kausayninman. Atinkun ruwayta:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
1. Ukhu ruwaynin chaskiy hinaspa qolqemantapas
2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.
2. Niy hinaspa chaskiy huch’uy suyuq ñaupaqman riyta rimayanakuspa “municipalidades” nisqakunawan hinaspta llapa runankunawanpas.
3. Administrar sus bienes y rentas.
3. kayninkunata hinaspa qolqenkuta kusa qhawayta.
4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad
4. Qhawaspa apullichiykunata qoy, llank’ana qelqata hinaspa aullaukakunata llapa kamachiykuna kaypi.
5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes.
5. Huch’uy suyu qhapaq kayninta kuyuchiy hinaspa llank’aspa sumaq t’ikarinanpaq.
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6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.
6. Huch’uy suyuq kamachiykunata yuyaywan churay.
7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.
7. Qhawaspa kuyuchiy ruwaynunata utaq chaqra llank’anapaq, challwapaq, llank’ay ruwaywan ruruypaq, “agroindustria” nisqapaq, qhatuypaq, reqsiy munaqta, kallpapaq, antamanta, ñankunamanta, rumaykunamanta, yachaymanta, qhalikaymanta hinaspata llapan kaymanta kamachiyman hina.
8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.
8. Yachaypi tupanakuyta kuyuchiy, imaymana llank’aykunapaq qolqe tariy hinaspa ñankuna wasikuna llutaspa huch’uy suyu kausaypi.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
9. Suyu apusimi kamaykunata imaymana ruwayninkunapi kayniman hina hayway.
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 10. Kamachiyman hinallapuni imaymana llank’aypi ruwayninkunata ruway.
Artículo 193°.- Son bienes y rentas de los gobiernos regionales:
193º Phatmi. Huch’uy suyuq kaynin hinaspa qolqenmi kan:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
1. Wasikuna hinaspa astanakuna paypa kaqnin.
2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
2. Llaqtaq qolqe rakiypi kamachiyman hina qolqe chaskiy. 3. Los tributos creados por ley a su favor.
3. Qolqe churaykuna allin kayninpaq.
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4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.
4. Llapa qolqe allaukakuna sapanchasqa rayku tariy, qosqa rayku hinaspa llank’ayninku kayway rayku, kamachiyman hina.
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
5. Llapa qolqe chaskisqakuna “Fondo de Compensaciòn Regional” ichaqa llapanpaq rakina kaqtin, kamachiyman hina.
6. Los recursos asignados por concepto de canon.
6. Llapa kaykuna qolqe churayman hina.
7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a ley.
7. Llapa qolqe rantispa qhatuspa chaskiy ichaqa suyu rantinkaypi, kamachiyman hina.
8. Los demás que determine la ley.
8. Wakinpas kamachiyman hina.
Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Presidente del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 Octubre 2005.
194º Phatmi. “Municiplidades” nisqa warayoq taqsa llaqtapi utaq hunch’uypi ima kamachiq wasikuna kanku. Chay sapankataqmi kikin kausayniyoq, qolqeyoq hinaspa kausayniyoq kanku. Sapanka aswan huchùy “centros poblados” nisqakunataqmi kamachiyman hina kamasqa kanku.
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Llaqta wasipi kamachiqkuna kanku “Consejo Municipal” nisqakuna kamachiq hinaspa llaqta kausay amachaqeq, hinaspataq “Alcaldìa” nisqa ruwaq, llapa lliu ruwaykuna atiq kamachiyman hina. “Alcaldes”nisqa warayoqkuna hinaspa “regidores” nisqa warayuq yanapaq kamayuqmi llaqta runaq ajllasqanmi kanku. Kamachiyninkun tukukuyta atikunmanmi ichaqa manan pankunamantachu, kamachiyman hina. (*) (*) Kay willakuyqa hoq neraytaruwakuran , 28607 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 04 p’unchay Antaray killapi 2005.
Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para:
195º Phatmi. Huch’uy llaqtaq allaukakunan paqarichiyku llaqtaq qhapaqkayninta, hinaspa llaqtantinpaq sumaq kausayta hunt’a kaywan, llaqta suyuntin kayninman hina ñaupaqpaqpuni rinanpaq. Atinku ruwayta: hina mosoq kamachiykunata kallpachay.
