Перу

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0233-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 734594-2018/DSD

SOLICITANTE: CONSORCIO LYNCH E.I.R.L.

OPOSITORA: DUKES ROAD S.L.

Legítimo interés para formular oposición – Mala fe

Lima, seis de febrero de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de enero de 2018, Consorcio Lynch E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación DIVERXO y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación) de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 2 de marzo de 2018, Dukes Road S.L. (España) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de las siguientes marcas, con las cuales el signo solicitado es confundible:

- Existe mala fe por parte de Consorcio Lynch E.I.R.L., ya que el signo solicitado reproduce la denominación y el elemento figurativo de sus marcas registradas.

- Su marca registrada posee un grado de notoriedad importante, puesto que es el único restaurante de tres estrellas Michelin en Madrid y el propietario y chef del mismo, David Muñoz, es propietario de Duke Road, S.L.

Adjuntó medios probatorios y amparó su oposición en lo establecido en los artículos 136 incisos a) y h) y 146 de la Decisión 486[2], en el artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, así como en el artículo 6bis del Convenio de Paris.

No obstante haber sido notificada, la solicitante no absolvió el traslado de la oposición.

Mediante Resolución N° 3757-2018/CSD-INDECOPI del 17 de julio de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado.

La Comisión consideró lo siguiente:

Notoriedad de la marca DIVERXO y logotipo

- Del análisis en conjunto de las pruebas presentadas se advierte que no logran acreditar el grado de conocimiento de la marca cuya notoriedad se invoca, ni su nivel de implantación en el mercado peruano o andino y, por ende, no acreditan que sea notoriamente conocida entre el público consumidor del Perú u otro País Miembro de la Comunidad Andina con anterioridad al inicio del presente procedimiento.

- En tal sentido, no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición en este extremo.

Oposición en base a las marcas registradas en España y la OAMI

- Dukes Road S.L. alegó la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas (Certificado N° 311186) y  (Certificado N° 8623274), registradas en España y ante la OAMI, respectivamente; sin embargo, teniendo en cuenta el Principio de Territorialidad, tales registros no son oponibles a la presente solicitud, por lo que la oposición en este extremo es improcedente.

Mala fe

- Del análisis de las pruebas presentadas, se advierte que el signo solicitado reproduce el elemento denominativo y parte del elemento gráfico de las marcas registradas a favor de la opositora en España y ante la OAMI, siendo además que el término DIVERXO es de fantasía, por lo que tales hechos no pueden atribuirse a una simple coincidencia, sino al deliberado propósito de apropiarse de un signo ajeno, motivo por el cual la Comisión considera que existen elementos que permiten determinar que la presente solicitud de registro ha sido presentada mediando mala fe.

- Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

Examen de registrabilidad

- El signo materia de análisis ha sido solicitado mediando mala fe, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Con fecha 15 de agosto de 2018, Consorcio Lynch E.I.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- La empresa Dukes Road S.L. nunca solicitó el registro de la marca DIVERXO en el Perú, para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, motivo por el cual carece de legitimidad para oponerse, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Decisión 486.

- Ninguno de los medios probatorios presentados demuestra la mala fe alegada por la opositora.

No obstante haber sido notificada, la opositora no absolvió el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si Dukes Road S.L. cuenta con legítimo interés para formular oposición a la presente solicitud de registro.

b) De ser el caso, si el signo DIVERXO y logotipo ha sido solicitado mediando mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Dukes Road S.L. es titular:

a) Ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - OAMI de la marca DIVERXO y logotipo, conforme al modelo, que distingue: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con fecha 31 de julio de 2011, con Certificado N° 8623274, vigente hasta el 31 de julio de 2021.

b) En España de la marca de la marca de servicio DIVERXO y logotipo, conforme al modelo, que distingue servicios de restauración, principalmente servicios de restaurante de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 311186, vigente hasta el 17 de febrero de 2024.

