Políticas de PI para universidades e instituciones de investigación

Las universidades y las instituciones de investigación que desean asociarse con determinado sector o con otras organizaciones necesitan una política que les permita gestionar con eficacia su propiedad intelectual (PI) y la transferencia de tecnología.

Dichas políticas aportan estructura, previsibilidad y un entorno propicio en el cual los socios comerciales (patrocinadores, consultores, instituciones sin ánimo de lucro, pymes y gobiernos) y las partes interesadas del ámbito de la investigación (investigadores, técnicos, estudiantes, investigadores visitantes, etc.) pueden acceder a conocimientos, tecnología y PI y compartirlos.

Cada universidad o institución de investigación tiene autonomía para elaborar su propio enfoque, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes implicadas.

Destacado

Un modelo nacional para las políticas institucionales en materia de PI

Más información acerca de los proyectos de la OMPI sobre la elaboración de modelos nacionales de políticas institucionales de PI

¿Qué es una política institucional de propiedad intelectual?

Una política institucional de PI es un documento aprobado oficialmente en el que se establecen:

la titularidad de la PI y el derecho de uso sobre ella;
las normas para reconocer, proteger y administrar la PI;
las normas de colaboración con terceros;
las directrices sobre cómo participar en los beneficios económicos derivados de la comercialización; y
los mecanismos para velar por el respeto por los derechos de PI de terceros.

Normalmente, una política institucional de PI forma parte del marco normativo general de la institución. Por eso, debe guardar coherencia y conformidad con los demás normas o políticas aplicables, especialmente los que guardan una relación estrecha con el alcance de dicha política. Este es el caso, en particular, de las políticas que regulan:

los tipos específicos de PI o activo (por ejemplo, derecho de autor, marcas, modelos de utilidad, programas informáticos);
la participación de los estudiantes en la investigación;
la colaboración con el sector empresarial;
la confidencialidad;
la actividad de la oficina de transferencia de la tecnología de la institución (en caso de que la haya), y
la creación de empresas derivadas dentro de la institución.

Con mucha frecuencia, dichas políticas institucionales remiten unas a otras.

¿Cuáles son los principales objetivos de una política institucional de PI?

Brindar seguridad jurídica.
Promover las investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico.
Alentar a los investigadores a considerar las posibles ventajas de explotar comercialmente una invención, a fin de incrementar los beneficios que esto supondría para la sociedad.
Propiciar condiciones que sustenten y alienten la innovación y el desarrollo.
Equilibrar los diversos intereses en pugna de las universidades, el sector empresarial y la sociedad.
Velar por la observancia de las leyes y los reglamentos nacionales que sean de aplicación.

Lea la lista completa de preguntas frecuentes sobre la transferencia de tecnología.

Gears in the form of a starry sky — (Foto: Leyn/Getty Images)

La relación entre las políticas nacionales de PI, las estrategias nacionales de PI y las políticas institucionales de PI

Las políticas nacionales de PI expresan la intención de un país de utilizar el sistema de PI de una determinada manera para lograr un determinado objetivo.

Las estrategias nacionales de PI son medidas adoptadas por el gobierno para llevar a la práctica ese objetivo de política general. Muchas políticas y estrategias de PI fomentan la investigación y la innovación e impulsan la transferencia y la difusión de la tecnología.

Las políticas institucionales de PI son políticas de las que se valen las universidades o las instituciones de investigación para abordar las cuestiones en materia de PI que a menudo surgen cuando se coopera con terceros y se comercializan los resultados de las investigaciones académicas. Estas políticas deben ajustarse a todas las políticas y estrategias nacionales que procedan. En determinadas circunstancias, la legislación nacional impone limitaciones en cuanto al modo en que las universidades y las instituciones de investigación reglamentan la cuestión de los derechos de PI o el reparto de beneficios. Con arreglo a dichas limitaciones, cada institución puede establecer los principios que regirán la titularidad de los derechos de PI en sus políticas internas de PI, en los contratos de trabajo y en otras estipulaciones contractuales.

Seis pasos para crear una política institucional de PI eficaz

No existe un único modelo de política que pueda aplicarse en todas las instituciones o países, puesto que hay importantes diferencias, propias de cada país, así como diferentes grados de capacidad de absorción (es decir, la capacidad que tienen las empresas de reconocer el valor de la nueva información externa, asimilarla y darle explotación comercial).

Además, los países y las instituciones todavía están probando diferentes políticas y prácticas institucionales de PI a fin de recabar datos sobre cuáles son adecuadas y cuáles no.

Sin embargo, existen algunas medidas que pueden adoptarse para garantizar que la política institucional de PI que esté ideando sea eficaz y se ajuste a las necesidades de su institución.

Base de datos Políticas de PI de universidades e instituciones de investigación

1. Buscar inspiración en las políticas institucionales de PI existentes

2. Convocar a las personas idóneas

Existen varias partes que contribuyen a la creación y divulgación de innovaciones, invenciones, resultados de investigaciones y materiales didácticos. Cada una de estas partes tiene sus propios intereses y expectativas, que no siempre están en sintonía. A fin de lograr todo el apoyo y la adhesión necesarios, la política de PI debe elaborarse en colaboración con las principales partes interesadas.

Las principales partes interesadas incluyen:

las universidades e instituciones de investigación;
los empleados de dichas instituciones: investigadores, técnicos y personal administrativo;
los grupos de investigación del inventor y los departamentos de los que forma parte;
los estudiantes de grado y de posgrado;
los graduados de cursos de posgrado y posdoctorado;
los investigadores visitantes;
las instituciones patrocinadoras y las empresas colaboradoras;
las oficinas nacionales de patentes;
los organismos de financiación;
los representantes de la industria;
los representantes del gobierno.

3. Analizar las principales opciones de políticas

4. Redactar su política institucional de PI

5. Difundir y mejorar su política institucional de PI

6. Desarrollar un modelo nacional de política de PI para las universidades

Manual de la OMPI de políticas de PI

Este manual ayuda a las universidades e instituciones de investigación a tratar los aspectos fundamentales relativos a la PI, como la titularidad de los derechos de PI y los derechos de explotación, la divulgación, la gestión y la comercialización de la PI, los incentivos para los investigadores, los aspectos de registro y contabilidad y los conflictos de interés.

Lista de verificación para los redactores de políticas en materia de PI
Modelo de políticas de PI para universidades e instituciones de investigación
Directrices de personalización del modelo de políticas de PI
Incentivos en la transferencia de tecnología: guía para incentivar, reconocer y recompensar a investigadores y profesionales

Políticas institucionales de PI y derecho de autor

Las universidades y las instituciones de investigación producen y hacen uso de ingentes cantidades de material amparado por derecho de autor. Por lo tanto, en su política de PI, la institución debe dejar clara su posición con respecto a lo siguiente:

la titularidad del material amparado por derecho de autor que crean el personal y los estudiantes, lo que incluye, entre otras cosas, el material didáctico, el material del curso, los programas informáticos, las disertaciones, los informes de proyecto y las tesis;
el uso del material perteneciente a terceros;
la manera de tratar las infracciones del derecho de autor;
la concesión de licencias y la cesión de derechos;
el uso de las limitaciones y excepciones;
los contenidos generados por el usuario en el contexto de la enseñanza a distancia;
las políticas y estrategias de acceso público;
el derecho de autor correspondiente a las publicaciones científicas;
las cuestiones de PI en el ámbito de los sitios web; y
los recursos educativos de acceso público.