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
1. Chaskiy Ukhupi imayna kausayninta hinaspa qolqenta.
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
2. Chaskiy ñaupaqman rinanpaq imayna ruwanata rimaspa llaqtapi sapanchasqa runakunawan.
3. Administrar sus bienes y rentas. 3. Rikuy kayninkunata hinaspa qolqenkunatapas.
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 4. Kamay chhalay hinaspa horqoy qolqe qoyta, chaskiyta, wasimanta qolqe qoy,”derechos municipales” nisqakunata, kamachiyman hina
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 5. Kamay, kakachiy hinaspa paqtachay llaqta runaq kausayninpaq hunt’a hunt’a kayman hina.
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. 6. Kikin llaqtapi wasikunamanta chaqrakunamantapas yuyay, ichaqa rikuspa imayna qelqapi “zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial” nisqata tarinqa, chaymantapas suyu patapi.
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7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
7. Astawan yanapay qolqe tariymanta hinaspa llank’aypaq churaymantapas.
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.
8. Wiñachiy hinaspa ruwaykunata utaq qoykunata yachaypi, qhali kaypi, wasi, allchaypi, pacha kausaypi, “transporte colectivo” nisqapi, puriykunapi, reqsiykunapi, allin ñaupaq wasikuna llut’aykuna rikuypi, tukuy yachaykunapi, pujllaykunapi, kamachiyman hina.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
9. Yachayninman Hina hayway manaraq kamachikunata ima yachay llank’ayninman hina.
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.
10. Apuliq kayninman hina ruwaynin kananpaq, kamachiyman hina.
Artículo 196°. Son bienes y rentas de las municipalidades:
196º Phatmi. Kapuykuna hinaspa qolqekuna “Municipalidades” nisqa wasikunaqmi:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
1. Paypa Wasinkuna hinaspa wasipi kaykuna.
2. Los tributos creados por ley a su favor.
2. Llapa qolqe churaykuna kamachiyman hina.
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme a ley.
3. Qolqe Churaykuna, “tasas”, “arbitrios”, “licencias” llapan kamasqa allaukakata municipales nisqanman” kamachiyman hina. 4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.
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4. Sapanchasqa, qoykuna hinaspa ruwaykuna qolqemanta allaukakuna qoy, kamachiyman hina.
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
5. Qolqe qosqakuna “Fondo de Compensaciòn Municipal, rakina atiymi kananku, kamachiyman hina.
6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
6. Watapaq qolqe chaskiy atiy “Ley de Presupuesto” nisqaman hina.
7. Los recursos asignados por concepto de canon.
7. Llapa qolqe qonankumanta “canon” nisqaman hina.
8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley.
8. Qolqe imamymanamanta chaskikuyninmanta, chayman yapakun llaqta suyu rantinkayninta, kamachiyman hina.
9. Los demás que determine la ley. 9. Wakintaq kamachiyman hina.
Artículo 197°.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.
197º Phatmi. Llapa llaqtapi tiyaq runakunatan “Municipalidad “nisqa yanapan ñaupaqman rinanpaq. Chaymantapas waqaychanku runaq kausaninta, ichaqa “Policia Nacional” nisqawan yanapachikuspa, kamachiyman hina.
Artículo 198°. La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.
198º Phatmi. “Capital de la Repùblica” nisqa llaqtan manan ima huch’uy suyupaqpas churakunchu. Hinaspa hoq neray kamachiykunan kan chay llaqtapaqqa chay “Ley Orgànica de Municipalidades” nisqapipas. “Municipalidad Metropolitana de Lima” nisqaqa allaukakun kikin “Lima” llaqtallapipuni.
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Suyu patapi “municipalidades” nisqa warayoq wasikunaqa, hinallataqmi aswan hoq neray kamachiymi paykunapaq kan chay “Ley Orgánica de Municipaliades” nisqa Hatun Qelqa kamachiyninpi.
Artículo 199°. Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.”
199º Phatmi. Llapa “Gobiernos Regiolales” nisqakunaqa kikin qhawarikusqankupin llank’ananku, hinaspa llaqta kamachiyninman hinapuni, chaymi “Contraloria General de la República” nisqan rikuyta atin ima ruwaynintapas. Chay llapa “gobierno” nisqakunan watantinpaq atinku qolqe mañakuyta llaqta runata ichaqa uyarispa hinaspa willanankun ima ruwasqankutapas, kamachiyman hina.
TÍTULO V
PISQA HATUN T’AQA
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
HATUN KAMAY PIRWA AMACHAKUYNINKUMANTA
Artículo 200°. Son garantías constitucionales:
200º Phatmi. Hatun Kamay Pirwa amachakuyninmi:
1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.