2. Cuestión previa: Extremos apelados

Teniendo en cuenta que quien ha interpuesto recurso de apelación ha sido Consorcio Lynch E.I.R.L., así como los argumentos expuestos en dicho recurso, corresponde a la Sala evaluar únicamente si Dukes Road S.L. cuenta con legítimo interés para formular oposición y si el signo materia de análisis ha sido solicitado mediando mala fe, quedando firme la Resolución N° 3757-2018/CSD-INDECOPI del 17 de julio de 2018 en lo demás que contiene.

3. De la legitimidad para obrar

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil[3], una persona está legitimada o puede considerarse interesada a efectos de iniciar una acción o intervenir en un proceso cuando posea un interés directo, personal, actual y probado económico o moral

En un proceso existe legitimidad para obrar cuando las partes que participan de una relación jurídica sustantiva, es decir, aquella entre las cuales existe un conflicto de intereses sobre un mismo bien o derecho, son también las partes en la relación procesal.

A este respecto debe distinguirse entre la legitimatio ad causam (legitimación en la causa) que es un elemento sustancial del litigio y la legitimatio ad processum (legitimación para actuar en el proceso) que se refiere a la capacidad jurídica de quien actúa en el proceso y constituye por tanto un presupuesto procesal. Así, puede ocurrir que quien tenga derecho a obtener un pronunciamiento de fondo sobre una pretensión (no necesariamente favorable) no esté debidamente legitimado para actuar en el proceso, como sería el caso de no haberse acreditado el poder del representante legal.

Cabe citar lo señalado por Devis Echandía^[4]: Estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, ya por medio de sentencia favorable o desfavorable….La ausencia de aquélla impide que la sentencia resuelva sobre el fondo de la litis, pero no invalida el proceso…; la falta de ésta (de la legitimatio ad processum) constituye un motivo de nulidad, que vicia el procedimiento y la sentencia que llegue a dictarse, en el caso de que el juez no caiga en la cuenta de que existe ese vicio”.

4. Del legítimo interés para formular oposición

El artículo 146 de la Decisión 486 establece que cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar observaciones al registro del signo solicitado dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena precisa que, para que la oficina nacional competente acepte la oposición, el interés debe ser probado en dicho momento administrativo y debe ser interpuesta sólo por quien se siente perjudicado. En tal sentido, no se valida indiscriminadamente cualquier observación sino sólo cuando se lesiona una ventaja o utilidad de un titular determinado, ya que la tutela del público consumidor no puede dar lugar a una especie de acción popular. En el Sistema Andino no se puede asimilar las observaciones a una acción popular por el concepto mismo de legítimo interés que no abarca a la violación de la norma por sí sola.

Sobre el particular, Pachón / Sánchez Ávila[5] señala que el concepto de legítimo interés no se puede confundir con el interés en defensa de la legalidad por el que cualquier persona dispondría de una acción popular o pública. El interés legítimo no puede confundirse con la existencia de un derecho subjetivo, pues puede ser que quien tenga un interés legítimo carezca de un derecho subjetivo.

Así, el dueño de un predio riberano tiene un interés legítimo a que no se contamine el río, pero no tiene un derecho subjetivo a que no se contamine ese río. Por el contrario, quien tiene un derecho subjetivo tiene también un interés legítimo. Así, el dueño de un criadero de peces ubicado en una ciénaga tiene un derecho subjetivo a que no se contamine la ciénaga y un interés legítimo a que ello no suceda.

- Aplicación al caso concreto

 Al momento de formular oposición, Dukes Road S.L. alegó –entre otros argumentos- que el signo materia de análisis fue solicitado mediando mala fe, debido a reproduciría elementos que forman parte de sus marcas registradas ante la OAMI y en España.

Al respecto, la Sala advierte que los argumentos y pruebas presentadas por Dukes Road S.L. se encuentran dirigidos a demostrar un perjuicio que le generaría el registro del signo solicitado, siendo este presunto perjuicio el que genera a su favor un legítimo interés para formular oposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486.