1. “Acción de Habes Hábeas” nisqa mayqen kamachikuqpa, umalliqpa utaq runaq ruwayninpas, mana ruwayninpas, piqpa qespisqa kaynintapas q’estinchstinpas, saruchakunpas Hatun kamay Pirwaman hina atinmi mañakuyta.
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. (*)
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(*) Inciso 2 modificado por Ley Nº 26470, publicada el 12 de Junio de 1995.
2. Amachakuy mañakuyqa, atikunmi mayqen kamachikuqpa, umalliqpa utaq runaq ruwayninpas, mana ruwayninpas, piqpa qespisqa kaynintapas q’estichiqtinpas, saruchakunpas Hatun kamay Pirwaman hina atinmi mañakuyta ichaqa manan atinmanchu kay qelqapi hamuq ñeqe kaqtin. Hinaspatami aman atikullantaqchu sichus allin Paqtachay Wasiq kamachikusqan qhepa. T’aqaspa kay hamuq willakuyman hina. (*) (*) Kay willakuyqa yapakun 26470 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 12 p’unchaypi Inti Raymi killapi 2000 watapi
3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2°, incisos 5 y 6 de la Constitución.(*) (*) Inciso 3 modificado por Ley Nº 26470, publicada el 12 de Junio de 1995.
3. “Habeas Data” nisqa mañakuyqa, atikunmi mayqen kamachikuqpa, umalliqpa utaq runaq ruwayninpas, mana ruwayninpas, piqpa qespisqa kaynintapas q’estinchstinpas, saruchakunpas 2º ñeqe, 5) t’aqa hinaspa 6)Hatun kamay Pirwa kamachiyman hina. (*) (*) Kay willakuyqa yapakun 26470 kamachiman hina, mast’aruisqa karan 12 p’unchaypi Inti Raymi killapi 1995 watapi
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
4. Hatun Kamay Pirwa mana hunt’akuqtin paqtay mañakuytaqa mana allin apusimi qelqa kaqtin, kamachikuna, osqay ruwaykuna, hawa llaqtakunawan qelqa rimaykuna, Rimana Wasiq kamachiynin, llaqta ukhupi kamachiyninku, hinaspapas llapan warayoq kamachininkuna mana allin kamachiykuna kaqtin atikunmi kay paqtay mañakuytaqa.
5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
5. “Acción Popular” nisqataqa atinkunmi Hatun Kamay Pirwa saruchasqa kaqtin mana allin apusimi qelqa kaqtin, mayqen kayaqoq kamachi qosqanman qhepa.
6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.
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El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137º de la Constitución. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.
6. Paqtay kamachiy ruwakunanqa mayqen kamayoq utaq llank’aq kasunanpaqmi ruwakun kinaspa apusimi kikinmanmi riqch’akun, hinaspa atikullantaqmi paqtachay wasipi huchallichiyta apusimiman hina. Kay paqtay kamachiy Hatun Kamaypirwata mana kasuqtinku, rantinkaypi ruwakunanpaq ukhunpi kanmi qelqa kanachiyninkuman ruwaynin. “Hábeas” nisqa ruwayninqa manan tatinchu 137º ñeqe Hatun Kamay Pirwa hunt’akushiaqtinpas. Kay paqtachay mañakuy allaukakuna tatiqtin utaq qollusqa kaqtinpas, Paqtay Wasin chay mañakuykunaq rikuyninqa. Ichama mana Paqtachay kamawoqa atinchu kamachi ruwayta sichus suyu phaku phakupi kanman utaq ñak’ariypi kaqtinpas. Kay allauka saruchasqa kaqtin paqtay churanapaq, chayman hina Paqtachay kamayoq qhawananpaq. Manan Paqtachay kamayoq imatapas ninmanchu chay “estado de emergencia” utaq “de sitio”nisqamanta imatapas rimayta nitaq mana allinta rimaytapas.
Artículo 201°. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos
que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la
República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.
201º Phatmi. “Tribunal Constitucional” nisqa Hatun Kamay Pirwa rikuqmi. Hinaspa munasqanman hina llank’aqmi. Pisqa kamaqokunan llank’anku pisqa watapaq ajllasqa. “Tribunal Constitucional” Nisqakunaqa pisqa watapaqmi ajllasqa kanku.
Tribunal Costitucional” Hatun Kamay Pirwapi kamaq kaspa llank’anapaqmi, kikin “Vocal de la Corte Suprema” nisqapaq hinan ima kayninkunata huntànanku, hinaspa alaukankuna hinaspa kamayoq kayninku kasqan Rimana Wasiqpa apullinkuna kikinmi. Ichaqa manan imatapas paykunawan ruwanankutaqchu. Chay “Tribunal Constitucional” nisqa kamachiqninkunaqa ajllasqa kanku Rimana Wasiqpa aullikunaq ajllasqanmi. Ichaqa manan atinkuchu
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ajllachikuyta “Tribunal Constitucional” nisqapi sichus hoq wata qhepa paqtachay ruwayninkumata utaq llaqta Amachaqe kamayoqkunamantapas tatinankunchu karan cheyqa.
Artículo 202°. Corresponde al Tribunal Constitucional: 1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.
202º Phatmi. “Tribunal Constitucional” nisqa Hatun Kamay Pirwa Kamayoq wasi ruwayninmi: 1. Reqsiy, sapan paqtachaq kayninpi kamay pirwa sarunchasqa paqtachakunanpaq. 2. Reqsiy, sapan hinaspapa pasaqpaqpuni, mana chaskisqa mañakuykuna kaqtin “habeas hábeas, acción de amparo, y acción de cumplimiento” nisqakuna tukukuqtin. 3. Reqsiy mayqen paqtay kamayoqmi rikunan paqtachay mañakuykunata, Hatun Kamay Pirwa kamachisqanman hina.
Artículo 203°. Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:
203º Phatmi. Hatun Kamay Pirwa mana hunt’aynintaqa mañakunkumanqa:
1. El Presidente de la República.
1. Suyu Umalliq
2. El Fiscal de la Nación.
2. Suyu Llaqta Amachaqen.
3. El Defensor del Pueblo
3. Llaqta Allaukan Amachaqen.
4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas
4. Pachaq yuyaymanta iskay chunqa ñeqe apullikuna.
5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado.
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5. Pisqa waranqa llaqta hatun runakunan sutinku Ajllay Wasiq allin rikusqa. Sichus warayoq Wasi mana allin kamachita qontin, pachaqmanta hoq ñeqe runankunan atin mañakuytapas. Ichaqa manan chay yuyayqa yapakunmanchu chay qalliypi nisqaman hina.
6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.
6. Sapanka llqtaq umalliqninkunan ichaqa “Consejo de Coordinación Regional” munayninpi, utaq warayoqkuna yanapaqninku munanyninman hina, ichaqa ruwayninkuna qayllanman hinallapunitaqmi.
7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.
7. Kamayoqkunaq Llank’ana Wasin, ichaqa yachasqankuman hinallapuni.
Artículo 204°. La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.
204º Phatmi. Paqtachay qelqa “tribunal Constitucional” nisqa Hatun Paqtay Wasi qosqanqa yachachisqa suyuntaman kanan imaynana mast’ariypi. Mast’arisqa kasqanmanta hoq hamuq p’unchaymanmi qollupun chay kamachiyqa. Manan qhepaman rinmanchu paqtachay jkamachiyqa, ni llapanpas nitaq wakillan, hoq kamachiyqa.
Artículo 205°. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
205º Phatmi. Tukusqa ña chay paqtachay mañakusqa kaqtin, sichus chay paqtay mana allin qhawasqachu kanaman cheyqa atikullantaqmi hoq hawa llaqtakunapi hawa llaqtakunaman qelqa rimaykunaman Perú suyu llaqtawan hina mañakuyta.
TÍTULO VI
SOQTA HATUN T’AQA
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
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HATUN KAMAY PIRWA ALLCHAYMANTA
Artículo 206°. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.
206º Phatmi. Ima Hatun Kamay Pirwa allchasqa kanantaqa llapan apullikuna Rimana Wasiq munanyninpin, chaytataqmi llaqta rimanakuypi munasqanman. Ichaqa mananllaqta runaq tapuynin kamantaqchu sichus Rimana Wasi iskay “ legislatura” nisqa huñusqa rimaypi iskay rutita munayninta willanku, sapaka ajllaymi pachay yupaymanta kinsa ñeqe nisqa yupay. Hatun Kamay Pirwa allchaypaqqa Perú Suyuq apullinmi ñauparispa mañakunan, ichaqa Hach’awanqo huñunakuspa munayninpi; Apullikuna, hinaspa as ajllay atiq kuraq llaqta runakuna (0.3%) sutin qelqanku Ajllay Wasipi cheqan qhawasqakuna.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS TUKUYKUNAPAQ KAMACHIYKUNA HINALLATAQ NISQAKUNAMANTA
Primera. Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530. En consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional: 1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530. 2. Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones. Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria. La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las pensiones que excedan de una Unidad Impositiva Tributaria.