Cabe indicar que, contrariamente a lo argumentado por Consorcio Lynch E.I.R.L., no corresponde evaluar la aplicación del artículo 147 de la mencionada normativa, pues este dispositivo está referido a los casos en los que se formula oposición andina, no siendo este el derecho que se invoca en el presente caso.

Por las razones expuestas, corresponde desestimar los argumentos expuestos por Consorcio Lynch E.I.R.L. en este extremo.

5. Derecho de prelación y buena fe

5.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe[6] como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez[7] señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle[8] señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca[9] señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas. 

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico[10].

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 65-IP-2004[11] lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)".

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros[12].

5.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad^[13]. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia[14]. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil[15].

6 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

6.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486[16]; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

6.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero[17]. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344[18] – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado[19], que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97[20] que:

 “(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

7. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, a fin de sustentar sus argumentos, Dukes Road S.L. presentó los siguientes documentos:

1. Copia de los registros de la marca en España y  ante la OAMI. (fojas 46 a 50).

2. Copia de la Resolución de fecha 17 de octubre de 2014, emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas. (fojas 51 a 57)

3. Reportes emitidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la OAMI sobre las marcas registradas a favor de la opositora. (fojas 58 a 63)

4. Copia del artículo denominado “Triestrellado David Muñoz es considerado chef del futuro” de fecha 11 de abril de 2014. (fojas 64 a 68)

5. Copia de diversos artículos de medios españoles e italianos, así como en The New York Times, Squire Colombia sobre el restaurante DIVERXO de propiedad de David Muñoz, sus reconocimientos en el rubro de la gastronomía en los años 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. (fojas 69 a 197).

Del análisis conjunto de los medios probatorios se advierte que la empresa Dukes Road S.L. es titular en España y ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de marcas conformadas por la denominación DIVERXO, siendo esta la denominación del restaurante que David Muñoz ha posicionado en el rubro de gastronomía en diversos países de Europa, especialmente en España, obteniendo a partir de ello publicidad y reconocimiento en diversas páginas periodísticas.

De otro lado, se advierte que la presente solicitud de registro reproduce la misma denominación que conforma a las marcas registradas a favor de la opositora, asimismo, reproduce la grafía de una de ellas (), siendo además signos que se encuentran referidos a servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

En tal sentido, existen suficientes elementos para concluir razonablemente que la solicitante conocía de los derechos marcarios inscritos a favor de la opositora, lo cual no ha sido negado por la primera en su recurso de apelación.

Cabe precisar que se ha tenido en consideración que los registros de marcas se protegen en el país en el que son inscritos, así como el hecho que las marcas de la opositora no se encuentran registradas en el Perú; sin embargo, ello no es óbice para que la Sala pueda evaluar la conducta por parte de Consorcio Lynch E.I.R.L. a partir de la presente solicitud, siendo que en dicha conducta se advierte una intención de apropiarse de bienes de la Propiedad Industrial sobre los cuales hay un esfuerzo por parte de su titular de asociarlos a una buena imagen.

Por las razones expuestas y siguiendo el criterio adoptado por esta Sala en reiterada jurisprudencia[21], corresponde concluir que la presente solicitud ha sido presentada mediando mala fe, motivo por el cual no corresponde otorgar el registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Desestimar los argumentos de Consorcio Lynch E.I.R.L. respecto a la supuesta falta de legitimidad para formular oposición por parte de Dukes Road S.L.

Segundo: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Consorcio Lynch E.I.R.L. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 3757-2018/CSD-INDECOPI del 17 de julio de 2018, que DENEGÓ el registro de la marca de servicio constituida por la denominación DIVERXO y logotipo (se reivindica colores[22]), conforme al modelo, al haberse determinado que dicha solicitud fue presentada mediando mala fe.

Tercero: Dejar FIRME la Resolución Nº 3757-2018/CSD-INDECOPI del 17 de julio de 2018, en lo demás que contiene.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/rdb.

/st.