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El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas pensionarias será destinado a incrementar las pensiones mas bajas, conforme a ley. Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación. Autorízase a la entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes para que se declare la nulidad de las pensiones obtenidas ilegalmente, salvo los casos definidos por sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto o que las respectivas acciones hubieran prescrito.(*) (*) Disposición Final y Transitoria Primera sustituida por Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004.
HOQ ÑEQE. Manan pipas mosoq haykuq kamanchu nispapas yapamanta haykuq kallanmantaqchu chay "R'egimen del Decreto Ley Nº. 20530" nisqaman. 1. Manan pipas mosoq haykuq kamanchu nispapas yapamanta haykuq kallanmantaqchu chay "R'egimen del Decreto Ley Nº. 20530" nisqaman. 2. Sichus manqen llank’aqkuna, kamachiykunata mana hunt’ankuchu “pensiòn” nisqa qolqe chaskinankupaq cheyqa, churakunankun “Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones” nisqaman. Runakunaq kausaynin rayku, mosoq kamachiykunata kasuspan “estado” nisqapaq llank’aqkuna chaypi churakunanku, imayna kayniman hina. Manan pipas atinchu “pensiones nisqa qolqe mallmayta, hinaspapas pisiyachiyta huch’uyachispa astawan Unidad Impositiva Tributaria” nisqaman. Kamachiymi kamachinqa “topes de pensiones” nisqa yapakunanpaq ichaqa manan puchunanchu hoq “Unidad Impositiva Tributaria” nisqaman. Mosoq kamachiy “pensiones” nisqa qolqe chaskiypi kanqa chayqa qolqe huñuysqaqa chikan qolqe chaskiq yapakunanpaqmi, kamachiyman hina. Sichus ima hoqneray kamachiykuna khunan “pensiones” nisqa qolqe chaskiypi kanqa cheyqa utaq hamuy qolqe chaskiypi, ·crirerios de sostenibilidad financiera” nisqamanmi kaman, ichaqa manan mallmakunanchu. Kay tukukuy kaachiyqa hinaspa “Transitoria Primera” nisqa rantinpin , 28389 Kamachiy, mast’arisqa 17 p’unchay Ayamarka killapai, 2004 Watapi Kay qelqapi imayna nisqanman: Hoq mosoq regímenes sociales obligatorios” nisqakuna mananllaqta kamachisqan llank’aqkuna tatiqtin mana kuchusqa kanmanchu, chay 1990 hinaspa 20530 kamachiypi kaqkunapaq. “Gobierno Nacional” nisqa Llank’aqkuna kamachisqan kanku mana chaniy qolqechaskiqkunata tatichinanpaq hinaspapas “nulidad” nisqa kananpaq, ichaqa manan atikunmanchu chaq ruwayqa sichus
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atipanakuy mirara kaman chayqa utaq hucha qollusqaña kanmanpas cheyqa.
Segunda. El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional.
ISKAY ÑEQE. Suyun rantinkan manaña llank’aq runakunaq qolqe chaskinankupaq, ichaqa ima allchaykunaman hinallataq qolqe chaskiyninku yapayta atikunanpaq llaqtapi qolqe kayninman hina.
Tercera. En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario.
KINSA ÑEQE. Llata kamachiypi llankaqkuna hinaspa Sapachaqa llank’ajkuna kayninman hina, manan llapan llank’asqanku hoqllapi huñukuyta atikunmanchu. Sichus hina kanman cheyqa qollun.
Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
TAWA ÑEQE. Allaukakuna hinaspa qespiymanta kamachikuna Hatun Kamay Pirwa pi kasqanmi kikin “Declaracion Universal de los Derechos Humanos” nisqa teqsimuyupi runaq allaukanman hina hinaspa hawa llaqtakunawan rimana qelqakunaman hinaichaqa Perú suyunchis chaskisqanman hinan, kasusqa kana.
Quinta. Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquéllas se realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de los alcaldes y regidores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales durará tres y cuatro años respectivamente.
PISQA ÑEQE. Warayoq ajllayqa Perú suyuq Umalliq chaupi kamachiypin ruwakun, chaypaq kamachiman hina, hinaspa warayoq hinaspa yanapaqninpas llank’ananku kinsa utaq soqta wata kamayoq kayninkuman hina.
Sexta. Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus elecciones complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995.
SOQTA ÑEQE. Warayoq hinaspa yanapaqninku ajllasqakuna 1993 watapi, tukunnankun 1995 watapi kamachiyninkuta.
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Sétima. El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir de la vigencia de la presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralización, se efectúa por distrito único.
QANCHIS ÑEQE. Hoq ñeqe suyu umalliq ruwakuyninqa Hatun Kamay Pirwaman hina, mana ukhu llaqtakunapi ruwakunan kamaqa hoq llaqtata rantinkaspan ruwakun.
Octava. Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo constitucional. Tienen prioridad: 1. Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y 2. Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.
PUSAQ ÑEQE. Hatun Kamay Pirwapi kamachikunan kanku Hatun Kamay Pirwaman hina ruwasqa. Aswan ruwaykuna kanku: 1. Chaupichakuy qolluchiy kamachi ruray, chaypa nisqanman hina mosuq ajllasqa umalliqkuna kanankupaq. Kayta hunt'akunanraq 1995 wata tukukunan kama. Hinaspa 2. kamachikuna ruray, pisi pisimanta sapanchasqa kamachiman hap'ipakuspa llank’anakuna qosqata, hinallataq llank’anankupaq kamachi qosqamanta qollonanpaq.
Novena. La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las universidades públicas.
ESQON ÑEQE. Ajllay Ruwaq Wasipi kamayuqkuna llank’aynikupi sayanankupaq ñawpaqta qallarinan Amachaqe hatun Lima llaqtapi Llank’ana Wasi apaqninkuna ajllasparaq, hinallataq Hatun Ajllay Wasipi aapaqninkuna ajllaspa hoqta churanankupaq munayninta rimarispa ñawpaqta qallarinan llapa Hatun Yachay Wasipi Allaukapaq yachay apaqkuna kuskawan hoqta churanankupaq.
Décima. La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Registro Civil de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se integran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
CHUNKA ÑEQE. kamachiymi llapan Runaq paqarimusqanmanta pacha qelqapi churaq wasi, llank’aqninkuna, llaqta suyun kamachiqkuna hinaspa llaqta warayoqkuna hoqllapakunqaku chay paqarimusqanmanta pacha qelqapi churaq wasiman. Hinallataq Ajllay Wasipi llank’aq
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wasikunapas, gobiernos locales nisqakunamanta hojllakapunqaku Runaq paqarimusqanmanta pacha qelqapi churaq wasiman.
Undécima. Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente.
CHUNKA HOQNIYOQ ÑEQE. Kay Hatun Kamay Pirwa kamachikunapaqqa suyu qolqeta churakunanpaq pisi pisimantan kanqa.
Duodécima. La organización política departamental de la República comprende los departamentos siguientes: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao.
CHUNKA ISKAYNIYOQ ÑEQE. Peru Suyuq “organización política departamental” nisqapin kay laqtakuna kan: Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; hinaspa “Provincia Constitucional del Callao” nisqapuwan.
Decimotercera. Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes de acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los Consejos Transitorios de Administración Regional actualmente en funciones, según el área de cada uno de los departamentos establecidos en el país.
CHUNA KINSAYOQ ÑEQE. Sichus manaraq “Region” nisqakuna qespiptin, manaraq kamachinin ajllasqa kaqtin kay hatun Kamay Pirwa kamachiskusqanman hina Hatun Kamayoq kamachinqa imakunan ruwanna chay “Consejos Transitorios de Administración Regional kunanpacha llank’aqkunata imayna kamachikunankunatapas mayqen llaqtakunapi kasqankuman hina.
Decimocuarta. La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley constitucional.
CHUNKA TAWAYOQ ÑEQE. Kay Hatun may Priwa kamachikuyta qallarinqa Rima Wasin. Llaqta rimayman hina. Kay llaqta rimariymi ruwankum Hatun kama Pirwaman hina.
Decimo quinta. Las disposiciones contenidas en la presente Constitución, referidas a número de congresistas, duración del mandato legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican para el Congreso Constituyente Democrático.
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CHUNKA PISQAYOQ ÑEQE. Kay Hatun Kamay Pirwa kamachikunapi nishian hayk'a apullikuna kanankumanta, hayk'a unay kamachikuynin kamachiy ruwana wasi ukupi kanankumanta; hinallatataq nishian pasqa huñunakuyspa llank’aqkunaqmanta, hinaspa kay kamachiykuna mana allpanchu Khunan Rimana Wasi “Congreso Constituyente Democratico” nisqapaq.
Decimosexta. Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979.
CHUNKA SOQTAWAOQ ÑEQE. Kay Hatun Kamay Pirwa ruwaynin mast’arikun 1979 watapi.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES (*)
ASWAN AJLLASQA TUKUYKUNAPAQ KAMACHIYKUNA (*)
(*) Disposiciones Transitorias Especiales incorporadas mediante Ley N° 27365, publicada el 5 de noviembre de 2000.
PRIMERA.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2001. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90° y 112° de la Constitución Política.
HOQ ÑEQE.- 2000 wapapi Suyu Apulli hinaspa Qhepanpi Suyu apullikuna ajllasqakuna, kamachiyninta tukunqaku 28 antasituwa killapi, 2001 wata hunt’aypi. Ajllasqa apullikunataqmi apullikayninkuta tukuqaku 26 antasituwa killapi, 2001 wata hunt’aypi.. paykunaqa mana atikunchu ruwayta ima raykupas 90º hinaspa 112º Ñeqe Hatun Pirwapi kamachisqanta.
Segunda.- Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 91° de la Constitución será de cuatro meses.
ISKAY ÑEQE.- 2001 wapapi ajllay ruwakunanpaq tawa killa ñaupaq ñauparisqan kanan 91º Ñeqe Hatun Kamay Pirwa kamachisqanman hina.
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DECLARACIÓN
RIMARISQA SIMI
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO
LLAQTA MUNAY KAMACHIYPI HATUN RIMAY
DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la ntártica por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia la conservación de la
ntártica como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la ntártica, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.
RIMAN Peru suyuqa, uraynin kaq teqsinmanta kayninpi, “Antartida” nisqa suyunwan Hatun qocha mamaq patanmantaallaukayoq, chaymi riyta atikuqtin, hinallataq Pachamamanninta “Antartica” nisqa allpaman hojllakuqtin, hinaspapas Perú suyupa allaukanmanta hunt’anankumantapas “Tratado Antartico” nisqa kamachiymantapas hunt’aqtin munan kaykunata. “Antartida” nisqa suyuqa qhepanan imaymana t’aqwiykuna ruwanapaq, hinallataq llaqtaq kausayninta waqaychanapaq. Hinallataq hoq suyukunaq allinninkupaq, mana suyunchis allaukanta saqespa utaq Pachamamata sarunchaspa.
Í N D I C E
T’UFSI
TÍTULO I
HOQ HATUN T’AQA
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
RUNAQ HINASPA SUYUQ
CAPÍTULO I I UMALLI
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DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA RUNAQKUNAQ ASWAN HATUN ALLAUKANKU
Artículos del 1º al 3º 1º phatmi 3º phatmi kama
CAPÍTULO II II UMALLI
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS RUNA KAUSAY ALLAUKAKUNAMANTA HINASPA MUSIKUYKUNAMANTA
Artículos del 4º al 29º 4º phatmi 29º phatmi kama
CAPÍTULO III III UMALLI
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES LLAQTA KAMACHIY ALLAUKAMANTA HINSPA RUWAYKUNAMANTA
Artículos del 30ºal 38º 30º phatmi 38º phatmi kama
CAPÍTULO IV IV UMALLI
DE LA FUNCIÓN PÙBLICA LLAQTA KAMAYOQ RUWAYMANTA
Artículos del 39ºal 42º 3 phatmi 9º 42º phatmi kama
TÍTULO II ISKAY HATUN T’AQA
DEL ESTADO Y LA NACIÓN SUYUMANTA HINASPA LLAQTAMANTA
CAPÍTULO I I UMALLI
DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO SUYUMANTA, LLAQTAMANTA HINASPA SUYU ALLPAMANTA
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Artículos del 43ºal 54º 43º phatmi 54º phatmi kama
CAPÍTULO II II UMALLI
DE LOS TRATADOS KAMACHINAKUYKUNAMANTA
Artículos del 55ºal 57º 55º phatmi 57º phatmi kama
TÍTULO III III HATUN T’AQA
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO SUYUQ QOLQE KAYNINMANTA
CAPÍTULO I I UMALLI
PRINCIPIOS GENERALES LLAPANPAQ QALLARIYKUMANTA
Artículos del 58º al 65º 55º phatmi 65º phatmi kama
CAPÍTULO II II UMALLI
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES PACHAMAMAMANTA, HINASPA KAY PACHA QHAPAQ KAYNINMANTA
Artículos del 66º al 69º 66º phatmi 69º phatmi kama
CAPÍTULO III III UMALLI
DE LA PROPIEDAD KAQNIYOQ KAYMANTA
Artículos del 70º al 73º 70º phatmi 73º phatmi kama
CAPITULO IV
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IV UMALLI DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL
SUYUNTINPI QOLQE CHURAYMANTA HINASPA QOLQET’ITUYMANTAPAS,
Artículos del 74º al 83º 74º phatmi 82º phatmi kama
CAPÍTULO V V UMALLI
DE LA MONEDA Y LA BANCA QOLQEMANTA HINASPA QOLQE WAQAYCHANA WASIMANTA
Artículos del 83º al 87º 83º phatmi 87º phatmi kama
CAPÍTULO VI VI UMALLI
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
“COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS” NISQA AYLLUKUNAQ KAUSAYNINMANTA.
Artículos del 88º al 89º 88º phatmi 89º phatmi kama
TÍTULO IV TAWA HATUN T’AQA
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO SUYUQ IMAYNA KAYNINMANTA
CAPÍTULO I I UMALLI
PODER LEGISLATIVO APUSIMI QOKUQ KALLPANMANTA
Artículos del 90º al 102º 90º phatmi 102º phatmi kama
CAPÍTULO II II UMALLI
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
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APUSIMI QOKUYMANTA
Artículos del 103º al 106º 103º phatmi 106º ñeqe kama
CAPÍTULO III III UMALLI
DE LA FORMACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYES KAMACHIYKUNA RIKHURIYNINPAQ, WILLAKUNANPAQ
Artículos del 107º al 109º 107º phatmi 109º phatmi kama
CAPÍTULO IV VI UMALLI
PODER EJECUTIVO KAMACHI HUNT’ACHIQ KALLPANMANTA
Artículos del 110º al 118º 110º phatmi 118º phatmi kama
CAPÍTULO V V UMALLI
DEL CONSEJO DE MINISTROS HACH’AWANQO KUNAWAMANTA
Artículos del 119º al 129º 119º phatmi 129º phatmi kama
CAPÍTULO VI VI UMALLI
DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO KAMACHI HUNT’ACHIQ KALLPAWAN RINAKUYMANTA
Artículos del 130º al 136º 130º phatmi 136º phatmi kama
CAPITULO VII VII UMALLI
REGÍMEN DE EXCEPCION SAPAQCHASQA KAMACHIMANTA
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Artículos del 137º al 137º 137º phatmi 137º phatmi kama
CAPÍTULO VIII VIII UMALLI
PODER JUDICIAL PAQTACHAY KALLPANMANTA
Artículos del 138º al 149º 138º phatmi 149º phatmi kama
CAPÍTULO IX IX UMALLI
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA SUYU PAQTACHAKUQ KAMAYOQKUNA HUÑUNAKUYNINMANTA
Artículos del 150º al 157º 150º phatmi 157º phatmi kama
CAPÍTULO X X UMALLI
DEL MINISTERIO PÚBLICO LLAQTA AMACHAQE WASIMANTA
Artículos del 158º al 160º 158º phatmi 160º phatmi kama
CAPÍTULO XI XI UMALLI
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO LLAQTA RUNA AMACHASQA KAYNIMANTA
Artículos del 161º al 162º 161º phatmi 162º phatmi kama
CAPÍTULO XII XII UMALLI
DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL SUYU WAQANCHASQA HINASPA AMACHASQA KAYNINMANTA
Traducción e Interpretación a la lengua Quechua: Noemí Vizcardo Rozas –Intérprete Traductora del Congreso de la Repùblica del Perú, Presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima
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Artículos del 163º al 175º 163º phatmi 175º phatmi kama
CAPÍTULO XIII XIII UMALLI
DEL SISTEMA ELECTORAL CH’IJLLUKUY RUWAYMANTA
Artículos del 176º al 187º 176º phatmi 187º phatmi kama
CAPÍTULO XIV XIV UMALLI
DE LA DESCENTRALIZACIÓN CHAUPICHAKUYQOLLUCHIY
Artículos del 188º al 199º 188º phatmi 199º phatmi kama
TÍTULO V PISQA HATUN T’AQA
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES HATUN KAMAY PIRWA AMACHAKUYNINKUMANTA
Artículos del 200º al 205º 200º phatmi 205º phatmi kama
TÍTULO VI SOQTA HATUN T’AQA
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN HATUN KAMAY PIRWA ALLCHAYMANTA
Artículos del 206º al 206º 206º phatmi 206º phatmi kama
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS TUKUYKUNAPAQ KAMACHIYKUNA HINALLATAQ NISQAKUNAMANTA
DECLARACIÓN RIMARISQA SIMI